El hombre residual, discriminado, ese subproducto del capitalismo salvaje que le estorba a las políticas macroeconómicas globales –pero que en algunos países europeos se ha rebelado–, es tema crucial en uno de los capítulos de La crisis inacabada, del economista David Ibarra. En este libro, que acaba de publicar la UNAM, quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de José López Portillo también critica otro mal globalizado: la fe ciega en el mercado como rector del quehacer económico. Reproducimos aquí dos fragmentos sustanciales.
En casi cualquier latitud se observan grandes grupos de la población que no encuentran cobijo, que son parias distributivos que, por una razón u otra, han de vivir en la pobreza, en el desamparo, carecer de voz política cuando paradójicamente el mundo reconoce más que nunca los derechos humanos y cuando los avances de la tecnología podrían asegurar el bienestar de todos. Más de 200 millones desempleados y casi 200 millones de pobres configuran la dramática situación del mundo.
La larga historia de su exclusión y pobreza se agrava hoy por dislocaciones derivadas de la matriz de cambios socioeconómicos que no acaban de asentarse desde su instauración en el último cuarto del siglo pasado y que constituyen la raíz de la crisis universal de 2008-2009. Unido al conservadurismo del Primer Mundo, las soberanías se debilitan al ceder el paso a normas extraterritoriales que frecuentemente violentan el sentir democrático de los países. América Latina quizá no hubiese experimentado con la misma intensidad la década perdida de los años ochenta, si junto a la corrección de desajustes propios no se hubiese sumado la aceptación acrítica de los dictados del Consenso de Washington. Asimismo, los draconianos acomodos recientes de Grecia, Irlanda, Portugal o España no habrían cobrado su actual hondura antidemocrática sin las presiones externas de Bruselas, Alemania y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ya han derribado a varios gobiernos electos con independencia de su afiliación política.
El nuevo orden económico altera de raíz la vieja división internacional del trabajo. China, India o Indonesia merced a la amplitud de sus mercados, la baratura de la mano de obra y la afluencia del capital extranjero de consorcios trasnacionales, atraen y concentran la inversión, la producción y el empleo del mundo. China ya es el primer productor industrial y energético; con Alemania toma primacía en materia de exportaciones y alcanza ritmos de desarrollo que son envidia universal. En contraste, la generalidad de los países del Primer Mundo, experimentan crecimiento bajo, acumulan balanzas de pagos deficitarias, se desindustrializan y dedican sus esfuerzos a impulsar algunos servicios, como los financieros, a los que asignan altas remuneraciones, altos valores agregados y enorme poder económico. Tales hechos están detrás de burbujas especulativas y crisis globales y nacionales que difícilmente podrían resistirse de manera indefinida.
(…) Los desajustes del orden internacional generan serias dislocaciones en los mercados de trabajo y el poder relativo de las fuerzas políticas de los países. Se hace competir de golpe a los trabajadores de todas las naciones, existiendo notorias diferencias salariales, en las dimensiones de las reservas de mano de obra, en las legislaciones protectoras del trabajo. En términos globales ello eleva las utilidades, reduce los costos de producción, amplía la ocupación de pocas economías (China) y la suerte de empresas trasnacionales. Sin embargo, en otras latitudes desgrana a las instituciones laborales y las organizaciones obreras, crea desocupación e informalidad, debilita la negociación colectiva e induce a la pérdida de derechos adquiridos vía la flexibilización de las normas incorporadas a las reformas laborales. Como resultado, se erosiona la fuerza política de los trabajadores, se debilitan los estados benefactores, se violan los pactos sociales, mientras se refuerza a los consorcios empresariales, singularmente los financieros.
Varios hechos destacan en la evolución de los mercados de trabajo. De un lado está el desempleo crónico, alto, recrudecido por la crisis en el Primer Mundo que alcanza alrededor de 8 a 12% de la mano de obra y que se sostendrá con alta probabilidad en niveles cercanos hasta el 2016. De otra parte, surgen fuertes presiones migratorias y de la informalidad en América Latina, África y otras naciones tercermundistas, como expresión de la insuficiente demanda de trabajo, de la declinación de los salarios y sobre todo del acrecentamiento de los grupos excluidos del ámbito protector de las leyes laborales.
En muchos países el trabajo se ha tornado precario e inestable. Los salarios y los ingresos de las clases medias se rezagan con respecto a la productividad. Crece el desempleo crónico de trabajadores y se multiplican los contratos de trabajo parcial o temporal. A la par se relajan las regulaciones laborales y ascienden los gravámenes a la mano de obra. Aquí también gravitan los procesos de desindustrialización, de cambio tecnológico y educación de la mano de obra. Obsérvese en particular que la ocupación industrial del Primer Mundo ha caído el 14% en el periodo 2000-2011, mientras ascendió 43% en el oriente y sur asiáticos. En América Latina privan circunstancias semejantes: la recuperación del empleo poscrisis ha sido incompleta e incapaz de reducir decididamente la informalidad (entre 35 y 40% de la fuerza de trabajo). En México, por ejemplo, la ocupación en la industria de transformación ha caído 10% en números absolutos entre 2000 y 2010, mientras el sector informal ya absorbe a 60% de la fuerza de trabajo.
Corolario de lo anterior son los altos índices de concentración del ingreso, aun en países que han reducido la pobreza. A título ilustrativo en México y Chile el ingreso de 20% de la población más rica con respecto a igual porcentaje de la más pobre, suma trece veces en el primer caso y dieciséis veces en el segundo. En los Estados Unidos y China, ese mismo coeficiente sube de 5.9 a 8.4 veces y de 7.1 a 12.2 veces, respectivamente, entre 1980 y 2000.
En suma, el proceso desregulado de la globalización ha conducido al descuido de los seres humanos y de sus derechos en desmedro de la estabilidad política de los países. Aún más, el desarrollo económico ha cesado de contribuir como antaño al bienestar general, dado que en altísima proporción los beneficios se concentran en 1% de los ciudadanos más afortunados, mientras los salarios retroceden o se estancan. Asimismo, se observa que la orientación de las políticas anticrisis no suele dirigirse a resolver las angustias ciudadanas, sino a sostener, aun en contra de la salud fiscal de los gobiernos, los privilegios de las élites financieras. El salvamento y la ayuda a las instituciones financieras han significado la socialización de sus pérdidas y la transformación de deudas privadas en endeudamiento gubernamental que explica el desajuste de las cuentas públicas del Primer Mundo. Esto último conduce a implantar severas medidas de austeridad, a castigar la demanda interna con desempleo, recortes al gasto público, alza de impuestos y otras medidas deshumanizadas para combatir la crisis por la vía paradójica de borrar cuanto antes los déficit fiscales. Más y más, el hombre, el ciudadano común, parece ocupar un papel residual en las realidades del mundo.
Trabas en una economía endeble
Pese a costosos ensayos, la economía mexicana se debate sin solución de continuidad a mitad de camino entre patrones disímiles de desarrollo y dentro de una prolongada crisis del orden económico internacional. Sin duda, junto a problemas no resueltos sobrevendrán cambios profundos de carácter global e interno, situación que afectará a toda la organización social, a la distribución del poder económico y del político. No se trata de oscilaciones económicas o políticas ordinarias, ni podrían paliarse con alteraciones menores de los instrumentos públicos de acción. La tarea cubre mucho más terreno, abarca desde la reconstrucción de las instituciones políticas y económicas, así como las de la seguridad colectiva hasta llevar la consolidación de un pacto social nuevo que no sólo equilibre con mediana equidad a las diversas fuerzas, sino que recupere la capacidad nacional de progresar y de imprimir rostro civilizado a ese proceso.
El modelo socioeconómico que aún se trata de implantar en nuestro país –Estado mínimo y mercados libres–, acota participación y debates sustantivos al empobrecer el poder decisorio de gobierno y sociedad. Las reglas del orden económico internacional prescriben la apertura externa, la privatización de empresas públicas y proscriben los subsidios y apoyos de fomento a la política industrial entre muchas otras exigencias que erosionan la soberanía de los gobiernos. La renuncia al uso del viejo y nuevo instrumental desarrollista se perfecciona con la globalización concebida como el proceso de instaurar un orden financiero y productivo supranacional, también más allá de las políticas nacionales. La desconfianza elitista propia y ajena en la democracia, en el gobierno de los hombres, se completa poniendo nuestra fe reverencial en los mercados, como si estos no fuesen también una imperfecta construcción humana.
Por eso se ha recurrido a trasvasar responsabilidades a los mercados y a erigir a los medios masivos de comunicación privatizados en poder capaz de informar pero también de ocultar, falsear o convertir en virtud desequilibrios sociales y políticas inequitativas de ajuste económico. Poca influencia tiene la población y pocos alcances la democracia participativa cuando las políticas desatienden las demandas de 50% de la población pobre, de 60% de los trabajadores del sector informal o de los siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Como resultado, el mercado interno queda constreñido y el ritmo de crecimiento se reduce a la mitad, se torna más volátil, menos propio, de compararse los periodos 1945-1980 y 1980-2010. El descontento de jóvenes y viejos va en ascenso. La vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía internacional queda evidenciada con la década perdida de los ochenta o con las crisis de 1987, de 1995, de 2001 y de 2008-2009. En el ámbito de la economía subsisten errores y desequilibrios que al retroalimentarse mantienen postrada a la producción y al empleo o producen recesos repetitivos. Las principales fallas de las políticas públicas residen en su insuficiencia, aislamiento y falta de congruencia interna, en haber olvidado a lo largo de más de un cuarto de siglo las prioridades del empleo, del crecimiento y de la formación de capital, mediante el expediente de transferir tareas gubernamentales esenciales a los mercados en materia de planeación, asignación de recursos o de protección social a la población.
Así, la macroeconomía queda empobrecida, despojada de sus objetivos e instrumentos medulares. La estabilidad de precios priva sobre el crecimiento: el banco central es independiente y usa el tipo de cambio con fines también estabilizadores. La política fiscal resulta inhibida por la insuficiencia de ingresos tributarios y por la obligación legal de rehuir cualquier déficit presupuestario.
Quizá se ganaron ventajas políticas al desviar a mercados impersonales los reclamos de la sociedad derivados de los ineludibles costos del acomodo al orden económico neoliberal. Sin embargo, la evasión de lo político ha gestado desequilibrios mayúsculos que tienen postrada a la sociedad. Valga mencionar casos conspicuos de carácter económico.
Uno es de orden estructural, se caracteriza por un proceso incompleto de modernización y adaptación de la planta productiva vernácula al libre comercio que escasamente contribuye al desarrollo. El segundo desequilibrio es financiero y tiene efectos similares. Ante la indiferencia de las autoridades, la banca casi ha abandonado el crédito a la producción y a la formación de capital. El Banco de México cuida de la estabilidad de precios, pero descuida el crecimiento de la economía, así como la regulación apropiada de la banca extranjera o nacional. A la par, la política fiscal quedó empequeñecida cuando se desgravó sustantivamente el Impuesto Sobre la Renta y se suprimieron los gravámenes al comercio exterior, hasta dejar como única salida la expoliación de las finanzas de Pemex en sustitución de una reforma tributaria pospuesta indefinidamente y frente a las restricciones de la Ley de Responsabilidad Hacendaria que obliga al equilibrio presupuestal casi en cualquier circunstancia.
El tercer desajuste es de orden social y consiste en la violación ostensible del pacto social y en el resquebrajamiento del mercado de trabajo, en hacer crónica la desigualdad distributiva y en la aglomeración de perdedores en la justa de la competencia. El último desequilibrio se expresa en la segmentación de las fuerzas políticas, nacida de razones ideológicas, pero sobre todo de la cerrada defensa de privilegios elitistas que hasta hoy han impedido fijar prelaciones, formar acuerdos democráticos sobre los objetivos nacionales, dejando esos temas macroeconómicos esenciales al mercado. La pobreza y carencias sociales del grueso de los ciudadanos, el exilio forzado de millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos, el costoso salvamento y la extranjerización de la banca reflejan incontrovertiblemente fallas severas de nuestro régimen político que niega influencia a los segmentos mayoritarios de la población. Ojalá el pacto firmado por los principales partidos políticos al comienzo de la gestión del presidente Peña, corrija esa lamentable situación.
Entre los desequilibrios resultantes destacan dos –el del sistema financiero y el del mercado de trabajo– por sus efectos generalizados sobre el aparato productivo y el bienestar social. El primero, además de lo dicho, refleja la incapacidad de la política monetaria y bancaria para cumplir funciones indispensables de apoyo financiero a los productores nacionales o a la formación de capital. La reprivatización-extranjerización de la banca comercial y la inhibición al crédito de primer piso a la banca estatal, son causa de la ruptura de nexos entre economía, financiamiento e impulso estatal al crecimiento. La cartera conjunta de la banca comercial y la de desarrollo se ha desplomado de 63 a 21% del producto entre 1995 y 2008, uno de los más bajos coeficientes de intermediación bancaria del mundo. La banca comercial ha disminuido en 33% su cartera real de crédito, particularmente al sector privado a pesar de las garantías y redescuentos que le otorgan los bancos estatales. Por su parte, la transformación de la banca de desarrollo en banca de segundo piso la orilla a renunciar a dos de sus funciones centrales: el crédito directo, competitivo, al sector privado y la preparación de los grandes programas o proyectos nacionales de inversión. Asimismo, la acumulación antiinflacionaria, precautoria o quizá antidesarrollista de reservas de divisas del Banco de México tiene un alto costo financiero que ya disuelve casi por entero su capital social.
La erosión universal de los mercados de trabajo alcanza en México proporciones alarmantes. La población económicamente activa creció 140% entre 1980 y 2008, esto es, a una tasa media anual mayor a 3%. En contraste, más de la mitad de la fuerza de trabajo es informal y el empleo en el sector secundario que podría tomarse como el segmento moderno de la economía de mercado, vio declinar su participación dentro de la población activa en casi 60% entre 1990 y 2008, con evidente desperdicio del llamado bono demográfico.
Como es natural, el costo de la estrategia adoptada creó vulnerabilidades sin cuento. Visto más de cerca, en 1995 el producto cayó más de 6% y otro tanto ocurre en 2009. Por supuesto, el consumo privado y la inversión se contrajeron todavía más, arrastrando consigo al bienestar ciudadano. La incierta mejoría macroeconómica poscrisis no es general y menos suficiente, no compensa del todo la caída de 2009 sobre todo en el empleo, cuando ya se perfila una nueva pérdida de dinamismo económico; el consumo y el empleo de la población seguirán deprimidos y por tanto las ramas productivas más afectadas son las que se asocian a la demanda popular y a la inversión, estos es, a la salud intrínseca de los mercados nacionales. Y ello ocurre cuando proliferan vicisitudes internacionales derivadas de la doble recesión europea y de las lentas, difíciles, recuperaciones norteamericana y japonesa que ya parecen arrastrar consigo a las principales economías emergentes, China, la India y Brasil, entre otras.
En México, la apertura de mercados no ha clausurado los desequilibrios externos de pagos por más que se hayan multiplicado los tratados de libre comercio. Las exportaciones han crecido mucho desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero las importaciones lo han hecho a velocidad análoga o superior. En consecuencia, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y la afluencia del ahorro externo siguen determinando el ritmo máximo asequible de desarrollo.
En suma, junto al estrangulamiento externo, el énfasis en soluciones de mercado, en la estabilidad de precios, en políticas segmentadas y en extremo conservadoras, seguirá produciendo ritmos mediocres de crecimiento, costos ascendentes de sostenibilidad ambiental mientras toman carta de naturalización la pobreza, el desempleo, el ascenso de la informalidad con cifras de desocupación de los jóvenes peligrosamente altas. De ahí el desprestigio de las llamadas reformas estructurales –reformas en esencia microeconómicas o microsociales– y el descontento manifiesto de la población joven frente a un futuro deteriorado.
(…) En rigor las prelaciones debieran reorientarse al menos a los siguientes campos: crear mecanismos de formación de acuerdos democráticos que lleven a reconstruir los pactos sociales y, por ende, clarifiquen el ámbito de las responsabilidades públicas manifiestas en el contenido y ordenamiento de la estrategia macro y microeconómica; fomentar prioritariamente el empleo; propiciar la reconversión deliberada de la planta productiva nacional y la integración del sector exportador al resto de la economía; emprender la reforma fiscal; regular el funcionamiento de la banca comercial y liberar de trabas a la banca de desarrollo; limitar el poder político de los medios masivos de comunicación; establecer derechos sociales exigibles, universales para proteger a los trabajadores y a los grupos sin representación política de la marginación; mejorar el sistema educativo y de investigación básica; y por último, comenzar por establecer metas mucho mejor equilibradas entre objetivos estabilizadores y los del empleo e ingreso, esto es vertebrar sin contradicciones mayúsculas la política económica con la política social.
