El conflicto entre el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y el excoordinador de la fracción parlamentaria de ese partido en el Senado, Ernesto Cordero, es reflejo de un problema más profundo en el blanquiazul y tiene que ver con las intenciones del exmandatario Felipe Calderón de extender su control partidista más allá de su presidencia, lo que intenta a partir de los allegados que logró colocar en el Congreso gracias a las listas de su partido.
Esta hegemonía de calderonistas en la representación blanquiazul se hizo más patente en el Senado por el menor número de integrantes (24 de los 38 senadores) que fue precisamente lo que llevó a que se nombrara como coordinador a Cordero, quien carecía totalmente de experiencia legislativa pero contaba con el aval de casi las dos terceras partes de los integrantes de la fracción, como se evidenció en esta crisis.
Madero no soportó la rebelión de los calderonistas que ven como una ofensa al expresidente la participación panista en el Pacto por México, lo cual hicieron sentir desde el inicio del mismo, pero que evidenciaron con el anuncio del miércoles 15 de que los grupos parlamentarios del PAN y el PRD presentarían una reforma alternativa. La conferencia de prensa en la que participaron Roberto Gil y Ernesto Cordero, por parte del PAN, y Miguel Barbosa y Manuel Camacho, del PRD, fue la gota que derramó el vaso y provocó la destitución de Cordero.
Madero hizo uso de sus facultades estatutarias: Destituyó a Cordero y nombró a Jorge Luis Preciado en su lugar, con el consiguiente desdén de sus correligionarios. Los impactos de la decisión de Madero son múltiples pues por una parte afectan el trabajo legislativo –ya que todo indica que tendrá la lealtad y disciplina de su coordinador pero perderá la comunicación con el grupo parlamentario– y por otra distrae a la estructura panista la víspera de una jornada electoral de especial relevancia para el panismo.
En cuanto a esto es un hecho que el conflicto manifiesto entre la dirigencia nacional y la bancada panista impactará en la opinión pública y en el ánimo de la militancia, por lo que las posibilidades de éxito blanquiazul en las elecciones del domingo 7 de julio seguramente se verán afectadas negativamente.
Pero más allá de los efectos en el electorado, el problema estriba en que un mal resultado electoral (particularmente una derrota en la gubernatura de Baja California –única en disputa en las 14 elecciones estatales– bajo control panista durante 24 años) dejará muy mal parados a Madero y sus seguidores.
Y aunque este mal resultado también podría darse sin el conflicto entre Madero y Cordero, lo cierto es que éste sí modificó sustancialmente el uso que pueden hacer de una eventual derrota electoral los opositores a Madero, que bien pueden buscar ya su relevo (previsto estatutariamente para diciembre de este año) o al menos para reposicionarse para dicha elección, con lo cual la decisión del actual dirigente nacional panista de remover al excoordinador en el Senado podría convertirse en un bumerán que termine por perjudicarlo a él y a su grupo y, en contrapartida, fortalezca a los alicaídos calderonistas.
Pero al margen de los impactos en los comicios del 7 de julio y la correlación de fuerzas en el blanquiazul, los efectos de este sismo también podrán resentirse en la eficacia y sentido del Pacto por México, pues al perder el control de la bancada panista en el Senado la mayoría calificada en esa cámara está en riesgo y eso eventualmente impediría la aprobación de las reformas constitucionales prioritarias, como la política o la energética.
Los números son muy claros: Para lograr las dos terceras partes de los votos se requieren 85 senadores; el PRI y sus aliados (PVEM y Panal) suman 62, por lo que les hacen falta 23 y éstos necesariamente tienen que provenir de las bancadas del PAN (38) o del PRD (22), donde las dirigencias partidistas no tienen todo el control.
Así que el Pacto puede perder su principal objetivo: Asegurar una mayoría legislativa que permita concretar las reformas consensuadas por el gobierno federal y los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas mexicanas (PRI, PAN y PRD). Ante este riesgo el mismo presidente Enrique Peña Nieto ya se apresuró a declarar que “no es algo que esté diseñado para ser algo permanente…”, con lo que anticipa su eventual desaparición.
Hasta hoy las dos reformas constitucionales consensuadas en el Pacto fueron la educativa y la de telecomunicaciones, pues la financiera todavía está en el nivel de propuesta. Por otra parte una eventual ruptura o conclusión del Pacto podría dejar a medias las reformas constitucionales ya aprobadas, pues en ambos casos los cambios en las leyes ordinarias son cruciales para lograr los objetivos planteados en las modificaciones constitucionales.
Y aunque no se procesaron en el Pacto por México (pues las iniciativas las presentaron las bancadas priistas incluso antes de la toma de protesta de Peña Nieto), la creación de la agencia anticorrupción y la reforma en materia de transparencia también corren el riesgo de desbarrancarse.
Así que el cambio de coordinador parlamentario en el Senado también puede debilitar el poder negociador de Madero en el Consejo Rector del Pacto por México y eventualmente convertirse en la puntilla que le faltaba a este instrumento de negociación.
La decisión de Madero de confrontar y remover a Cordero raya en lo temerario y puede convertirse en su tumba política, pues la labor legislativa no se reanudará sino hasta después de las elecciones del 7 de julio y un eventual derrumbe blanquiazul acabaría con su dirigente y eventualmente con el Pacto.
