Antes de cumplir la mitad de su ejercicio, el gobernador Javier Duarte muestra un saldo de nueve periodistas asesinados, tres desaparecidos y un buen número de exiliados o forzados al retiro por las amenazas recibidas; sin embargo, ante la denuncia de que existe información sobre la presunta intención de atentar contra la integridad física de Jorge Carrasco, reportero de Proceso, la respuesta gubernamental es rechazarla y solicitar la interposición de una denuncia formal, sin jamás asumir su elemental responsabilidad como autoridad.
Tras el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de este semanario en Veracruz, el 28 de abril del año pasado, se nombró a Carrasco como responsable de dar seguimiento al caso y coadyuvar con las investigaciones ministeriales. La semana pasada (Proceso 1902) la revista publicó un trabajo periodístico del reportero que desnuda las limitaciones, manipulaciones y contradicciones de la investigación de la Procuraduría y la sentencia de la juez.
El reportaje es contundente y no deja lugar a dudas. Basta señalar que entre las evidencias que presenta demuestra cómo la confesión del presunto implicado se contradice con las periciales de la propia Procuraduría General de la República, pues mientras el primero señala que la periodista bebió cerveza con ellos, el peritaje dice que “no se detectó la presencia de alcohol etílico” en la muestra de sangre de la periodista; que las huellas dactilares del hoy condenado a más de 38 años de prisión no corresponden con las localizadas en la casa de Regina; que la única huella de calzado que examinaron los peritos ni siquiera fue comparada con la del condenado, y que la juez se adelantó a dictar la sentencia, con base en la confesión del implicado, sin esperar el resultado de los exámenes del llamado Protocolo de Estambul (para comprobar si fue torturado para inculparse) aplicados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
Tras la publicación del reportaje, la revista tuvo información de que funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado de Veracruz se habían reunido en una casa en el fraccionamiento Las Ánimas, de Xalapa, Veracruz, para acordar acciones con la pretensión de atentar contra el periodista. Proceso comunicó dicha información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, para que activaran el mecanismo de protección de periodistas, y difundió la información en su portal, para conocimiento público en general y, en particular, de sus lectores.
Felipe Amadeo Flores Espinosa, procurador general de Justicia del Estado de Veracruz, de inmediato envió una carta a la Presidencia del Consejo y la Dirección de la revista para rechazar “tajantemente estas acusaciones infundadas” e invitar “a la revista y a su equipo” a presentar la denuncia correspondiente “de manera inmediata ante las autoridades correspondientes”. Desde luego, en la carta incluyen el “compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”, como sucede tradicionalmente en los comunicados y discursos oficiales cuando se aborda el tema.
Desgraciadamente los hechos desmienten sus palabras: las estadísticas de las agresiones físicas a periodistas son inocultables; el temor del gremio periodístico veracruzano es palpable, y la manipulación de expedientes y averiguaciones previas, la fabricación de culpables y las sentencias insostenibles son ostensibles.
En general el gobierno veracruzano es incapaz de cumplir con su responsabilidad básica de garantizar la seguridad física de sus habitantes, los medios de comunicación están llenos de las constancias que lo acreditan; y, en lo particular, en el caso de los periodistas, a la incapacidad hay que agregar la negligencia y, en algunos casos, como lo muestra la denuncia de Proceso, la complicidad o tolerancia.
En el caso de las agresiones contra comunicadores, los impactos de la inseguridad se magnifican porque la seguridad es indispensable para el cabal ejercicio profesional y la ausencia de periodismo afecta directamente a la democracia, pues varias de las garantías indispensables para la misma tienen que ver precisamente con el funcionamiento de los medios de información y comunicación.
Durante los 70 años de régimen autoritario prevalecieron las presiones directas de los personeros gubernamentales, aunque sus manifestaciones y acciones eran muy diversas y a través de muchos actores; la alternancia en el Ejecutivo federal, en diciembre del año 2000, alentó la esperanza de que las condiciones para el ejercicio periodístico cambiarían sustancialmente, pero aunque los medios hoy ejercen una mayor libertad de expresión y de prensa, lo cierto es que los embates no cesaron.
Y lo que es peor: la violencia física contra los periodistas se recrudeció. De acuerdo con un recuento de la organización Artículo 19, del 2000 al 2011 fueron asesinados 67 periodistas, y de éstos 42 lo fueron a partir de 2006; según la Campaña Emblema de Prensa, en 2012 cayeron abatidos al menos 11 periodistas, con lo cual en 12 años los asesinatos suman 78, y de éstos 53 fueron en los últimos seis años. En los dos sexenios panistas, en promedio un periodista fue asesinado cada dos meses.
Pero el actual sexenio no empezó nada bien pues, de acuerdo con Artículo 19, en tres meses se contabilizaron cinco secuestros de trabajadores de los medios, cuatro ataques a instalaciones periodísticas y un comunicador asesinado, sin incluir en dicha cuenta los ataques del pasado jueves 17 al periódico Mural en Guadalajara.
Las evidencias son tan contundentes que si las autoridades estuvieran realmente comprometidas con el Estado de derecho y las garantías al ejercicio periodístico, la libertad de información y de expresión, como pregona en su carta el procurador veracruzano, bastaría la expresión de un temor por parte de los comunicadores para activar los mecanismos de protección de periodistas. Pero, en el caso del gobierno veracruzano, como muestra la carta del procurador, antes de actuar se exige al periodista que presente la denuncia y acompañe sus evidencias. La carga de la prueba y la obligación de investigar son del periodista acosado, no de la autoridad responsable. Con esa lógica, las agresiones contra los comunicadores y los medios se acrecentarán y la democracia languidecerá.
