OAXACA, OAX.- Después de siglos de abandono, el pueblo ikojts (huave) de San Dionisio del Mar es centro del debate nacional e internacional, pues se desató ahí una pugna por la energía del viento que involucra poderosos intereses económicos, políticos y culturales.
El proyecto del parque eólico Barra de Santa Teresa, concebido para desplegar 132 torres con aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros mediante una inversión de 13 mil millones de pesos, actualmente se encuentra en tribunales y se discute en la LXI Legislatura local. El proyecto no sólo se considera en receso, sino que existe el riesgo de que la entidad pierda esa inversión definitivamente.
En febrero pasado, el diputado del Partido del Trabajo Flavio Sosa Villavicencio exhibió en tribuna un contrato vigente de los comuneros de Santa María del Mar con la empresa Preneal México. En él se estipula que esta compañía adquirió el derecho a utilizar 2 mil hectáreas para instalar una planta eólica por sólo 115 pesos anuales por hectárea, es decir, 9 pesos con 58 centavos al mes. A cambio Preneal gana mil millones de pesos, dijo el legislador.
Tras denunciar este “trato abusivo, injusto e ignominioso”, Sosa Villavicencio exigió al Ejecutivo estatal que asuma su obligación de vigilar que los acuerdos con los inversionistas para la instalación de generadores eléctricos no sean extremadamente desventajosos para las comunidades oaxaqueñas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otras empresas.
También hizo un llamado “a oír primero a los mareños y después a la empresa trasnacional”, así como a establecer una mesa de diálogo para que se cumplan los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas.
Citó información de la propia empresa, según la cual en marzo de 2011 vendió sus dos proyectos eólicos en Oaxaca al consorcio Mareña Renovables, integrado por el grupo Femsa y Macquarie Capital por 89 millones de dólares, que equivalen a mil 130 millones 300 mil pesos.
Aclaró el diputado petista: “Estoy a favor de la instalación de parques eólicos, a favor de la inversión productiva que beneficie a las y los habitantes de nuestro estado que, riquísimo en recursos, ha sido empobrecido por la mala administración de gobernantes que generación tras generación han venido a servirse de los dineros del pueblo”.
Consideró necesario revisar las condiciones en las que los comuneros huaves firmaron dicho acuerdo, pues muchos han manifestado que no les fue leído en su idioma, y peor: que fueron engañados y presionados para firmarlo.
Tras citar un estudio de la UNAM que documenta “la cooptación de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales (…) para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales”, Sosa Villavicencio cuestionó: “¿Qué ha hecho la actual administración para invalidar este leonino acuerdo, hoy aún vigente? ¿Qué hace para evitar que los indígenas de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón sean explotados de la misma manera?”.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Francisco García López, denunció que ante “la falta de operación política y las tensiones acumuladas bajo la presión de grupos extremistas amenazan hoy la viabilidad de esas inversiones”.
Añadió: “Son inversiones que explotan las ventajas comparativas de la región del Istmo, como sugieren las agencias que califican la pertinencia de la inversión en un entorno mundial cada vez más competitivo”.
No obstante, ante esas ventajas comparativas y la aceptación de la mayoría de la población por los beneficios que está trayendo a la economía de la región, dichas inversiones “se ven socavadas, por no decir saboteadas”, alertó.
Por ello los priistas propusieron que el gobierno estatal asuma una posición responsable y que no defienda a las empresas, sino la inversión productiva en beneficio de la población de esa región y de la entidad, contra los ataques de grupos que, según esa bancada, han medrado con el proyecto.
Anteriormente, el 7 de diciembre de 2012, el juez séptimo de Distrito, Isaías Corona Coronado, concedió a la comunidad ikojts de San Dionisio del Mar un amparo donde ordena la “suspensión” de actos reclamados por la instalación del parque eólico en la Barra Santa Teresa, informó la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Según el expediente 739/2012, “con fundamento en el artículo 233 de la Ley de Amparo, de plano, decreta la suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa”.
Este amparo federal se concedió un día después de que la LXI Legislatura de Oaxaca aprobó que se integrara una comisión de intermediación para colaborar en la solución del conflicto. Éste no sólo ha generado división social y política, sino que las empresas amagan con retirar sus millonarias inversiones.
Por ejemplo, el 10 de octubre opositores al proyecto acusaron al subsecretario de Gobierno, Rodrigo Velázquez, de coordinar el bloqueo a la caravana humanitaria a San Dionisio del Mar, en la cual los inconformes fueron amenazados con palos, piedras y con ser rociados de gasolina y quemados.
Y el 29 de noviembre un grupo de priistas de San Dionisio del Mar, encabezado por Jorge Castellanos, intentó desalojar a los opositores al parque eólico que ocupan el palacio municipal desde el 29 de enero de este año. No lo consiguió.
Ante el conflicto, el gobernador Gabino Cué manifestó a principios de febrero que “esta administración jamás permitirá que ninguna inversión privada o pública en el estado pudiera lastimar a la sociedad, al afectar su patrimonio, la tierra y el entorno ecológico”.
Dijo que Mareña Renovables ya presentó los permisos de las instancias federales que garantizan que no afectarán el entorno natural de la comunidad huave de San Dionisio del Mar.
Recordó que la empresa lleva cuatro años en Oaxaca y ha pagado la renta de las hectáreas donde planea instalar los aerogeneradores, además de estar al corriente en los impuestos y derechos federales, estatales y municipales para ejercitar su actividad productiva. En síntesis, afirmó que Mareña Renovables ha cumplido con todas las disposiciones legales y ambientales para su instalación en San Dionisio del Mar.
Sobre la violencia que se suscitó en febrero pasado, el gobernador dijo que se desplegó un operativo policial para hacer “un reconocimiento por tierra”. Trató de explicar que “la presencia de la policía es para crear las condiciones de seguridad y la policía fue agredida por un grupito minoritario de 30 o 40 personas, la gran mayoría alcoholizadas”.
Se enredó: “No hubo operativo de desalojo, la policía fue agredida a pedradas por pequeños grupos de gentes que agredieron a la policía y se detuvo a dos personas alcoholizadas y al no ver delito mayor fueron liberadas”.
Antes, el 25 de septiembre de 2012, Cué se jactaba: “En Oaxaca se están abriendo nuevas oportunidades para la inversión y el empleo a través de la generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, acciones que se desarrollan en un marco de legalidad y respeto irrestricto a los ecosistemas y decisiones de las comunidades”.
Desde entonces advirtió que “se reserva su obligación de intervenir por la vía de la legalidad cuando se amenace la paz y la estabilidad social, así como contra actos que vulneren los derechos de terceros”.
