Con la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones se reconoce el derecho al libre acceso a la información veraz, plural y oportuna, así como la búsqueda y difusión de información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. También se reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha. Con esto, el Estado establece condiciones de competencia efectiva en la prestación de este servicio.
En este último renglón se observa el fondo de la iniciativa. Es decir, cuando el Estado plantea las condiciones de competencia, habla de poner las reglas en los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y una de ellas es impedir los monopolios: ninguna empresa puede contar, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor de 50%, medido por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo con los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo anterior atenta contra las empresas que hoy concentran 98% de la televisión y 80% de la telefonía móvil y fija. Si la iniciativa, en sus artículos transitorios, establece la posibilidad de dividir esas empresas para terminar con estas prácticas, e incluso contempla la desincorporación de activos y venta de acciones para ajustarlos a menos de la mitad de participación en el mercado, ¿por qué estos monopolios no han reaccionado violentamente, y, al contrario, le dan bienvenida a la competencia?
¿Cuáles son las razones que llevan a los monopolios en nuestro país a aceptar una propuesta que parece perjudicar sus intereses?
Tengo dos teorías. Una es el encarcelamiento de la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, pues el Estado sólo tiene que enviar una señal y hace funcionar (cuando le conviene) su unidad de inteligencia financiera. En este caso, utilizó políticamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para silenciar a quienes se oponen a las políticas del régimen.
Esta práctica es común en los presidentes priistas: De la Madrid encarceló a Díaz Serrano, Salinas tuvo su Quinazo, Zedillo aprehendió al hermano incómodo, Raúl Salinas, y finalmente Peña Nieto emprendió el Gordillazo.
Queda claro que cuando el presidente quiere hacer uso de la fuerza tiene toda la capacidad de hacerlo, y si algún poder fáctico quiere probar su poder, podría oponerse a la reforma, aunque ya vimos qué podría pasar.
Sin embargo, yo me inclino por la segunda teoría. El negocio de la televisión mexicana está valuado en 3 mil millones de dólares concentrados en dos grandes empresas: Televisa y TV Azteca.
Éstas han pugnado por entrar al negocio de las telefonías fija y móvil, que tienen un valor de 30 mil millones de dólares y cuyo propietario es el hombre más rico del mundo, Carlos Slim.
La concentración de las telecomunicaciones ha generado una lucha; los primeros desean entrar al servicio de telefonía, mientras que el segundo desea tener la tercera cadena de televisión nacional.
La reforma que está por analizarse permite que ambos puedan cruzar la línea que los divide. Televisa podrá ver afectadas sus empresas de televisión y radio, pero se le permitirá competir por el Big Money, que es la telefonía.
Diversos cálculos nos demuestran que 10% del total de las telecomunicaciones generan más ingresos de lo que cuestan las dos cadenas de televisión juntas. De esta manera, las pérdidas en televisión se recuperan con creces en la inversión en telefonía; la fortuna de los dueños de la televisión podría pasar de 3 mil millones a 6 mil millones de dólares en menos de cinco años.
Por otro lado, Slim, a quien se le ha negado recurrentemente transmitir televisión a través de su infraestructura, podría ganar la licitación de la tercera cadena televisiva, en la cual no pueden participar ni Televisa ni TV Azteca por tener más de 12MHz de espectro. Con ello, entra a la competencia por el control de la opinión pública, y su fortuna emigrará a otros negocios que ya tiene consolidados y así recuperará las pérdidas que le genere la reforma.
Quienes tienen el monopolio de la opinión pública lo compartirán a cambio de entrar al monopolio de las telecomunicaciones, y quien ostenta el control de las telecomunicaciones participará en el monopolio de la comunicación; así “todos quedan contentos”.
*Senador panista por el estado de Colima, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
