La distribución geográfica de los electores es uno de los temas determinantes para garantizar el principio de “un ciudadano, un voto”, pues la agrupación de distritos electorales (uninominales o plurinominales) muy desiguales en el número de ciudadanos automáticamente se traduce en una subvaluación o sobrevaluación del voto, según pertenezcan estos a los distritos mayores o menores.
Por ello lo ideal es que los distritos electorales sean exactamente iguales o al menos, lo más cercano posible en número de electores. En el caso mexicano la distribución de la población entre los 300 distritos electorales se hace con base en el Censo General de Población que se realiza cada 10 años. De esta disposición contenida en el artículo 53 de la Constitución proceden dos de los principales inconvenientes para mantener una adecuada distribución de la población: La distritación se realiza con datos extemporáneos y los tamaños de la población no siempre corresponden a los de los mayores de 18 años, es decir la población con derecho a votar.
El periódico Reforma publicó el 9 de noviembre de 2012 declaraciones del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, en las que señala que de acuerdo con los datos del censo de 2010, 88 distritos electorales (29% de los 300) están fuera del rango de 318 mil 287 y 430 mil 623 habitantes, que resultaría de dividir la población total del país de 112.3 millones entre el número de distritos y darles un margen de más-menos 15%.
Sin embargo si el ejercicio se realiza con el total de la lista nominal de electores utilizada en la elección de 2012 dividida entre 300 y se les aplica el mismo margen de tolerancia, el resultado es que los distritos fuera del mismo son 61 (20% del total).
Pero el otro problema estriba en el margen de tolerancia que se establece en las políticas del IFE, pues el más-menos 15% es muy grande y de partida lleva a que la diferencia entre el límite inferior y el superior sea de 30%. El resultado es que en las elecciones de 2012 la diferencia entre el distrito con mayor cantidad de ciudadanos en la lista nominal (el 12 de Nuevo León, con 458 mil 220 electores) y el segundo más pequeño (el 2 de Oaxaca, con 188 mil 259 electores) –no se consideró el más pequeño porque es el 1 de Baja California Sur, entidad que no alcanza la población para tener dos distritos pero que accede a ellos porque por disposición constitucional es lo mínimo que puede tener cada entidad– es de 269 mil 961 electores, es decir, mayor al tamaño promedio de un distrito (264 mil 974 electores) y una diferencia de 243% entre uno y otro.
Sin embargo llama mucho la atención que las diferencias dentro de los estados también son muy grandes. Las mayores se dan en Nuevo León, donde está el distrito más grande (el 12, con cabecera en Cadereyta Jiménez y 458 mil 220 electores) y uno de los más pequeños (el 7, con cabecera en Monterrey y 208 mil 371 electores) lo que implica que la diferencia entre ambos es de 249 mil 849 (119%). Es decir que el mayor es 2.19 veces el menor y casi el tamaño de un distrito promedio. Le sigue Quintana Roo, con una diferencia de 212 mil 664 (90.1%).
Un estado que llama mucho la atención es Oaxaca, pues de 11 distritos que tiene, cuatro están por debajo del límite inferior (225 mil 228 electores) y el mayor apenas está 11 mil electores por encima del promedio (264 mil 974), es decir 29 mil electores por debajo del límite superior (304 mil 720).
En este caso las diferencias se explican nuevamente por el margen de tolerancia (más-menos 15%), pero además otra serie de criterios que afectan directamente el tamaño de los distritos, como el no dividir municipios, aunque como en el caso de Nuevo León los dos distritos se encuentren dentro del área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con el proyecto de nueva distritación del IFE: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas y Quintana Roo ganarían un distrito; Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz perderían uno y el Distrito Federal perdería tres. Con lo cual se espera que se corrijan las deficiencias más notables, como la de Oaxaca.
Sin embargo, dado que el principal problema está en la disposición constitucional, al establecer que la distritación se hará con base en el censo, para cuando se aplique por primera vez la nueva distritación (en la elección intermedia de 2015), de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, el Distrito Federal debería tener dos distritos menos de los que le asigna la nueva distritación; en la elección de 2012 tenía 27 y con la nueva distritación tendrá 24, pero con las proyecciones de la población nacional y por entidad de 2015 sólo le corresponderían 22; Michoacán perdería para ese momento un distrito y de 12 pasaría a 11.
En contrapartida Baja California, el Estado de México y Nuevo León deberían tener uno más. Así cinco de las 32 entidades, es decir, 15% de éstas ya estarán desactualizadas al momento mismo de su primera aplicación.
Así uno de los principios fundamentales de la democracia –el valor igual del voto– nunca está totalmente resguardado en México, ya que la normatividad y los criterios que se utilizan para la distritación privilegian otros factores y no el equilibrio poblacional. Para salvaguardar este principio, Alemania, por ejemplo, al inicio de cada periodo parlamentario designa una Comisión de Distritos Electorales para revisar los cambios poblacionales y si detecta una diferencia superior a 33% entre los distritos, el ajuste es obligatorio.
Estas desigualdades en los tamaños de los distritos se convierten en otro de los elementos que distorsionan la voluntad en México, pues aunado a la sobrerrepresentación de ocho puntos porcentuales permitida en la legislación, estos desequilibrios hacen que para ciertas fuerzas políticas, menores cantidades de votos (absolutos y porcentuales) se conviertan en un mayor número de legisladores y a la inversa. Por eso el PRI con 33.6% de los votos tiene 41.4% de los diputados mientras el PAN, con el 27.3% de los sufragios sólo tiene 22.8% de los diputados.
Más allá de la discusión coyuntural de la nueva distritación, que es indispensable, el tema merece una revisión más profunda para intentar llegar a la proporcionalidad pura, es decir que el porcentaje de votación se traduzca en el más cercano porcentaje de legisladores para cada fuerza política.
