BUENOS AIRES.- En las investigaciones que realiza la justicia argentina sobre la responsabilidad de civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) existe un caso emblemático: el del secretario de Hacienda Juan Alemann, a quien se le investiga por la desaparición en 1977 del funcionario Juan Carlos Casariego de Bel, en el marco de la estatización irregular de la Compañía Italo Argentina de Electricidad S.A., (Italo).
Casariego de Bel era abogado, funcionario de carrera del Estado y director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía. A cargo de este ministerio, desde el golpe militar encabezado por Jorge Rafael Videla, estaba José Alfredo Martínez de Hoz, quien tenía como subordinado a Alemann.
El 15 de junio de 1977, Casariego de Bel llamó a su mujer para avisarle que esa noche llegaría tarde a su casa. Tenía una reunión en el despacho de su jefe directo, el secretario de Planificación Guillermo Walter Klein.
Martínez de Hoz, Klein y Alemann –tres defensores a ultranza del liberalismo económico– decidieron estatizar la empresa Italo. La firma de Casariego de Bel era imprescindible para dar visos de legalidad a la defraudación en perjuicio del Estado. El funcionario le había dicho a su familia que se estaban sobrefacturando los gastos de manera escandalosa. Esa misma noche desapareció para siempre.
El Estado argentino pagó 394 millones 500 mil dólares por una compañía privada cuyo precio era muy inferior, según se determinó posteriormente. Argentina saldó la operación con bonos en francos suizos de la Unión de Bancos Suizos. El representante de esa Unión era Roberto Alemann, hermano de Juan.
“Según la denuncia, la entidad también era accionista de la Italo. Es decir, que todos ellos están acusados de haberse pagado a sí mismos como si hubiesen estado de uno y del otro lado del mostrador”, publicó el diario Página 12 el 26 de marzo de 2008.
Juan Alemann enfrentará un juicio oral en el marco de la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). El juez Sergio Torres dijo tener pruebas de que Alemann visitó en 1980, cuando era secretario de Hacienda, el más paradigmático centro de tortura y desaparición de personas durante la dictadura. Allí tomó conocimiento “en forma directa” de los secuestros, las torturas y los tratos inhumanos a quienes estaban detenidos ilegalmente. Alemann no cumplió con su deber como funcionario de denunciar esos delitos.
Por el contrario, Alemann interrogó en la Esma a un prisionero encapuchado y sometido con esposas y grilletes. El secretario de Hacienda había sufrido un atentado de la Organización Montoneros frente a su casa en noviembre de 1979. Enterado de que el supuesto autor, Orlando Ruiz, estaba detenido en la Esma, Alemann “no dudó en hacer uso de sus prebendas políticas, funcionales o gubernamentales”, para cuestionar al prisionero. Quería conseguir detalles del atentado en su contra, afirmó el juez Torres, con base en los relatos de dos sobrevivientes de la Esma. Uno de ellos es Carlos Lordkipanidse, que vio a Alemann en el centro de detención, y recuerda que los marinos lo saludaban con respeto.
Orlando Ruiz, desaparecido desde entonces, pertenecía a la Organización Montoneros. “Pero Ruiz no estaba en la parte de operaciones sino en la de agitación”, sostuvo Carlos Lordkipanidse: “En particular me acuerdo que me dijo que se encargaba de las interferencias de canales de TV”, sostuvo.
