El gobierno de Enrique Peña Nieto ha tenido una relación ambigua con las víctimas. Por un lado, las ha reconocido y, con la Ley General de Víctimas, ha tomado el camino de asumir la deuda que el Estado tiene con ellas. Por el otro, quiere borrar las miles que en su gobierno se han producido y cuyo número es tan grande o mayor que el que se produjo al final de la administración de Felipe Calderón. Hay estados, incluso, como el de Morelos, en donde la tentación de no tomarlas en cuenta, para no mancharse con ellas, quiere volver al mismo discurso con el que la administración de Calderón las borró y las despreció: “Es un ajuste de cuentas”, un sinónimo de “Se están matando entre ellos” y una afirmación de que el Estado comienza a abdicar nuevamente de su responsabilidad frente a las víctimas y frente al crimen.
Esta es la temperatura que dos años después de aparecido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) estamos viviendo. Por un lado, el reconocimiento de las víctimas que no encuentran todavía justicia (no hemos visto a verdaderos criminales sentenciados; no hemos visto aparecer uno solo de los desaparecidos de la inmensa lista que reveló la Secretaría de Gobernación; no hemos visto tampoco la creación ni de protocolos ni de laboratorios científicos de ADN ni de arqueólogos forenses que nos permitan abrigar una esperanza). Por el otro, la acumulación en lo que va de esta administración de más víctimas, cuya existencia no se quiere tomar en cuenta.
Por ello, es simbólico –siempre hay que atender la presencia de los símbolos– que el segundo aniversario del MPJD haya caído en jueves santo. Esa fecha atroz, que conmemora la aprehensión de un inocente y la agonía que lo llevaría a la tortura y a la ejecución, coincidió, dos mil años después, con la conmemoración del segundo aniversario de una agonía, una tortura y una ejecución semejante de siete inocentes en Morelos, cuyo asesinato nombró la inocencia de miles de otros que como ellos fueron asesinados o desaparecidos y de otros miles que siguen muriendo y desapareciendo en nuestro país sin encontrar justicia.
Ambas conmemoraciones no son un simple acto de memoria. Son una repetición real y concreta de esos hechos. Conmemorar es traer al presente, con todo su peso de realidad, lo que un día sucedió y sigue sucediendo. En estos casos, el dolor y el clamor de la inocencia asesinada: “¿Por qué me has abandonado?”. De allí lo doloroso de la memoria. De allí la deuda que en ella tenemos con la inocencia que abandonamos a su soledad y a su terror. De allí también algo más que no tenemos derecho a olvidar.
En aquella noche del jueves, aquel inocente llamado Jesús, de cara al mismo destino que una noche como esa aguardaba a siete inocentes en una encrucijada de Morelos, rodeado de oscuridad y de terror, miró a sus compañeros dormidos y, acercándose a ellos bajo el silencio del mundo, los despertó y les dijo que no había que dormir sino velar hasta el final de los tiempos.
Si es verdad, como decía Albert Camus, “que olvidar es abandonarse un poco al sueño”, el deber de este aniversario es continuar llamándonos y llamando a las nuevas administraciones del Estado a no dormir, a velar, a negarnos a quitar los ojos de esta amarga realidad que nos aplasta. Sólo a través de ese amor y esa fidelidad a los que nos han matado, a los que desaparecidos aún no encontramos, a los que en este momento están siendo asesinados o desaparecidos, es posible construir un camino hacia la justicia y la paz.
Asumir la deuda con las víctimas, como lo han hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto y otras nuevas administraciones, como la de Morelos, es un buen paso, pero no basta si borran la existencia de las víctimas que en sus administraciones siguen acumulándose de manera aterradora y si no realizan en los actos la justicia y la memoria que continúan debiéndoles a cada una de ellas.
Mientras no veamos aplicarse la Ley General de Víctimas, es decir, mientras no veamos la justica; mientras no empecemos a ver de regreso a casa a los desaparecidos, mientras un solo ser humano esté amenazado y siga muriendo, desapareciendo o siendo corrompido por el crimen, mientras no tengamos una memoria clara de las víctimas, mientras no hay un verdadero cambio de estrategia en la seguridad, tenemos el deber de mantenernos vigilantes y exigentes.
La única grandeza de un Estado y de una ciudadanía es luchar contra aquello que los aplasta. Por ello, en este segundo aniversario del MPJD, exigimos a los gobiernos de esta nueva administración no vivir de intenciones ambiguas, sino de esa grandeza exigente que es la única con la que se enfrentan las grandes tragedias. No es prometiendo a las víctimas del pasado y negando a las víctimas del presente como se construyen la paz y la justicia, sino asumiendo la realidad tal y como es, y cumpliendo con actos claros, profundos y del tamaño y la contundencia de nuestra tragedia humanitaria. Sólo así será posible salvar la justicia y contribuir a la paz. Lo otro es continuar, de otra manera, alimentando y administrando el infierno que se volverá cada vez más hondo, más profundo y más terrible.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
