Hace unas semanas la reforma constitucional en materia de transparencia parecía un tren sin frenos que amenazaba con arrollar todo lo que se le pusiera enfrente. Hechos ajenos a ese infeliz propósito legislativo hicieron que el tren se descarrilara. Ahora se encuentra en proceso de reparación, acaso con la posibilidad de que se modifiquen algunas de sus más lamentables expresiones. Veamos.
Primero. En este contexto el desencuentro que tuvo lugar en el IFAI con motivo del nombramiento de su nuevo presidente ha venido a replantear las cosas. No se crea, por favor, que esto sucede por motivos democráticos –eso no pasa en nuestra clase política. Tres aspectos hay que considerar: a) en el proceso de designación de su titular, el IFAI cumplió con el proceso legal establecido en su propia normatividad; b) el comisionado Ángel Trinidad Saldívar ejerció, con el apoyo de lo previsto en el artículo 6º constitucional, su derecho a manifestar lo que a su juicio pasa dentro del IFAI, y c) los cinco comisionados fueron no objetados, y uno fue expresamente ratificado por el Senado de la República para cumplir con sus funciones. Los dos primeros hechos han querido presentarse como instrumentos para golpear al IFAI en sus líneas de flotación por toda suerte de resentidos, buscadores de empleo y sucedáneos, quienes anteponen sus intereses personales y no los del derecho a saber. Una visión de largo aliento debería privilegiar que sus actuales comisionados permanezcan en sus labores. Sus resoluciones, su origen político y su experiencia permiten que hoy haya contrapesos con el gobierno del PRI.
Segundo. La transparencia a lo largo y a lo ancho del país, en sus acepciones de acceso a la información y la que supone que el gobierno está obligado a hacer pública la información de la que dispone, es más bien una apariencia: no hay actualización de datos; existe información que induce al error, sobre todo en materia de sueldos; no hay nada o muy poco en lo que atañe a compras de gobierno (no se cuenta con datos de licitaciones ni mucho menos con contratos desglosados de asignación); casi no se encuentran manuales de organización ni currículos mínimamente desglosados para que la sociedad pueda conocer si hay correspondencia entre los perfiles de puestos y quienes los ocupan. Y así se puede enumerar un largo etcétera. Por lo que se refiere a las solicitudes de información, las respuestas de la simulación siguen ampliándose: a) es inexistente; b) no se entiende su solicitud, hágala de nuevo; c) no se cuenta con información como la que se solicitó; d) hay acceso al lugar donde está la información, pero no se pueden tomar fotografías, modalidad esta última con los atentos saludos del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y así la lista puede ampliarse cada día más.
Tercero. Los órganos garantes de transparencia que se pensó que iban a hacer la diferencia para ampliar el derecho a saber no han cumplido su cometido, en casi todos los casos, por tres razones: a) incidencia y acuerdo entre partidos y consejeros, comisionados o vocales que abren o cierran información por consideraciones ajenas a derecho; b) perfiles cada vez más ínfimos de los comisionados, quienes no tienen prestigio alguno que perder y, por el contrario, un ánimo presto a mostrar la mayor obsecuencia a sus empleadores reales para no quedarse sin empleo después de su encomienda. Esto ha generado que, en consecuencia, quienes tienen algún capital meritocrático hayan decidido alejarse de ese juego para no legitimar procesos o ser objeto de cartas de negociación política; c) distanciamiento cada vez más pronunciado entre el perfil deseable y lo que existe en el mercado de trabajo para desempeñar esos cargos. Esto ha impactado negativamente en el derecho a saber. ¿Quién en su sano juicio cree que estas personas podrían tener, en casi todos los casos, incentivos para cumplir y hacer cumplir la ley?
Cuarto. Los órganos garantes de la transparencia se han convertido, en su mayor parte, en espacios donde los conflictos de interés y las incompatibilidades gozan de cabal salud. En efecto, no son excepcionales los casos en los que parientes, amigos y subordinados de comisionados, consejeros o vocales son titulares de las unidades de enlace, o como se denominen en cada entidad federativa, de los sujetos obligados a informar, a cambio de ser “sensibles” al momento de resolver recursos o, de plano, redactar los acuerdos del propio sujeto obligado. En el mismo sentido, hay comisionados o consejeros que “saltan” a cargos dentro de los propios sujetos obligados que el órgano garante al que pertenecen. Es por las razones anteriores que deben establecerse claramente las figuras de conflicto de interés e incompatibilidades para generar candados para minimizar estas conductas que hoy se practican sin que nadie diga nada por ignorancia o interés. Falta mucho por hacer, hay que empezar aunque sea poco a poco para que la transparencia se traduzca en cada vez más casos en una realidad concreta.
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