Una investigación de las autoridades de Colombia contra la operadora financiera Interbolsa –que llegó a manejar la tercera parte de las transacciones de la Bolsa de Valores de ese país– arroja “serios indicios” de que lavaba dinero de cárteles internacionales. Entre esas organizaciones delictivas figuran las que encabezan Daniel El Loco Barrera y Joaquín El Chapo Guzmán, en complicidad con la élite empresarial colombiana.
BOGOTÁ.- Las autoridades de Colombia investigan las actividades delictivas de Joaquín El Chapo Guzmán en este país y se enfocan en dos rubros: el narcotráfico y el lavado de dinero.
De acuerdo con una investigación en curso de la Fiscalía General de la Nación y de autoridades estadunidenses, hay elementos para presumir que El Chapo está involucrado en una operación de lavado de dinero que señala hacia Interbolsa, grupo financiero que hasta hace pocos meses era el mayor operador bursátil de Colombia.
Actualmente esta compañía se halla intervenida por el gobierno y en proceso de liquidación por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos manipulación de acciones, abuso de confianza, evasión fiscal, estafa agravada y lavado de dinero.
“Nosotros creemos que hay serios indicios para pensar que a través de Interbolsa se lavaba dinero”, dice a Proceso el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo. Más específicamente, explica, la fiscalía busca determinar si los cárteles de la droga lavaron activos por medio de dicha empresa y si en esas transacciones estuvieron involucrados capos del narcotráfico como El Chapo y Daniel El Loco Barrera. Este último, colombiano, está detenido con fines de extradición a Estados Unidos y en el pasado fue socio de Guzmán.
El caso de Interbolsa constituye el mayor escándalo bursátil en la historia de Colombia y existe la posibilidad de que en su cartera de 21 mil 546 clientes –quienes sufrieron pérdidas de entre 200 y 500 millones de dólares– figuren testaferros de varios narcotraficantes, además de Barrera y Guzmán.
Un personaje clave para establecer los vínculos de Interbolsa con los cárteles de la droga es Carlos Leyton Sinisterra, excorredor bursátil colombiano que fue directivo de Intervalores y Proyectar Valores, propiedad de accionistas de Interbolsa.
Leyton fue capturado por petición de Estados Unidos el pasado 9 de noviembre en esta capital, bajo los cargos de lavado de activos de cárteles del narcotráfico mexicanos y colombianos.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó el pasado 13 de marzo la extradición de Leyton Sinisterra a Estados Unidos al considerarlo responsable de “un plan de lavado de dinero” mediante el cual transfirió a Colombia “cientos de miles de dólares estadunidenses derivados de ingresos de narcóticos desde Estados Unidos o México”, establece la resolución del máximo tribunal del país.
El representante (diputado) Simón Gaviria, quien conduce una investigación del Congreso sobre el descalabro de Interbolsa, dice en entrevista que Leyton Sinisterra “era fundamental en el lavado de activos de las operaciones del Chapo Guzmán, pero posiblemente también de otros grupos al margen de la ley”, por lo que el 27 de marzo solicitó por escrito al Ministerio de Justicia y a la fiscalía que detuvieran su extradición –que para concretarse debe ser autorizada por el presidente Juan Manuel Santos– en tanto no se esclarezca si en Interbolsa se lavaron activos de dichos cárteles.
“A Leyton se le detiene por sus vínculos con El Chapo Guzmán y su estructura en México, y teniendo en cuenta que él trabajó en una firma vinculada a Interbolsa y a sus dueños, nos parece sano y fundamental indagar sobre estos hechos”, recalca Gaviria, quien preside el cogobernante Partido Liberal.
Leyton Sinisterra es señalado por las autoridades estadunidenses como articulador de una red de lavado de activos que operaba con varios comisionistas de bolsa, entre ellos Fany Esperanza Gil Vivas –ejecutiva de cuenta en Intervalores y Proyectar Valores–, Juliana Rubio Isaza, Margarita Salinas Forero, Juan Alberto Charria Martínez, Héctor Álvaro Martínez Rujana, Hugo Sighinolfi Encinales, Daniel Bernal Colmenares, Manuel Alfonso Madero Luzardo y Luis Glicerio Figueroa Jaramillo.
Según el pliego de cargos emitido por un tribunal federal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, en el que se basa la solicitud de extradición de Leyton Sinisterra, tanto éste como Gil Vivas y sus cómplices “utilizaron cuentas bancarias estadunidenses, un negocio en el estado de la Florida (Logistical Engineering) y expedientes comerciales falsos a fin de obtener permiso del gobierno colombiano para recibir dólares estadunidenses en una cuenta en Intervalores, S.A., una empresa comisionista de bolsa colombiana”.
Los directivos del grupo encabezado por Leyton Sinisterra ignoraban que Logistical Engineering, Inc., era una empresa de fachada creada por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y controlada por el agente especial Kurt Evan Hartwell, quien entre 2004 y 2011 documentó las actividades criminales de la red delictiva.
Los involucrados en la operación de lavado de dinero, la mayoría de ellos ya extraditados a Estados Unidos y que en algunos casos colaboran con las autoridades judiciales de ese país, realizaban transferencias desde casas de cambio de México a Estados Unidos. Leyton Sinisterra y su asistente Gil Vivas giraban las órdenes de pago bancarias para trasladar esos recursos a Colombia y “lavarlos” en el sistema bursátil local. Las transacciones eran justificadas como pagos de asesorías en ingeniería a la empresa Logistical Engineering, controlada en Florida por el agente del IRS.
El expediente entregado por las autoridades estadunidenses al gobierno de Colombia para fundamentar las solicitudes de extradición de 11 de los involucrados le formula a cada uno de ellos cargos por “concierto para delinquir agravado” y “lavado de activos”, ya que “fue el propósito y el objeto de este concierto trasladar a Colombia moneda estadunidense que constituía el producto de ventas de estupefacientes ilícitos de Estados Unidos y México, sin que las detectaran ni confiscaran las entidades del orden público”.
Glicerio, “El Pato” y “El Loco”
Según la investigación encubierta de Hartwell, el agente del IRS, el principal operador de la red en México fue el ciudadano colombiano Luis Glicerio Figueroa Jaramillo, conocido con los alias de Gonzalo Figueroa o Gonzalo Jaramillo.
Tan sólo entre noviembre de 2007 y junio de 2008 este sujeto realizó nueve transferencias por un total de 699 mil 705 dólares desde casas de cambio mexicanas a la cuenta bancaria de Logistical Engineering en Florida.
El 6 de junio de 2012, en un documento que valida la extradición de Figueroa Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia señaló que el acusado “dirigió una serie de transferencias cablegráficas desde México y otros lugares (incluyendo Suiza) y la consignación de las utilidades provenientes de la venta ilegal de narcóticos realizada en Nueva York y Puerto Rico a la cuenta de un negocio encubierto (Logistical Engineering), que fue utilizado para disfrazar la transferencia de más de 4 millones de dólares estadunidenses de utilidades provenientes de la venta de narcóticos, desde Florida a Colombia”.
Madero Luzardo, otro de los implicados en esas operaciones y a quien se le conoce en el mundo bursátil colombiano como El Pato, es señalado en el expediente 09-20941 CR-LENARD del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida como el principal cómplice de Leyton Sinisterra en el envío de recursos desde Estados Unidos a Colombia.
Madero Luzardo y Figueroa Jaramillo fueron extraditados a Estados Unidos en agosto pasado y ambos están en espera del juicio en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida junto con otros siete colombianos que presuntamente participaron en la red de lavado de dinero.
El presidente Santos aún no ha firmado la extradición de Leyton Sinisterra. El vicefiscal Perdomo explicó que la acusación contra el excomisionista bursátil “obedece a unos nexos que Estados Unidos identificó con el lavado de dinero de cárteles mexicanos, pero si éstos tienen que ver o han influido en el tema de Interbolsa, es algo que todavía estamos valorando”.
De acuerdo con el pliego de cargos en su contra, Leyton participó en el lavado de unos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos cuando fue gerente de mercadeo de Proyectar Valores, entre 2007 y 2008. Después de que el gobierno intervino esa firma en 2011 por violar la regulación financiera, hasta el momento de su detención fue gerente de carteras colectivas de Ultrabursátiles, otra corredora de acciones cuyos socios están vinculados a Interbolsa.
“Es mucha coincidencia y motiva todo tipo de suspicacias. Interbolsa era una maraña de sociedades que se cruzaban entre sí, pero en las que siempre aparecen como accionistas las mismas personas”, señala el representante Gaviria.
Interbolsa, que llegó a manejar la tercera parte de las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) –unos 4 mil 900 millones de dólares al mes–, fue intervenida por la Superintendencia Financiera el pasado 2 de noviembre ante los indicios de insolvencia y de manipulación del mercado bursátil para favorecer títulos de empresas en las que participaban sus socios.
Leyton Sinisterra fue capturado el 9 de noviembre. Cinco días después, El Loco Barrera arribó a Bogotá extraditado desde Venezuela, donde fue detenido en septiembre anterior después de meses de seguimiento por parte de la DEA, la CIA, los servicios de inteligencia del Reino Unido y las policías colombiana y venezolana. El Loco fue el narcotraficante más buscado del país durante los últimos años; el presidente Santos lo consideró como “el último gran capo” colombiano.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia indican que Barrera –socio del Chapo Guzmán que después se convirtió en su rival– llegó a manejar 40% de las “exportaciones” de cocaína producida en Colombia y a lo largo de su carrera delictiva traficó hacia el extranjero unas 900 toneladas de esa droga, cantidad que en el mercado negro al mayoreo de Estados Unidos tendría un valor estimado de 22 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 29% de la deuda externa colombiana.
El expiloto de Barrera y actual testigo protegido de la DEA en Estados Unidos, Jorge Mauricio Herrera Bernal, declaró que él transportó dinero de El Loco y de su socio Jaime Alberto Marín para blanquearlo en Interbolsa.
De acuerdo con su testimonio, las transacciones de lavado de dinero del narcotraficante se planificaban en un departamento dentro de un lujoso conjunto habitacional del norte de Bogotá, adonde acudía la corredora de Interbolsa Claudia Ibarbo. Herrera Bernal aseguró que algunas operaciones de blanqueo se realizaban desde Panamá, donde Interbolsa tiene una filial.
“Cártel financiero”
Interbolsa contaba con filiales no sólo en Panamá, sino en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas y en tres países más: Estados Unidos, Brasil y Luxemburgo. En Curazao, la firma manejaba un Fondo Premium a través del cual se canalizaron decenas de millones de dólares a la BVC para “inflar” títulos como los de la textilera Fabricato, que obtuvo un rendimiento bursátil de 214.1% en 2011 a pesar de que la compañía –que tenía como accionistas a los socios de Interbolsa– registró pérdidas operacionales.
“Operaron como un verdadero cártel financiero. Estamos hablando de autopréstamos, operaciones cruzadas entre sus empresas, uso del dinero de sus clientes para apalancar sus propias posiciones (bursátiles) por medio de transacciones repo (préstamos respaldados por acciones) que excedieron todos los límites. Estamos hablando también de lavado de activos e incluso de relación con el narcotráfico. Esto es algo muy grave”, afirma en la entrevista el representante Gaviria, economista por la Universidad de Pennsylvania e hijo del expresidente César Gaviria.
Las irregularidades llegaron a tal punto que a la corredora bursátil y a su intrincada red de filiales y empresas asociadas les resultó insostenible mantener la burbuja financiera que habían creado y comenzaron a tener problemas de liquidez. Cuando las autoridades intervinieron, el daño estaba hecho y los clientes de la comisionista –que hacen esfuerzos desesperados por recuperar sus fondos, excepto en los casos en que ese dinero proviene de algún ilícito– están condenados a pagar los platos rotos: entre 200 y 500 millones de dólares, según estimaciones de los interventores oficiales que ejecutan la liquidación del Grupo Interbolsa.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía general, los principales responsables en la debacle de Interbolsa son el destituido presidente y socio de la firma, Rodrigo Jaramillo; su hijo, Tomás Jaramillo Botero, creador del Fondo Premium; el principal accionista de la firma, Víctor Maldonado; el estratega financiero Juan Carlos Ortiz; el exvicepresidente del grupo, Jorge Arabia; los operadores del Fondo Premium, Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado; el presidente de la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) de Interbolsa, Mauricio Infante, y el inversionista de origen italiano Alessandro Corridori, quien ejecutó la manipulación de acciones de Fabricato.
Todos ellos eran rostros conocidos para los lectores de las revistas de sociales y la mayoría son miembros prominentes de la élite económica colombiana. Rodrigo Jaramillo solía viajar en un jet ejecutivo Falcon y tiene un lujoso departamento en Key Biscayne, Florida. Su hijo Tomás es coleccionista de arte.
Al respecto, el director de Investigaciones Económicas de la comisionista bursátil Correval, Daniel Velandia, dice a Proceso que si bien el sistema financiero colombiano “está bien resguardado de operaciones de lavado de activos, por la incidencia que hemos tenido en el país del narcotráfico, obviamente no faltan quienes son expertos en tratar de eludir o dar la vuelta a la regulación; eso es algo que nunca puede descartarse por completo”.
El vicefiscal Perdomo explica que el equipo de 52 fiscales e investigadores destinados al caso Interbolsa está enfocado en el análisis de 28 discos duros y de la documentación que se lograron requisar en la sede del emporio financiero, ahora bajo ocupación judicial.
“Tenemos trabajando en este caso peritos de la policía judicial, economistas, contadores, administradores e ingenieros de sistema que primero están valorando la información que se ha recaudado hasta ahora. También hemos obtenido datos que han sido recabados por otras instituciones del Estado, como la División de Impuestos Nacionales y la Superintendencia Financiera. Ya nos han entregado unos informes parciales los agentes de la policía judicial que están haciendo una valoración de esos datos”, agrega el funcionario.
Según la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, en este país se lavan cada año unos 10 mil millones de dólares, cifra equivalente a 2.87% del Producto Interno Bruto de 2012, y de ese monto las autoridades judiciales sólo consiguen detectar e interceptar mil 500 millones de dólares, el resto ingresa al circuito económico.
Para el representante Simón Gaviria la importancia de establecer si los propietarios, socios, directivos y ejecutivos de Interbolsa incurrieron en lavado de dinero radica en que “si este delito se tipifica, puede haber penas de hasta 20 años de prisión y extinción de dominio (incautación de bienes), mientras que para los delitos financieros la pena máxima está en torno a los seis años y, con beneficios, puede llegar a la mitad”.
