Se celebró este 18 de marzo el 75 aniversario de la expropiación petrolera. Siguiendo las costumbres priistas, el gobierno organizó un acto celebratorio en el que el sindicato petrolero apoyó el discurso modernizador del presidente por medio del más tradicional acarreo de trabajadores. En ese marco, no extraña que el presidente haya olvidado mencionar los graves problemas laborales y sindicales que explican en buena parte la improductividad y la corrupción estructural de Pemex. Conviene recordar hoy que la nacionalización creó, desde el origen, algunos de los vicios laborales que habrían de caracterizar el desarrollo ulterior de la industria, los cuales se magnificaron con los años y ultimadamente colocaron en una situación de precariedad productiva y moral a la empresa petrolera.
La historia del conflicto laboral que dio lugar a la expropiación petrolera es conocida. Pero lo que no se sabe es que la relación entre el sindicato petrolero y el gobierno cambió drásticamente a raíz de la expropiación. Entre 1936 y 1938 hubo una alianza de intereses contra un enemigo común (las empresas extranjeras), pero a partir de marzo de 1938 la relación se volvió conflictiva. Había una confusión conceptual acerca de la naturaleza de la nueva empresa y una lucha por el poder que se centró en el control de las operaciones de la industria.
En lo inmediato se hizo de la necesidad virtud: se otorgó a los dirigentes sindicales la administración de la gestión de la producción en los campos y refinerías, pero no la administración central, que debía reinventarse por completo. Este arreglo se tradujo en una especie de administración obrera de la empresa petrolera nacional. Muy pronto el control sindical en los sitios de producción dio lugar a una serie de problemas, como la contratación excesiva de trabajadores eventuales y el uso discrecional de los escasos recursos disponibles. El caos local, que incluía frecuentes conflictos intersindicales y protestas laborales, llevó al diseño de una estrategia de toma del control directo del gobierno sobre la producción, desplazando gradualmente a los dirigentes sindicales de esa labor.
El conflicto se resolvió a mediados de 1940, un año muy crítico para el país, que sufría una severa inflación y una caída de la producción petrolera en un contexto internacional marcado por la guerra y por el boicot de las empresas petroleras. El gobierno planteó un “conflicto de orden económico” en contra del sindicato petrolero, ante la imposibilidad de cumplir el contrato colectivo que había emanado del famoso laudo de 1938 y como respuesta al desorden productivo. Este proceso terminó con el despido de todos los trabajadores contratados después de la nacionalización y una calendarización para la aplicación gradual del laudo. Ulteriormente habría de firmarse el primer contrato colectivo entre Pemex y el STPRM en 1942.
Pero el problema seguiría siendo el mismo: definir cuál debería ser el espacio de poder del sindicato en la gestión de la industria y cuál el de la burocracia administrativa y técnica. La solución se fue construyendo pragmáticamente en el tiempo. Pemex se convirtió en una empresa paraestatal con una administración profesional cuyos mandos fueron nombrados unilateralmente por el gobierno, pero respetando los espacios del sindicato en el Consejo de Administración. El sindicato y la burocracia directiva aprendieron a proteger sus respectivas esferas de interés a través de pactos formales e informales. A cambio de respetar las decisiones de la empresa, que eran las del gobierno, el sindicato se reservó el control de la contratación de los trabajadores, el manejo discrecional de plazas (herencia y venta) y el cobro de comisiones fijas en los contratos con empresas privadas a los que Pemex recurriría de manera creciente para evadir compromisos laborales. El STPRM protegió un contrato colectivo que otorgó prestaciones únicas a sus miembros y creó una inmovilidad laboral extrema, y que permitía a los líderes el manejo clientelar y el control político de los trabajadores.
Esta relación se consolidó y amplió en los años cincuenta junto con la implantación nacional extensiva del corporativismo obrero y campesino en el marco del desarrollo estabilizador. El sindicato se convirtió en el factor esencial del poder político local en todas las ciudades petroleras. Se estableció una relación especial entre el gobierno-partido oficial y el sindicato, que magnificó el peso político nacional del STPRM.
Este modelo condujo a una creciente descomposición de la moral en el trabajo y a la consolidación de una cultura laboral improductiva y clientelista. La democracia dentro del sindicato petrolero desapareció por completo y se desarrolló una dictadura violenta y corrupta a grados extremos.
Estas relaciones político-laborales, junto con una administración central opaca y carente de controles y contrapesos, implicaron una privatización de facto de Pemex. Lejos de ser una empresa pública al servicio de los mexicanos, la paraestatal se convirtió en una fuente de rentas para un sector de la clase política y para la vasta burocracia sindical. Es por ello que cualquier eventual reforma de Pemex deberá prever cambios contractuales y la democratización del sindicato petrolero, hoy convertido en una verdadera mafia.
