Desde hace años las entidades, aprovechando su autonomía y la ausencia de controles fiscales por parte de la federación, han encontrado una fuente de ingresos en los sistemas de control vehicular.
Mediante el cobro de tenencia y otras cargas locales relacionadas, durante décadas los gobernadores han logrado allegarse recursos comprometiendo los ingresos obtenidos del sistema de control vehicular.
Creado para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, el impuesto de la tenencia vehicular es una carga impopular cuya eliminación se anuncia año con año. Pero hay entidades donde esto no ocurrirá, al menos por una década, pues los gobernadores empeñaron la tenencia a cambio de conseguir créditos.
Esta caso se presenta en Nuevo León, donde el Instituto de Control Vehicular (ICV), creado en 2005 por el entonces gobernador Natividad González Parás, tiene actualmente una deuda cercana a 10 mil 838 millones de pesos.
En 2008, el gobierno de Nuevo León contrató con Banorte deuda por 2 mil 500 millones de pesos, que se pagaría mediante el ICV en un plazo de 12 años, con 66.54% de la recaudación anual del refrendo vehicular, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y con el total de la recaudación del rezago de la tenencia.
En septiembre de 2009, un mes antes de dejar el cargo, González Parás anunció la contratación de otros 5 mil millones de pesos en nueva deuda, que sería contraída a través del ICV.
Del total, 2 mil 200 millones se utilizarían para subsanar pasivos de la misma dependencia, y el resto para que la administración enfrentara la caída en la recaudación de ese año.
Un caso similar es el de Oaxaca, entidad que ha llegado a tener los cobros más altos del país por concepto de tenencia y control vehicular. Ahí, la administración de Ulises Ruiz, que concluyó en 2010, comprometió los ingresos por esos conceptos hasta 2017.
De acuerdo con el secretario de Finanzas de Oaxaca, Gerardo Cajiga Estrada, las condiciones en que se contrajo la deuda impusieron un candado que impide reestructurar esa deuda y modificar las condiciones en que se contrajo.
Otro caso es el de Veracruz, donde el gobierno de Javier Duarte armó todo un entramado político para allegarse recursos fluidos, apenas tomó las riendas de la administración estatal, aunque ello implicara traicionar sus propias propuestas de campaña.
Durante los meses en que Duarte hizo campaña como candidato de la coalición “Veracruz para Adelante” (2010), su principal oferta fue “eliminar la tenencia”.
La eliminación de este gravamen también fue bandera política de la mayoría de los 30 candidatos del PRI a una diputación en el Congreso local de Veracruz.
A las semanas de tomar protesta como mandatario anunció que la tenencia se mantendría, pero sólo para aquellas personas que tuvieran vehículos con un costo mayor a 230 mil pesos. La excusa gubernamental fue que esta medida era necesaria para mantener la estabilidad financiera del estado; como contraparte se manejó un discurso triunfalista, según el cual el gobierno de Javier Duarte subsidiaba la tenencia para los vehículos no suntuarios.
“Va a ser como lo he venido impulsando: que los vehículos debajo de 230 mil pesos estén exentos de impuestos, que no paguen impuestos de esta naturaleza; todo seguirá como hasta ahora, que únicamente pagan tenencia los vehículos de lujo”, dijo.
En realidad, la exención fue tramposa: sólo aquellos que estuvieran al corriente de sus pagos podrían acceder al beneficio, de manera que el universo al que se destinó la eliminación de tenencia se redujo aun más.
La nueva postura oficial respecto a la tenencia desencadenó el enojo del sector empresarial, cuyo parque vehicular se vería obligado a seguir cumpliendo con el impuesto vehicular.
Incluso en el Congreso local, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) emprendió una batalla para lograr que el subsidio a la tenencia abarcara a los automotores cuyo costo fuera menor a 400 mil pesos.
Un efecto bumerán: el primer anunció de campaña de eliminar la tenencia y los cambios financieros de Duarte al asumir el gobierno originaron un desplome en las ventas del sector automotriz en la entidad. Incluso se habló de una escalada de empresarios veracruzanos que optó por comprar unidades en Puebla.
La AMDA recurrió al diputado panista Óscar Lara Hernández para gestionar mesas de trabajo con la bancada del PRI y con la Secretaría de Finanzas y Planeación, para hacer las modificaciones pertinentes.
Lara no tuvo éxito; en infinidad de ocasiones se quejó con la prensa de que la fracción parlamentaria del PRI y la propia Secretaría de Finanzas y Planeación enviarían esta solicitud a la “congeladora”, pues aun con reuniones agendadas, funcionarios del gobierno y legisladores dejaban plantados a los empresarios de la AMDA.
En Coahuila, donde la deuda pública supera los 30 mil millones de pesos, lejos de eliminarse la tenencia este año se incrementó hasta 300%, lo que provocó una demanda masiva de amparos que para abril sumaba a 18 mil contribuyentes inconformes.
En febrero, Sonora registró numerosas movilizaciones por la implementación de una tenencia vehicular disfrazada, llamada Contribución al Fortalecimiento Municipal. Implementada por el gobierno de Guillermo Padrés, la medida recaudatoria desató protestas en el Congreso local, marchas y plantones frente a la casa de gobierno.
“Este año tenemos que pagar el primer servicio de la deuda, capital e intereses, eso nos hace tomar decisiones en cuanto a la responsabilidad y no sólo estar esperando, estirar la mano y pedir más recursos sin hacer un esfuerzo propio”, dijo Padrés al defender la nueva carga.
Esas entidades son algunas en las que los gobernadores han utilizado sus facultades para contratar deudas, evadiendo controles fiscales, e incluso, de los congresos locales, a fin de allegarse recursos extraordinarios.
