Guatemala, nuestro vecino del sur, ha vivido cruentos sacudimientos de violencia a lo largo de su corta historia como república. No detuvo a los verdugos de este pueblo hermano el horror de las ejecuciones sumarias, las masacres de poblados enteros ni la desaparición de pueblos; el genocidio pues.
Desde el golpe de Estado que destituyó al gobierno de Jacobo Árbenz en 1954 y desató la conflagración interna, los chapines, nuestros vecinos, vivieron el siglo pasado una etapa muy parecida a lo que se pinta como infierno. Entre 1991 y 1996, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmó con el gobierno el acuerdo de paz. De ahí surgió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Según esta comisión, la cifra de víctimas es de 42 mil, aunque estudios de la ONU calculan que fueron 200 mil.
Sentado en el banquillo de los acusados, el fin de la semana antepasado el exdictador Efraín Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y sentenciado a 80 años de cárcel. Ríos Montt fue presidente de facto de Guatemala entre 1982 y 1983. Se le juzga por su responsabilidad en el genocidio perpetrado contra la etnia maya ixil. La fiscalía contabilizó la ejecución de mil 771 indígenas. Este dictador buscó todas las formas posibles de escabullir su responsabilidad. Su defensa arguyó todas las triquiñuelas para lograr su exoneración. Ya acorralado con un cerro de pruebas, el acusado buscó zafarse vinculando en su declaración al gobierno de Estados Unidos. Afirmó que Washington sabía más que él. Su defensa aún tiene abiertas algunas puertas legales para revertir la sentencia. Pero parece que se impondrá la tónica condenatoria en contra de este chacal centroamericano.
En este mismo tenor habrá que registrar la nota de la exhumación del cadáver del poeta Pablo Neruda en Chile, con el fin de aclarar de una vez por todas si su muerte derivó de una secuencia natural de sus males cancerígenos, que estaban muy avanzados, o fue un eslabón más en la cadena de los crímenes cometidos por la junta militar que encabezó Augusto Pinochet en 1973, en contra del presidente mártir Salvador Allende y sus seguidores. Los estudios durarán tres meses. Estamos a la espera del veredicto. Pinochet conoció al menos la incomodidad de saber que la verdad de sus crímenes pasados le acusaba. No murió en su lecho y en paz como Francisco Franco, el dictador español, exento de responsabilidad por su protervia.
El mismo sentido reivindicatorio hay que extenderle a la exigencia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que sean exhumados los restos de Joao Goulart, presidente de aquel país sudamericano derrocado por un golpe militar en 1964. Goulart se exilió primero a Uruguay y luego a Argentina, donde murió en 1976. El dictador brasileño en turno, Ernesto Geisel, autorizó el traslado de sus restos a Brasil para su sepultura, bajo la condición de que no se le realizara la autopsia de rigor. La familia ha pedido desde 2006 que se investigue su muerte, pues cree que pudo haber sido envenenado. El parte médico oficial de los peritos argentinos registró que murió de enfermedad, sin precisar el mal terminal.
Al actual gobierno brasileño le interesa desempolvar muchos viejos papeles y aclarar a su ciudadanía la participación del Plan Cóndor en su país. Si logra obtener la confirmación de la hipótesis que tantos latinoamericanos propalamos de que el Plan Cóndor participó directamente en este magnicidio, no sólo habrá encendido una lámpara en estas pesquisas, a que deberían obligarse todos los gobiernos de nuestros pueblos, sino que veríamos crecer esta mínima luz al final del túnel en la oscura noche de nuestra historia como países independientes.
Sabemos que ese plan macabro desplegó sus acciones criminales desde 1976, a partir del golpe de Estado en Argentina. Reunió los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile y desató la persecución contra toda forma de oposición en todos estos países hermanos. La desaparición física en esas fechas de sonados líderes progresistas y de antiguos mandatarios democráticos aún no ha sido aclarada: La del boliviano Juan José Torres, la del brasileño Juscelino Kubitschek, la del chileno Orlando Letelier, la de los uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, por mencionar sólo unas cuantas víctimas de la larga lista de sacrificados por el bienestar de nuestros pueblos, a los que les hemos pagado con nuestro olvido indiferente.
Pero para desgracia nuestra, estos actos de virilidad ciudadana están ocurriendo sólo en el sur del continente. Con nosotros, en nuestro aterido México, las tinieblas aún no capitulan. No se trata de desenterrar las cifras ominosas de nuestras conflagraciones antiguas. Se nos dijo que en la llamada Revolución mirieron un millón de connacionales. De la rebelión cristera, el cálculo arroja la desaparición de mil paisanos por mes. Son cifras abultadas, si se toma en cuenta que en el primer tercio del siglo pasado nuestra población no llegaba a los 20 millones de habitantes. Vengamos a la sangría presente que estamos padeciendo con la misma crueldad que las pasadas.
El puro número de víctimas actuales debería hacernos reflexionar si estamos actuando con atingencia. Y más que eso, tendría que obligarnos a buscar remedios inmediatos y efectivos. La cifra de muertos por la absurda guerra desatada por Calderón contra las drogas varía de entre 60 y 150 mil. Pero en el escaso medio año de ejercicio del poder del “nuevo PRI”, el número ya rebasa los 5 mil. La sangría no frena ni despunta en el horizonte voluntad alguna por ponerle un alto. Es una cacería absurda y tiene que acabar, así sea por mero sentido humanitario, si es que no se atienden argumentos de otra laya.
Cifras aparte, los modos y libretos de operación para estos trabajos de “limpieza” tampoco varían un ápice. El fin de semana antepasado, los marinos aparecieron en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Cercaron la torre Ámbar y el centro comercial Andares. Los espacios comerciales que se vieron afectados fueron los restaurantes La Vaca Argentina, Vincens, Moresca y Black Cofee.
No ha habido para el público ninguna información oficial, ni de parte de las policías municipales ni de la estatal, por el simple hecho de que las comandancias de estos cuerpos fueron desplazadas y excluidas del operativo. La Semar actuó sola y, seguramente por el hecho de que son federales, los mexicanos no tenemos derecho a enterarnos de sus acciones.
Trascendió, tomándolo como rumor sin calidad de dato firme, que buscaban a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. También se dijo que el buscado era Juan José Esparragoza, El Azul; que un presunto vendedor de droga disparó contra el comando y fue abatido. Al parecer era miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido aún asentada en firme. Aquí, por lo que se ve, aún no está por amanecer, camarada.
