La modificación al artículo 27 constitucional que permitirá a los extranjeros comprar terrenos de playa para construir viviendas desatará una “agresiva avalancha inmobiliaria” encabezada por grandes empresas estadunidenses que se adueñarán de vastas zonas costeras e insulares de México para levantar ahí fraccionamientos exclusivos para sus paisanos.
Este fenómeno –avizoran los especialistas– acarreará despojos de tierra contra las ya de por sí empobrecidas comunidades costeñas, que irán perdiendo sus accesos al mar y serán marginadas por los nuevos propietarios estadunidenses, con mucho mayor poder adquisitivo y estándares de vida.
Nadie garantiza tampoco, advierten, que los dueños extranjeros usen las franjas costeras y fronterizas sólo para fines residenciales, pues también podrán utilizarlas para actividades comerciales o incluso para realizar labores de tipo político que podrán vulnerar la soberanía nacional.
Daniel Olivares Villagómez, experto en planeación y desarrollo turístico, señala: “El 27 es sobre todo un artículo defensivo ante posibles agresiones a nuestro territorio nacional, como las que padecimos en el siglo XIX. Tiene una razón histórica. Pero esta reforma que hoy impulsa Manlio Fabio Beltrones intenta quitar esos candados al abrir nuestras franjas costeras a los extranjeros. Es una reforma muy riesgosa para la soberanía del país”.
–¿En qué consisten esos riesgos?
–En primer lugar se vendrá una agresiva avalancha inmobiliaria de compañías de Estados Unidos que empezarán a comprar grandes extensiones de franja costera para construir zonas residenciales exclusivas para estadunidenses, un fenómeno que ya se viene dando, sólo que actualmente lo hacen mediante la figura del fideicomiso pues la Constitución les impide tener el dominio directo de las playas.
–¿Por qué usted sólo menciona a los estadunidenses?
–Por ser quienes siempre han estado interesados en nuestro territorio. Su gran poder adquisitivo les permitirá adquirir fácilmente franjas costeras. Allá hay un impresionante mercado de gente que desea hacerlo y que tiene una arraigada cultura de playa. También allá existen las compañías inmobiliarias más grandes del mundo, que han de estar frotándose las manos ante la posibilidad de realizar jugosos negocios en México.
–¿Saldrá beneficiada la población local?
–No olvidemos que la gran mayoría de los pobladores de nuestras costas viven en la pobreza y en la marginación. Muchísimos de ellos son indígenas. El desarrollo de México se concentró en la zona del interior y del altiplano, no en las costas, que incluso quedaron poco pobladas y aisladas por dos grandes barreras naturales: la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental.
“El despojo de tierras a esas comunidades ha sido la tónica de los desarrollos turísticos de playa. Así sucedió en Acapulco, Cancún, Huatulco y otros centros vacacionales. El caso de Acapulco es muy ilustrativo: Los pobladores originales de su bahía fueron despojados de sus tierras por el gobierno de Miguel Alemán, quien desarrolló turísticamente ese puerto para hacer negocios él y sus amigos empresarios.
“De aprobarse la reforma constitucional, ahora la situación se pondrá peor para esos pobladores, pues ya serán directamente los extranjeros quienes los despojen de sus tierras sin necesidad de intermediarios. Se vendrán muchos despojos y conflictos por cuestiones de tenencia de tierras.
“Así se les irán quitando los accesos al mar. En nuestras costas se generalizará el fenómeno que ocurre en la península de Baja California, donde ya hay zonas costeras exclusivas para estadunidenses, protegidas por alambradas y bajo la vigilancia de guardias privados que impiden el paso a la población local.
“Con un alto poder adquisitivo, los estadunidenses residirán en comunidades que padecen pobreza o extrema pobreza y cuyos pobladores, como siempre, terminarán siendo sus albañiles, jardineros, choferes o barrenderos. Este brutal contraste ocasionará deformaciones sociales. Es un problema de desequilibrio social.”
Consultor e investigador en temas turísticos en 12 universidades, exagregado turístico y comercial de la embajada de México en Praga, autor de libros y artículos en la materia, Olivares Villagómez repara también en los contrastes culturales: “El estilo de vida americano es muy distinto a la tradición y a las costumbres de nuestros pueblos, que van a captar en su interior formas de vida diferentes que incluso pueden ser nocivas. El impacto será perturbador”.
Hotelería disfrazada
Indica que los extranjeros también podrán comprar terrenos de playa de manera individual, al margen de las empresas inmobiliarias. Y muchos lo harán con fines comerciales de hospedería. Explica:
“Actualmente a los turistas experimentados ya no les interesa hospedarse en los grandes hoteles de cadenas trasnacionales, porque se han estandarizado tanto que ya resultan iguales en todo el mundo. Saben que el Hilton de Nueva York es igual al Hilton de cualquier otra ciudad. Ahora prefieren los llamados hoteles boutique; casas de cinco o seis recámaras con decoración muy personalizada y de muy buen gusto, con obras de arte e instalaciones de primer nivel.
“A muchas casas de playa sus propietarios las están transformando precisamente en hoteles boutique. Esa es la tendencia actual que en México se está dando mucho. De permitirle a los extranjeros comprar terrenos de playa, téngalo por seguro que muchos construirán casas para convertirlas en hoteles boutique y hacer negocio.”
–Pero la reforma al 27 estipula que los extranjeros sólo podrán hacer uso residencial de esos terrenos…
–En la práctica el extranjero podrá hacer lo que quiera con su inmueble. Nadie le impedirá realizar negocios. Eso sí, siempre y cuando no sea tan ostensible la cuestión comercial; que ponga letreros a la entrada y cosas así.
–¿Y de dónde sacarán la clientela?
–Rentarán sus casas o condominios directamente en Estados Unidos. Allá se anunciarán y harán toda la transacción con sus connacionales. Toda su clientela será estadunidense y aquí ni cuenta nos daremos del monto de sus operaciones. Eso ya está ocurriendo. De manera que esa derrama económica ni siquiera llegará a México, lo cual contradice la tesis fundamental de nuestra actividad turística, que es precisamente captar divisas.
“Esto se sumará a los problemas que hay en el sector relacionados con la fuga de divisas. Por ejemplo, muchos turistas que nos visitan viajan en aerolíneas, se hospedan en hoteles, van a restaurantes, rentan autos o compran otros servicios que están ofreciendo empresas extranjeras asentadas en México.
“Podríamos decir que se dará un hospedaje extrahotelero, porque funcionará al margen de la hotelería convencional, que resultará muy afectada por esta competencia. Esta reforma constitucional debería preocupar también a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, porque afectará sus intereses.”
Olivares Villagómez acaba de elaborar el estudio Las consecuencias de aprobar la iniciativa para permitir que los extranjeros adquieran terrenos aledaños a playas, litorales y fronteras, en el que señala que el área susceptible de ser comprada por extranjeros es de casi 1 millón de kilómetros cuadrados.
Esta superficie –agrega el estudio– es equivalente “a la suma de las áreas” de nueve estados del país: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Chiapas, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco.
Advierte que las “áreas más sensibles” de perderse completamente son la península de Baja California y las zonas isleñas, ya que la iniciativa prevé entregar a los extranjeros toda la franja costera de 50 kilómetros de ancho, y la anchura de esos territorios mexicanos –muchas veces menor de 100 kilómetros de costa a costa– hace que puedan ser comprados en su totalidad.
Esto implica que “los extranjeros que compren en las costas ejercerán cada vez una mayor influencia económica, política y social”, al grado de que podrían ser “determinantes para poner o quitar presidentes municipales, gobernadores y muchas otras autoridades, de acuerdo con sus intereses”.
Se hace la siguiente pregunta: “¿Quién puede garantizar que las propiedades de extranjeros en costas y fronteras no serán utilizadas en contra de los mexicanos?”.
Y recuerda que en el siglo XIX México perdió el estado de Texas “fundamentalmente porque se permitió el establecimiento de colonos estadunidenses, que luego se sublevaron y se anexaron a Estados Unidos”.
De ahí que –concluye el estudio– Manlio Fabio Beltrones está impulsando una “iniciativa vendepatrias”, con la “innegable complacencia” del presidente Enrique Peña Nieto y de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.
–¿Qué intereses habrá detrás de esa iniciativa de Beltrones? –se le pregunta a Olivares Villagómez.
–Beltrones está protegiendo los intereses de los fraccionadores y especuladores. Quizá él o algunos de sus asociados compartan esos intereses inmobiliarios, no lo sé. Lo cierto es que quiere entregar nuestras playas a los extranjeros. Ese es el propósito de su iniciativa.
Otra invasión estadunidense
María Luisa Cabral Bowling, también especialista en el tema e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, comenta alarmada: “De aprobarse la iniciativa de Beltrones, aquí en la península de Baja California –con 2 mil 500 kilómetros de litorales– se perderá totalmente el control de las costas”.
Cabral ha denunciado la invasión de las costas bajacalifornianas por las inmobiliarias estadunidenses, que compran tierras a precios muy bajos para luego fraccionarlas y venderlas en lotes a precios exorbitantes a los particulares estadunidenses, quienes levantan sus lujosas residencias a orillas del mar, en resorts o clubes de playa con campos de golf. A esas empresas las apoya toda una red de notarios públicos, corredores de bienes raíces y políticos sudcalifornianos que se están enriqueciendo con el boom inmobiliario (Proceso 1642).
“Son estadunidenses casi 100% de las empresas inmobiliarias que se están quedando con las costas de la península. En estos momentos están comprando a 100 mil pesos la hectárea, aprovechándose de la pobreza de los ejidatarios y comuneros que se ven orillados a vender”, dice la investigadora.
Y señala que para comprar las playas, esas empresas se valen principalmente de la concesión, a raíz de que la Ley de Inversión Extranjera, de 1989, permitió domiciliarse en el país a empresas con 100% de capital extranjero. Así las firmas estadunidenses, como personas morales, están obteniendo concesiones de playa de 30 años que luego pueden renovar cuantas veces quieran. De ahí que para evitar tantas maniobras legales les urge que se apruebe la iniciativa de Beltrones.
Esas compañías en ocasiones se valen del despojo para arrebatarles las tierras a los comuneros bajacalifornianos, como ocurrió con el desarrollo turístico Punta Arena –de 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés–, impulsado por las mafias del juego de Las Vegas y por el exgobernador perredista Narciso Agúndez Montaño (Proceso 1667).
Comenta Cabral: “En cuestión de denuncias por delito de despojo, Baja California Sur tiene una de las tasas más altas del país, muy similares a las de Morelos, otro de los estados con mayores conflictos por la tierra”.
Es tanta la influencia de los desarrolladores estadunidenses en la entidad, dice, que ya planean dividir en dos partes La Paz, capital del estado.
“A ese plan urbanístico gringo le llaman ‘La Paz, ciudad emergente sustentable’. Consiste en asentar a los estadunidenses del centro de la ciudad en la zona de playas, dotándolos de moderno equipamiento urbano; y a los pobladores locales intentan pasarlos del centro hacia atrás, lejos del mar, y dándoles diminutas viviendas de interés social. Es un proyecto de segregación muy discriminatorio”, explica.
–¿Cómo está reaccionando la población?
–Empieza a realizar movilizaciones de protesta en varios puntos del estado. Recolecta firmas y se manifiesta, sobre todo cerca de las playas, cuyo acceso tiene cerrado. Surgen organizaciones que defienden sus derechos, como Resistencia Sudcaliforniana. Estos movimientos sufrirían un duro revés si se aprueba la iniciativa de Beltrones, cuyo objetivo es quitarle a los mexicanos el arma legal con que se defienden de estos embates inmobiliarios estadunidenses.
