Los expedientes de casi 82% de las obras de infraestructura deportiva programadas entre 2009 y 2012 permanecen abiertos. Así se indica en un informe que el titular de la Conade, Jesús Mena, presentó ante integrantes de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Algunos de ellos se dicen asombrados por la irresponsabilidad y ligereza con que sus predecesores de otras legislaturas autorizaron el ejercicio de un presupuesto superior a 4 mil millones de pesos para construir verdaderas obras que no reportan ningún beneficio al deporte y sí, en cambio, llenaron los bolsillos de funcionarios corruptos de la administración encabezada por Bernardo de la Garza.
La manera en que el exdirector de la Conade Bernardo de la Garza ejerció más de 4 mil 74 millones de pesos en infraestructura deportiva refleja el desorden administrativo con que esta dependencia operó entre 2009 y 2012, pues a la fecha numerosos municipios no han comprobado 3 mil 738 millones de pesos, lo que representa un grave daño patrimonial.
Los recursos ejercidos en 2012 hablan por sí mismos: de las 626 acciones de obra ejecutadas con recursos etiquetados por la Cámara de Diputados, en la actualidad sólo se han cerrado cinco expedientes.
Proceso tiene copias de un documento que el actual director de la Conade, Jesús Mena, entregó a los integrantes de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, el cual revela que no hay certeza sobre cuántas de las mil 89 obras programadas en ese periodo en realidad fueron ejecutadas y cumplen a cabalidad con los lineamientos marcados por las Reglas de Operación.
De acuerdo con cifras “oficiales” de la Conade aún están abiertos 892 expedientes, que representan 81.92% de las obras programadas. Esto implica que entre 2009 y 2012 sólo se ha cerrado 197 expedientes.
“La partida asignada en 2012 es una barbaridad”, expone el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Movimiento Ciudadano.
“Se autorizaron 626 obras por un monto de 2 mil 621 millones 281 mil 698 pesos y sólo se han cerrado cinco expedientes. Hablamos de un gasto eficiente de 0.80% y el monto por comprobar es de 2 mil 608 millones 761 mil 403 pesos. Vamos a informar de esto a la Cámara de Diputados mediante un punto de acuerdo en el que solicitaremos la intervención de la Secretaría de la Función Pública y de la de Hacienda, para que los gobiernos de los estados y municipios nos informen con puntualidad por qué tenemos este problema y quiénes son los responsables”, afirma el legislador.
Añade que en el mismo punto de acuerdo que ya está promoviendo propondrá que a partir de 2014 la Comisión de Deporte ya no ejerza la facultad de etiquetar recursos para el rubro de infraestructura deportiva.
De esta manera pretende evitar que se sigan cometiendo excesos en un afán por alardear de que cada año, desde 2006, la Conade ha recibido presupuestos históricos. A la actual legislatura, dice, le corresponde evitar el dispendio y ayudar a transparentar el manejo de los recursos ya ejercidos. Asegura que diputados de las dos legislaturas pasadas son corresponsables de que miles de millones de pesos se hayan dilapidado, porque asignaron recursos federales sin ningún criterio ni normatividad de por medio.
Villanueva Albarrán, quien fue director del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) durante el gobierno de Marcelo Ebrard, se sorprende del contenido de los documentos que en febrero pasado Jesús Mena entregó a los integrantes de la Comisión de Deporte.
“Las cifras son alarmantes. En el ejercicio 2009, de 70 obras autorizadas sólo 43 expedientes están cerrados. De los 114 millones 904 mil pesos erogados, únicamente se comprobó 61.43%, lo cual significa que hay 27 expedientes abiertos equivalentes a 28 millones 719 mil 303 pesos que no han sido comprobados”, indica Villanueva.
Sin seguimiento
Pero a los integrantes de la Comisión de Deporte en 2010 no les importó la falta de transparencia ni que se dilapidaran los recursos. Para ese ejercicio fiscal se destinaron 328 millones 404 mil pesos para 68 obras, de las cuales al día de hoy sólo se han cerrado 38 expedientes, lo que equivale a 55.8% del total. “Están pendientes por comprobar 124 millones 546 mil 592 pesos. Es decir, casi seis veces más respecto al monto que no se ha podido comprobar de 2009”, expone el diputado.
Y continúa: “En 2011, a pesar de que no hubo rendición de cuentas ni transparencia en los ejercicios fiscales pasados, que estaba demostrada la ineficacia e irracionalidad en el ejercicio del gasto público, se autorizaron otras 325 obras por mil 467 millones, y sólo se cerraron 111 expedientes. Están pendientes de cerrarse 214 expedientes; es decir, en 65.85% de las obras los recursos federales no han sido comprobados, lo que equivale a 975 millones 705 mil 727 pesos y 95 centavos”.
El diputado Villanueva asegura que fue el único integrante de la Comisión de Deporte que votó en contra para que este año se otorgaran a la Conade 3 mil millones de pesos para 529 obras. Dice que se siente corresponsable de que a pesar de que los servidores públicos han demostrado su incapacidad para dar seguimiento y hacer buen uso de los recursos federales, la comisión de la que forma parte otra vez haya asignado una cifra histórica para infraestructura deportiva.
“No contábamos con esa información que después nos dio Jesús Mena. De haberla tenido a tiempo hubiéramos intervenido para que no volviera a suceder. No hay necesidad de invertir 3 mil millones de pesos. Ni que fuéramos a realizar los Juegos Olímpicos. Es inadmisible que tengamos tanta infraestructura deportiva abandonada, subutilizada, sin ningún programa, sin entrenadores ni promotores del deporte.
–¿Los diputados votaron literalmente a ciegas por la ampliación de estos recursos? –se le pregunta.
–Votamos con la sensibilidad de que recibieran recursos una comunidad perdida en la sierra o los municipios que no han sido considerados en este universo, porque hasta 2012 se asignó dinero para mil 89 obras, cuando en el país hay 2 mil 500 municipios, más los de usos y costumbres en Oaxaca.
–¿Todavía es posible evitar que se ejerzan esos más de 3 mil millones asignados para 2013?
–Una vez publicado el Presupuesto de Egresos se convierte en ley y se debe asignar a la obra y al municipio que la Cámara de Diputados decidió. El mal ya está hecho. Lo que sí podemos hacer es gestionar ante la Secretaría de Hacienda para ver si puede suspender los recursos desde ahora.
–¿Considera que, con o sin intención, los diputados han fomentado el tráfico de influencias y contribuido al enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios públicos?
–Los actuales diputados tenemos que contribuir para que eso no se repita. Si las anteriores legislaturas (la priista Elizabeth Morales y el panista Francisco Landero presidieron la Comisión de Deporte) no quisieron darse cuenta desde el primer año que esto no funcionaba bien es por un criterio político que deriva en negligencia. Es una forma de corrupción.
“Mi grupo parlamentario no se detendrá para evitar que se frene la asignación de recursos. Ya hablé con Ricardo Monreal (coordinador de Movimiento Ciudadano) y me dio todo su apoyo. No puede ser que en otros rubros no se cuente ni con lo indispensable para cubrir programas y aquí se tenga el escandaloso dispendio que no se ve reflejado en nada en el deporte nacional, ni en el competitivo y mucho menos en el recreativo comunitario.”
Una bomba
El pasado 12 de diciembre, apenas ocho días después de haber sido nombrado director de la Conade, Jesús Mena acudió a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte. Presentó a los legisladores lo que Villanueva califica como “trazos del cochinero” que dejaron Bernardo de la Garza y quienes operaron los recursos para infraestructura deportiva.
El actual responsable del deporte nacional pidió ayuda para realizar visitas de verificación en los municipios beneficiados con las obras, porque reconoció que la Conade no cuenta con las herramientas ni los recursos humanos para hacerlo.
“Tenemos el compromiso de ayudar a la Conade a darle seguimiento al ejercicio de los recursos y que se ejecuten las obras que se han comprometido. Tenemos que asumir la responsabilidad de no volver a etiquetar tanto dinero a un programa que está demostrando ser un rotundo fracaso. Es una atrofia estructural la forma como se ha manejado este tema que parecía positivo y se convirtió en un problema. Este programa de infraestructura no merece seguir existiendo. Es algo que seguramente no va a ser bien visto en la cámara, pero vale la pena que se sepa, que se difunda, que tomemos las medidas legislativas y administrativas. Ya será la Función Pública la que determine si además de responsabilidades administrativas hay responsabilidades penales.”
Villanueva comenta que aunque el titular de la Comisión de Deporte, Felipe Muñoz, advierte el tamaño del problema con la infraestructura no está de acuerdo con eliminar ese programa, mientras que Jesús Mena, “quien tiene la bomba en las manos”, prefiere que los recursos se canalicen a entrenadores, así como al mantenimiento y operación de las instalaciones.
Por lo pronto, en una sesión de trabajo celebrada el lunes 11 el diputado Gerardo Liceaga, secretario de la Comisión de Deporte, anunció que pretenden hacer ajustes para que cada municipio entregue a la Conade 3% del monto total que reciban para infraestructura deportiva, de tal suerte que con ese dinero la dependencia gubernamental contrate al personal necesario para efectuar la verificación física y documental de las obras.
Gobiernos estatales y municipales son también responsables de este desorden, pues tampoco han cumplido con las Reglas de Operación. En el colmo del absurdo, hasta hoy no se sabe que algún servidor público de cualquier nivel haya sido sancionado por no apegarse a los lineamientos en el ejercicio de recursos federales.
Apenas en noviembre último este semanario documentó cómo fueron dilapidados los millonarios recursos asignados por el gobierno federal a la infraestructura deportiva durante la gestión de Bernardo de la Garza en la Conade (Proceso 1879).
En la radiografía que presentó Mena a los diputados sobre el estado que guarda el gasto destinado a la infraestructura deportiva hay datos contundentes. Por ejemplo, en el Estado de México aún están sin comprobar 71 obras ejecutadas en 2012 por un monto de 278 millones de pesos.
El Distrito Federal tampoco se queda atrás. Las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco no han comprobado un total de 76 millones 742 mil 354 pesos.
Durante la reunión de Mena con los integrantes de la Comisión de Deporte de diciembre pasado, los legisladores recibieron un panorama del estado que guarda la infraestructura deportiva municipal. Hasta ese momento los responsables de etiquetar los recursos supieron de las dificultades que afrontaban varias localidades en la ejecución de las obras. Incluso se planteó la posibilidad de cambiar parte de la reglamentación. “Hay obras de alto impacto que se están haciendo en varias etapas, lo que implica un proceso de años”, advierte la diputada perredista Juana Bonilla, integrante de la comisión.
Sin abundar en detalles, Bonilla pone como ejemplo una instalación construida en varias fases en Valle de Chalco. “Cuando al fin terminaron el deportivo, éste fue concesionado por el presidente municipal saliente a su hermana. Por eso, uno de los puntos que propuse es que los alcaldes se comprometan a que la infraestructura deportiva construida con recursos de la federación sean exclusivos de los ayuntamientos”.
Apunta que en el encuentro con Mena se acordó que obligarán a los municipios a realizar obras en una sola etapa, para evitar que cuando haya cambio de alcalde se dejen obras inconclusas, como ocurre en el Estado de México.
“En el informe que nos presentaron vi la parte correspondiente al Estado de México y resulta que en noviembre de 2012 se iniciaron obras que fueron autorizadas en enero de ese año. Con las obras por etapas los alcaldes entrantes corren el riesgo de que sus antecesores no les entreguen la documentación o los expedientes completos de la obra”, observa la diputada.
Informe “de escándalo”
Las millonarias partidas presupuestales que desde 2009 han sido aprobadas para infraestructura deportiva activaron la alarma en algunos integrantes de la Comisión de Deporte. Uno de ellos, Tomás Brito Lara, del PRD, asegura que no cometerán el mismo error de las legislaturas anteriores, pero aclara que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación “llegar al fondo en este tipo de investigación”.
En entrevista, Brito Lara plantea que no comparte completamente el punto de acuerdo promovido por Gerardo Villanueva, porque considera que todavía hay muchas carencias de infraestructura deportiva en distintas áreas del país.
“Lo que se puede hacer es destinar un porcentaje de estos recursos para promotores deportivos y, sobre todo, a entrenadores, que es lo que falta.”
–¿Por qué razón etiquetaron 3 mil millones para infraestructura deportiva municipal, cuando ni siquiera se han comprobado muchas obras desde 2009 a la fecha?
–Es una práctica que se venía ejerciendo en las anteriores legislaturas y simplemente se quedó esa inercia, pero ahora nos corresponde darle un giro. Soy de la idea de que si ya está el presupuesto hay que aprovecharlo. Tampoco hay que ser tan drásticos y pedir que la Conade ya no maneje este dinero, porque sí hace falta.
El diputado comenta que ignora si las obras autorizadas durante los últimos cuatro años en realidad existen. Hace apenas un mes los diputados de esta comisión crearon una Subcomisión de Vigilancia, cuya tarea será ayudar a la Conade en la labor de verificación física y documental.
El perredista reconoce que con la creación de esa subcomisión los legisladores se extralimitaron en sus funciones: “no somos un órgano fiscalizador”, y califica como “escandaloso” el informe que les presentó Mena. “¿Cómo justificamos, o cuál es el pretexto para decir: ‘aquí hay otros 3 mil millones de pesos’, si apenas han comprobado cinco obras de las más de 600 que se autorizaron para 2012? Para eso estamos aquí, para ver cómo aplicar esos recursos”, dice.
En tanto, la diputada panista Flor María Pedraza, secretaria de la Comisión de Deporte, adelanta que promoverá un exhorto a la Conade con la finalidad de que su titular rinda cuenta detallada a la Secretaría de la Función Pública respecto a los municipios deudores en materia de infraestructura deportiva, para tomar las acciones correspondientes. “Promoveré ese exhorto a la brevedad”, insiste.
A la legisladora le inquieta el momento actual: “Al día de hoy todavía no han salido publicadas las Reglas de Operación de la Conade, por lo tanto los municipios a los que se les etiquetaron los recursos no pueden ingresar la documentación, y entonces nos vamos retrasando, porque ya estamos en el mes de marzo y se corre el riesgo de que nos suceda algo parecido a lo que ocurrió en 2012, cuando sólo se cerraron cinco expedientes de los 626. Y todavía faltan los cursos de capacitación que imparte la Conade a los municipios”.
El problema de 2012, enfatiza, “es que en algunos casos los recursos se bajaron hasta el mes de noviembre, según me informan varios presidentes municipales. Entonces es ilógico que hayan construido y comprobado las obras ese mismo año. Más bien depende de tiempos y procedimientos, más que pensar que no se estén ejerciendo los recursos”.
Asimismo, la legisladora advierte a los presidentes municipales que “tengan mucho cuidado, porque han aparecido personas que sin estar siquiera en la Comisión de Deporte o en la Cámara de Diputados acuden con constructoras o alcaldes para sorprenderlos y sacarles dinero con el argumento de que tienen la forma de etiquetar recursos para infraestructura deportiva, que tienen la manera de asignarles una obra, y están cobrando por adelantado”.
–¿Quiénes son estas personas que intentan sorprender a los presidentes municipales?
–Esa información me la reservo, porque están utilizando mi nombre en mi posición como secretaria de la Comisión de Deporte. Ya abrimos una investigación al respecto.
Según la diputada, se trata de individuos que utilizan información publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como los nombres de los diputados de la Comisión de Deporte “para obtener beneficios propios”.
