MONTERREY, N.L.– La alcaldesa de esta capital jaló aire y dijo al micrófono: “Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a Nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real”.
Sus palabras, pronunciadas el sábado 8, fueron aplaudidas por unos 5 mil evangélicos reunidos en la Plaza Zaragoza, frente al ayuntamiento; pero también desataron acalorados reproches de sus opositores, quienes la acusaron de violentar el artículo 40 constitucional que proclama el Estado laico.
El regidor priista Eugenio Montiel expuso: “Valdría la pena analizar el discurso de la señora alcaldesa y verlo desde un punto de vista psicológico, porque ahí trae algunos conceptos, que a nuestro criterio valdría la pena resaltar, de una conducta patológica”.
Y aun cuando se limitó a responder que cedió la autoridad a Jesucristo a título personal y de manera simbólica, en el mismo acto Arellanes entregó las llaves de la ciudad a dos menores, hijos del pastor de la iglesia evangélica Asamblea de Dios.
El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, en la página de la Arquidiócesis subió un comunicado en el cual llamó a efectuar este tipo de ceremonias en sitios “apropiados”, aunque omitió llamar a la alcaldesa por su nombre.
“No somos clientela”
Edelmiro González Rojas, pastor de la iglesia Asamblea de Dios, se dice ofendido con quienes consideran que la Alianza de Pastores invitó a la alcaldesa a entregarle la ciudad a Cristo, a cambio de votos en elecciones futuras:
“Todos merecemos respeto y algunos comentarios han sido groseros. Estamos de acuerdo con la separación de la Iglesia y el Estado, como lo propone Juárez, pero ser laico no es ser ateo. Porque creo que ese ha sido un error, sacar a Dios de las instituciones, de la vida diaria. La fe y la oración no tienen colores.”
Rechaza que la asociación que representa tenga preferencias partidistas o que algunos de sus ministros busquen posiciones políticas.
La reunión fue planeada con una semana de anticipación, explica González Rojas.
Ya había antecedentes de eventos similares en territorio nuevoleonés.
El 8 de diciembre de 2012, la Alianza de Pastores se reunió con el alcalde de Guadalupe, el priista César Garza, quien entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo.
El acalde panista de Benito Juárez, Rodolfo Ambriz, pronunció un discurso similar el 1 de enero último en un encuentro con trabajadores del ayuntamiento y líderes religiosos. Esa vez dijo que derrotaría las tinieblas con la ayuda de Dios.
Lo dijo así: “Es así, reconociendo que Dios me ha honrado con la condición de ser instrumento para que en la ciudad haya paz y buena voluntad, yo, Rodolfo Ambriz Oviedo, alcalde de Benito Juárez, Nuevo León, a 1 de enero de 2013, ante la sociedad de esta ciudad, hago entrega de las llaves de la ciudad ¡a Jesucristo, rey de reyes y señor de señores!”.
Edelmiro no esperaba una polémica de tales dimensiones. Dice que ahora será más cauto cuando invite a una figura pública.
Margarita Arellanes ha invertido toda la semana en aclarar su controversial discurso. A los que acusan al PAN de conservador, les respondió “Es un discurso que quieren adoptar algunos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo el 12 de diciembre (día de la Virgen de Guadalupe), cuando vamos a la Basílica, ahí los ves muy sentaditos y no hay absolutamente nada, no hay ninguna violación a la Constitución ni al artículo 130”.
El presidente del Consejo Liberal en Pro del Estado Laico, Adán Antonio Pérez Cortés, pidió a través de una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que promueva la apertura de un juicio político contra la alcaldesa de Monterrey por violentar el artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
En el texto, fechado el 14 de junio, Pérez expone que Arellanes Cervantes mostró en su discurso una posición conservadora, retrógrada y oscurantista.
El desplante religioso de Arellanes no es el único protagonizado por Acción Nacional. En 2000, por ejemplo, Carlos Gómez, cronista de Bustamante, un municipio rural de Coahuila, propuso remover un busto del Benemérito Benito Juárez y colocar en su lugar una estatua de San Miguel Arcángel. Para honrar el nombre original del municipio: San Miguel de Bustamante, arguyó.
El alcalde Jorge Santos Gutiérrez, del PAN, y el cabildo aprobaron la moción y el 30 de agosto de ese año retiraron al ilustre zapoteca y pusieron una estatua de granito gris de cuerpo entero de San Miguel, quien, según la tradición cristiana, es el de mayor rango entre los arcángeles; el príncipe de los espíritus celestiales y jefe de la milicia de los cielos.
Dos años después Norma Yolanda Robles, esposa y sucesora de Santos Gutiérrez, decidió colocar la cabeza de Juárez en la plaza, pero en un lugar diferente.
Al dejar la alcaldía de Bustamante, Robles fue electa diputada local. Desde ahí desató una polémica cuando, en noviembre de 2007, impulsó la Ley de la Familia del estado de Nuevo León que, según sus opositores, buscaba excluir de la protección legal a los homosexuales y evitar la unión civil de matrimonios de personas del mismo sexo.
Además, la mayoría de los artículos de la iniciativa de la legisladora panista contenía párrafos enteros de una encíclica promulgada en 1980 por el Papa Juan Pablo II. El Grupo Interdisciplinario de Apoyo a las Mujeres (GIAM), de filiación católica y presidido por Norma Treviño-Cueva, fue contratado por el Congreso del estado para la elaboración del documento.
La polémica se inició desde principios de 2007 y en ella, además del GIAM, participó la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que organizó una consulta ciudadana entre el 9 de enero y el 31 de marzo. Se recibieron 169 documentos con 416 propuestas. De las cuatro que presentó la comunidad homosexual del estado ninguna fue considerada en el documento.
Las fracciones del PRI, del PAN, el PRD, el PT y el Panal emitieron un comunicado en el que acusaron a Robles y sus correligionarios de sectarios y excluyentes. Al final, la Ley de la Familia fue archivada.
El pasado 21 de marzo, bajo la administración del priista Adrián Galván, justamente en el día de natalicio del Benemérito de las Américas, el prohombre oaxaqueño regresó a su sitial. La estatua del “santo alado” fue colocada en el otro extremo de la plaza, frente a la iglesia del pueblo.
Contra los cibernautas
La diputada panista Carolina Garza Guerra, quien se reconoce católica, escribe desde hace dos décadas artículos periodísticos acerca de los temas que le son afines: la familia, adicciones, sexualidad, matrimonio, y los firma con su nombre de casada: Carolina López. También ha grabado tres compactos en los cuales monologa sobre esas temáticas.
El año pasado, Carolina propuso una iniciativa llamada Ley de Ciberbullying, con la que pretende prevenir el acoso y la difamación en las redes sociales. Presentó su primer esbozo el 3 de diciembre, en el cual propuso sancionar con cárcel a quienes denostaran a las personas en sus sitios en internet.
El 29 de mayo último, con apoyo de las fracciones del PRI y del PAN, el Congreso de Nuevo León aprobó la iniciativa, primera de su tipo en el país.
Según la nueva norma: “comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”.
Al responsable del delito, agrega, se le impondrán multas que van de las 100 a las mil cuotas y en caso de reincidencia de uno a dos años de prisión.
Sin embargo, el jueves 13 el gobernador Rodrigo Medina vetó la ley; la regresó con observaciones al Congreso local para evitar, dijo, coartar la libertad de la que los ciudadanos han gozado en las redes sociales.
