Aunque el fiscal general Luis Carlos Nájera anunció como un gran avance que ya cuenta con las cartas compromiso de los 125 municipios para que sus corporaciones operen bajo el mando único estatal, especialistas en seguridad advierten que eso no basta. Primero, dicen, es necesario acabar con la desigualdad de condiciones laborales entre las diferentes policías, darles mayor capacitación, aplicar a todos exámenes de confianza, sustentar jurídicamente la figura del mando único mediante reformas a la ley… y acabar con los inaceptables niveles de impunidad.
En medio del aumento de crímenes de alto impacto –y con el homicidio de Jesús Gallegos, que vulneró el primer círculo del nuevo gobierno–, el mando único policial que pretende implantar Jorge Aristóteles Sandoval deberá realizarse con perfecta coordinación para evitar el caos en la operatividad de los cuerpos de seguridad, advierten expertos consultados por este semanario.
Según las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre enero y febrero pasados se registraron 288 homicidios, casi cinco crímenes por día, 60% más que en Nuevo León en el mismo periodo.
El 26 de marzo, el responsable de la recién creada Fiscalía General, Luis Carlos Nájera, informó que los 125 ayuntamientos de Jalisco ya firmaron las cartas compromiso para dejar en manos del gobierno del estado la operatividad de sus corporaciones y que el proyecto puede empezar a operar en las próximas semanas.
El funcionario explicó que primero se conformarán la Fuerza Única Metropolitana y la Fuerza Única Regional, y a partir de ellas se estructurará el mando único contra la delincuencia común. Aclaró que esto se hará “mediante la creación de estos grupos mixtos y con una mejor capacitación policial en donde se conjunte la versión (policía estatal y municipal), con inteligencia y dentro de un marco irrestricto a los derechos humanos”.
Arturo Villarreal Palos, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, informa en entrevista que la iniciativa incluye la conformación de 20 bases regionales. Añade que en estados como Morelos ya se aplica esta modalidad, pero “en Jalisco aún no se conoce qué tipo de mando único se quiere ejecutar”.
En su opinión, en medio de la inseguridad que impera en el país una iniciativa como esta “es positiva”, pero todavía no se da a conocer de forma detallada.
“La unificación del mando y el aumento de los efectivos disponibles implica una gran ventaja en el combate a la delincuencia. En Jalisco hay 18 mil policías: en los municipios del interior se habla de cerca de 4 mil 400, y de más de 7 mil en la zona metropolitana. Hay que sumar a más 2 mil 200 agentes viales y 2 mil 200 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y cerca de otros 2 mil ministeriales.”
Aunque esa cifra es menor a la mínima que recomienda la ONU, “ya es una suma importante que vele por todo Jalisco y no sólo por determinados municipios. No es lo mismo tener 125 visiones de lo que debe ser la policía, que tener una sola”, argumenta el académico.
A su vez Dante Haro, especialista en seguridad, afirma que el Poder Legislativo federal y estatal tendrá que reformar los artículos 115 y 51 de la Constitución en el apartado de la seguridad que brinda el municipio, a fin de adaptarlos al nuevo esquema que promueven la federación y los estados.
“Estamos hablando de una función concurrente, en la cual participan la federación, los estados y los municipios. Mientras no se den las modificaciones necesarias, debemos atenernos a la buena voluntad de todos en esa propuesta de colaboración, y es obvio que con el paso que se ha dado (en Jalisco) se están brincando” ese aspecto jurídico, vital para garantizar el éxito operativo de los cambios.
Un municipio que firma la carta compromiso, pero después dice que no le conviene o que no está de acuerdo, “constitucionalmente tendrá las facultades para hacerse a un lado”, advierte Haro.
Entre otros problemas iniciales, el investigador menciona que “hay grandes desigualdades en el número de elementos de cada corporación, el equipo, los sueldos, la capacitación. En todo ello se tendrá que trabajar de manera urgente para homologar salario, criterios, capacidades y equipo, entre otras condiciones”. El primer paso, afirma, es la unificación real y luego se pondrá a prueba la operatividad.
Luis Carlos Nájera ha señalado que cuando menos 35 municipios jaliscienses cuentan con alrededor de 20 agentes, mientras que seis ayuntamientos en la zona metropolitana cuentan con más de 3 mil efectivos en total.
En opinión de Haro, es urgente blindar los municipios considerados focos rojos en seguridad, particularmente las limítrofes con Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Colima. También es necesario aplicar los exámenes de confianza a todos los integrantes de todas las corporaciones.
En cuanto a la posibilidad de endurecer las penas contra criminales de alta peligrosidad, Haro –igual que Villarreal, entrevistado aparte– advierte que aun la cadena perpetua sirve de poco si no se resuelve el grave problema de la impunidad, que determina la falta de confianza en el sistema judicial:
“Sólo 20% de los delitos son denunciados. Eso significa que dos de cada 10 son los que se denuncian y ocho no; eso demuestra el alto nivel de la desconfianza, que supera el 80% de impunidad. Pero aun dentro de los que sí se denuncian, se comprueba que de todos ellos sólo 2% son castigados. Entonces hablamos de un nivel de impunidad de 98%. En ese escenario, de poco sirven penas más severas si se registran esos graves niveles de impunidad.”
Estado vulnerable
Para el abogado constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso, también catedrático de la UdeG, las reformas planteadas y la propuesta del mando único policiaco son respuestas necesarias pero tardías ante la ola de violencia que sacude al estado y al país.
Agrega que la integración de las bases regionales y la designación del mando único ayudarán a combatir a las bandas delictivas, aunque advierte: “El fiscal general deberá establecer las bases regionales en ciudades medias, preparadas para brindar apoyo de inmediato en los municipios que lo requieran. Aquí es donde resulta urgente contratar y capacitar a efectivos que respondan como policías de élite”.
Para conseguirlo, dice, se requiere de personal de nuevo perfil. “No se puede improvisar y responder exclusivamente con lo que ya se tiene; se necesitan policías jóvenes, con capacitación especial y moderno adiestramiento, con equipo de nueva tecnología. Por desgracia, hoy un gendarme de línea ronda los 40 años, hay muchos obesos, fuera de forma y hasta enfermos. En esas condiciones son vulnerables ante las bandas del crimen organizado, cuyos integrantes tienen una edad promedio de 20 años”.
Hace meses Jiménez Reynoso llamó la atención sobre el riesgo de que la delincuencia organizada alcanzara al primer círculo del gobierno estatal, lo que “por desgracia se cumplió con el crimen cometido en contra Jesús Gallegos, quien apenas había cumplido ocho días al frente de la secretaría de Turismo” el 9 de marzo, cuando fue acribillado en Colinas de San Javier. “Lo advertimos en una de las entrevistadas con Proceso Jalisco. Desde la administración de Emilio González había indicios claros y condiciones de riesgo; se observaba que el crimen organizado podía tocar al primer círculo del gobierno”.
Ese crimen sienta un precedente negativo de la vulnerabilidad de los funcionarios. “Esto no quiere decir que sea el primero y el último. Esperemos que no se repita un hecho tan lamentable en nuestra entidad, pero el riesgo existe y si eso les pasa a los que nos gobiernan, es tiempo de preguntarse a qué se expone el ciudadano común”, dice el académico.
El 26 de marzo se supo que la Fiscalía General arraigó a un exmilitar presuntamente relacionado con el homicidio de Gallegos, pero Luis Carlos Nájera insistió en que los avances se mantienen en sigilo para proteger la investigación.
Por otra parte, la inseguridad continúa. La semana anterior fue reportado como desaparecido Candelario Herminio Domínguez, quien fuera escolta del entonces gobernador Emilio González Márquez. La camioneta Dodge Ram modelo 2012, propiedad del gobierno del estado, se localizó totalmente calcinada a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara.
Esa misma semana se registró un ataque contra agentes de la Policía Investigadora cuando realizaban una indagatoria en la colonia Del Fresno, sobre el cruce de Lázaro Cárdenas y Cedro. Los agresores iban en una Ford Lobo plateada con placas JR-29764 de Jalisco. Se detuvo a un sospechoso.
