El próximo 1 de agosto el presidente de España, Mariano Rajoy, deberá comparecer ante el Senado, instancia que domina el partido donde milita, el Popular. La oposición política y un sector importante de la sociedad peninsular esperan que el gobernante aclare su presunto involucramiento en una trama de corrupción y de financiamiento ilícito al PP. Las evidencias que han ido conociendo estos días los españoles tienen a Rajoy contra la pared; pero, cobijado por su partido, el jefe del gobierno podría salirse por la tangente y no rendirle cuentas a sus gobernados.
MADRID.- El próximo 1 de agosto, cuando Mariano Rajoy comparezca ante el Senado español, aún no se conocerá el desenlace judicial del caso Bárcenas –que sigue en fase de instrucción–; sin embargo el presidente del gobierno acude a la cita forzado por la crisis política y con escaso margen para explicar la trama de corrupción y presunto financiamiento ilegal del Partido Popular (PP), que ha gobernado España en tres legislaturas desde el regreso de la democracia.
Durante dos décadas, grandes constructores y empresarios dieron sobornos millonarios al PP a cambio de recibir contratos de obras y servicios en las administraciones de ese partido, confirmó Luis Bárcenas en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el lunes 15, y en las cuatro horas de conversación que antes sostuvo con el periodista Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo.
Vinculado con el manejo financiero del PP durante 20 años, primero como gerente y desde 2008 como tesorero, Bárcenas entregaba periódicamente parte de ese dinero como sobresueldos a la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy (más de 320 mil euros entre 1997 y 2008, más 33 mil euros por otros conceptos) y posiblemente el expresidente José María Aznar (Proceso 1893).
Es el mismo mecanismo que el PP de la era de Aznar utilizó en los noventa con los tesoreros Roberto Naseiro –a quien la justicia también le abrió una investigación por financiamiento ilegal, que fue bloqueada judicialmente– y Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas.
Bárcenas puso en manos de Ruz nueve carpetas con amplia documentación y una memoria electrónica con la información de los ingresos y movimientos de por lo menos 8.3 millones de euros que entraron ilegalmente a las arcas del PP.
Además el extesorero confirmó que dentro del PP funcionó una comisión secreta que delineaba las políticas de infraestructura en España a conveniencia de las grandes constructoras, líneas de acción que luego eran plasmadas en su plan de gobierno y ejecutadas en los ayuntamientos y comunidades autónomas o en el gobierno central.
De acuerdo con esa declaración de Bárcenas y con un primer indicio aportado el pasado 29 de mayo en declaración judicial por el empresario Antonio Vilella, apoderado de la constructora Rubau, en dicha comisión secreta participaban él y otros constructores y dirigentes del PP, como Lapuerta y Bárcenas.
Entre 2007 y 2012 dicha comisión fue presidida por Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas de España, la entidad pública responsable de fiscalizar los presupuestos de los partidos políticos.
Las rogatorias que España giró a Suiza revelaron que el tesorero, en prisión provisional desde el 27 de junio, tenía 48 millones de euros en cuentas bancarias en el país helvético, aunque aún no ha quedado claro si ese monto es sólo de su propiedad o fondos del partido.
Aún falta por indagar, igualmente, sobre las supuestas cuentas que Bárcenas tiene en Estados Unidos y en Uruguay –país al que Ruz pidió investigarlas y bloquearlas– o sus inversiones en Argentina, según los abogados de la acusación particular, Enrique Santiago y Antonio Segura.
Tampoco este jueves 1 de agosto se sabrá aún si las pruebas aportadas hasta ahora serán suficientes para alcanzar a Rajoy, pero conforme se desarrolla la investigación de la Audiencia Nacional y cotidianamente se publican las explosivas revelaciones de Bárcenas, el presidente español está cada vez más atrapado y va quedando clara su responsabilidad política en ese desaseo.
El presidente del gobierno aún no termina las reformas que inició con su llegada a La Moncloa en diciembre de 2011 para reforzar la economía en recesión. Por eso Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se preguntó: “¿Con qué cara se va a dirigir a las instituciones alguien a quien todos reconocen como el presidente de la corrupción?”
En entrevista con la revista Tiempo, Hernando añadió en torno a la moción de censura con la que su partido amagó al ejecutivo para obligarlo a comparecer: “Ésta lo que pretende es recuperar la dignidad de la Cámara (de los Diputados) para evitar que el PP, con su mayoría absoluta, se dedique a rodearla. Queremos desbloquear el Congreso de forma que el presidente tenga que dar explicaciones”.
“¡Que se vayan ya!”, “Barbacoa de chorizos” (como llaman a los rateros), escribían en sus pancartas los cientos de ciudadanos que protestaron con indignación en días pasados en las inmediaciones de la sede del PP, en esta capital. Las manifestaciones se extendieron a 30 ciudades.
En un país donde las reformas de Rajoy han depauperado aún más a la población y no muestran su prometida efectividad para recuperar el empleo, el descontento ciudadano ya es evidente en las encuestas. El Mundo, diario que ha desvelado información toral en el caso, publicó el domingo 21 que 83% de sus encuestados cree que el PP recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes.
Buscan la nulidad
Enrique Santiago y Antonio Segura son abogados de la acusación particular contra Bárcenas y 15 personas más. En entrevista con este semanario advierten que hay una operación que pretende conseguir la nulidad de la causa judicial para proteger a los constructores imputados que fungieron como donantes.
“Evidentemente hay una operación para provocar la nulidad de las actuaciones, igual que se consiguió hace 20 años en el caso Naseiro, que es el origen de todo esto”, dice Santiago.
Segura recuerda que la estrategia de nulidad la anunció el propio Bárcenas cuando relató que recién ingresado al penal de Soto del Real lo visitó el abogado que representa a Lapuerta, Javier Iglesias Redondo, quien a nombre del PP le dijo –como lo divulgó El Mundo–: “Si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz Gallardón será destituido (como ministro de Justicia) en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre u octubre por nulidad; te llevarás 500 mil euros ‘en negro’ y deberás ayudar a preparar las declaraciones exculpatorias de los empresarios imputados”.
Aunque Iglesias negó haber hecho esa oferta a Bárcenas, tanto Santiago como Segura dicen que funcionarios de la prisión confirmaron la reunión del abogado con el extesorero, la cual tuvo lugar en el despacho del subdirector de seguridad del penal y no en los locutorios.
Recuerdan que también el juez Miguel Carmona –quien ocupará la titularidad del juzgado quinto de la Audiencia Nacional, donde se siguen los casos Gürtel y Bárcenas, ambos interconectados– adelantó que el hecho de que Ruz, en su calidad de juez suplente, continúe con la instrucción de Bárcenas podría provocar la nulidad del caso.
Sin embargo el miércoles 24 la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió que Ruz siga como juez de apoyo en el juzgado y mantenga la instrucción de ambos casos de corrupción que afectan directamente al PP.
Los abogados entrevistados presentaron a finales de febrero la querella criminal contra Bárcenas, altos dirigentes y constructores, por 11 delitos, entre ellos asociación ilícita, alteración de precio en concurso y subasta pública, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
“La querella es contra dirigentes del PP y constructores, pero habrá que ver si no están también implicadas las grandes empresas de telecomunicaciones o de energía que recibieron pingües beneficios con el PP”, dice Santiago.
Advierten que esta acusación –encabezada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados y la Federación Els Verds– no tiene como objetivo “enjuiciar a Rajoy ni atacar a las instituciones, como tampoco hacer un juicio mediático.
“Pretendemos demostrar que existió una estructura jerárquica permanente que sirvió para delinquir. Nosotros no decimos que el PP es una organización criminal, sino que dentro del PP actuó una organización jerárquica, permanente en el tiempo dos décadas, que sirvió para delinquir”.
Según la querella criminal los demás dirigentes que percibieron dinero ilegal son Pedro Arriola, el asesor político y electoral de José María Aznar y Mariano Rajoy; los secretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, además de Rodrigo Rato, Federico Trillo (actual embajador ante el Reino Unido) y Pío García Escudero, presidente del Senado español, donde comparecerá Rajoy.
De acuerdo con la querella, los empresarios que sobornaron son José Luis Sánchez, del Grupo Sando (1 millón 250 mil euros); Manuel Contreras, del grupo AZVI (casi 860 mil euros); alguien que aparece como “Piñeiro” (con más de 670 mil euros); Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL (530 mil euros); Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso (480 mil euros).
Además Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica (258 mil euros); Juan Manuel Fernández Rubio (240 mil euros a su nombre) y su empresa Aldesa (90 mil euros); Mercadona (240 mil euros); Copisa (200 mil); Juan Cotino de Sedesa (200 mil); José Mayor Oreja, ex directivo de FCC (165 mil euros); Juan Crespo, segundo de la trama Gürtel y ex dirigente del PP en Galicia (126 mil euros).
En los papeles de Bárcenas aparece un ingreso adjudicado a “López Hierro”, a quien la parte acusadora identifica como Ignacio López Hierro, actual esposo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, quien fungió como consejero de BAMI o Metrovacesa (aportó 114 mil euros), y Antonio Vilella, del Grupo Rubau (100 mil euros), entre otros.
Traiciones y venganzas
El jueves 18 el diario inglés The Guardian publicó el artículo Sólo la venganza está obligando a Mariano Rajoy a dar cuentas, donde se dice que éste “rechaza dar explicaciones en el Parlamento, rara vez concede entrevistas, ni siquiera a los medios ‘amigos’, y huye de la prensa” o bien les hace frente “a través de un televisor de plasma para evitar preguntas”.
Asegura que “en España nadie espera que Rajoy dimita, en un país en el que las renuncias por cuestiones éticas son inexistentes”.
Ese artículo se publicó luego de que se conocieran en España la conversación de Bárcenas con el director de El Mundo y las dos hojas originales de la contabilidad paralela del extesorero –que confirmaron la información publicada en enero pasado por el diario El País (Proceso 1893)–, y de que el PSOE anunciara su intención de impulsar la moción de censura para que Rajoy diera explicaciones en las Cortes Generales.
El miércoles 17 El País había revelado que entre los documentos aportados por Bárcenas en el sumario aparecía como donante el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial le impide pertenecer a un partido político o sindicato. El magistrado se disculpó sólo con una nota de prensa y la mayoría absoluta del PP en el Congreso cerró filas para impedir que compareciera.
Sin embargo el domingo 14 El Mundo había difundido información que colocó en posición delicada a Rajoy. Hizo públicos los mensajes de celular (SMS) que éste y Bárcenas intercambiaron entre mayo de 2011 y marzo de 2013, cuando ya se conocían los “papeles de Bárcenas” y Suiza le había confirmado a Ruz que el extesorero tenía cuentas por 22 millones de euros –que después aumentaron a 48 millones–. Rajoy apoya a su extesorero y lo conmina a “resistir”.
En tono desesperado, Bárcenas envió un SMS a Rajoy pidiéndole que el PP lo respalde. “Mariano, vergonzoso el comportamiento esta tarde de los abogados del partido. No han permitido que las personas que he enviado verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tú me autorizaste. Tú sabrás a qué estáis jugando, pero quedo liberado de todo compromiso contigo y el partido”, le dijo el pasado 14 de marzo.
El 23 de febrero de 2012, dos meses después de que Rajoy llegó a La Moncloa, envió un SMS a Bárcenas en el que presuntamente exculpó a la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal, de estar detrás de la ofensiva en su contra. “No es cierto, Luis. Para qué va a hacer daño. Yo hablé con ella… Esto no es fácil. No hay que equivocarse. Tranquilidad… Es lo único que no se puede perder. Un abrazo”.
Días después le escribió: “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo”.
Una fuente judicial implicada en el caso le confía al corresponsal que “la ruptura” entre Bárcenas y Rajoy se suscitó desde que, a mediados de enero de este año, Suiza informó de las cuentas bancarias en ese país y fue apartado del PP, donde seguía cobrando sus emolumentos y le pagaron 400 mil euros en su propia defensa.
“Desde entonces las cosas se torcieron: Rajoy se siente traicionado por su extesorero, en especial por involucrarlo directamente en la información filtrada; Bárcenas siente que Rajoy lo abandonó. Ahora buscan como única salida que el gobierno no se vea más comprometido y salvar a como dé lugar a los empresarios imputados”, dice a Proceso, a condición de mantener su identidad en reserva.
El problema, advierten Santiago y Segura, es que contra esa posibilidad está el hecho de que altos cargos del PP ya reconocieron haber recibido sobres con dinero ilegal; entre otros el presidente del Senado, Pío García Escudero; Santiago Abascal, del PP de Ávala (12 mil euros); Calixto Ayesa, exconsejero de Salud de Navarra, quien reconoció haber recibido varias cantidades de las que figuran a nombre de Jaime Ignacio del Burgo (23 mil 500 euros) y éste último admitió la veracidad de otras partidas.
Por lo pronto el PSOE y el resto de la oposición no abandonan la posibilidad de promover la moción de censura en caso de que Rajoy comparezca con una estrategia para escapar del caso Bárcenas, basados en el hecho de que en la petición de comparecencia se deslizó la idea que el presidente español quiere hablar de economía y de los supuestos datos favorables que esperan para esta semana, en vez de las acusaciones directas de su extesorero.
