Reacia a integrar en la Cruzada Nacional contra el Hambre a organizaciones de productores agrícolas y lecheros, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció en cambio la incorporación de trasnacionales como Nestlé, Pepsico y Coca Cola, así como tiendas departamentales al programa inaugural del sexenio. En entrevista, líderes campesinos acusan al gobierno federal de fortalecer un esquema alimentario que en la última década ha favorecido a los supermillonarios del país y ha postrado en la pobreza alimentaria a 28 millones de personas.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, integró al Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre –el programa federal que inició el martes 2– a trasnacionales que considera “socialmente responsables”, como Nestlé, Pepsico y Walmart, señaladas desde hace tiempo por propiciar la pobreza en el campo mexicano.
En los últimos 10 años esas compañías se beneficiaron con más de 3 mil millones de dólares en aranceles no cobrados por concepto de importación y han recibido beneficios de programas federales originalmente destinados al campo.
Convocados para terminar con el hambre en 400 municipios del país donde viven 7.4 de los 28 millones de mexicanos “en pobreza multidimensional y carencia alimentaria” –según los indicadores de la Sedesol–, dichos emporios son los mayores distribuidores de productos chatarra que contribuyeron a incrementar los problemas de nutrición y enfermedades como hipertensión y diabetes, que según la Secretaría de Salud son las principales causas de muerte en el país.
Yazmín Copete Zapot, exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que empresas como Nestlé, Pepsico (Sabritas y Gamesa), Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, Herdez, Jumex, Bachoco, Sukarne y Lala, junto con Cargill y Monsanto, además de beneficiarse con más de 3 mil millones de dólares en aranceles de importación no cobrados en los últimos 10 años, en 2011 recibieron 10 mil 376 millones de pesos del presupuesto federal.
Pero además “en los últimos 25 años destruyeron las bases de la seguridad alimentaria y devastaron la producción de maíz blanco. El consumo de este grano como parte de la dieta de los mexicanos depende de Cargill y Monsanto, organismos que imponen y manipulan el mercado interno de los granos y los productos básicos, teniendo como aliados a Maseca, Minsa, ADN, Bachoco o Bimbo, mientras que el gobierno federal niega subsidios a nuestros campesinos”, denunció Copete en tribuna el pasado 28 de noviembre.
La inclusión de estos emporios en el programa que se perfila como emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto también generó reacciones de organismos internacionales. Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Intereses, recordó que en Brasil, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se introdujeron los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia, pero como Nestlé participó en los programas sucedió que las mujeres habilitadas como guías nutricionales se convirtieron en promotoras de la empresa en lugar de inculcar buenos hábitos alimenticios.
Finalmente Hambre Cero se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron los malos efectos de los productos Nestlé en la nutrición de los niños por sus altos contenidos de azúcar, sal, grasas y aditivos dañinos. Aun así, Lula da Silva aceptó que el gobierno mexicano utilizara su imagen para impulsar su “cruzada”. El 19 y el 20 de abril en la Ciudad de México participará en varios eventos, incluida la creación de un “mural contra el hambre”.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirma en entrevista que las trasnacionales acudieron al llamado de la Sedesol para “expiar” sólo en apariencia sus culpas con “dádivas” a los hambrientos: “Al final de la Cruzada contra el Hambre no van a erogar un solo cinco, ya que gracias a sus fundaciones sus aportaciones serán deducibles de impuestos. Al contrario, a cargo del erario, recibirán publicidad gratis como las grandes benefactoras”.
–¿Si los subsidios que reciben estas grandes empresas se canalizaran a los campesinos habría necesidad de la Cruzada contra el Hambre? –se le plantea.
–Este año el campo tendrá subsidios superiores a 300 mil millones de pesos. Sólo que el problema no es de presupuesto, sino de redistribución de los recursos. En México el presupuesto no se aplica de manera inteligente como para garantizar autosuficiencia en alimentos. Este año, sólo del Programa de Apoyo a la Comercialización que maneja la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) estas empresas recibirán como 6 mil millones de pesos, lo que equivale a 50% de los 12 mil millones que tiene asignados el Procampo.
“El presupuesto tiene que reorientarse a la producción de granos y alimentos estratégicos en la población del sur y el suroeste del país, regiones que concentran a la mayor parte de productores y al mayor número de personas en pobreza alimentaria. El presupuesto, los programas y sus reglas de operación están orientados para beneficiar a los consorcios y a sus productores contratistas del norte y noroeste. Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Jalisco y Guanajuato tienen 70% de los subsidios del campo.”
Por ejemplo, menciona en Sinaloa al dueño de SuKarne, Jesús Vizcarra, quien según la revista Forbes México del pasado 15 de marzo factura más de 2 mil millones de dólares al año. Además, afirma, participan en la concentración de estos beneficios el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y los extitulares de la Sagarpa Francisco Mayorga y Javier Usabiaga, El Rey del Ajo; todos ellos con poder político y económico.
Para Correa es significativa la lista de Forbes con los 35 más ricos del país, ya que 16 de ellos fincan sus fortunas en la explotación de los recursos del campo y, en contraparte, generan pobreza y hambre entre los campesinos.
En una infografía que esa revista tituló Rostros de la riqueza, sólo por debajo de Carlos Slim coloca a Alberto Bailleres González y su familia, con 18 mil 200 millones de dólares. Entre otras empresas, Bailleres es accionista relevante de Femsa-Coca Cola. En el quinto lugar de la lista figuran Eva Gonda Rivera y familia, también accionista de la misma empresa, con 6 mil 600 millones.
En el octavo sitio está la familia Servitje, dueña de Bimbo, con una fortuna de 4 mil 624 millones de dólares.
Los González Novoa, propietarios de Comercial Mexicana, aparecen en el lugar 11, con 2 mil 425 millones; en el 14, con mil 974, está la familia Martín Soberón, de la empresa Soriana; en el 18, Max Michel Suberville, otro accionista de Femsa, con mil 400; en el 20, los Robinson Bours Almada, dueños de Bachoco, con mil 52 millones de dólares.
En el 22, con un caudal de 931 millones, se ubica Alfredo Chedraui Obeso, del centro comercial que lleva su apellido. En el 24, con 674, están Héctor Hernández-Pons y familia, propietarios de Herdez. En el sitio 27 los sigue Ricardo Martín Bringas, de Soriana, con 588 millones.
Los lugares del 29 al 34 de la lista de Forbes México los ocupan los demás hermanos Martín Bringas, con quienes Ricardo comparte acciones de Soriana: Ana María, Carlos Eduardo, Francisco Javier, Juan José, María Teresa y Pedro Luis, cada uno con 560 millones de dólares.
Filantropía y rapiña
El decreto por el que se aprueba la Cruzada contra el Hambre establece en uno de sus apartados que dicho programa servirá para incrementar la producción de alimentos a través del ingreso de los pequeños campesinos y productores agrícolas; minimizará las “pérdidas postcosecha” y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, además de promover la participación comunitaria para erradicar el hambre.
Al respecto, el dirigente campesino Max Correa señala:
–Tendrían que quitar los recursos a los emporios comerciales y a sus contratistas. Todos reciben apoyo para la comercialización, flete y transporte; reciben créditos; compran cobertura de precio subsidiado; tienen mejores tasas de interés por ser clientes preferentes; apoyos para ampliar su sistema de riego; para energía eléctrica y diésel. Mientras que los productores campesinos e indígenas que son dueños de menos de cinco hectáreas sólo tienen las dádivas del Procampo y el hambre.
–¿De qué servirá la cruzada en esas condiciones?
–Si se enfoca con esa visión asistencialista, va a ser un fracaso. La cruzada tiene que hacer una comparación entre la pobreza alimentaria en las ciudades, que es aguda porque no se puede comer asfalto, con la del medio rural, donde cabe alguna alternativa de traspatio, que la Sagarpa dejó de apoyar hace años. A cambio, a través de programas como Oportunidades, la Sedesol distribuye apoyos en efectivo para que la población compre los alimentos de las grandes trasnacionales.
“Antes, los caminos rurales se empleaban para que salieran alimentos producidos de las zonas campesinas; ahora se utilizan para que entren los camiones de Sabritas, Bimbo, Coca Cola o sopas Maruchan y el resto de los productos chatarra. Debido a estas empresas, en el campo, el hambre y la desnutrición se conjugan con la obesidad”.
Además, indica Correa, “si seguimos la pista a Lala, Alpura y Jumex, vemos que son los monopolios que sangran las finanzas públicas”.
Tanto el dirigente de la CCC como Federico Ovalle Vaquera, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); Rocío Miranda, de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), y Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), solicitaron a Rosario Robles que los incluyera en el Consejo de la Cruzada contra el Hambre días antes que este programa se lanzara públicamente. Hasta el viernes 12, al cierre de esta edición, no habían tenido éxito, pero el día anterior la secretaria sumó a los integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Max Correa explica que no es casual que las empresas con actividades filantrópicas, como Bimbo, Maseca, Minsa, Cargill y Monsanto, sean las que fijan el precio del maíz en México; Bachoco se lo impone a los productores de sorgo en Guanajuato y Lala a los forrajeros en la Comarca Lagunera; Nestlé a los productores de las cuencas lecheras de San Luis Potosí, de Hidalgo y del sur y el suroeste de México, pero además acapara la producción de café en Veracruz, donde los campesinos de la Comisión de Productores de Café la acusan de “sacrificar” 136 mil hectáreas de grano nativo por otro más resistente a las condiciones climáticas, en perjuicio de 90 mil familias.
Al consultarlo sobre la eficacia de la Cruzada contra el Hambre para resolver el problema alimentario del país, Álvaro González Muñoz, dirigente de la Asociación de Productores de Leche, responde:
–Muchos centros comerciales tienen su propia marca, como Hipermart, Chedraui, Soriana, Walmart o Nutrileche, la más comercializada. Sólo que engañan a los consumidores con productos que, según la Procuraduría Federal del Consumidor, no es leche.
“Simular leche es una distorsión muy grave, que daña al mercado mexicano. La leche es un valioso activo nacional que el gobierno, en aras de ofrecer producto barato a los consumidores, entrega a los grandes emporios. Hasta las misceláneas adquieren este producto en los centros comerciales y lo venden en sus colonias a 14 o 17 pesos por litro.”
En México la comercialización de este producto es acaparada por cadenas comerciales como Walmart, Soriana, Chedraui y Aurrerá, mientras las industrias que consumen la mayor cantidad de leche, tanto importada como nacional, son Danone, Alpura, Lala y Nestlé.
“Antes –comenta González Muñoz– Nestlé era la única empresa que captaba la leche en aquellas zonas. Hoy han diversificado su captación a prácticamente toda la República. Tenemos el dato de que Nestlé les compra a 30 mil productores. La empresa difunde que compra 80% de la leche nacional a través de 80 empresas formales en todo el país.”
Para abastecer la demanda de leche, México requiere 43 millones de litros diarios y sólo produce 30 millones; tiene que importar 13 millones.
De la producción nacional, Danone compra 5.5 millones de litros al día en Aguascalientes y Jalisco. Lala adquiere 6.5 millones de litros, principalmente en la Comarca Lagunera y estados como Hidalgo y Chihuahua. Sus beneficios son tales que, según Forbes México, Eduardo Tricio Haro, dueño de Lala, puede aparecer pronto en la lista de los 35 más ricos del país. Alpura adquiere 3 millones de litros diarios, principalmente en Querétaro.
Estas empresas compran a precios muy bajos: “En 1998 –compara González Muñoz– a los productores nos pagaban 55% de lo que valía un litro de leche al público, hoy nos pagan 38% o 40%. Esto quiere decir que en 14 años estos emporios han despojado al sector de 150 mil millones de pesos, que equivalen a 6 millones de vacas que dejaron de producir. Esto hubiera sido suficiente para garantizar el mercado interno y aún quedaría para exportar”.
Pero las consecuencias económicas van más allá: sólo quedan 150 mil productores lecheros de los 790 mil que se registraron en el censo de 1991: “Estamos desapareciendo debido a las políticas diseñadas para beneficio de un puñado de grupos poderosos”, dice el dirigente entrevistado.
Los efectos sobre la salud pública no son menos graves: la obesidad se ha incrementado en parte porque en México se consumen al año 124 litros de refresco por persona y sólo 32 de leche.
–¿Nestlé va a donar botecitos de leche de 250 mililitros a los niños? –pregunta la reportera.
–¡Esa es la farsa! Se hacen pasar como bondadosos. Habría que quitarles los privilegios de no pagar impuestos y los subsidios; entonces me gustaría ver que siguieran realizando donaciones.
Raúl Pérez Bedolla, secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste, coincide con Max Correa y Álvaro González:
“Como está planteada, la Cruzada contra el Hambre no es la solución. Hay una crítica fuerte al programa Oportunidades, que da apoyo en efectivo y asistencial a las familias, porque finalmente son dádivas. Ese programa lo inventó Carlos Rojas, era Solidaridad y después Progresa. Se le ha cambiado el nombre, pero de Carlos Rojas a la fecha ha seguido aumentando el número de pobres; por lo tanto, no es la solución al problema de la pobreza.
“No tengo nada en contra de que se le dé apoyo a los viejos del campo, pero vivir del apoyo del gobierno ya lo hicimos 30 años. Si Nestlé quiere dar bolsitas de leche está bien, pero lo fundamental no es eso, sino que se haga una planificación de la vocación que tienen esas zonas marginadas y se apliquen acciones de desarrollo acordes a la vocación de cada microrregión, región o localidad.”
Actualmente, dice, el mayor subsidio lo reciben los grandes agricultores y los empresarios que aparecen en la lista de Forbes: “Es una mafia muy canija”.
De acuerdo con un análisis de Rocío Miranda Pérez, presidenta de la UFIC, el país tiene 52 millones de pobres, 28 millones de los cuales se encuentran en pobreza alimentaria, y de esta última cifra 12.2 millones viven en zonas rurales, o sea que seis de cada 10 de esas personas residen en el campo.
Para agravar la situación, la tasa de desempleo es de 4.51%, mientras que el índice de subocupación es de 29.35%. Las oportunidades de estudio y de trabajo le están negadas a 7.5 millones de jóvenes.
Miranda Pérez explica que en 2012 México importó 40% de los alimentos que consumió la población, con un valor de 26 mil 500 millones de dólares: 70% de arroz, 35% de maíz, 40% de sorgo, 50% del trigo y 96% de la soya. Afirma que esta situación continuará mientras no se apliquen programas con capital de semilla para poner piso productivo y sacar de la pobreza alimentaria a las familias rurales.
“La única forma de disminuir este índice de importación es fijar la atención en los 3.5 millones de pequeños y medianos productores que pueden recuperar la soberanía alimentaria”, señala el análisis.
Por lo pronto, 70% de los campesinos no tienen acceso a la canasta básica porque en los últimos 10 años su precio se incrementó en 400%, mientras que el salario mínimo mensual subió siete pesos.
Los entrevistados coinciden en que la generación de 28 millones de personas que viven en “pobreza multidimensional” –según la clasificación de la Sedesol– está claramente relacionada con el aumento de las fortunas de los supermillonarios enlistados en Forbes, en su mayoría ligados a la producción y comercialización de productos alimenticios, muchos de esos productos chatarra que inundan los 400 municipios prioritarios de la Cruzada contra el Hambre.
