Al presentar la reforma financiera Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dio cifras que permiten constatar las graves distorsiones que provoca la concentración en los mercados, como es el caso mexicano en casi todos los ámbitos de la vida económica. En el campo financiero los datos son por demás elocuentes: la banca comercial presta al sector privado únicamente el 26% del PIB, que equivale a la mitad del promedio latinoamericano de 50% y a la cuarta parte de Chile, que prácticamente llega al 100%.
Pero lo mismo sucede en lo que atañe al porcentaje de los activos de las instituciones financieras que se destinan a créditos para el sector privado, pues según un cuadro elaborado por el diario Reforma, en el caso mexicano es de escasamente el 46% contra el 97% de Chile; 90%, de China; 84%, de Estados Unidos; 81 %, de Alemania, y el más cercano a México, 55%, de Brasil.
Así que tal como refirió el mismo presidente Enrique Peña Nieto, la banca mexicana es de las que menos prestan en el mundo; pero, aunque él no lo dijo, es de las que más ganan, si no la que más. De acuerdo con la columna de Carlos Fernández-Vega en La Jornada, BBVA Bancomer y Citibank Banamex aportaron el 40% de las utilidades netas globales de sus respectivos grupos financieros.
Y la explicación es muy clara: estos dos grupos financieros concentran casi el 43% de los activos y de la cartera; casi el 45% de la captación y casi el 54% de las utilidades netas de todas las bancas múltiples que operan en México, pues hoy no se puede decir que son mexicanas, dado que de los mayores cinco bancos que operan en el país, únicamente Banorte tiene capital mayoritario mexicano. Incluyendo a Santander, Banorte y HSBC, los primeros cinco bancos suman el 73% de activos y cartera; 76% de captación y 79% de utilidades netas.
No es casualidad que otra de las reformas legislativas del llamado Pacto por México haya sido precisamente la de radiodifusión y telecomunicaciones, ya que en el ámbito de la televisión la concentración es todavía mayor: dos grupos (Televisa y TV Azteca) concentran el 90% de las concesiones y la audiencia, y en el caso de las telecomunicaciones, Telmex es el principal acaparador.
En los dos ámbitos los impactos de dicha concentración generan graves distorsiones en la vida política, económica y social, porque van mucho más allá de precios desorbitados para los usuarios o de utilidades desmedidas para los proveedores. En el caso de la banca comercial son un factor determinante para el impulso o freno de la actividad económica; en el de las telecomunicaciones, al ser éstas un servicio indispensable en el mundo de los negocios, los efectos también se multiplican; y en el de la televisión, su papel en la conformación de la opinión pública la vuelve en medio fundamental para el desarrollo político.
La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, junto con la iniciativa de reforma financiera, contienen avances innegables con respecto a la actual legislación. Sin embargo, todavía es muy apresurado afirmar que lograrán los resultados e impactos vaticinados por sus hacedores y promotores, pues aunque ambas fortalecen las atribuciones de los órganos reguladores para sancionar prácticas anticompetitivas, de alguna manera protegen la concentración y los oligopolios.
Si el criterio para determinar que una corporación es un agente económico preponderante es contar con “una participación nacional mayor al cincuenta por ciento”, como se establece en la fracción III del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, el destino de este país es seguir en manos de los oligopolios y tener mercados extremadamente concentrados.
Al establecer que un agente puede tener hasta la mitad del mercado, lo único que se garantiza es la existencia de dos proveedores por cada bien o servicio, y aunque no incurran en ninguna práctica anticompetitiva sancionable, las corporaciones actuarán de tal forma que los impactos de tal concentración sobre los usuarios prevalecerán.
Como en muchas de las políticas públicas del gobierno mexicano se combaten las manifestaciones (en estos casos algunas, ni siquiera todas), pero no las causas reales de los problemas. Otra vez a mitigarlos, pero no a solucionarlos.
El mayor problema en México es la excesiva concentración de riqueza y poder y eso no se está enfrentando; simplemente se está tratando de disminuir (ni siquiera de evitar) sus manifestaciones más grotescas. Aun después de las reformas estos actores económicos gozarán de tal riqueza y poder que controlarán los mercados y desafiarán al Estado mexicano, como lo han hecho hasta ahora, especialmente cuando desde el momento en que se presentan las iniciativas ellos ya detectaron todas las oportunidades que éstas les brindan.
En el caso de la de telecomunicaciones y radiodifusión, las televisoras ya están saboreando la posibilidad de fortalecer su poder económico con el ingreso pleno al mercado de las telecomunicaciones, donde la rentabilidad es mayor; y, en el de la reforma financiera, con la agilización para el cobro de adeudos bancarios mediante la ejecución de las garantías. Y seguramente ellos ya identificaron muchas más.
Más allá de los discursos grandilocuentes, en los cuales los personeros gubernamentales y los dirigentes de los partidos políticos firmantes del Pacto lanzan ataques a los oligopolios, en cada uno de los actos de presentación de las iniciativas la realidad es que el poderío de las corporaciones sigue intacto.
El problema mayor es que, en virtud de su poderío, los impactos de estas corporaciones traspasan el ámbito económico y se convierten en verdaderos opositores al tránsito hacia la democracia, pues tienen todos los elementos a su alcance para incidir de manera decisiva (como lo han hecho hasta hoy) en los procesos políticos, y particularmente en los electorales.
Así, el indispensable equilibrio entre los poderes político y económico es una quimera por la connivencia de sus actores o el sometimiento del primero.
