Como seguimiento a mi texto anterior (El Metro, una bomba de tiempo, publicado en Proceso 1908) y con fuentes similares (documentos, testimonios de trabajadores y visitas de inspección ocular para verificar dichos) advierto que el Metro descansa en una triada muy grave: corrupción, impunidad y simulación. Veamos.
Primero. A lo largo del sistema el Metro tiene filtraciones de agua que son ocultados al público mediante mamparas. El agua es encauzada mediante un “zoclo dren”, canal que corre sobre andenes y pasillos, para ir a un “cárcamo” donde se concentra. Esto, sin embargo, no sucede en buena parte de los casos y las corrientes son mayores que la capacidad instalada, lo que genera accidentes, problemas en las áreas de cableado y afectación de tuberías que en cualquier momento pueden generar una desgracia de grandes proporciones.
Dentro de los vagones del Metro se instalaron cámaras del llamado sistema de vigilancia “video embarcado”, que se supone deberían dar seguridad a los usuarios para evitar robos y ataques a su integridad personal. Ninguna de ellas funciona. Y aunque así fuera, tendrían dos problemas: a) están al principio y al final de los vagones, no en medio, y b) se hallan a cargo del conductor del Metro, quien tendría que decidir si se pone a monitorear las cámaras o ve la señalización de las vías. En esa ocurrencia del Gobierno del Distrito Federal se fueron casi 16 millones de dólares.
No menos grave es que las escaleras eléctricas de la Línea 12 fueron “recortadas” de su extensión original, razón por la cual el hoyo resultante entre el piso y la red recortada fue llenado con unos paquetes de acero, cuyo uso continuo ocasionará que se venzan y surjan accidentes entre los usuarios. En esa misma Línea 12, en la estación Parque de los Venados, hay una curva mal trazada que hace que los vagones finales del tren rocen en la pared, por lo que decidieron cerrar al público esos vagones. Entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera la zona de curvas también mal trazada genera contaminación acústica en perjuicio de los vecinos de esas áreas. Quién y por qué se recibió la Línea 12 en esas condiciones, es una interrogante que debe resolver el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Segundo. El mando centralizado para flujo de trenes es muy viejo, y por esa razón se sobrecalienta con frecuencia. Esto puede generar el “alcance de trenes” o choques. En las diversas estaciones se puede ver que el balasto y los durmientes tienen mucho aceite, en virtud de que los diferenciales no están bien sellados y tiran el aceite a lo largo del recorrido de los trenes. Esto eventualmente podría poner en riesgo la integridad de los usuarios en evacuaciones y horas pico por lo resbaloso de esas zonas.
De las pocas cámaras de video que funcionan en pasillos, buena parte están obstruidas por los comercios que se establecieron frente al perímetro de visibilidad de las mismas. En la Línea B no hay salidas de emergencia porque, en el colmo del absurdo, el acceso y el egreso de los usuarios se hace a través de una zona comercial privada, como ocurre en la estación Ciudad Azteca y en la de El Rosario.
La Línea A está ubicada sobre una zona lacustre y no se tomaron las medidas técnicas adecuadas para evitar derrumbes ante el gran flujo de personas. La estación Pantitlán de la Línea 9 se ha hundido ya un metro del nivel original, sin que se haga nada para arreglar esa situación. Todo lo anterior sucede, no por falta de presupuesto: varias veces se han presupuestado y erogado los recursos, pero nadie ha verificado in situ –no en el papel– que efectivamente se hayan hecho los arreglos y mantenimientos necesarios. Esto implica que tanto la autoridad como el sindicato trabajan juntos para ganar ellos. ¿Por qué el dirigente sindical Fernando Espino Arévalo permite que los trabajadores desarrollen sus labores en condiciones potencialmente mortales para sus agremiados?
Tercero. La corrupción en el Metro es el sello de la casa. Se llega al absurdo de que los responsables de las áreas de compras toman cursos para violar la ley aprendiendo a generar retratos hablados para elaborar licitaciones e invitaciones restringidas, cuando de plano se hacen asignaciones directas a proveedores del Metro. Las farmacias El Fénix y el Hospital Durango son los que otorgan servicios médicos y medicinas a los trabajadores sin que se conozcan los criterios que se tomaron en cuenta para que sean esas empresas y no otras las que presten dichos servicios. Lo mismo sucede con el servicio de comedores, las empresas de limpieza, etcétera, donde empresa y sindicato van juntos.
Otro caso de corrupción es el de los vendedores ambulantes; unos llamados “vagoneros”, cuya cifra asciende a 3 mil aproximadamente; otros llamados “75”, alrededor de mil, que ponen su manta para vender lo que sea en donde se pueda; también existen los “pedigüeños”, que son 500. Todos se “reportan” con la autoridad. De acuerdo con la normatividad, 25 metros fuera de las estaciones deben estar libres por razones de seguridad, y eso no pasa en muchas partes, particularmente en las estaciones Tacubaya, Indios Verdes y Cuatro Caminos.
Otra práctica es el robo por los propios empleados de kilómetros de cable de dos centímetros de calibre que es vendido al Metro una y otra vez. Esto genera diariamente retrasos de los trenes y es también la razón por la que se dan los servicios provisionales de autobuses entre estaciones.
Dos datos más del mundo al revés en el Metro: Por un lado, el GDF, que debería ser ejemplo del cumplimiento de la ley, tiene a cientos de personas contratadas como “eventuales”, en muchos casos por más de 10 años, sin prestación de ningún tipo. Los integrantes de las secciones 11, 12 y 13 son personal de confianza, pero se les obliga a cubrir sus cuotas sindicales, se les niega su compactación y están en el peor de los mundos porque ni son enteramente de confianza ni sindicalizados.
Sin auditorías técnicas periódicas, jamás se va a resolver este gran problema que todos atañe.
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