SAO PAULO.- “¿Y a mí por qué me miran, si nadie se queja de la economía?”, les preguntó a los legisladores durante una interpelación en el Congreso el ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega, a quien la revista inglesa The Economist le sugiere renunciar.
Hace 10 años el Fondo Monetario Internacional dudaba de que una fuerza izquierdista como el Partido de los Trabajadores pudiera cumplir el compromiso hecho por Lula da Silva en la Carta al pueblo brasileño de mantener las metas de superávit fiscal, controlar la inflación mediante la tasa de interés de referencia y mantener el dólar flotante, tres herencias de los años de la liberalización que le reclamaban los mercados. Y en el fondo de la cuestión estaba el crecimiento económico, activar el consumo interno, luchar contra el hambre y generar empleos.
Y la ola de protestas que inunda Brasil estos días no ha mostrado carteles que digan “fuera el FMI”, “basta de hambre” o “empleo ya”.
El consenso es que la antigua y la nueva clase media han dicho basta a pagar mucho por servicios deficientes, una suerte de actualización de un software que ha quedado lento para la velocidad de la segunda década del siglo XXI.
La presidenta Dilma Rousseff ha privatizado los aeropuertos de Brasilia, Sao Paulo y Campinas, las líneas ferroviarias, lanzó un plan de exención impositiva a la industria y a los servicios por unos 50 mil millones de dólares y le rebajó impuestos a la industria automotriz.
No ha sido suficiente para crecer.
El país creció a un promedio de 3% en la última década. En 2010, último año de gobierno de Lula, esquivando la crisis mundial creció 7.5%. Con Rousseff el crecimiento se fue barranca abajo en 2011 con 2.7% y 0.9% en 2012, incluso después de haber bajado a la mitad –7% anual– la tasa de interés de referencia, lo que supondría una mayor vitalidad para la actividad productiva.
“Veranito brasileño”
Para Mantega “es normal que la gente se manifieste por deficientes servicios en las ciudades. La clase media aumentó en los últimos años y tiene mejores condiciones de vida. Son 40 millones de personas que quieren mejor servicio de transporte, salud, educación y seguridad. Es diferente a Grecia y a España, donde se reclaman salarios y empleos”.
Pero los economistas ortodoxos ven a Brasil como un país que ha dejado de ser atractivo tras la caída de las tasas de interés.
“Se ha terminado el veranito brasileño. Se ha debilitado parte de la confianza del inversor internacional en Brasil”, dice a Proceso Manuel Enríquez García, presidente del Consejo de Economía de Sao Paulo y profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP), la de mayor prestigio en el país.
Para Enríquez el problema de Brasil es “el empleo”, con una tasa de desocupación en un piso histórico: 5.8%. “Brasil va a tener que elegir entre tener inflación, que afecta a la mayor parte de la población, o tener más empleo. Ha manipulado algunos objetivos de la política fiscal porque la relación deuda bruta con el PIB está en torno a 68%”.
El economista criticó los incentivos dados por el gobierno y opinó que los extranjeros han desconfiado de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, llevándola a los bajos niveles de 2008.
Al calor de las protestas, la dirigencia política ha resuelto firmar pactos por el transporte, la salud y la educación. En tiempo récord el Congreso aprobó un aumento de presupuesto para estos tres sectores que, según el diario Valor Económico, le costarán al país unos 55 mil millones de dólares anuales extra. En la cuestión del transporte el peso de las empresas era el menor de Occidente, por ejemplo en Sao Paulo, donde de cada boleto de autobús 10% lo pagan las empresas privadas, 20% el municipio y el resto el usuario.
Por eso ahora los empresarios del sector del transporte deben prepararse, según anticipan desde las alcaldías, para reducir sus ganancias.
En Sao Paulo, la principal ciudad del país, las ventas de junio cayeron 70% por las manifestaciones. El diario Folha de Sao Paulo publicó que la presidenta teme que una onda de rebajas de tarifas y peajes en autopistas concesionadas reduzcan el interés internacional por participar en proyectos que Brasil tiene en agenda, como la privatización de los puertos y nuevas privatizaciones de caminos.
“Para los extranjeros se encendió una señal de alerta”, afirma el presidente de la Asociación Brasileña de Carreteras y Autopistas, Moacir Duarte, aludiendo al fantasma de la inseguridad jurídica.
Desde el sector sindical y de los movimientos sociales de izquierda, la crisis se debe “al ocaso de un modelo no sustentable de planificación urbana con servicios de pésima calidad, mientras una porción del país vive de la renta de la tasa de interés”, en palabras del economista Joao Pedro Stedile, líder del Movimiento de los Sin Tierra, que pugna por la reforma agraria y es crítico agudo del gobierno de Rousseff, al que sin embargo defiende políticamente frente a la opción opositora.
El que Brasil sea acreedor del FMI o el ascenso social de 40 millones de personas a la clase media en la última década fueron hechos defendidos por el economista Marcelo Neri, de la Fundación Getulio Vargas y presidente del oficial Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).
“En las calles no están los más ricos, pero ciertamente no están los más pobres”, dijo Neri, experto en estadísticas sobre desigualdad y movilidad social. Según él, la renta de 10% más pobre en el país creció 550% más rápido que la de 10% más rico.
“Es probable que los que crecieron más rápido y recibieron distribución de riqueza por primera vez, quieran seguir avanzando al mismo ritmo. Normalmente las protestas son por desigualdad y desempleo, dos asuntos que han caído significativamente en Brasil”, agregó.
