XALAPA, VER.- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa es proclive a la opacidad en cuanto a comunicación se refiere. El expediente de Regina Martínez Pérez, asesinada hace justo un año, los convenios publicitarios con medios de comunicación y el desglose de la Coordinación General de Comunicación Social son tan sólo algunos ejemplos de esa manera de ejercer el poder.
En noviembre de 2012, Proceso solicitó de manera formal por medio de Jorge Carrasco –coadyuvante de este semanario en las investigaciones del asesinato de Regina– copias del expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de esta ciudad y a la Dirección de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia estatal. Las titulares de las dependencias, Beatriz Rivera Hernández y Consuelo Lagunas Jiménez, respectivamente, sólo enviaron una escueta respuesta.
El gobierno del priista Duarte de Ochoa también ha sido renuente a transparentar sus gastos en materia de Comunicación Social, que catalogó bajo el rubro “reservados”.
Tras la solicitud 00439511 interpuesta por el reportero y en un recurso de revisión rotulado en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) con el folio PF00019112, tanto la Coordinación General de Comunicación Social como el mandatario se negaron a desglosar sus gastos e inserciones publicitarias en medios de comunicación.
En contraste, la represión contra periodistas de Veracruz ha sido la constante. Verónica Danell, conductora del noticiario Mega noticias de la empresa Megacable, fue despedida hace varias semanas a solicitud, dice, del gobierno estatal.
Argumentos similares esgrimieron Mari José Gamboa –hoy candidata a diputada por el PAN–, quien salió de la empresa en junio de 2012, y Hugo Figueroa, despedido el 27 de septiembre de 2011.
Las notas positivas de turismo y de los actos del gobernador Duarte –entre ellos el Chayopremio, popularizado así por periodistas locales luego de que el mandatario fuera premiado supuestamente por “proteger” a los reporteros veracruzanos–, ahora son incluidas en el noticiario nacional que se transmite desde Guadalajara.
Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael Pineda, Rape, tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías de seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó la entidad durante algunas semanas luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, “sugirió” que debería estar preso por publicar las fotos de un grupo de autodefensa que opera en Tlalixcoyan.
Expediente Regina: El silencio
En el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, el gobierno de Javier Duarte se negó sistemáticamente a entregar copias de la investigación ministerial sobre su asesinato, pese a estar obligado a ello por la ley, aun cuando se le mostraron los acuses de recibo sellados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) y del Poder Judicial del Estado.
Firmados por el periodista Jorge Carrasco –hoy amenazado presuntamente por colaboradores de Duarte–, los escritos tenían como destinatarias a la titular de la Dirección de Investigaciones Ministeriales, Consuelo Lagunas Jiménez, y a la juez tercero de Primera Instancia, Beatriz Rivera. Han pasado más de 170 días y la respuesta aún no llega.
Y cuando este reportero solicitó informes sobre el avance de las indagatorias a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) en torno al caso Regina y de otros ocho comunicadores asesinados en el estado durante la gestión de Duarte, la respuesta de la procuraduría fue sucinta:
“El Comité de Acceso Restringido de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave emitió el acuerdo CIAR/SE/02/02/06/2008 en el cual clasifica como ‘información reservada’, entre otras, las investigaciones ministeriales que se encuentran en trámite y que se encuentra debidamente publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz bajo el número extraordinario 195 de fecha 17 de junio del 2008.”
En el oficio PGJ/UAI/260/2012, la procuraduría admite que el crimen de la periodista no está resuelto y que la investigación ministerial, junto con la de los otros ocho colegas asesinados, “se encuentran en trámite”.
Con respecto a la solicitud de información 00403512, dirigida a la misma dependencia a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, declinó informar sobre los avances en la investigación del asesinato de Regina Martínez, así como del número de reporteros que han sido citados a declarar y el número de ciudadanos ajenos a los medios de información que han tenido que rendir declaración en torno al caso.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), creada a petición del gobernador Duarte y dirigida por Namiko Matzumuto, también negó al reportero las “fichas técnicas” de la procuraduría con el argumento de que “son de consumo interno”.
Sin embargo, el comisionado Jorge Morales, periodista de El Heraldo y El Dictamen, entregó copias del resumen de las indagatorias y lamentó que la propia CEAPP, órgano gubernamental, siga hundida en la opacidad.
El resumen escueto de la PGJE detalla que las investigaciones 644/2011, 890/2011, 519/2012/5, 029/2012/PC, 19/2012/PC y JAIT/077/2011 continúan abiertas; todas fueron enviadas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República.
Otros columnistas se han quejado de la “nula transparencia” de la oficina de prensa del gobierno estatal; incluso han detallado que, aunque en el discurso las autoridades hablan de rendición de cuentas y transparencia, tales cosas no se cumplen.
En las solicitudes hechas ante la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) –folios 00494212, 00086512, 0047211, 00052011, 083511 y 0125511– en las cuales se solicita a su titular, Gina Domínguez, información relativa a la lista de convenios mensuales de servicio informativo y publicitario, alianzas editoriales y viáticos que paga dicha oficina a medios impresos, electrónicos y digitales, la respuesta simplemente no llega.
El expediente de Regina Martínez fue turnado a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia y, después de una suerte aleatoria, fue asignado al magistrado Edel Álvarez Peña, un antiguo líder del PRI en la entidad y exfuncionario del Registro Público de la Propiedad. Hoy, Álvarez Peña es propietario de ocho rotativos que se imprimen en Veracruz.
El reportero buscó a Gina Domínguez en varias ocasiones para una entrevista, pero su director de Información, Miguel Valera, respondió: “La licenciada Gina dice que no quiere entrevista… No hay las garantías mínimas de objetividad. Sorry”.
