En vísperas de las elecciones para designar al próximo secretario general de la sección III del Sindicato del Seguro Social, los trabajadores disidentes se quejan porque, dicen, Clara Gómez Caro –quien llegó al cargo en 2007 y hoy es diputada local– quiere imponer a su favorito: José Luis Arteaga Herrera, como “candidato de unidad”, sin respetar a los contendientes ni los estatutos. Los inconformes acusan también al beneficiario de utilizar fondos del sindicato para financiar su campaña.
Producto de la política del dedazo, la diputada local priista Clara Gómez Caro busca imponer a José Luis Arteaga Herrera como secretario general de la sección III Jalisco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS).
En 2007, Gómez Caro llegó a la dirigencia seccional por decisión Francisco Castillo Navarro, su antecesor, dicen al reportero empleados de la institución médica. Ella comenzó siendo la tesorera del sindicato durante la gestión de su “padrino”. Y repitió el esquema, pues al ascender a la Secretaría General del SNTSS puso como tesorero a su favorito.
Ella comenzó como enfermera y estaba adscrita a la Torre de Especialidades del Centro Médico de Occidente. Con los años, cuando fue diputada federal (2009-2012), pero sobre todo cuando fue nombrada secretaria de Acción Social en la dirigencia nacional del IMSS, se convirtió en represora de los trabajadores. Además, colocó en la institución médica a varios familiares (Proceso Jalisco 416).
Para los integrantes del Movimiento de Resistencia Sindical de Trabajadores del Seguro Social (Moresiss), liderado por la enfermera Lidia Negrete Salazar, el proceso para elegir al próximo secretario general del gremio está plagado de irregularidades que ellos atribuyen a la diputada priista.
De entrada, comentan, impuso a José Luis Arteaga como candidato de unidad en una votación interna del comité seccional a espaldas de los trabajadores. El pasado 29 de mayo, cuando se publicó la convocatoria, dicen, vetó a cuatro representantes de planilla: Óscar Nicolás García Lomelí, de la Roja; Rosa Alba Ramírez, de la Naranja; Lidia Negrete, de la Amarilla, y Salvador Pulido, de la Azul, por presuntas sanciones en su expediente.
Según el sindicato, García Lomelí, quien tenía acumuladas 288 faltas administrativas, fue acusado de daños al patrimonio del IMSS con el uso de seguros facultativos; a Alba Ramírez le dijeron que su contrato estaba rescindido, mientras a Negrete le informaron que estaba suspendida.
Al quedar fuera Lomelí, la planilla roja inscribió a Pedro Castillo, pariente de Francisco Castillo, el impulsor de Gómez Caro. La planilla naranja se quedó sin candidato porque Rosa Alba se negó a ser reemplazada; Iliana Jiménez Rodríguez entró al relevo de Negrete, mientras Juan Manuel Ramírez hizo lo propio en el caso de Pulido.
Las planillas verde y blanca no sufrieron modificaciones. En la primera quedó anotado Elio Vázquez; la segunda es encabezada por el candidato oficial de Gómez Caro. Asimismo se registró el médico Ramón Jiménez como candidato independiente.
Los estatutos del sindicato impiden que un trabajador sancionado en el último año participe en las elecciones internas. En el caso de Negrete Salazar, supo sobre se sanción cuando fue a registrarse. El motivo: una supuesta falta en su centro de trabajo en febrero de 2012, lo cual le valió una suspensión de ocho días.
Según Negrete, Gómez Caro suele inventar sanciones a los trabajadores y suspende o despide a quienes se le oponen. Durante su gestión, dice, han sido afectados más de 2 mil 500 empleados sin justificación. Si el sindicato exige a la institución aplicar la cláusula 61 del contrato colectivo de trabajo, relativo a las suspensiones, el afectado es sancionado.
Sucia elección
Los afectados no tienen oportunidad de defenderse, dice la enfermera y exhibe como ejemplo el recibo de nómina de la asistente médico de la clínica 46, María Teresa Vázquez García, quien fue suspendida por ocho días sin goce de sueldo el año pasado por lo que la quincena posterior recibió sólo un peso de salario.
Gómez Caro abusó de esa cláusula para escarmentar a sus críticos, sostiene Rosa Alba Ramírez, excandidata de la Planilla Naranja. La conoce muy bien, dice, pues fue secretaria de conflictos y trabajo en el primer año de mandato de Gómez Caro. Admite que hubo muchas quejas precisamente por sanciones injustificadas, pero a la entonces secretaria general no le gustaba saber de ellas.
“Desde el cuarto día de gestión le empecé a señalar la falta de atención a la clase trabajadora y eso a ella le molestaba. Me levantaron un acta administrativa en honor y justicia en donde me imputaron tres infracciones a los estatutos. Una fue que no voté en el consejo del 2008, la otra que hablé mal de la secretaria general y la tercera era que emití documentos firmados como secretario del trabajo sin la firma del secretario general”, comenta Alba Ramírez.
Según ella, Gómez Caro y el delegado del IMSS en Jalisco, Benito Gerardo Carranco Ortiz, violentan los derechos laborales de los agremiados al sindicato y son proclives a entregar las plazas de los afectados a desconocidos sólo por compromiso contraídos.
El 11 de mayo de 2008 a ella misma intentaron rescindirle su contrato, pero un juez dictaminó improcedente su despido. Sin embargo, fue hasta el pasado viernes 7 de junio cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 17 expidió un laudo a su favor en el cual exige su reinstalación o una indemnización por daños y perjuicios.
En la documental del aviso de rescisión de contrato, deducido del expediente de investigación laboral número 139/2011, se falsificó la firma del jefe del departamento jurídico y apoderado legal del IMSS, Víctor Manuel Ávalos Ibarra, para despedir a Alba Ramírez: “Se desprende que la firma que calza dicha documental no corresponde al puño y letra de la persona que aparece como su suscriptor”, se lee en la copia del documento obtenido por este semanario.
Ante la negativa del sindicato a registrarla como candidata de la Planilla Naranja, Alba Ramírez interpuso un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y Laboral.
“Tienen todo amañado, los demás compañeros entraron a su juego y se salieron con la suya. Emprendí por la vía legal una demanda porque no acepto que se salgan con la suya”, comenta.
Tanto ella como Negrete cuestionan al candidato de unidad. La convocatoria, dicen, se publicó el 29 de mayo, pero Arteaga Herrera ya había sido electo con anticipación sin que nadie se enterara de ello. Ese día, desde temprano sus simpatizantes comenzaron a pegar carteles con su rostro en ventanas y pasillos de las unidades hospitalarias.
De acuerdo con Negrete, los estatutos del sindicato no marcan en ninguna cláusula que pueda realizarse una elección interna para impulsar un candidato de unidad; precisan incluso que el proselitismo sólo puede iniciarse a partir del registro de los aspirantes, lo que ocurrió entre el miércoles 5 y martes11.
Arteaga es el candidato de Gómez Caro; “ella lo impuso y ella les dijo por quién votaran”, dice.
Los candidatos inconformes presumen que Arteaga utilizó los fondos de las cuotas de los trabajadores para su campaña. Su salario de 5 mil pesos mensuales, comentan, no alcanza a cubrir las unidades médicas.
Cuestionamientos
En la designación de José Luis Arteaga Herrera participaron menos de 50 personas, los encargados de las 16 secretarías del gremio y los titulares de las 40 comisiones del mismo, un número sumamente inferior, si se compara con los 30 mil trabajadores del IMSS en el estado, insiste Negrete.
La designación del secretario general está prevista para el 8 de julio en el hotel Barceló de Puerto Vallarta, donde estarán presentes 200 delegados que serán designados en una votación previa en las unidades médicas los días 4 y 5 de julio.
Alba Ramírez se queja también de esa “maniobra” porque, subraya, aun cuando en Guadalajara hay un auditorio sobre avenida Río Nilo con capacidad para mil personas, Gómez Caro propone el destino playero para consumar la imposición de Arteaga.
Negrete y Alba Ramírez aseguran que se sabe poco de Arteaga. Comentan que aun cuando estudió la carrera de contabilidad en una universidad a distancia, un contador le hace la tarea. En el sindicato se sabe, dicen, que fue chofer de Francisco Castillo; antes de recibir el nombramiento de tesorero en la administración de Gómez Caro, exponen las entrevistadas, tenía la representación sindical del área de transporte, con poco más de 130 trabajadores.
También, exponen, tenía una plaza de auxiliar de servicios de intendencia, aunque se desempeñaba como camillero de ambulancias. Y como tesorero, fue opaco pues nunca rindió cuentas. Según las entrevistadas, lo que está en juego en la elección del secretario general son las cuotas de alrededor de 30 mil trabajadores que rondan los 6 millones de pesos mensuales.
Alba Ramírez recuerda que en sus inicios, Gómez Caro era una excelente representante sindical en la Torre de Especialidades del Centro Médico de Occidente; tenía oficio como gestora y defensora de sus representados, alrededor de 2 mil 700 trabajadores, pero abandonó sus principios cuando llegó a la secretaría general del sindicato.
“Le va a salir cara al instituto la mala gestión que está haciendo porque están buscando la vía jurídica para la salvaguarda de sus derechos”, advierte la entrevistada.
De Gómez Caro recuerda que comenzó como auxiliar de enfermería. Antes, dice, había sido adornadora de zapatos con su pareja Francisco Ruiz Guerrero, otrora dirigente estatal del gremio zapatero y líder estatal de la CTM.
Y aunque Gómez Caro nunca cursó la preparatoria, dice, obtuvo el certificado gracias a una compañera llamada Hortensia, quien fue pilar en la proyección educativa de los trabajadores del IMSS. Fue ella, reitera, quien le regaló la preparatoria a Gómez Caro porque nunca la cursó.
