Señor director:
Le pido de la manera más atenta publique esta carta en su prestigiada revista.
El 20 de marzo de 2007 el gobierno del Distrito Federal me expropió unos predios ubicados en Iztapalapa que se conocen como “de la Ford”.
Con el propósito de obtener un pago justo por los terrenos, desde esa fecha envié oficios a diversas dependencias del gobierno capitalino, los cuales dieron lugar a informes emitidos por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, la Dirección de Legislación y Trámites Inmobiliarios, la Subdirección de Trámites Inmobiliarios y la Unidad Departamental de Revisiones y Pago de Indemnizaciones.
El 23 de marzo de 2012 las autoridades del Gobierno del Distrito Federal emitieron el oficio PI/79/2011, en el que declararon procedente la solicitud de pago de indemnización por expropiación, y se giró oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi), a fin de que promoviera el pago correspondiente.
De esta manera, la Jefatura de la Unidad de Pasivos Inmobiliarios de la Seduvi solicitó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario que realizara el avalúo. A finales de agosto pasado, dicha jefatura me informó que había solicitado el avalúo pero que aún no le habían dado respuesta. Al término de septiembre aseguró que ya estaba listo el avalúo. Sin embargo, la Seduvi no realizó ningún pago.
El 5 de octubre de 2012 me notificaron el monto del avalúo y pidieron que manifestara si estaba conforme o inconforme con el mismo. Advirtieron que en caso de aceptarlo me pagarían en enero de 2013; de lo contrario, debía comenzar un nuevo trámite. Aunque acepté para que se le diera celeridad al asunto, al poco tiempo me informaron que mi expediente fue turnado al Consejo de Patrimonio Inmobiliario para su aprobación. Cabe aclarar que esto no tiene sentido, pues ya había un decreto mediante el cual se había realizado la expropiación.
A comienzos de diciembre de 2012 me comunicaron que el procedimiento se encontraba terminado y que se cumplieron todos los requisitos impuestos por los reglamentos y la ley. También se me hizo saber –como me indicaron cuando acepté el avalúo– que en enero recibiría el pago.
Hasta hoy no ha ocurrido y las autoridades argumentan que no hay dinero, pues el que estaba destinado a indemnizaciones se reservó para “otro fin de bien mayor”.
Ante este panorama, me pregunto: ¿en qué se utilizó ese dinero?, ¿no debía estar listo el avalúo antes de que se decidiera la expropiación?, ¿no existe en México la seguridad patrimonial para fincar proyectos de vida? y ¿todos los ciudadanos debemos enfrentarnos a la incertidumbre?
Como sea, el gobierno capitalino me ha causado graves perjuicios, e incluso ha truncado mi vida. (Carta resumida.)
Atentamente
Francisco Ramos Moreno
