Ciudad de Guatemala.- La violencia y la inseguridad que azota a los países que están en la ruta del narcotráfico puede llevarlos a abandonar unilateralmente la lucha contra las drogas. En el corto plazo, esta medida puede reducir las muertes vinculadas al narcotráfico, pero claudicar ante los cárteles de la droga implicaría un alto costo en el largo plazo: significaría convertirse en un “narcoestado”, con puertas abiertas a la expansión de los mercados ilícitos y sus ganancias.
Este es uno de los cuatro escenarios planteados en los dos estudios realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es el chileno José Miguel Insulza, en respuesta a la petición formulada por el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina en 2012, durante la Cumbre de Cartagena.
Los estudios se difundieron durante la asamblea de la OEA que se realizó la semana pasada en Antigua Guatemala, bajo el lema “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”.
Los estudios, realizados por un equipo de expertos de cada país miembro, analizan detalladamente el estado actual del narcotráfico en la región. Con base en sus hallazgos plantean diferentes escenarios sobre los alcances y limitaciones de las diferentes alternativas de regulación y despenalización.
En el informe Escenarios para el problema de las drogas en las Américas, la OEA analiza cuatro escenarios que puede afrontar la región. Presenta los pros y los contras de cada uno. El cuarto –denominado por los autores como “Ruptura”– es el que tendría las peores repercusiones para la región.
Este escenario se daría en el caso de que un país donde el trasiego de estupefacientes genera altísimos niveles de violencia –como ocurre en los centroamericanos– decidiera reorientar los recursos destinados a combatir el narcotráfico a prioridades domésticas, dejando que los cárteles operaran con impunidad en su territorio.
De esta manera desaparecerían los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los narcotraficantes, con lo que la violencia se reduciría. El problema, señalan los autores del informe, es que al tomar esta medida de manera unilateral ese país se convertiría en un “narcoestado”, donde se incrementaría notablemente el volumen de drogas que atraviesa su territorio, se fortalecería el crimen organizado y terminaría enquistándose cada vez más en el aparato estatal, aumentando su capacidad corruptora.
Otro escenario, de nombre “Juntos”, concibe a las drogas como un problema de seguridad más amplio. Le apuesta al fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad pública, pero es un modelo que corre el riesgo de generar un “efecto globo” o “cucaracha”, es decir: al combatir el problema en una región, la actividad criminal se desplaza hacia lugares adyacentes con una institucionalidad más débil.
Ese efecto es justamente lo que se ha constatado en Centroamérica durante los últimos años, asegura un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en septiembre de 2012.
Según la UNODC, el combate frontal contra el narcotráfico que Felipe Calderón desató en México “aumentó la importancia de los vínculos centroamericanos (con el narcotráfico), que habían comenzado muchos años antes”. Como prueba de ello, el número de cargamentos de droga a México se redujo de 174 a 30 en 2011, mientras que los cargamentos detectados hacia Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras aumentaron dramáticamente, de 20 en 2000, a 233 en 2011.
Como parte de este desplazamiento de los cárteles hacia el sur, Los Zetas incursionaron en Guatemala a partir de 2008, y operan en ese país con células locales integradas por exintegrantes de cuerpos élite del ejército, como los kaibiles.
La despenalización
“Caminos”, otro de los escenarios planteados por la OEA, es el más parecido a la realidad actual de Latinoamérica: países que procuran coordinarse para caminar hacia la despenalización de la mariguana o de todas las drogas.
En este escenario, los recursos destinados a combatir el narcotráfico se redirigen al tratamiento y la prevención de las adicciones, pero inevitablemente se tendría que pasar por un periodo de transición de mercados criminales hacia mercados regulados, durante el cual podría darse un incremento en el uso problemático de las drogas.
En varios países de América Latina, como Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia, se han dado pasos hacia la despenalización de la mariguana, como reducir las sanciones por la posesión para el consumo.
Uruguay puede convertirse en el primer país del hemisferio en ir más allá de la despenalización. En junio de 2012, el presidente José Mujica envió un proyecto de ley al Parlamento que legalizaría y regularía el suministro de cannabis. Con esa propuesta, el Estado asumiría el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de mariguana. Sin embargo, en diciembre del mismo año, Mujica dejó el proyecto en suspenso, argumentando la necesidad de explicárselo mejor a la ciudadanía, ya que una encuesta señaló que 64% de los uruguayos se oponía a la legalización.
Quienes se oponen argumentan que esta medida conllevaría un aumento del abuso de estupefacientes, aunque estudios realizados en otras naciones, como los Países Bajos, donde se comenzó a despenalizar el uso de la mariguana desde 1976, arrojan evidencia que aparentemente contradice esta teoría.
El modelo de los coffee shops holandeses –que equivale a una legalización de facto– ha sido tomado en cuenta por Uruguay y por Colorado (estado de la Unión Americana que junto con Washington aprobó leyes para regular el uso de la mariguana e imponer impuestos sobre su venta).
Otro caso que han tenido a la vista es el de España, donde se permite el uso privado de cannabis en clubes sociales no comerciales, donde la sustancia se distribuye para satisfacer las necesidades de consumo personal de sus miembros a la mitad del precio al que se vende en el mercado ilícito
Sin embargo, en el caso de Uruguay es necesario tomar en cuenta dos características: es pequeño en términos de territorio y población, pero ha logrado grandes avances en su desarrollo democrático. Esto significa que su experiencia posiblemente no podría extrapolarse a países con una realidad muy diferente, como los centroamericanos. “No es un modelo que pretendamos exportar”, aclaró el mismo Almagro durante su intervención.
¿Y qué sucedería si los países de la región trataran de eliminar las disfunciones sociales y económicas que generan la violencia y las adicciones, mediante programas que se enfocaran en mejorar la salud y la seguridad pública a nivel comunitario?
Un cuarto escenario, denominado “Resiliencia”, explora los alcances de este enfoque. La OEA cita, por ejemplo, la reducción que logró España en el consumo de heroína a partir de 1985. La droga había llegado a ser la principal causa de muerte entre los jóvenes, lo cual llevó al gobierno español a lanzar un plan nacional, que creó una amplia red de centros para el tratamiento gratuito de los adictos. Se tomaron, además, otras medidas, como la dispensación de metadona y la repartición de jeringuillas para prevenir las infecciones. Mientras que en 1990 la mitad de los heroinómanos atendidos usaba la vía intravenosa, en 2000 esa cifra redujo a 17%. Bajó también la mortalidad por el uso de esta droga y la violencia asociada a la adicción. Hoy la heroína ya no es aceptada entre la juventud.
La OEA afirma que casos como el de España demuestran que este enfoque puede funcionar, pero destaca que son estrategias de largo plazo que requieren una inversión cuantiosa. Esto supone un gran reto para los países del hemisferio, donde, según la OEA, los servicios públicos para el tratamiento y la rehabilitación de los drogodependientes son escasos. Aunado a esto, en muchos casos el paciente o sus familiares tienen que asumir el costo del tratamiento y persiste el estigma social asociado al consumo de sustancias ilegales.
