Todo apunta a que la primera iniciativa de reforma estructural que fue aprobada durante este año, la reforma al artículo 3° constitucional, tendrá que ser abrogada, o por lo menos entrar en una suerte de suspensión gravitacional, debido a que lo que se ha avanzado en la discusión de la misma por parte del movimiento social magisterial, y lo que se está proponiendo para reglamentarla, van en contra de sus contenidos, enfoque y hasta orientación.
Por ahora se discute en sendos foros organizados por la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en los eventos que impulsa la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en universidades y otras instituciones educativas, donde se están cubriendo los 60 días que fueron propuestos por la SEP para formular la ley reglamentaria respectiva.
En tales debates se ha podido constatar que, desde la opinión de los actores directos del proceso educativo (organismos sindicales, miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, expertos e investigadores, directivos de escuelas, rectores y comunidades universitarias y agrupaciones de la sociedad civil), se ha alcanzado un alto nivel de articulación conceptual y programática –y en muchos casos hasta de sentido común– que va en un carril contrario a lo que se aprobó en la reforma constitucional.
Entre los temas que se discuten y se conocen de manera muy amplia están los siguientes: algunos miembros destacados de la recién nombrada Junta de Gobierno del INEE han insistido en que resulta contradictorio y técnica y metodológicamente incorrecto aplicar una sola prueba estándar sin contemplar la diversidad, desigualdad y heterogeneidad económica, social y cultural de quienes participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo y ancho del país, y del mismo modo lo han planteado quienes viven en carne propia la desigualdad más profunda, como los profesores que trabajan en comunidades de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, o en donde se padece de circunstancias excepcionales para su desempeño, como en Michoacán.
También se ha insistido en el absurdo que implica seguir polarizando y extendiendo el conflicto con los maestros de las entidades mencionadas y de otras tantas, por sostener una “espada de Damocles” que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Allí están ya los miles de amparos y las demandas en cierne que pueden hacerse mucho más extensas tan pronto empiecen a aplicarse y a conocerse los resultados de la llamada “evaluación universal”. El dato reciente de la aplicación de la prueba ENALCE (5/VI), que corrió bajo la sombra de la venta fraudulenta de exámenes, da cuenta de que al mejor mago se le pueden salir de la chistera los conejos sin ningún control, sobre todo cuando se sabe de qué tamaño es la enredadera de corrupción que se sigue tejiendo entre los gobiernos y las cúpulas del SNTE.
También ha quedado suficientemente claro que la reforma al 3° constitucional no es ni puede llegar a detonar una verdadera reforma educativa, porque no busca incidir –ni lo pretende– en los contenidos de la enseñanza, la transformación de los paradigmas del aprendizaje, una nueva formación y profesionalización de los docentes, un tipo distinto de gestión de los conocimientos, y porque no define una estrategia presupuestal hacia el corto y mediano plazos para revertir las condiciones de desigualdad, de reprobación y de deserción que ocurren gravemente en el sistema educativo; y porque tampoco aterriza programas de mejoramiento de la infraestructura escolar, de la salud de los alumnos, y apenas llega a pronunciarse respecto de evitar la comida chatarra en las cooperativas escolares y a ampliar el horario escolar.
Al revés, la opinión de actores e investigadores indica que la obesidad en niños y adolescentes, que se ha agravado en el país, no depende de lo que comen en la escuela, sino de hábitos sociales y familiares que son manipulados de forma masiva por las televisoras y la propaganda subliminal de los medios de comunicación de masas. También se ha podido constatar que la ampliación per se del horario escolar no garantiza una mejor calidad del servicio educativo que se ofrece, porque el tema es mucho más complejo que la sumatoria de horas de estancia en el plantel.
Otros temas se han ventilado en foros, en la discusión que genera opinión pública, en redes sociales, en el trabajo de los legisladores y en organismos educativos y universidades, como el imperativo de cambiar de fondo el currículum, analizar con gran detalle las pifias que aparecen en los libros de texto obligatorios, la necesidad de sustituir la actual Ley General de Educación (que viene de 1993) por una moderna y pertinente, y hasta las inconveniencias de mantener un aparato burocrático del tamaño que tiene la SEP…, para lo que hace.
Así, la reforma al artículo 3° constitucional entró en una fase de incertidumbre, y cuando haya que poner contenido y alcance a los reglamentos tendrá que medirse muy bien el riesgo de mantener como letra muerta iniciativas educativas generales, como las que se dieron con la obligatoriedad de preescolar y luego de bachillerato, para pasar ahora al concepto frío y vacío de “calidad”.
No habrá reforma educativa que logre superar la crisis que se padece si no se comienza por revertir la desigualdad e inequidad que provoca la misma escuela, o si sólo se cree que con nuevos mecanismos de control hacia los profesores podrá prepararse a ejércitos de empleados y técnicos eficientes, “capital humano”, como le llaman. Porque, como señala con rudeza Zygmunt Bauman (Sobre la educación en un mundo líquido, Paidós, España, 2013), lo urgente es no “seguir utilizando a los jóvenes como propina disponible de los excesos de la industria de consumo en nuestra era de desechos”…
