En un hecho revelador del ánimo con que el PRI volvió al poder y de la fuerza del Grupo UdeG, el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, ordenó a la policía desalojar un terreno que está en litigio porque se expropió irregularmente y los ejidatarios no recibieron ni un peso de la indemnización. Pero se trataba de una donación para la UdeG, ya envuelta para regalo y con los atentos saludos de Arana para Raúl Padilla, así que los policías dispararon…
El alcalde priista de Tonalá, Jorge Arana Arana, reprimió a los ejidatarios que se oponían a que donara un terreno para que la Universidad de Guadalajara construya el Centro Universitario de Tonalá (CUT), en el oriente de la zona metropolitana. Al menos cinco familias del ejido de San José de Tateposco, desalojadas con violencia por la policía municipal el pasado 20 de marzo, viven en la incertidumbre y reclaman su derecho a un pago digno por sus tierras.
Aunque Arana aseguró el 23 de marzo, durante la colocación de la primera piedra del CUT, que la policía sólo resguardaba los materiales y que “los únicos agresores eran los ejidatarios”, un video realizado por vecinos muestra otra realidad: en el predio de la familia Ventura está una patrulla municipal; los ejidatarios se empiezan a replegar ante la presión policiaca, pero los policías empiezan a dispararles a los pies y al aire. Unos opositores corren y los uniformados los persiguen.
Rosalba Navarro Toscano recuerda cómo los insultaban: “Nos decían ignorantes, indias patas rajadas”. Después pasaron a los golpes. Rosalba se presentó con su hija Anahí para apoyar a su esposo, Joel Ventura Hernández, hijo a su vez del ejidatario Simón Ventura Ravelero. Éste y su hermano José Guadalupe poseen parte de los terrenos que el municipio “compró” a Antonio Durán Ramos.
Aunque Durán Ramos y Eusebio Salazar Pajarito ni siquiera son ejidatarios, se ostentaron como presidente y secretario del comisariado ejidal, respectivamente, para vender en 117 millones de pesos una extensión de 61.6 hectáreas al ayuntamiento de Tonalá.
De esa forma, el municipio tonalteca se endeudó por 15 años en una compraventa irregular para que la UdeG construya el CUT en 10 de las 61.6 hectáreas donadas, y el resto lo destine a espacios turísticos, culturales comerciales y habitacionales (Proceso Jalisco 320).
Desde el 16 de noviembre de 2010 los ejidatarios Fernando Ventura Durán, Rafael Pajarito Antón y Ascención Pajarito Ravelero, junto con su abogado José Enrique Velázquez, le entregaron al entonces presidente municipal Juan Antonio Mateos –también priista– una carta para advertirle que Antonio Durán y Eusebio Salazar legalmente no son ejidatarios, pues así lo resolvió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 (expediente 142/2001), por lo que era nula la asamblea general donde se aprobó vender los predios al municipio.
Aun así, el 11 de diciembre siguiente el ayuntamiento en pleno aprobó la donación del terreno a la UdeG, con el voto en contra del regidor del PT Mayo Ramírez, quien cuestionó que el municipio se endeudara para que la UdeG hiciera negocios.
Un plano que data de 1938, cuya copia tiene este semanario, muestra que gran parte de las 61 hectáreas pertenecen a una zona federal, por tratarse de dos presas: Las Rusias y El Cajón.
En el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2012 se publicó un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón, en el que se autorizó expropiar por causa de utilidad pública una superficie de 48.1 hectáreas (de temporal y de uso común), no las 61.6 –13.5 más– que efectivamente se expropiaron.
En el mismo decreto se establece que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó que la indemnización número 02-11-1018, del 7 de noviembre de 2011, debía consistir en 2 millones 431 mil 78 pesos por hectárea, por lo que el monto por las 48.1 hectáreas debía ser de 116 millones 950 mil 654 pesos. Esa cantidad se pagó, pero por las 61.6 hectáreas.
La represión
Rosalba Navarro recuerda el día de la trifulca: “Yo vine porque mi esposo estaba cuidando los terrenos de mi suegro. Nos mandaron hablar para que colocáramos una valla de mujeres, a ver si los policías nos respetaban un poquito. También se pusieron nuestros maridos, pero el comandante dio la orden para que las patrullas de Tonalá se metieran.
“Hubo disparos, nos dispararon en los pies, al aire. Hubo muchos disparos. Nosotros traíamos palos, pero machetes no. A mi esposo lo pusieron debajo de las llantas de una patrulla y el comandante Fernando decía: atropéllenlo, mátenlos”.
–El alcalde Jorge Arana aseguró que un ejidatario traía un arma, que dejaron a un policía fracturado y a otro le dañaron la dentadura –se le comenta a la señora Navarro.
–¡Cómo vamos a agredir a los policías con unos palos que traíamos, si con tantas pistolas a poco no se podían defender! Los que nos estábamos defendiendo de la agresión éramos nosotros.
Agrega que su hija Anahí, de 15 años, estuvo un día entero retenida en la procuraduría (ahora Fiscalía General) y que con el jaloneo “le rompieron el pantalón. Y a mi esposo, Joel Ventura Hernández, lo golpearon y está preso junto con sus hermanos Ramón, Pablo e Hilario, y mi sobrino Eder. Hay otras personas detenidas, es una mujer que se llama Irene Toscano y Rodrigo (…) Los tienen detenidos en la penal sin derecho a fianza”.
Menciona que no se oponen a la construcción del CUT, sino que exigen justicia para Simón Ventura:
“Mi suegro ya está mayor, queremos que le paguen lo justo. Dicen que le pagaron a Antonio y a su hermano Esteban Durán (actual director de Desarrollo Agropecuario en Tlaquepaque). ¡Ellos se robaron el dinero! Vino la universidad y tomó posesión… Pero queremos que traigan a Antonio Durán, a él le dieron el dinero. A nosotros, él no nos dio ni un peso.
“Ellos (el ayuntamiento) dicen que nosotros los estamos despojando. ¿Cómo es posible que digan eso, si todo el pleito fue dentro de nuestros terrenos, no afuera? Que ellos nos digan dónde se supone que nos metimos.”
El 20 de marzo los ejidatarios impidieron el paso de camiones y maquinaria a sus terrenos, por lo que la Policía Municipal detuvo a 16 personas, incluyendo tres mujeres y dos menores, así como a gente que ni siquiera participó en la manifestación, como Rodrigo y Martha Mercado, lo mismo que Raymundo López Pajarito.
Marichuy, hija de Martha Mercado, recuerda que aquel día escuchó disparos: “Nos subimos a la azotea y de ahí vimos cómo los golpeaban. Seguían a balazos, y de repente vimos que pasaron las patrullas con la gente bien golpeada y ensangrentada”.
Después, continúa, “aquí llegaron dos patrullas queriendo meterse y no los dejé pasar. Les dije: ‘si no traen una orden no pueden pasar’. Me dijeron: ‘a nosotros nos vale’, y puras groserías. Hasta insultaron al padre que vino de Tateposco”.
Al ver bloqueado el acceso principal del terreno, los policías lo rodearon y se metieron por donde no hay alambrado. “Me aventaron y me caí –prosigue Marichuy–; se metieron corriendo. Mi hermana estaba en la puerta de la casa y también les dijo que si no traían una orden no podían pasar. Adentro estaban mis tíos y sobrinos”.
A su hermana “le dijeron (los policías) que si no los dejaba pasar iban a abrir a balazos. Nos empezaron a empujar y yo quité a mi hermana, que traía a su niña en los brazos, porque le apuntaron con la pistola”.
Iban por todos: “Nos quitamos y se metieron. Sacaron a mis tíos, que estaban almorzando y viendo la tele (ellos trabajan haciendo ladrillo). Aquí afuera (de la vivienda) los golpearon. Uno de mis tíos no traía camisa, le pegaron con un palo en la cabeza y se estaba convulsionando; lo medio despertaron y aun así se lo llevaron pegándole hasta que lo subieron a la patrulla”.
Esos tíos detenidos son Raymundo López Pajarito y Rodrigo Mercado Campo. Los policías también detuvieron a un menor y a su mamá, que ya salieron libres.
Según el relato de Marichuy, su madre volvió a casa “con muchos moretones en las piernas, en los hombros, en la espalda, porque aparte de que los policías los golpearon al subirlos a las patrullas, les pegaban con los palos aunque ya iban amarrados (esposados). También los golpearon con las pistolas. A uno de ellos (los detenidos) le dieron en el ojo y casi se lo sacan”.
–La autoridad dice que ustedes lesionaron a policías.
–Eso es pura mentira; que los saquen para ver si es cierto. Ellos dicen que traíamos armas… con trabajos tenemos para comer. El jefe de los policías les dijo que les echaran la patrulla. “No le hace que los maten”, dijo.
Por su parte, Adrián López Pajarito, hermano de Raymundo, que permanece detenido en Puente Grande, confirma la postura de Rosalba Guerrero:
“Nosotros no nos oponemos a que se construya el centro universitario; nuestros hijos pueden estudiar, y eso es lo que queremos. Pero si las autoridades hicieron el trato con el presidente del ejido que estuvo antes, Antonio Durán, que se arreglen con él. Nosotros no firmamos nada. Antonio Durán era mi compadre y nunca me dijo nada; incluso a su mismo hermano lo quiere sacar de su parcela.”
Afirma que el ayuntamiento les ofrece 100 pesos por metro cuadrado, lo que no alcanzará para comprar terrenos en otro lugar.
De hecho, la familia Ventura considera que les quieren dar tan poco dinero para quedarse “con el resto del dinero entre el ayuntamiento de Tonalá, léase el alcalde Jorge Arana, y el presidente del comisariado ejidal, Alfonso Ramos Cervantes”.
Los familiares de los detenidos cuyo caso se radicó en el Juzgado 6 de lo Penal (expediente 147/2013) denuncian que desde su traslado quedaron incomunicados en la Fiscalía General. “Ni siquiera al abogado que les conseguimos le dieron informes y ya hasta los mandaron a la penal. Nos pisotean”, se indigna Adrián López.
Agradecimiento a Raúl Padilla
Familiares de los afectados acudieron la madrugada de 21 de marzo a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pero “nomás nos quitaron el parte médico de mi cuñada (Martha Mercado) y nos dijeron que regresáramos a los cinco días para ver si procedía la queja”, coinciden Adrián López y Rosalba Guerrero.
El 25 de marzo, los denunciantes se reunieron con el secretario general del Ayuntamiento, Oswaldo Bañales Orozco. Éste les dijo que si querían la libertad de sus familiares tenían que aceptar los 100 pesos por metro cuadrado.
Dos días antes, mientras colocaban la primera piedra del CUT el alcalde de Tonalá y los rectores saliente y electo, Marco Antonio Cortés Guardado y Tonatiuh Bravo Padilla, así como el secretario de Educación, Francisco Ayón López en representación del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, un grupo de 20 ejidatarios se manifestó, bajo la vigilancia de las policías municipal y estatal, al pie del nuevo Periférico.
En cartulinas pedían justicia, no más derramamiento de sangre y libertad para sus familiares. Los rayos del sol y el fuerte viento que formaba torbellinos con el polvo proveniente de las presas Las Rusias y El Cajón, no impidieron que los inconformes contrastaran con su protesta el discurso de los funcionarios.
En esta ocasión la mayoría del grupo de San José Tateposco fueron mujeres. Un de ellas llevaba a su hija de dos meses y un policía estatal le recomendó que se fuera porque arriesgaba a la criatura. La joven respondió que no tenía con quién dejarla, ya que su esposo y su cuñada estaban detenidos. El policía insistió a todas que se alejaran del acceso al predio porque estaban llegando “personas importantes” y no querían incomodarlos.
En su discurso, Jorge Arana se refirió al 20 de marzo como un día “difícil”. “Por eso quiero reconocer a Javier López Ruelas (comisario de Seguridad Pública Municipal) y al equipo de Seguridad Pública por el trabajo que han hecho. Lamentablemente, el miércoles pasado hubo trifulca, hubo golpeados, hubo uno que perdió hasta parte de la dentadura, ocho dientes para ser exactos; hubo otro que casi le trozaron los dedos, hubo fracturados, golpeados, aquí en este lugar.
“Lo curioso es que del ejido de Tateposco, de los que se manifestaron sólo dos de casi 100 eran ejidatarios. Esos dos desconocían de la resolución legal. Cuando se dieron cuenta, se hicieron a un lado, Los demás, alborotadores como nunca faltan”, dijo.
Y admitió que los inconformes tienen derecho a manifestarse, “nada más que por las vías legales, por los tribunales; de ninguna manera hay que afectar a terceros. Debo decirles algo: Tonalá tiene presidente municipal, no títere. La ley se tiene que cumplir”.
Arana no habló de los disparos de sus hombres, de los golpes que propinaron a hombres y mujeres esposados, de la agresión a menores de edad, ni de la violación a las garantías individuales que sufrieron las personas que fueron sacadas con violencia de su domicilio.
Enseguida el político priista les informó a Bravo Padilla y a Cortés Guardado que dio la orden para que “de forma permanente esté la seguridad pública resguardando el lugar, hasta que ustedes digan lo contrario, pero el Centro Universitario Tonalá se va a ver cristalizado en agosto, y en este lugar vamos a tener estudiantes de Zapotlanejo, de Acatic, Ixtlahuacán, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y Tonalá”.
También le adelantó a Bravo Padilla que donará 23 hectáreas más a la UdeG para que se construya un Centro Universitario de la Salud y el Hospital Civil del oriente de la zona metropolitana. Arana tuvo el cuidado de agradecer cuatro veces que en las negociaciones interviniera “mi amigo Raúl Padilla López”, el exrector y líder del Grupo UdeG, identificado como el principal poder fáctico del estado.
La inspección
El 12 de noviembre del año pasado el magistrado Agustín Hernández González, del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Sexto Distrito, otorgó a Simón y José Guadalupe Ventura Ravelero una medida cautelar para que el ayuntamiento no les expropiara 4.5 y 1.5 hectáreas, respectivamente (juicio 2222/2012).
El 21 de marzo, el día siguiente de la trifulca, Simón y Guadalupe Ventura acudieron a dicho tribunal a interponer un “incidente de violación a la medida cautelar” (expediente 194/16/2012) ya que los policías bloquearon la entrada a sus parcelas. Los uniformados “aludieron que tenían órdenes del presidente municipal de Tonalá de no dejar pasar a nadie, sin dar mayores explicaciones”.
A decir de los Ventura, dicho bloqueo los afecta porque tenían que preparar la tierra para la próxima siembra y, en consecuencia, no tendrán ingresos para mantener a sus familias. Y aunque el Tribunal Agrario rechazó la petición porque “la materia agraria no contempla la existencia de incidentes”, resolvió realizar una inspección judicial en los terrenos “materia de la contienda”.
