El dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia emprendió una ofensiva legal en contra del empresario Germán Larrea y el Grupo México (GM), a quienes acusa de difamación ante tribunales canadienses.
En una moción presentada el 17 de abril último ante la Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica y que el reportero consultó, Gómez Urrutia arremete en contra de Larrea, GM, su director ejecutivo, Óscar González Rocha, el publirrelacionista Eduardo García Puebla y su empresa García Puebla Consultores; asimismo, señala a exintegrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) Elías Morales Hernández, Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales Lozano.
El dirigente minero, quien radica en Vancouver desde 2006, los acusa de conspiración y difamación al financiar, autorizar, incitar o fomentar la difusión de reclamos. Así lo establece el pliego de 51 páginas identificado con la clave VLC-S-S-132769.
En este documento se indica que “los acusados conspiraron y difamaron a los acusadores al presentar maliciosamente imputaciones falsas de serias ofensas criminales ante la Procuraduría General de la República, sabiendo que éstas eran falsas y que, acorde con la ley mexicana, Gómez Urrutia no obtendría fianza ante la emisión de una orden de arresto y sería detenido al menos hasta el final de su juicio, el cual podría tomar años para siquiera arrancar”.
Esa campaña, prosigue la querella, desembocó en la emisión de una orden de captura en contra del dirigente forzándolo al exilio en Vancouver.
Gómez Urrutia, representado por los abogados David J. Martin y Casey L. Leggett –del despacho Martin Associates–, considera las acusaciones “enteramente infundadas” y “presentadas con el único propósito de dañar la reputación de los acusadores e intentar quebrar al sindicato”.
Adversarios
Larrea, quien pertenece al consejo de directores de GM desde 1981, es director de Empresarios Industriales de México, S. A. de C.V.; Compañía Perforadora México; México Compañía Constructora, y Fondo Inmobiliario. Además pertenece al consejo de directores de Televisa.
Morales Hernández fue expulsado del SNTMMSRM en mayo de 2001, luego de que una investigación del Comité de Justicia y Honor encontró que pasó información confidencial de las reuniones de la organización al GM. A Castilleja Mendiola se le separó de la agrupación en abril de 2002, a raíz de que pidió a miembros de ésta unirse a un sindicato disidente y dar información confidencial a la empresa. Perales Lozano quedó fuera del sindicato minero en octubre de 2001 por las mismas razones.
“Los tres, junto con los otros acusados trataron de remover a Gómez Urrutia del liderazgo del sindicato y conspiraron para fabricar acusaciones criminales en su contra”, plantea el texto de la demanda.
Por su parte García Puebla fue coordinador de asesores de Tomás Yarrington cuando éste fue gobernador de Tamaulipas, así como secretario de Estrategia, Información y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del PRI durante la gestión de Beatriz Paredes, actual embajadora en Brasil.
Las acusaciones “fueron motivadas por un deseo de ganancias financieras por medios que disminuyen la salud, seguridad y costos laborales para finalmente aumentar artificialmente los ingresos operativos de la compañía”, consigna la querella.
Gómez Urrutia fue elegido secretario general del SNTMMSRM en 2002 y reelecto en 2008 y 2012. Este organismo aglutina a alrededor de 290 mil trabajadores, de los cuales 6 mil 400 laboran para GM.
La demanda promovida por el dirigente minero y el sindicato exige compensaciones económicas por daños y perjuicios en general, y por daños agravados, punitivos y especiales por calumnia, difamación y falsedad injuriosa. Ello con base en la Ley de Difamación vigente en la Columbia Británica.
Proceso buscó a los acusados para conocer su opinión en torno a la querella, pero no respondieron.
La disputa entre el sindicalista y GM, firma que también posee activos en Estados Unidos y Perú, se remonta a la privatización de las minas cupríferas La Caridad y Cananea, adquiridas por la corporación a través de sus subsidiarias Mexcobre Corp., y Mexcananea Corp., en 1988 y 1990, respectivamente. En dicho proceso el apoyo del sindicato fue fundamental.
A cambio de ese respaldo, la minera y el SNTMMSRM negociaron la cesión de 5% de las acciones a favor de éste, transferencia que se materializó 15 años después con un valor de 55 millones de dólares, asignados a un fideicomiso.
Mano negra
A comienzos de 2006 Gómez Urrutia se alió con Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y actual senador de Baja California Sur por el PRI, para buscar la dirigencia del Congreso del Trabajo (CT), encabezado por Víctor Flores Morales.
El 14 de febrero de ese año el dirigente de la CROC fue elegido para presidir el CT, en tanto que Gómez Urrutia y Cuauhtémoc Paleta quedaron como vicepresidentes. Tres días después la oficina del sindicato minero fue asaltada.
“Los llamados a huelga y la búsqueda del liderazgo en el Congreso del Trabajo llevaron a los acusados a iniciar falsas acusaciones criminales contra Gómez Urrutia en un intento por marginarlo y finalmente quebrar al sindicato”, denuncia el pliego legal.
El 20 de enero de 2006 Morales Hernández, Castilleja Mendiola y Perales Lozano presentaron una demanda penal en contra de Gómez Urrutia por el desvío de esos fondos, que derivó en cargos criminales en perjuicio del dirigente y de los sindicalistas mineros Héctor Félix Estrella, Juan Linares y José Ángel Rocha.
En la querella argumentan que cuando formaron el fideicomiso de los 55 millones el 22 de febrero de 2005 y lo transfirieron al sindicato, Gómez Urrutia y sus asociados incurrieron en fraude, pues debieron haber repartido ese dinero entre los agremiados.
El 17 de febrero de 2006 Gómez Urrutia fue removido de la secretaría general del SNTMMSRM por el entonces secretario de Trabajo, Florencio Salazar. En esa misma fecha la dependencia intentó, secretamente, pasar el control de ese gremio al expulsado Morales Hernández, aunque no reveló la salida de Gómez Urrutia, sino hasta el 28 de febrero.
“A pesar del esfuerzo ilegal de México por quitarle a Gómez Urrutia su autoridad sobre el sindicato, éste siguió actuando como líder de facto con el apoyo de la mayoría de los miembros de la organización”, subraya el documento.
El pliego de la demanda alude a una reunión efectuada el 31 de mayo de 2010, en la cual Álvaro Castro, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sugirió que si el SNTMMRS resolvía la larga huelga en Cananea, Juan Linares, dirigente encarcelado por la denuncia existente, podría quedar libre.
En ese encuentro también estuvieron Marco del Toro, representante de Gómez Urrutia, y Benjamín Davis, director de Asuntos Internacionales de la estadunidense United Steelworkers of America.
“Bajo cualquier estándar democrático o ético es altamente impropio para un alto representante del gobierno de México vincular el resultado de un procedimiento criminal contra un dirigente sindical a una solicitud de concesiones laborales a favor de una empresa minera privada”, consigna el documento legal.
El 2 de mayo de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que la negativa del gobierno a reconocer al dirigente era ilegal, por lo cual le ordenó a la STPS entregar a Gómez Urrutia la toma de nota para el periodo 2008-2014.
Los acusadores arguyen que la negativa de Canadá a extraditar al dirigente a México, quien a comienzos de abril logró que la Interpol borrara la ficha roja para su búsqueda y captura internacional, es prueba de “la naturaleza infundada de las acusaciones”.
