La extirpación de un nódulo tiroideo que se practicó al presidente Enrique Peña Nieto evidenció los vacíos existentes en la legislación mexicana en dos aspectos: uno, la suplencia de las ausencias del presidente de la República, que es un problema relativamente menor y de fácil resolución; y dos, la publicidad de su expediente médico, que es un tema de debate a nivel internacional y con un alto grado de dificultad por las posibles consecuencias que dicha difusión puede acarrear.
La suplencia de las ausencias temporales del presidente no estaba registrada en la Constitución ni en ninguna otra disposición hasta agosto del año pasado, cuando al final el Constituyente Permanente incluyó la posibilidad de que el mandatario solicite “licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales”, previendo que en ese caso el secretario de Gobernación asumiría “provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”.
Más allá de que esta vez el tiempo en el que el presidente estaría literalmente incapacitado para cumplir con su responsabilidad era tan breve (90 minutos, de acuerdo con las previsiones de los médicos, aunque en los hechos se extendieron unos minutos sin llegar a las dos horas) que no ameritaba la solicitud de una licencia, la cuestión se complica porque el artículo 83 de la misma Constitución señala que “el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República (…), o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. Así que si Miguel Ángel Osorio Chong hubiera tenido que ser suplente, en automático habría sido descartado para suceder a Peña Nieto en la Presidencia.
Hoy son muy pocos los casos en los que el presidente se encuentra en las actuales condiciones de Peña Nieto, pues los avances científicos y tecnológicos casi eliminan dicha posibilidad. Mas aunque el tiempo es menor, podría presentarse en el país una emergencia que amerite la intervención directa del presidente porque esos pocos minutos podrían ser determinantes para la vida nacional.
En el caso de los secretarios de Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 18 que será el reglamento interior de cada una de las dependencias el que determine “la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias”. Por lo que se refiere a la Secretaría de Gobernación, el artículo 130 del reglamento estipula con precisión el orden de prelación en el que los subsecretarios suplirán las ausencias de su titular, empezando por el subsecretario de Gobierno.
Algo similar podría hacerse por lo que toca al presidente de la República, e inclusive poner límites temporales por evento y durante su mandato, es decir, en ningún caso dicha ausencia puede ser mayor a siete días (igual periodo que el autorizado en el artículo 88 de la Constitución para los viajes al extranjero), y de ninguna forma la suma de estas ausencias podrá superar durante el sexenio los 60 días establecidos en el artículo 85 como el máximo de una licencia. Se trataría de una solución pragmática que, además, no inhabilitaría para ser presidente de la República a quien supliera una ausencia de 90 minutos.
En los hechos (aunque sin ningún fundamento legal) fue lo que hizo Vicente Fox, en marzo de 2003, cuando fue intervenido de la columna, al ordenar al secretario de Gobernación, Santiago Creel, y al de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, quedarse a cargo de las decisiones.
El tema de la secrecía del expediente médico de los funcionarios públicos y, particularmente, del presidente de la República, es mucho más controvertido. Pero desde luego que se presta a suspicacias el que repentinamente tenga que operarse, cuando durante ocho años (según su dicho) había tenido el nódulo y, de acuerdo con sus declaraciones, el procedimiento operatorio “lo he venido posponiendo, posponiendo, y creo que ya encontré un buen momento, además de la propia recomendación médica de hacerlo”.
O sea que el mejor tiempo, para él, es cuando funge como presidente de la República, y no en septiembre del 2011, tras dejar la gubernatura del Estado de México y antes de lanzar su candidatura a la Presidencia; o en algún momento entre el 31 de agosto del 2012 (al ser declarado presidente electo) y el 1 de diciembre (al asumir la Presidencia). Esos eran los mejores momentos, no ahora que es presidente de la República. Ahora lo hizo por la recomendación médica, y el riesgo de que fuese un tumor maligno por supuesto que estaba presente; tan lo estaba que el médico fue de las primeras cuestiones que manifestó e intentó descartar rotundamente, con el análisis microscópico que se realizó en el momento mismo de la operación, aun cuando es de sobra conocido que en todos estos casos los tejidos son enviados para análisis clínicos más minuciosos.
La discusión sobre la secrecía o publicidad de la información acerca de la salud de los mandatarios se avivó tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez y las enfermedades de los presidentes de Colombia, Paraguay y Argentina; y, en México, por el caso del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo.
Es un tema con muchas aristas, y en muchos casos los mandatarios han logrado concluir su encargo con enfermedades terminales o muy graves (como ocurrió a Adolfo López Mateos, en México, o a Francois Mitterrand, en Francia) para morir meses después, sin que la población se haya siquiera enterado de sus afecciones durante su mandato.
Lo cierto es que las condiciones de salud de los mandatarios sí es un asunto de interés público, y una larga convalecencia o agonía puede tener consecuencias muy negativas para el país o el Estado (los casos de Chávez y Vallejo lo ejemplifican), por lo cual sería una buena práctica que desde el momento de su inscripción como candidatos a un puesto de elección popular los aspirantes hicieran público su expediente médico o, al menos, los resultados de un chequeo general reciente, y que, durante su mandato, tuvieran la obligación de practicárselo por lo menos una vez al año.
Así, la ciudadanía tendría acceso a información muy importante en el momento de decidir su voto, y ello sería en este aspecto el mejor antídoto contra los rumores y las suspicacias.
