Lo que empezó como una gresca entre estudiantes y trabajadores de vigilancia del CCH Naucalpan en febrero pasado y derivó en la expulsión de cinco alumnos de ese plantel, escaló a un problema mayor, plagado de riesgos. El viernes 19 un grupo de jóvenes tomó violentamente la Rectoría de la UNAM. Las autoridades universitarias dieron aviso a la PGR, que podría ordenar la intervención de la fuerza pública en la máxima casa de estudios. Esta sola posibilidad enardeció a toda la comunidad. Algunos apoyan a los ocupantes del inmueble universitario, algunos los repudian… Pero nadie quiere a la Policía Federal en el campus.
La toma de la Rectoría de la UNAM por jóvenes encapuchados la noche del viernes 19 ha llevado a la máxima casa de estudios a un punto de tensión que podría derivar en un estallido mayor, por la posible intervención de la fuerza pública y la confrontación entre grupos de la comunidad estudiantil.
El origen del conflicto se remonta a febrero en el CCH Naucalpan. Según declaraciones ministeriales de trabajadores del plantel, la noche del 1 de febrero un vigilante impidió la entrada al alumno José Luis Ramírez Alcántara, que presuntamente estaba ebrio.
La noche terminó en el Ministerio Público de Naucalpan con siete empleados del CCH levantando actas por lesiones contra un grupo de jóvenes encabezados por Ramírez Alcántara, quien habría golpeado al vigilante.
El 5 de febrero los presuntos agresores fueron notificados de sus expulsiones temporales del CCH, por lo que, según denuncias, organizaron una revuelta en la que arrojaron bombas molotov contra la dirección escolar. De lo ocurrido hay videos en el portal de internet Youtube. Todo fue caos. Pasadas las ocho de la noche intervino un operativo de más de 200 policías municipales y 50 granaderos. Detuvieron a 10 presuntos responsables y la UNAM interpuso una denuncia penal contra los jóvenes.
El 6 de febrero el conflicto se llevó por vez primera a Ciudad Universitaria. A las cinco de la tarde salió un contingente de 250 personas del Parque de la Bombilla rumbo a la Rectoría.
Exigían la liberación de los detenidos el día anterior en Naucalpan y la cancelación de la reforma al plan de estudios de los Colegios de Ciencias y Humanidades. Cerca de 50 manifestantes, cubiertos los rostros, desviaron sus pasos a la Dirección de los CCH, a un costado de la Rectoría. Con palos, piedras y sus cuerpos como armas rompieron los vidrios de la fachada y se adueñaron del inmueble.
Plasmaron sus demandas en un pliego petitorio al que sumaron la reinstalación de los expulsados por los hechos violentos del 1 de febrero, la no sanción en su contra y la destitución del director de su plantel.
Catorce días permanecieron en la Dirección General de los CCH, hasta que su titular, Lucía Laura Muñoz Corona, se comprometió por escrito a no sancionarlos y atender sus demandas. No hubo más sanciones y la discusión sobre la actualización del plan y los programas de estudio se pospuso para el 30 de noviembre.
Empieza la toma
A golpes de tubos, mazos, palos y piedras, unos 20 jóvenes vulneraron el 19 de abril la entrada a la Rectoría. La veintena de jóvenes –de un grupo de 80 que marchó del Parque Hundido a Ciudad Universitaria– tomó esa decisión sin el respaldo de la mayor parte del contingente.
Un día después el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, les notificó a los manifestantes que se les había interpuesto una denuncia penal ante la PGR por la toma violenta de la Rectoría. Los jóvenes, que dentro del edificio ya sumaban aproximadamente 30 atrincherados con muebles y macetas, replicaron que sólo con la solución a sus demandas, incluido un espacio de diálogo con el rector José Narro, liberarían el edificio.
Pidieron reinstalar a los cinco alumnos expulsados del CCH Naucalpan acusados de agredir a trabajadores del plantel; cancelar los procesos penales contra activistas; que la UNAM se desistiera de modificar el plan de estudios de los Colegios de Ciencias y Humanidades; mantener el sentido crítico, científico y humanista del alumnado; la no privatización de la educación pública en el país; la cancelación de videocámaras de vigilancia en los planteles de la UNAM, y garantizar que no habría represalias ni hostigamiento en contra suya.
Al mediodía del lunes 22, en conferencia de prensa improvisada desde el Museo de las Ciencias, Narro respondió: “Tenemos identificados a algunos de los expulsados y gente ajena que no actúa desde la protesta, sino con acciones al margen de la ley, dañando personas y el patrimonio de la Universidad”.
Narro advirtió que en esta ocasión los responsables tendrían que “responder” frente a la comunidad universitaria, a las autoridades judiciales y “tristemente también a la historia”. Y ahí, cuestionado por los medios, habló de la posibilidad de que las fuerzas federales entren a la UNAM.
“La demanda está radicada en la PGR y hemos dicho que se trata de un delito federal. Le tocará a la PGR valorar los hechos. (…) Desearía que desalojen a estas personas de la Torre de la Rectoría. Voy a agotar todos los medios que tenga a mi alcance, pero al mismo tiempo a agotar el fortalecimiento de la denuncia correspondiente.”
A partir de esa conferencia, quienes mantienen tomada la Rectoría han disminuido sus demandas a tres y acusan a Narro de cerrazón para no resolver el conflicto: Sostienen la reinstalación de los expulsados del CCH Naucalpan, el desistimiento de la denuncia penal en su contra y de cualquier represalia por defender la educación pública y gratuita, así como la instalación de un diálogo público con las autoridades universitarias.
El miércoles 24 las autoridades de la UNAM mandaron dos mensajes: La ratificación de las expulsiones de José Luis Ramírez Alcántara, Irene Pérez Villegas, Brenda Vaca Aparicio, Luis Hugo Arratia Zárate y Jorge Mario González García, por parte del Tribunal Universitario –del último se ha confirmado que está preso en el Reclusorio Norte por el robo a una tienda Walmart–, y la ratificación de la denuncia ante la PGR, completando el procedimiento para una posible intervención de la Policía Federal.
Comunidad dividida
En la explanada de la Rectoría ha habido confrontaciones verbales en apoyo de cada uno de los lados. Unos descalifican a otros como “porros” que perjudican a la institución; los otros los rechazan por ser “grupos de choque” manipulados por Narro.
Desde las redes sociales y a través de volanteo dentro de las facultades se promovió una convocatoria para desalojar a los encapuchados que tienen tomada la Rectoría. De no liberarla a más tardar el viernes 26, la cita era para las 11 de la mañana del sábado 27.
En asambleas improvisadas en la explanada de la Rectoría y en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, alumnos, maestros y trabajadores de la universidad discutieron si respaldarían o no a los paristas.
No hubo consenso para apoyar la toma del edificio, pero la mayoría rechazó la posible entrada de la Policía Federal, lo que consideraron sería una violación a la autonomía universitaria. El jueves 25 decidieron hacer un cordón de protección a los paristas, organizaron marchas en el circuito universitario para sumar adeptos y establecieron un plantón en la explanada, que no suma más de cuatro casas de campaña. Pero a la entrada de la policía, de ocurrir, quedó claro que exigirían la renuncia del rector e intentarían “cerrar” escuelas y facultades.
Esa misma noche se citó a una nueva asamblea para el lunes 29. En repudio al trato que les da la prensa, exigieron a los medios que se alejaran mientras sesionaban en la explanada. El fotógrafo de Proceso Eduardo Miranda fue pateado en las rodillas para obligarlo a retroceder y, ya en el suelo, golpeado en el rostro mientras sostenía su cámara.
Un estudiante de la UNAM, acreditado como tal y que no está de acuerdo con la toma de la Rectoría, habló con Proceso de los escenarios que vislumbran. El entrevistado, quien pide que lo llamemos Juan, habla del movimiento que se ha generado en las distintas facultades:
“Ingeniería y Derecho van a ser una carta que va a mover el rector. Antes de meter a la policía, Narro va a explotar todas las cartas que tiene, es decir movilización de universitarios, y yo creo que incluso es capaz de llegar al enfrentamiento. No olvidemos que cuando Juan Ramón de la Fuente sube a la Rectoría pone a Narro como a uno de sus principales colaboradores y él opera, junto con la Secretaría de Gobernación, el plebiscito del año 2000 y la táctica que utilizan es empezar a movilizar a las facultades a sesión universitaria para recuperar las instalaciones.
“Pero Narro no es una persona a la que le guste que el Estado intervenga en la universidad. Es autoritario pero no es una persona que le gusta resolver los conflictos con la bota. Va a agotar otras instancias antes. Y la última carta va a ser la fuerza pública. La evaluación que estamos haciendo es que no va a pasar del sábado o domingo.”
Según Juan, en el ánimo de un sector universitario existe la creencia de que si se pone en riesgo la autonomía, con la entrada de la Policía Federal, se puede propiciar un movimiento estudiantil de masas.
Vislumbra dos escenarios: “Uno: que el movimiento estudiantil, Ciencias Políticas, Economía, Ciencias, logren frenar la toma y que llamen al diálogo. O el segundo escenario, más oscuro, que es la irrupción de la policía. Vendrá una ola de grupos que se van a empezar a radicalizar en la universidad. Va a haber polarización, va a haber rechazo, y yo preveo que va a haber tomas de facultades, bloqueos, tomas de direcciones”.
“Faltó previsión”
En las protestas de quienes mantienen tomada la Rectoría se argumenta que la reforma al plan de estudios de los CCH es paralela a la reforma educativa “mandatada” por Enrique Peña Nieto, dictada por despachos internacionales, como la OCDE, el BID o el FMI, poniendo en riesgo la educación pública y gratuita.
Los jóvenes, quienes explican sus motivos reiteradamente a quienes los consultan, indican también que con la ampliación de horarios a turnos completos se imposibilita a los jóvenes de escasos recursos estudiar y trabajar, orillándolos a la deserción, privilegiando a quienes tienen más recursos.
Argumentan que son estas las luchas que dio el CGH en la “gloriosa” huelga de 1999-2000 y aseguran que es mentira que las autoridades de la UNAM los hayan incluido en el diálogo para modificar ese plan. “Es una total simulación. Al final de cuentas la decisión la toma el Consejo Universitario”, dicen.
Integrantes del movimiento que mantiene la toma declinaron una entrevista con Proceso.
Sobre los puntos en conflicto, quien habló con este semanario, por parte de las autoridades universitarias, fue el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez. Sostiene que la revisión del plan de estudios de los CCH fue “una demanda que ellos encontraron en el camino, porque lo que motivó su actuación fueron las expulsiones”.
En una cafetería en las inmediaciones de la Rectoría aceptó que no previeron el alcance que tendría el conflicto en el CCH Naucalpan. “No pensamos que las cosas fueran a llegar al grado al que se llegó”.
Se ha ubicado que en la toma de la Rectoría hay integrantes de grupos anarquistas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ajenos a la universidad, maestros del CCH y los expulsados por los actos violentos de Naucalpan.
El abogado dice que se ha identificado a la mayoría y que la información que tienen la canalizan al Ministerio Público.
En torno al hecho de que sea la irrupción de jóvenes encapuchados tomando instalaciones de la UNAM una imagen recurrente en momentos de polarización en el país, dijo:
“No hay que desconocer que hay una circunstancia complicada en el país. Una crisis en términos de reivindicaciones sociales y que en diferentes partes se están dando estas expresiones violentas. El rector Narro lo ha dicho: No se puede desconocer el contexto de desigualdad y de pobreza que existe en el país. Pero nada de ello justifica que la respuesta sea generando violencia.”
Sobre la posibilidad de que entren las fuerzas públicas a la universidad: “Lo que buscamos es que haya sensibilidad, que no haya más violencia. Pero nosotros, como cualquier persona física o moral, tenemos que poner en conocimiento de la autoridad competente hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad. Se hacen del conocimiento del MP los hechos, como los daños al patrimonio.
“El MP, una vez que tenga integrada la averiguación previa, determinará qué delitos se desprenden, si se configura o no el robo, si se configuran o no daños y de qué magnitud, si se configura o no daños al patrimonio histórico, cultural de la humanidad. Con base en la integración de su expediente determinará quiénes pueden ser responsables de esas conductas.
“La universidad no tiene la fuerza pública. Tampoco está cerrando el diálogo, se está proponiendo un diálogo dentro de los cauces institucionales. Está diciendo que no habrá diálogo en tanto prevalezcan estas condiciones.”
–¿Han calculado los costos en caso de que entre la Policía a la universidad?
–Nos preocupa. Incluso, antes que eso, nos preocupa que pueda haber alguna confrontación entre la propia comunidad. Y por eso hemos llamado a la prudencia. Desde luego nosotros hemos valorado los impactos que pueda tener cualquier decisión. Pero repito: Una cosa es esa valoración de impactos y otra es la toma de decisiones que no están en nuestro ámbito.
Sobre la disminución de las demandas del grupo parista, dice que no será suficiente para entablar un diálogo hasta que se libere la Rectoría, y ante los señalamientos de que Narro podría operar “grupos de choque” dentro de la UNAM para desalojar a los paristas fue enfático: “No está la Rectoría impulsando estas circunstancias. Rechazo categóricamente que haya grupos de choque en la universidad y menos de su rector”.
