A pesar de los esfuerzos realizados para contar con un registro que abarque todo el parque vehicular, hasta ahora se ha marchado de fracaso en fracaso y este problema parece no tener solución. Entre corruptelas y abusos por parte de gobiernos estatales se encuentra en riesgo no sólo la seguridad pública, sino incluso la nacional, pues no es posible concesionar a empresas extranjeras la elaboración de placas ni el levantamiento de un padrón sin cuidar esos aspectos. Hasta ahora en esta materia prevalecen la anarquía y el desorden.
El control vehicular en el país está en crisis. Entre la ausencia de controles fiscales, normas obsoletas y una amplia discrecionalidad para los gobernadores de los estados, el descontrol del parque vehicular en el país implica riesgos en materia de seguridad pública e incluso de seguridad nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), alrededor de 30% de los automotores en México, unos 9 millones de vehículos, no está al corriente en el pago de derechos vehiculares o tenencia, no ha notificado cambio de propietario, o inclusive posee placas vencidas.
La dimensión del problema revela el fracaso de otro mecanismo ideado durante el gobierno de Felipe Calderón con objetivos en materia de seguridad pública: el Registro Público Vehicular (Repuve), instrumento que si bien, capta datos de quienes están en regla, no sirve para recabar información de los 9 millones de vehículos irregulares.
Conforme al artículo séptimo del acuerdo por el que se fijan las características y especificaciones de placas metálicas y documentos relacionados con el control vehicular, publicado el 25 de septiembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, y como lo establece la Norma Oficial NOM-001-SCT-2-2000, el canje de placas en todo el país debe realizarse cada tres años; sin embargo, varias entidades federativas desacatan el ordenamiento, como el Distrito Federal, donde inclusive hay varios modelos de placas vigentes.
En 2001 efectuó el último canje de placas y desde entonces el número de láminas supera al cobro de derechos vehiculares por concepto de revalidación, refrendo o pago de tenencia. Esta distorsión en el padrón del parque vehicular capitalino ha tenido consecuencias notorias en términos de seguridad. El caso más sonado en los últimos años puso en jaque a la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) a partir de agosto de 2012, luego de que seis camionetas con equipos de transmisión y logotipos de Televisa que transportaban dinero presuntamente del narco fueran detenidas en Nicaragua.
En septiembre pasado, MVS Noticias dio a conocer que las placas con que circulaban los vehículos incautados pertenecían al consorcio televisivo que para entonces ya se había desmarcado del asunto mediante varios comunicados.
El gobierno capitalino salió al quite el 2 de noviembre último, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que después de diferentes pruebas periciales determinó que no había posibilidad de vínculo con la televisora y que había documentos falsificados. Inclusive, optó por sugerir que en lo ocurrido podría haber funcionarios involucrados.
El lunes 3, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a cuatro empleados de control vehicular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, por presunto ejercicio ilegal del servicio público. Se presume que registraron con documentación irregular las camionetas con el logotipo de la televisora.
Asunto de seguridad
Por amplias zonas del territorio nacional, integrantes de grupos delincuenciales transitan en sus vehículos sin ser molestados, ya sea por complicidad de las autoridades o porque durante sus trayectos aparentan estar en regla con placas sobrepuestas.
El episodio de la Caravana de Televisa, documentado ampliamente en las ediciones 1873 y 1880 de este semanario, no es el único que involucra a servidores públicos en la facilitación de operaciones de grupos criminales, ya sea por negligencia o corrupción.
El Instituto de Control Vehicular (ICV) de Nuevo León, dependencia que se encarga de la administración de permisos para tripular y poseer automóviles en esa entidad, quedó exhibida en 2012.
En julio de ese año la Contraloría estatal admitió que desaparecieron 175 mil juegos de placas vigentes hasta 2013 de las bodegas del ICV, que por entonces dirigía Pedro Morales Somohano, político cercano al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Según datos oficiales este robo ocasionó un quebranto de 33 millones de pesos. El contralor estatal, Jorge Manjarrez, informó que la sustracción de las láminas fue detectada tras una auditoría interna, y que se encontraban arraigados Israel Carrillo Herrera, coordinador administrativo, y Édgar Eduardo Cárdenas Silva, coordinador de Operaciones, quienes eran investigados por robo. Además, dijo que estaba prófugo Santiago Adrián González López, director de Operaciones.
El 31 de julio, cuando comenzaba a enfriarse el escándalo, el procurador de Justicia, Adrián de la Garza sostuvo que al hacer una investigación más exhaustiva, encontraron alrededor de 12 mil juegos de placas, lo que reducía el faltante inicial a 163 mil.
La mala noticia fue que en el recuento se descubrió otro faltante de 150 mil juegos de placas. En total, al ICV le robaron 312 mil pares de láminas, lo cual representó un desfalco de 68 millones de pesos. Sin embargo, de la Garza dijo que, con base en las declaraciones, se supo que las placas fueron trituradas en un molino por los funcionarios implicados.
Explicó que pulverizaron 230 mil juegos para obtener de ellas 51 toneladas de metal que vendieron como pedacería. No se conocía el destino de 82 mil, aunque suponían que también fueron destruidas. Para demostrarlo, presentó como evidencias imágenes de un teléfono celular en las que se apreciaban placas destrozadas.
El gobierno de Nuevo León aclaró que entre el millón 900 mil vehículos que circulan por la entidad, no se detectó ningún juego de las placas sustraídas del ICV.
No obstante, un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), al cual tuvo acceso el reportero, alertaba que las láminas se destinaron al mercado negro para colocarlas en vehículos robados en el extranjero.
Como en el caso del Distrito Federal, varias entidades no se han plegado a la normatividad nacional que ordena el reemplacamiento de vehículos cada tres años. En esta situación se encuentran el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro y Sinaloa, entre otros.
Las placas se han convertido en un elemento de propaganda política, pues una práctica frecuente en los gobiernos estatales consiste en integrar los colores de partidos políticos en las láminas. En el caso de Guanajuato, el gobierno estatal dio a conocer en mayo pasado que evitaría utilizar los colores azul y blanco que identifican al PAN.
Por su parte, el gobierno de Veracruz anunció en el último bimestre de 2011 el canje de placas, en aras de contar con un Programa de Ordenamiento Vehicular, para un estado que cuenta con más de 1 millón 241 mil automóviles, lo que representa 5% del padrón vehicular en el país.
Ese programa impulsado por los secretarios de Finanzas y Planeación, Tomas Ruiz –hoy exsecretario–; de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y de Tránsito, Roberto López Santoyo sería innovador –anunciaron sus promotores–, pues contaría con un chip para asociar los datos del dueño con los del vehículo, mediante un sistema de lectura por radiofrecuencia, cuyo software sería inviolable e infalsificable.
Además, el Programa de Ordenamiento Vehicular homologaría los seis tipos de placas distintas vigentes hasta mediados de 2012. Sin embargo, el innovador reemplacamiento, gratuito como se anunció en radio, prensa y televisión, fue en realidad un subterfugio para aplicar una medida recaudatoria.
De acuerdo con el informe gubernamental “Cuenta Pública Consolidada 2011. Evolución de las Finanzas Públicas”, la Secretaría de Finanzas y Planeación requirió a casi 800 mil propietarios de vehículos para que cubrieran sus adeudos por tenencia y cobros asociados. Unos 330 mil veracruzanos iban al corriente en sus pagos. Sin embargo, no se informó a cuánto ascendió la recaudación ni se supo a dónde fueron a parar esos recursos.
A finales de 2011 se dio a conocer una cifra parcial: se recaudaron 3 mil millones de pesos por el cobro a los propietarios de 400 mil vehículos que se pusieron al corriente en sus adeudos.
El competidor chino
La opacidad en el manejo de las placas posibilita que las empresas maquiladoras obtengan contratos millonarios por adjudicación directa. Es el caso de compañías extranjeras que se benefician de esta práctica.
Aun cuando la elaboración de placas puede implicar el manejo de datos sensibles, en Sinaloa, el gobierno de Mario López Valdez otorgó un contrato por adjudicación directa a una empresa de origen chino.
El caso ha sido ampliamente cubierto por la prensa local, tras la adjudicación directa a la empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, por un monto de 331.5 millones de pesos.
El pretexto para la asignación consiste en que esa compañía ofrece la colocación de un código “de respuesta rápida”, denominado QR, que sólo ella puede descifrar. La realidad es otra: una patente similar a la de muchas tecnologías utilizadas por otras empresas, entre otros factores, obligaba a convocar a cuando menos tres personas para la asignación del contrato.
El escándalo motivó que, contra la costumbre de los proveedores gubernamentales de no litigar contra asignaciones contractuales, Waldale de México se amparara contra lo que consideró una arbitrariedad.
Durante semanas, el gobernador López Valdez y su gabinete defendieron la medida. Finalmente, el jueves 6 un juez le negó la protección de la justicia a la querellante. López Valdez confirmó que la contratación seguiría adelante.
Con el argumento de que las empresas extranjeras utilizan tecnología de punta, es frecuente que los clientes opten por proveedores internacionales, como en el caso de Sinaloa. Para contrarrestar esta tendencia, el 8 de diciembre de 2009 se aprobó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en el que se solicita al gobierno federal la emisión de un acuerdo para garantizar que la industria nacional produzca las placas vehiculares.
Presentado por la entonces diputada y hoy senadora Cristina Díaz, el punto de acuerdo aludía en su exposición de motivos precisamente a la empresa de origen chino Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, que por entonces había sido autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para proveer las láminas.
“La industria nacional acerera como la dedicada en específico a la elaboración de placas, a través de los años ha invertido en tecnologías y materiales de la más alta calidad, de acuerdo a los estándares nacionales para brindar productos que han permitido establecer y actualizar los padrones de control vehicular de manera confiable atendiendo a los requerimientos que en materia de seguridad son indispensables”, expuso Díaz.
Pero más allá de la protección a la industria nacional, la legisladora destacó un aspecto concerniente a la seguridad nacional: “Es de extrema gravedad que este tipo de documentación y de trabajos industriales que son claramente de interés nacional, de seguridad para la nación, sean concedidos a industrias de origen extranjero”.
El punto de acuerdo fue aprobado, pero la empresa extranjera mantuvo la autorización.
Viejo problema
La integración de un registro nacional para el control vehicular ha resultado muy problemática en el país. Desde los noventa, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo intentó implementar el Registro Nacional de Vehículos (Renave), el fracaso del proyecto se debió a un escándalo de proporciones internacionales, luego de haberse otorgado su concesión a una entidad extranjera.
El Renave iniciaría su operación en el gobierno de Vicente Fox, pero antes de que eso ocurriera fue detenido Ricardo Miguel Cavallo, quien estaba al frente del proyecto y cuyo verdadero nombre era Miguel Ángel Cavallo Sérpico, un exmilitar argentino acusado de tortura, desaparición forzada, genocidio y crímenes contra la humanidad, perpetrados durante la dictadura militar en su país entre 1976 y 1983; en la actualidad purga cadena perpetua.
La detención de Cavallo dio al traste con el Renave hasta que en septiembre de 2004 se publicó y entró en vigor la Ley del Registro Público Vehicular. En diciembre de 2007 fue publicado el Reglamento correspondiente, a fin de poderla operar a partir de 2008.
Sin embargo, la distorsión de los padrones vehiculares estatales que deben alimentar al Repuve lo hace inoperante. Aunque existe la disposición federal de que estados y Distrito Federal remitan al sector central la información de altas y bajas de vehículos de manera periódica, la norma tampoco se acata en tiempo y forma.
La poca fiabilidad de los registros vehiculares refleja también el fracaso de otra medida calderonista: el Acuerdo Nacional por la Seguridad signado por Felipe Calderón y los gobernadores de los estados en 2008 pretendía mantener actualizado el Repuve, lo cual no ha ocurrido.
Al consultar las características de este registro se observa que su red nacional de información ni siquiera se alimenta en tiempo real; no hay dispositivos de cámaras lectoras ni software ni se utiliza como en otros países, el sistema Optical Character Recognition; tampoco existe protocolo de destrucción instantánea de placas vencidas o dadas de baja.
Entre lo anterior, las placas y los documentos robados en instituciones públicas, los vehículos importados o nacionales utilizados por el hampa, no se encuentran en ningún registro. Además, la instalación de cámaras lectoras de placas y los operativos de prevención, incluidos los retenes carreteros, son estériles, pues dicho registro y la información derivada de éste no es confiable ni está actualizada.
