Con tal de no someter a consulta la construcción de un túnel ferroviario que afectará de diversas formas la vida de los habitantes de Manzanillo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de Colima y el ayuntamiento comenzaron los trabajos preliminares sin que la dependencia federal haya cumplido los requisitos que se exigen a toda obra. Las organizaciones civiles que impugnan el proyecto dicen que, de cinco trazos posibles, se eligió el menos conveniente para los habitantes. La respuesta oficial: órdenes de aprehensión contra los líderes de los inconformes.
MANZANILLO, COL.- Ante la polarización del conflicto por el proyecto de construcción de un túnel ferroviario promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en esta ciudad, las autoridades iniciaron la persecución judicial de los principales líderes del movimiento de inconformes.
Después de mantener un plantón de más de cuatro meses y de realizar marchas para exigir que la dependencia federal modifique el trazo de la obra –que según los inconformes causará serios daños a la población–, miembros de varias organizaciones bloquearon el martes 30 de julio las vías del ferrocarril e impidieron durante todo el día la salida de mercancías del puerto por ese medio de transporte.
“Fue una medida del pueblo en extremo desesperada, para llamar la atención, porque después de muchas pláticas con múltiples autoridades, incluso la SCT, no nos han hecho caso y quieren imponer la obra en una ubicación que sólo va a fastidiar a la ciudad, a pesar de que hay propuestas de sitios más convenientes para ese proyecto”, expone Daniel Mendoza Flores, vocero del Movimiento Ciudadano contra el Túnel Ferroviario.
En entrevista telefónica realizada el jueves 1, el activista dice a Proceso que a raíz de esa protesta se vio obligado a resguardarse en “un lugar seguro”, donde permanecerá algunos días, porque se enteró de la tramitación de órdenes de aprehensión en contra de él y de cuatro líderes más del movimiento, a la vez que su abogado promovió juicios de amparo para evitar la detención.
“Sabíamos del riesgo de manifestarnos de esa manera y estábamos dispuestos a correrlo”, señala Daniel Mendoza, quien responsabiliza al gobernador Mario Anguiano Moreno de cualquier cosa “fuera de lo normal” que pudiera ocurrirle a él o a sus familiares, pues está consciente de que “se puede simular un ‘levantón’, un accidente o lo que quieras, pero si sucede algo de inmediato van a surgir denuncias de gente de mi confianza; sabemos que con el movimiento estamos lastimando muchos intereses”.
Un día antes, el gobernador Anguiano Moreno calificó de “inadecuada” la protesta realizada el martes sobre las vías del tren, e informó que la empresa Ferromex ya había interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los presuntos responsables.
En declaraciones a la prensa local, el mandatario advirtió: “Quien quiera hacer este tipo de acciones, como chantaje y presión para lograr propósitos particulares, que no quede duda: no se lo vamos a permitir y actuaremos con todo el rigor de la ley”.
Según Fernando Morales, gerente de la terminal de Ferromex en Manzanillo, el ferrocarril moviliza 30% de la carga total del puerto, por lo que el bloqueo al tren generó “una afectación económica enorme, muy difícil de cuantificar”.
Cifras de la Administración Portuaria Integral (API) establecen que el promedio de carga manejada diariamente durante 2012 fue de 78 mil 802 toneladas, por lo que con base en esa información y en el porcentaje que se traslada por vía férrea, el volumen de la mercancía varada el día del bloqueo al tren fue de aproximadamente 23 mil 640 toneladas.
Incumplimiento de la SCT
La obra ferroviaria, para la que se prevé una inversión de 933 millones de pesos, se encuentra dividida en tres etapas: la vialidad Portal API, el túnel ferroviario y los viaductos Portal Laguna. Anunciado por la SCT como una opción para solucionar los congestionamientos viales causados en la zona urbana por el frecuente paso del ferrocarril con carga portuaria, el proyecto sin embargo ha sido impugnado por diversos sectores de la población, entre ellos comerciantes, colonos, académicos y algunos regidores del municipio, quienes consideran que con su actual trazo la obra provocará más perjuicios que beneficios a la ciudad.
A esto se suman las protestas por que a pesar del incumplimiento de la SCT de la mayoría de los requisitos para obtener la licencia de construcción, el ayuntamiento de Manzanillo se ha negado a suspender nuevamente los trabajos, como lo había hecho en diciembre pasado.
La primera etapa de la obra, de la que actualmente se realizan los trabajos preliminares, incluye la construcción de un paso a desnivel de hasta 10 metros de altura sobre la glorieta de San Pedrito, que según un estudio elaborado por una comisión especial de regidores dificultará la movilidad de alrededor de 20 mil personas que suelen transitar por esa zona y prácticamente encerrará a la colonia Burócrata, además de otras afectaciones.
En resumen, concluyeron, el proyecto “atenta contra el desarrollo sustentable de Manzanillo, la calidad de vida de sus habitantes y el potencial turístico de la localidad” (Proceso 1914).
Inconformes con la obra, el pasado 27 de julio, 14 comerciantes del centro histórico de Manzanillo presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el ayuntamiento de Manzanillo y la delegación estatal de la SCT, pues señalaron que están violando sus derechos humanos, en particular los derechos a un desarrollo sustentable, a un medio ambiente adecuado, a un desarrollo económico y social, así como a la legalidad y la certidumbre jurídica.
Los quejosos, entre quienes se encuentran María Natividad Gómez García, Ricardo Romero Velazco, Rosa Lau Cham y Rosamar Félix Hernández, indicaron que la obra de la SCT generará impactos negativos en la movilidad y el transporte, en el comercio y servicios, en la seguridad pública, así como en el paisaje y la imagen urbana.
En el documento entregado a la CNDH, los comerciantes narraron que a pesar de existir cinco opciones distintas para el trazo de la obra ferroviaria, las autoridades señaladas como responsables no consultaron a los ciudadanos y empezaron a desarrollar los trabajos de la etapa Portal API, pese a que es “el peor de los proyectos que se estudiaron por personal capacitado y profesional, guiándose la autoridad municipal y la SCT solamente por intereses oscuros, de tráfico de influencias y corrupción”.
Añadieron que sólo así puede explicarse que la obra se realice sin que la SCT haya entregado el programa parcial de desarrollo urbano, el proyecto ejecutivo de urbanización, el convenio de equipamiento de áreas verdes, la licencia de urbanización y el estudio y proyecto de intersecciones. Tampoco ha presentado el estudio de impacto en el tránsito, el de impacto social, el manifiesto de impacto ambiental ni los trámites en materia de derribo de arbolado urbano.
Luis Fernando Adachi Koyama, presidente de la organización Unidos pro Centro Histórico de Manzanillo A.C., informa que, con argumentos similares, otras 14 personas promovieron el 30 de julio un juicio de amparo contra la SCT y el ayuntamiento, por considerar violentadas sus garantías individuales.
El dirigente de los comerciantes considera que el conflicto por la obra ferroviaria se encuentra en su momento más difícil, debido a “la cerrazón” del gobierno estatal y la SCT, con quienes no han tenido comunicación desde hace ocho meses.
“Con el ayuntamiento sí hemos tenido más pláticas, pero parece ser que el gobierno municipal está a expensas de lo que digan el estatal y el federal; parece que no quiere actuar”, comenta Adachi.
A su juicio, el problema ha crecido porque el gobierno ha tratado de imponer el proyecto sin escuchar a los sectores inconformes. “Las acciones de bloqueo al tren tienen su explicación en la desesperación de la gente, porque las autoridades no hacen caso de los argumentos que se les han presentado; no es que justifiquemos ni que estemos de acuerdo con ese tipo de acciones, pero la gente está muy desesperada”, advierte.
Pese a que el cabildo manzanillense aprobó el 2 de julio pasado un punto de acuerdo para solicitar “de inmediato” a la SCT la presentación de los documentos requeridos para desarrollar los trabajos, y aclararle que de no hacerlo se le revocará la licencia obtenida irregularmente en la administración municipal anterior, hasta la fecha esto no ha sido cumplido y los trabajos continúan.
En la sesión del cabildo realizada el 9 de julio, el secretario del ayuntamiento, Jorge Nava Leal, dio a conocer que apenas un día antes se había realizado el requerimiento de documentación a la SCT.
El regidor perredista René Macías Zamora, integrante de la comisión especial del cabildo para la revisión del proyecto ferroviario, señala que “desafortunadamente no se le fijó a la SCT fecha para el cumplimiento, por lo que en esas condiciones es como si no se hubiera hecho nada; se le dejó abierto el plazo para cuando tenga tiempo y se le ocurra enviar la información”.
Dice que, a diferencia de la postura asumida hace unos meses por el presidente municipal y demás miembros del cabildo, “ahora ya no han insistido sobre el tema, prueba de ello es que el estudio que realizamos los tres regidores de la comisión especial, donde planteábamos la necesidad de cambiar el trazo de la obra, ya se quedó en la congeladora y no ha sido sometido a votación”.
Agrega Macías: “Ahora veo una actitud conformista del alcalde ante la propuesta de la SCT, como que ya aceptó la presión ejercida por el gobierno del estado y el federal”.
Ese proyecto o ninguno
El presidente municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, reconoce que la dependencia federal no ha cumplido a cabalidad con los requisitos legales de la licencia, pero afirma que se le permitirá continuar con los trabajos porque “la responsabilidad de un gobierno es generar condiciones para que se den las cosas; si tú eres estrictamente rígido, difícilmente se puede detonar (el desarrollo en) un municipio; creo que se debe ser flexible, mas no solapador de la violación a la ley”.
En entrevista con este semanario, el alcalde refiere que la SCT ya hizo una presentación ante el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano sobre la forma como está trabajando en la elaboración de los programas y estudios. “Yo espero que en este mes de agosto se pueda cumplimentar todo el expediente, pero estamos siendo muy detallistas para que sea un proyecto que cumplió en su totalidad lo que marca la reglamentación y la legislación vigente”.
Mendoza Amezcua advierte que en este momento no se ha considerado la modificación del trazo de la obra porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, “fue claro” con el gobernador Mario Anguiano y con el propio presidente municipal en el sentido de que si no se concreta el proyecto como se encuentra planeado, no ve la posibilidad en el corto plazo de obtener recursos ante la Secretaría de Hacienda para uno alterno.
Tras comentar que la autoridad local trabajará para tratar de subsanar todas las observaciones realizadas por especialistas al proyecto de la SCT, el alcalde plantea su propósito: “Se va a agotar todo lo que tenga que hacerse técnicamente, legalmente y socialmente para evitar que una inversión de esta índole se pudiera caer”.
En relación con el bloqueo de las vías del tren el martes anterior, donde los manifestantes exigían su presencia para que se comprometiera ante ellos a suspender los trabajos de la obra, Mendoza Amezcua expresa que “esas no son posturas para lograr acuerdos, ellos tienen sus argumentos y son responsables de lo que están haciendo, pero también hay otros grupos que exigen que se acelere la construcción del proyecto, y a fin de cuentas la postura de un gobernante es mantener los equilibrios, pero no puede ser rehén ni de unos ni de otros”.
Mendoza Amezcua se pronuncia a favor de que las diferencias se diriman por la vía jurídica. “Si ellos consideran que hay una ilegalidad por parte del ayuntamiento, que procedan jurídicamente, pero no realizando acciones como la interrupción del paso del tren ni entorpeciendo la actividad portuaria; creo que no nos lleva a nada tener posturas a veces un poco apasionadas y radicales”.
En tanto, el vocero del movimiento contra la obra ferroviaria, Daniel Mendoza Flores, señala que las autoridades no les dejaron otro camino: “Ya recurrimos a todas las instancias, tocamos todas las puertas, hemos expuesto todos nuestros argumentos y no quitan el dedo del renglón”.
Estima que los integrantes del movimiento ciudadano están enfrentando a todo el aparato de Estado, que se ha valido del control de la mayoría de los medios de comunicación de la entidad para dar la impresión de que sólo existe el proyecto de la SCT y acallar las voces de los inconformes.
Asimismo refiere que se han registrado represalias contra comerciantes del mercado 5 de Mayo que han participado en protestas contra el proyecto, quienes han sido amenazados con ser excluidos del nuevo terreno previsto como compensación por los perjuicios comerciales que conlleva la etapa Portal API.
Mendoza Flores denuncia además que la SCT nunca tuvo intención de someter a consulta el proyecto, pues desde hace aproximadamente tres años –cuando todavía no se realizaban trámites de permisos– empezó el proceso de compra de bienes inmuebles que resultarían afectados por la nueva ruta del tren, sobre todo en la colonia Libertad, donde los dueños han sido presionados y amenazados para que vendan a bajo precio.
De acuerdo con el activista, en esas operaciones se han utilizado intermediarios que a su juicio tendrían que ser investigados, ante la posibilidad de que atrás de ellos haya funcionarios gubernamentales realizando negocios particulares.
Pese a la orden de aprehensión en su contra, Daniel Mendoza Flores señala que los actos de protesta se suspendieron sólo por unos días. Advierte que los ciudadanos inconformes no abandonarán la lucha y anuncia: “La siguiente acción será más drástica pero efectiva”.
