El pasado 6 de febrero la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró a Enrique Peña Nieto de cualquier uso ilegal de recursos eventualmente introducidos a su campaña presidencial mediante el llamado Caso Monex, además de considerar que no rebasó el tope de campaña; sin embargo la falta de sustanciación, equidad y certeza ocasionó la devolución del dictamen por la mayoría del Consejo General de esa institución.
Cinco meses después el titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas Kaulitz, presenta un dictamen similar donde se beneficia al PRI y a quien hoy ocupa la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, al considerar que no superó el tope de gastos y al prorratear una erogación de 150 millones de pesos que nunca reportó. Además distribuyó entre 365 candidatos un millón 572 mil 887 pesos del Caso Monex.
En el dictamen de febrero, Peña Nieto habría gastado 328 millones 779 mil 321 pesos. Hoy, con la reelaboración del documento, Cristalinas apenas encontró un millón 714 mil 799 pesos más; es decir que oficialmente Peña Nieto utilizó 330 millones 494 mil 120 pesos, cifra por debajo del tope de gastos de campaña: 336 millones de pesos.
En cambio la coalición Compromiso por México (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) que en la sesión del 6 de febrero pugnó por regresar el dictamen para realizar un prorrateo conforme a la demanda de los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa, resultó más afectada pues le aumentaron un promedio de 10 millones de pesos. A final de cuentas esto le podría generar una multa de 180 millones 899 mil 299 pesos en caso de aprobarse en la sesión del próximo 2 de julio.
Para el PRI, de acuerdo con el dictamen, la Unidad de Fiscalización propone una multa de 54 millones 600 mil pesos por “diversas irregularidades”.
El documento de 5 mil fojas está programado para ser discutido y votado en la sesión del 2 de julio; no obstante podría diferirse debido a que algunos consejeros, como Alfredo Figueroa estiman insuficiente el tiempo para analizar toda la documentación y cumplir con el principio constitucional de “certeza”.
Incluso algunos representantes de partido como Camerino Márquez Madrid, del PRD; Pedro Vázquez González, del PT, y Juan Miguel Castro Rendón, del MC ya enviaron al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, un oficio solicitando diferir la votación “al considerar el poco tiempo disponible para analizar y valorar dicho dictamen por su gran número de fojas”.
Distribución amañada
La diferencia de opinión sobre los criterios utilizados por la Unidad de Fiscalización para aplicar el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización motivó que el dictamen fuera devuelto.
En ese artículo se define cómo y bajo cuáles circunstancias debe distribuirse un gasto de campaña entre uno o más candidatos; esto es, si todo el dinero utilizado para un evento proselitista se suma al candidato presidencial y diversos diputados federales y senadores, o si también se incluye a candidatos a diputados locales que hayan participado.
A pesar de que de acuerdo con el dictamen fueron el PRI y el PVEM quienes más dinero gastaron en toda la campaña federal –mil 143 millones 521 mil 973 pesos contra 714 millones 586 mil 194 de PRD-PT-MC, 535 millones 916 mil 769 del PAN y 210 millones 899 mil 754 del Panal– la Coalición por México (PRI-PVEM) no rebasó el tope de campaña para presidente de la República.
Lo anterior debido a que a la hora de prorratear o dividir el gasto, el PRI reportó sólo 1% de cada evento hacia la campaña presidencial. Y fue a los candidatos a diputados (190 de 300 contendientes) a quienes les achacaron el rebase de tope de campaña. Esa fue la contabilidad que entregó el PRI y la coalición a la Unidad de Fiscalización así se la aceptó.
También es cierto que el mismo artículo 177 otorga la facultad a los partidos políticos para definir los porcentajes distribuidos a sus candidatos; pese a ello, la Unidad de Fiscalización debe contar con la justificación de que se trató de un evento proselitista genérico y cómo fue ese “beneficio” para cada candidato.
En este aspecto, durante la sesión del 6 de febrero los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa consideraron inequitativa la tasa de tal porcentaje. Hoy, en entrevista con Proceso comentan que buscarán en el dictamen la “justificación” y la “equidad” apegada a la ley que haya encontrado Cristalinas para hacer valer tales porcentajes que el PRI notificó como 1% para la campaña de Peña Nieto en sus gastos.
Por otro lado el PRI, el PVEM y la Coalición en su conjunto tienen un gasto no reportado de 147 millones 666 mil 198 pesos de los cuales le “prorrateó” a Peña Nieto sólo 1% y la Unidad de Fiscalización lo aceptó.
En este caso, Nacif dice en entrevista que el tema merece revisión aunque, aclaró, no se pronunciaría sobre el dictamen, pues será hasta la sesión del 2 de julio cuando se defina.
Aclara en primer término que el prorrateo sí se permite en el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, pero advierte que éste debe ser sobre gastos comprobables y que hayan salido de una cuenta concentradora previamente certificada.
“Estoy revisando lo que dice el reglamento. Una cosa que voy a vigilar es que el dictamen esté estrictamente sujeto a los principios de legalidad, objetividad, equidad y transparencia. Y ver que la Unidad de Fiscalización no aplique criterios que no tienen fundamentos sólidos y firmes en el reglamento en un mandato expreso por el Consejo General de IFE.”
Y advierte: “Cuando ellos (Cristalinas y la Unidad de Fiscalización) hayan construido criterios por cuenta propia yo estaré muy pendiente, por carecer de atribuciones para emitir criterios generales; esa es una atribución del Consejo General. Y éste debe pronunciarse sobre los criterios, tiene que emitirlos, la Unidad los tiene que aplicar y darles a los partidos las herramientas”.
A Nacif se le refiere que el dictamen habla de más de 100 millones de pesos no reportados por el PRI y a pesar de ello fueron prorrateados.
Comenta: “En la sesión del 6 de febrero nos referimos al artículo 177 del Reglamento de Fiscalización; ahí nos pronunciamos por interpretarlo de tal manera que se privilegiara la equidad y el trato igual a todos los contendientes. Por esa razón creímos que la interpretación más adecuada del 177 implicaba aplicar sólo el inciso “a” y no el “b”, porque este último supone medir a cada quien con diferentes varas.
“En aquella ocasión no convencimos a todos pero en este dictamen mi trabajo es vigilar se apegue a los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, legalidad y certeza.”
Justamente el inciso “b” es el que faculta a un partido político para definir el porcentaje a prorratear y del cual se valió el PRI para darle al Peña Nieto sólo 1% del total de los gastos de campañas genéricas. Y es también una de las razones por las que no se rebasó el tope de campaña.
En el caso del consejero Alfredo Figueroa, quien tampoco está de acuerdo con tasar en forma dispar el prorrateo, en entrevista con este semanario recuerda que él mismo pidió que se tuviera la distribución ya con la suma de los gastos de campaña a diputados y senadores.
Pero también: “Que nos explique la Unidad de Fiscalización con claridad el concepto de campaña beneficiada, porque el prorrateo se relaciona con cuáles son las campañas o el gasto que benefició a más de un candidato en un partido o coalición. Esto deberá estar explicado con toda precisión en el proyecto para saber por qué en unos casos se considera que se puede hacer una división entre 300 o más contendientes y uno de ellos sería el candidato o candidata a la Presidencia de la República; es decir, qué tipo de gasto está estableciéndose para llegar a esas consideraciones”.
Cuando se le comenta que según el dictamen el PRI prorrateó 1% para Peña Nieto y el Movimiento Progresista 12 % para Andrés Manuel López Obrador, Figueroa dijo que no se pronunciará sobre el dictamen y sin embargo aclaró que “primero van a revisar los términos de las órdenes impartidas al Consejo a la Unidad de Fiscalización, pero esa unidad recibió órdenes del Consejo General y debió haberlas cumplido; ya le tuvimos que devolver su trabajo en una ocasión, yo voy a estar atento a que las órdenes se hayan cumplido con claridad y estén honradas y satisfechas”, expone Figueroa.
Otros datos curiosos del dictamen que favorecen al PRI y al PVEM es que después se les restaron con la reclasificación 206 millones 516 mil 691 pesos, pero también a la Coalición por México como tal se le sumaron 165.3 millones y al PRD-PT-MC se le agregaron 235.5 millones de pesos. A final de cuentas el PRI salió ganando con el reajuste.
Caso Monex
Como se recordará, en la sesión del pasado 30 de enero la Unidad de Fiscalización reconoció que hubo 66 millones de pesos en el caso Monex de los cuales se determinó 50 se utilizaron para campaña electoral, de los que a su vez se consideraron sólo 3.9 millones destinados al proselitismo de Peña Nieto.
Además, de los 66 millones de pesos, el IFE reconoció la existencia de 43 millones de los que se dispuso mediante cajeros automáticos y por lo mismo se desconocía el destino final que tuvieron.
En este dictamen que se analizará el próximo martes 2 de julio, de nueva cuenta sale a colación el tema pero únicamente respecto al prorrateo, pues sobre la parte relativa al número de empresas participantes y el destino para la campaña presidencial el IFE ya se pronunció, pero está pendiente de resolución pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con un recurso de apelación aún no resuelto.
Ahora en el dictamen a discusión se analiza el caso Monex pero sólo en el aspecto del prorrateo; es decir, de los 3.9 millones de pesos que se dijo fueron a parar a la campaña, el PRI dividió el recurso entre varios candidatos y a Peña Nieto únicamente le correspondió, según el dictamen cuya copia tiene Proceso, un millón 572 mil 887 pesos con 76 centavos.
En este punto Nacif externa sus dudas de cómo se llegó a tal cantidad, en primer término, dice, porque forma parte de un recurso “no reportado” y sólo el dinero que se reporta se puede prorratear.
