Señor director:
El 26 de mayo del año 2000 fui sacado de mi casa, en Tepexpan, Estado de México, y secuestrado por un grupo de agentes de San Juan Teotihuacán, en complicidad con la agente del Ministerio Público de esa última localidad, Araceli Godínez Sánchez. Después me torturaron y me hicieron firmar hojas en blanco para fabricarme el supuesto homicidio de Emmanuel Martínez Elizalde.
El padre de éste, Rafael Martínez Castillo, fue quien compró a las autoridades para que se hiciera pasar a su hijo por muerto, ya que todavía vive, y se me culpara de ese falso homicidio.
El 4 de mayo de 2001, el juez Arturo Velázquez Méndez, quien actualmente es magistrado de la 2ª Sala Colegiada Penal de Texcoco, me sentenció a 42 años de prisión por ese hecho, sin tener pruebas en mi contra y sin ningún testigo que apoye.
Después de mi arresto, se ordenó la exhumación del supuesto cadáver de Emmanuel Martínez, y en tres ocasiones se han hecho peritajes por especialistas en identificación humana (el de la doctora Liliana Torres Sanders, en 2004; el del doctor Alberto Prado Gómez, en julio de 2012; y el de la junta de peritos de tercero en discordia, en agosto de 2012), y todos han concluido que los restos analizados no corresponden a los de Emmanuel Martínez Elizalde. Los peritajes están fedatados por el Ministerio Público.
Hace aproximadamente dos semanas, el juez que se convirtió en mi verdugo al sentenciarme a 42 años de prisión y que ahora es magistrado, Arturo Velázquez Méndez, me mandó decir, a través de un enviado, en mi reclusión: “Discúlpeme, pero era mi trabajo ejecutoriarlo”.
A Emmanuel Martínez Elizalde se le ha visto en algunas ocasiones en San Juan Teotihuacán, por lo que no está muerto, ni mucho menos soy su asesino. Incluso mi madre, la señora Guadalupe Valdovinos, ha pedido que se le detenga, pero las autoridades hacen caso omiso de sus peticiones.
Ante todos estos hechos, el magistrado Baruch F. Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, reconoció mi inocencia, por lo que ordenó –el pasado 29 de febrero– que se realice el trámite de Reconocimiento de Inocencia. Sin embargo, las autoridades correspondientes han estado bloqueando el trámite. No quieren aceptar que se cometió un abuso de autoridad en mi contra y temen que yo les exija la reparación del daño.
Mientras tanto, ya llevo 13 años preso en el penal de Otumba, Estado de México, pese a que soy inocente. Exijo justicia y la intervención del señor gobernador Eruviel Ávila. Basta de proteger a agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados que abusan de su autoridad y violan los procedimientos penales.
Atentamente
Manuel Germán Ramírez Valdovinos
