Con la publicación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se inicia un periodo de 180 días en que deberá elaborarse una ley convergente que sustituirá o modificará ordenamientos anacrónicos. En entrevista con Proceso, la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, comenta que la nueva norma podrá terminar con las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal que los agentes dominantes impusieron en el campo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Pese a su optimismo, se espera que empiecen los verdaderos jaloneos.
“No puedo garantizar que no vayan a darse intentos de cooptar a algún integrante del Ifetel, o de que los grandes corporativos como Televisa o América Móvil no intenten influir en la elaboración de la ley secundaria, pero sí les dificultaremos esta posibilidad porque somos muchos y muy distintas instituciones las que participarán en el nuevo proceso de legislación secundaria”, plantea la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Al entrar en vigor la reforma constitucional el miércoles 12, existe un plazo de 180 días para cumplir con una serie de compromisos impuestos por el propio Congreso: la elaboración de una ley convergente que sustituya a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como la revisión y modificación de cerca de 14 ordenamientos que se verán impactados.
Durante la ceremonia de publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, Joaquín Vargas, concesionario de Grupo MVS, afirmó que este periodo será “la madre de todas las batallas” porque se dará el verdadero “jaloneo” entre los poderes involucrados en el sector.
Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, uno de los artífices de la reforma constitucional, declaró a la agencia Reuters que la labor en los próximos seis meses equivaldrá a “demoler” y reconstruir “piedra por piedra” el edificio de las telecomunicaciones en México.
En entrevista con Proceso, Barrales comenta que la nueva ley convergente tiene “un reto inmenso si tomamos en cuenta la regulación que deberá contener”. Explica: “Durante los últimos 15 años ha imperado la autorregulación de los concesionarios haciendo de las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal el terreno de juego de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.
–¿Cuáles serán los ejes rectores de la legislación secundaria? –se le pregunta.
–La reforma legislativa debe traducirse en calidad de contenidos, variedad en los servicios y mejores tarifas. No estaremos cumpliendo con las expectativas si no respondemos a estas demandas. Y habrá que sancionar a los concesionarios que no cumplan con estas reglas.
–¿Qué puede esperar de esta legislación secundaria la ciudadanía descontenta con los contenidos de medios televisivos?
–Hay que estar pendientes de que se cumpla el ordenamiento de garantizar los derechos de las audiencias. Es un tema al alcance de la reforma y que incluimos aquí en el Senado. Los ciudadanos deben demandar información de mejor calidad, internet libre, que no es lo mismo que internet gratuito, y también cuidar la programación para los niños.
–¿Existen riesgos de que se quieran incorporar mecanismos para el control o censura de las redes sociales?
–Puede surgir la tentación de regular las expresiones de libertad y crítica en las redes sociales. Precisamente en la sesión de la Comisión Permanente firmamos un punto de acuerdo para exigir que se dé marcha atrás a la iniciativa de Nuevo León que pretende censurar Twitter y otras redes. Nada más incongruente: justo el día en que se promulga la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en Nuevo León los legisladores quieren meter candados al libre flujo en redes sociales. Debemos blindarnos ante todas estas tentaciones de censura y hay que cuidar que internet no sólo sea mejor, sino libre.
–Otro tema espinoso es el de las violaciones a los derechos de intimidad y privacidad en redes sociales, a través del espionaje, como acaba de documentarse en Estados Unidos. ¿Qué se hará en México para que esto no suceda?
–Así como pugnamos para que no exista censura, también tenemos que defender la privacidad e intimidad. Necesitamos armonizar ambos derechos hasta donde sea posible. Nosotros lo intentamos en la Ley de Acceso y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. No debemos frenar el proceso de avance tecnológico y de comunicación a través de Facebook o de Twitter, pero hay que darles también una personalidad jurídica a estos nuevos fenómenos.
En torno a la reciente postergación del “apagón analógico” en Tijuana, a raíz de las presiones de las televisoras, de la petición del IFE y de los errores en la aplicación de la medida, Barrales considera que “sin duda se evidenció una falta de planeación, pero es necesario replantear una ruta para ese apagón” a fin de que no se dé marcha atrás en este proceso de adelanto tecnológico.
Cambios a ordenamientos
Un documento elaborado por la comisión que preside la senadora del PRD estableció que entre los temas que debe regular la ley estarán los siguientes: derecho de acceso a la información; libertad de expresión y difusión de las ideas; derechos de los usuarios de telecomunicaciones y derechos de audiencias; delimitación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer sus facultades, funcionamiento, consejo consultivo, procedimientos regulatorios, y contraloría interna, entre otros.
La parte más compleja será la regulación de las concesiones. Se eliminó la figura de “permisos” y ahora se otorgará una concesión única que servirá tanto para servicios de telecomunicaciones como para radiodifusión. En el primer caso se trata de una industria con un valor anual cercano a los 40 mil millones de dólares, y en el segundo de una actividad que representa 3 mil millones de dólares anuales.
El guión de la comisión presidida por Barrales incluye también el tema del must offer y del must carry que reveló desde la redacción original del Pacto por México la capacidad de Grupo Televisa para actuar en contra de sus competidores en televisión satelital restringida, como es el caso del Grupo Dish, de MVS.
Asimismo, considera la prohibición de publicidad encubierta; la prestación de servicios de telecomunicaciones y los mecanismos para determinar a los agentes predominantes; las medidas asimétricas para eliminar las prácticas monopólicas; la desincorporación de activos, y las prácticas anticompetitivas.
La nueva ley convergente deberá contener el Plan Nacional de Espectro Radioeléctrico, infracciones y sanciones, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“La reforma constitucional nos dijo qué era lo importante y ahora debemos establecer cómo vamos a lograrlo. Será una etapa de tejido fino y estaremos muy atentos a lo que se redacte porque impactará en 14 leyes distintas que deben ser armonizadas”, puntualiza Barrales.
Entre los 14 ordenamientos que se modificarán para armonizarlas con la reforma constitucional se encuentran las siguientes: Código Penal Federal, para tipificar y sancionar los delitos de prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; el decreto de creación del Organismo Público de Medios Audiovisuales (OPMA), emitido por el gobierno de Felipe Calderón el 31 de marzo de 2010 y que será sustituido por un nuevo organismo que regulará a los medios públicos.
Para regular el derecho de réplica tendrán que modificarse la Ley de Delitos de Imprenta, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de medios electrónicos.
A fin de establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia se modificará la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Se tratará de armonizar la prohibición con las sanciones que se establezcan en estos ordenamientos. Este tema fue impulsado de manera especial por el consejero electoral Alfredo Figueroa durante la reforma constitucional.
Para implementar los mecanismos de promoción a la producción nacional independiente es necesario armonizar la Ley Federal de Cinematografía con la nueva ley convergente.
Las nuevas facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y las de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Educación y Salud, principalmente, obligarán a una modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, especialmente en materia de otorgamiento de concesiones, facultad que se le eliminará a la SCT.
Otras leyes que se modificarán son la Ley de Planeación a fin de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un programa sectorial en la materia; la Ley Federal de Derechos, para adecuar las contraprestaciones por el uso de bienes de dominio público; la Ley General de Vías de Comunicación, para eliminar la regulación relativa a los “permisos”, figura que desaparece de la legislación; la Ley General de Bienes Nacionales, una de las secundarias del artículo 27 constitucional.
También se modificará y actualizará la Ley Federal de Competencia Económica. Entre los legisladores “se tiene la disyuntiva de regular de manera general el tema de competencia que deberá aplicar de igual forma el Ifetel, o bien establecer en la ley convergente lo relativo a la competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión”, plantea el documento de la comisión senatorial, cuya copia obtuvo Proceso.
Asimismo, cambiará la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para incluir a los nuevos sujetos obligados, así como un catálogo mínimo de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tendrá que adecuarse para garantizar el fomento a las lenguas indígenas, con base en el nuevo régimen de concesiones sociales que incluye a las comunitarias e indígenas.
“No es la ley del Pacto”
La legisladora considera que con las modificaciones realizadas en el Senado y en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones no perdió sino que ganó en su paso por el legislativo.
“El Congreso jugó un papel muy importante. El origen de la iniciativa fue el Pacto por México, pero nunca fue una iniciativa de Enrique Peña Nieto o de un solo grupo. La izquierda recogió planteamientos muy importantes y los incorporó en esta ley”, sostiene.
–¿La dinámica y los ritmos para la aprobación no fueron impuestos por el Pacto? –se le pregunta a la senadora, que también forma parte del Consejo Rector de esta iniciativa, a través del PRD.
–El proceso en sí fue complejo. Una primera etapa fue generar el consenso sobre los temas y después vino el proceso legislativo. Aquí en el Senado nos metimos al detalle. Aquí propusimos las sesiones de consulta pública. Muchos creyeron que se trataba de una estrategia para mandar la reforma al “túnel del tiempo”. Nada de eso. Fue una jornada muy intensa. Días completos con representantes de los medios de comunicación, con especialistas de la más amplia diversidad.
–¿Qué fue lo más importante para usted de esas jornadas? ¿Lograron incorporar algo? ¿Algunos legisladores consideran que se trató sólo de cubrir un expediente?
–Para mí fue todo un curso intensivo en la materia. Nadie puede decirse conocedor completo de un tema tan complicado. Escuchar a los académicos y especialistas fue muy importante. Pudimos incluir el derecho a la información y el derecho a las audiencias.
–¿Hubo alguien que les impusiera una “línea” para decir qué se aceptaba y qué no?
–No, hablo por mí. La presión fue de otro tipo. Fue de tiempo.
–Joaquín Vargas señaló que la verdadera “madre de todas las batallas” será ahora, con la legislación secundaria. ¿Coincide usted?
–No será sencillo. La ventaja es que ya tenemos un marco, un avance muy importante en la reforma constitucional.
