Una de las características de la administración de Enrique Peña Nieto en relación con la de Calderón es que en el orden de la justicia y la seguridad cambió el discurso: reconoció la deuda del Estado con las víctimas, publicó la Ley General de Víctimas, inició un programa de reconstrucción del tejido social y un programa de atención a los derechos humanos. Pero, en el orden de la realidad, todo sigue igual que en el periodo calderonista. Por un lado, la guerra continúa: Hay más de 8 mil asesinados en los seis meses que van de su sexenio; no tenemos datos claros del número de desapariciones, secuestros y extorsiones que día con día suceden, y la ciudadanía sigue en estado de indefensión. Por otro, la justicia es mínima: Pocos criminales han sido detenidos y procesados en relación con los 60 mil muertos y los más de 8 mil de este sexenio; no tenemos una memoria clara de las víctimas, y la mayor parte de los desaparecidos que reporta la Segob, de una lista imprecisa, siguen sin aparecer.
La administración de Peña Nieto y la clase política en general no han asumido con toda responsabilidad la tragedia humanitaria que tiene al país sumido en el horror. Ha tratado el asunto como un problema político más que se resuelve con retórica y parches, y no como lo que en realidad es: una emergencia nacional que exige emplear la mayor parte de los recursos del Estado para sanarla. En este sentido, no ha hecho una plataforma de víctimas para saber quiénes y cuántos son y qué les sucedió; no ha dotado a las procuradurías de laboratorios de ADN; no ha tipificado el delito de desaparición; no ha creado los suficientes protocolos para la búsqueda de desaparecidos ni ha traído ni formado los antropólogos forenses necesarios para su búsqueda –tenemos sólo 28, cuando hacen falta más de 500–. No ha hecho descender el asesinato, el secuestro, la trata ni la extorsión.
Lejos de ello, y de manera semejante a como el gobierno de Calderón lo hizo, criminalizando a las víctimas y sumiéndolas en la fosa común de las estadísticas, la administración de Peña Nieto ha tratado de cambiar la percepción borrando, en el discurso mediático, la dimensión de esta tragedia.
Una estrategia así es tan peligrosa y criminal como la del propio Calderón. Deja a la ciudadanía en una grave indefensión psicológica y física, sin las reacciones de defensa necesarias frente al peligro, y la vuelve cómplice del crimen. La Alemania nazi, por otras razones, lo hizo también. “Logró –dice Ian Kershaw– transformar las percepciones sobre la realidad, pero no la realidad misma”. Detrás de la percepción, la realidad, como sucede en México, fue la indefensión de muchos, la complicidad de otros por indiferencia, la impunidad, la injusticia y el horror.
El encubrimiento de la tragedia bajo formas retóricas humanistas tiene su contraparte en los mensajes delincuenciales que el gobierno lanza y que, como lo dije alguna vez, son la continuación del crimen por otros medios, los de la política. El gobierno y la clase política prosiguen una vieja práctica que a lo largo del tiempo ha destrozado el esqueleto moral y político de la nación: el encubrimiento de criminales en el centro de las instituciones del Estado. Recientemente, y sólo como un fragmento de la punta del iceberg que todos conocemos, el gobierno encubrió, y después exoneró a funcionarios que usaban un programa humanitario, la Cruzada Nacional contra el Hambre, para comprar votos. No ha fincado responsabilidades a Romero Deschamps por su enriquecimiento inexplicable; condonó la deuda de 3 mil millones de pesos a Televisa; la Compañía Mexicana de Aviación sigue, a causa de políticas corruptas, hundida, y, detrás de ella, cientos de familias arruinadas. En los hechos, el mensaje que en realidad lanzan el gobierno y la clase política, semejante a esa perla del delito de Estado y del barbarismo lingüístico con el que abrió su administración Felipe Calderón –“haiga sido como haiga sido”– es: “Delinque, pero procura tener de tu lado el suficiente poder para escapar a la justicia y su discurso”.
Esa, por desgracia, es la realidad de México: Un territorio donde la mayoría de los ciudadanos hemos dejado de ser personas para convertirnos en “vida nuda”, vida animal que puede ser sacada de sus contextos social, político y cultural, y tratada como un proyecto, residuo, instrumento o recurso que puede despreciarse, abandonarse, someterse a dosis administrativas y burocráticas inútiles, y aniquilarse sin que su sufrimiento pueda entrar en la esfera de lo punible, una materia sin forma humana al servicio del trabajo criminal, sea legal o ilegal.
Cuando los gobiernos, los partidos y la clase política están persuadidos de que los graves problemas de una nación se resuelven simulando discursiva y mediáticamente que se resuelven, el Estado, como lo dije en mi artículo anterior, está vacío, no existe, es una pura virtualidad al servicio del crimen.
La tragedia que vivimos necesita no de la simulación de un discurso, sino de la encarnación de la justicia en actos reales, concretos, del tamaño de la tragedia humanitaria y de la emergencia nacional que vivimos. Sólo así el gobierno será gobierno y la llaga que se hace cada vez más honda y dolorosa encontrará su alivio.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
