En México, los presidentes de federaciones deportivas suelen hacerse viejos en el cargo. Ello les da el tiempo suficiente para urdir redes de intereses y complicidades que les reditúan buenas ganancias. Así ocurre en la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, cuyo presidente, Rosalío Alvarado, impone su voluntad en detrimento de este deporte, que según sus detractores él “mantiene secuestrado”.Al presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), Rosalío Alvarado, le llueven acusaciones. Los directores del deporte de Sonora y Chihuahua se dicen rehenes del federativo, quien –afirman– tiene secuestrado este deporte, del que ha hecho un negocio familiar durante sus 15 años al frente del organismo.
Los directivos aseguran que Alvarado impidió a sus atletas competir en la Olimpiada Regional del sábado 2 y domingo 3 en San Luis Potosí y Culiacán, y solicitan la intervención del director de la Conade, Jesús Mena, para que ponga fin a los cacicazgos en las federaciones deportivas, pues sangran los presupuestos estatales y federales.
El titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Luis Alfonso Rivera, y el de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), Vicente Sagrestano, revelan que desde hace años Alvarado obliga a los directivos del deporte en los estados a que envíen a sus entrenadores a tomar un “curso de capacitación”. Si no lo hacen, quedan fuera de la Olimpiada Nacional (ON).
Refieren que están hartos de que el federativo organice eventos clasificatorios sin tomarlos en cuenta, a pesar de que ellos son quienes cargan con los gastos de las competencias, pues éstas equivalen a las etapas estatales para la ON. Además, aseguran que Alvarado impuso a los presidentes de las asociaciones en sus estados: a Joel Herrera en Chihuahua y a Cinthia Domínguez en Sonora. Agregan que estas personas no cuentan con el reconocimiento de los institutos estatales.
“Desde hace mucho tiempo, Rosalío y muchos otros federativos tienen secuestradas a las federaciones. ¿Por qué no les pegamos un llegue como el que le dieron a Elba Esther Gordillo? Que dejen que venga gente nueva, que comercialice su disciplina y genere sus propios recursos, no que siempre están estirando la mano para que el gobierno les mantenga todo; además quieren mandarnos a nosotros que somos los que verdaderamente hacemos el deporte. Mientras la Conade, que es nuestro eje rector, no ponga en orden a las federaciones vamos a seguir siendo sus rehenes”, señala Sagrestano.
“Es una disciplina que no crece ni se desarrolla. Los directores de institutos ya estamos hartos de competir siempre en San Luis Potosí, donde su hermana es presidenta de la asociación, pero funge como representante de la federación. Estamos cansados de gastar nuestro dinero en los restaurantes de su hija y en su hotel porque si puede hasta un chicle te vende. Si vamos a dejar el dinero en alimentación y hospedaje que sea en escenarios neutrales, no donde él vive. Estamos hartos de las condiciones que siempre nos pone. Somos en total cinco estados afectados. A Campeche le pirateó varios atletas para llevárselos a San Luis porque su hermana es la que manda ahí”, protesta Rivera.
De acuerdo con los dos funcionarios, el año pasado se acordó en el Sistema Nacional del Deporte (Sinade), órgano rector del deporte nacional, que Alvarado no podría condicionar la participación de los entrenadores en la ON o eliminatorias a que tomaran el curso de certificación por el cual cada año cobra 3 mil pesos por entrenador nacional y 5 mil por extranjero. Así también se le instruyó a no realizar los mencionados eventos clasificatorios.
Cada una de estas entidades realizó su Olimpiada Estatal en donde fueron seleccionados los pesistas que participarían en la Olimpiada Regional; sin embargo, Alvarado también realizó su propio selectivo en Sonora y Chihuahua por lo que había dos selecciones por estado. El problema se recrudeció en virtud de que en las dos entidades existen dos asociaciones de levantamiento de pesas: una reconocida por la FMLP, pero que el instituto del deporte no avala, y otra que cuenta con el reconocimiento del instituto, pero que Alvarado desconoce. Cada una alega contar con documentación que la hace válida y legal.
Chantaje
En la Olimpiada Regional, Alvarado impidió que compitieran los atletas de Chihuahua encabezados por la expesista Damaris Aguirre. Lo mismo pasó con los de Sonora que en Culiacán estuvieron a punto de ser golpeados por la policía cuando intentaron tomar las instalaciones para que los dejaran competir.
“Hace los selectivos que le da la gana en los estados y ni siquiera nos avisa. Organiza una competencia en mi entidad o cualquier otra y se pasa por los güevos la autoridad del estado, ya sea Chihuahua, Sonora, Campeche, Jalisco o Nuevo León. Somete a los estados y a la Conade, porque en este caso Rosalío doblegó a Jesús Mena con el chantaje de que iban a golpear a los muchachos. No es justo”, sostiene Sagrestano.
Ante la necedad de Alvarado para impedir que sonorenses y chihuahuenses participaran en las competencias regionales, Sagrestano y Rivera solicitaron la intervención de Mena, quien tuvo que pedirle al federativo que permitiera a los atletas competir. Finalmente, el titular de la FMLP aceptó, pero puso condiciones imposibles de cumplir.
En ninguno de los dos casos los entrenadores podrían estar con sus atletas. Su lugar sería ocupado por otros que sí pagaron la certificación y Alvarado los reconoce como afiliados a las asociaciones estatales que él avala.
El miércoles 6, Aguirre ingresó un recurso en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) en el que exige la autorización para que sus atletas participen en la ON en mayo próximo. De manera simultánea, el ICHD también recurrió a ese órgano de justicia deportiva para que la FMLP le reembolse los gastos por viajar a San Luis Potosí sin participar en las competencias.
“Cómo voy a permitir que me pongan entrenadores de otros estados si lo que quieren es que pierdan mis atletas y ganen los suyos. Yo no puedo arriesgar a un muchacho que necesita a su entrenador desde el calentamiento. Yo esperaría que la Conade dé un manotazo en la mesa y le diga a Rosalío y a los presidentes de federación: “Yo, autoridad, te invito a ti, federación, a que lleves tus jueces o participes en lo técnico, pero las reglas del juego las pongo yo. No que la federación le diga a la Conade quién sí y quién no participa. No entiendo por qué los presidentes de las federaciones se hacen viejos en sus cargos”, alega Sagrestano.
Sonora es potencia en halterofilia. Si queda fuera de la ON 2013 perderá alrededor de 15 medallas, así como el cuarto lugar que obtuvo en 2012 para caer más debajo de media tabla.
Los directores del ICHD y Codeson refieren que en el caso de las certificaciones, a Alvarado únicamente le interesa cobrar el curso que dura apenas una hora y donde los entrenadores no aprenden nada. Incluso hay directores que no mandan a sus instructores, pero depositan a la FMLP el dinero correspondiente y éstos pueden participar en las competencias.
“Hace dos años le dije a Rosalío que me diera el currículum del capacitador y el programa del curso. Nunca me los mandó. Son dizque capacitaciones de una hora. Mete a los entrenadores a un hotel para que firmen y ya. Si yo viera que aprenden algo hasta diría que los estados paguemos para que vengan a capacitarnos, pero como está la cosa, mejor como dice Saúl Castro (director del Instituto de Baja California), sólo te pago el curso y ponles la firma. Ten el dinero y no gasto en avión y viáticos. Las ‘certificaciones’ son su negocio, ya agarró a la federación de su negocio familiar y estamos cansados, hartos del control que ejerce”, se queja Rivera.
Por su parte, Alvarado desmiente a Sagrestano y Rivera, y asegura que no participaron en los regionales porque no quisieron, pues a pesar de que efectuaron selectivos espurios no avalados por la FMLP, él “cedió” y autorizó que los atletas compitieran con la ayuda de otros entrenadores.
Añade que los selectivos realizados por la FMLP se apegaron al anexo técnico de la Conade. Además, asegura que Domínguez y Herrera presiden asociaciones con validez oficial y dice que los atletas pertenecientes a “las otras” ni siquiera han pagado su inscripción al Sired (Sistema Red donde están registrados los afiliados).
“Si los directores no reconocen a las asociaciones qué puedo hacer. Están en regla y avaladas por la Codeme (Confederación Deportiva Mexicana de la cual Alvarado es vicepresidente)”, argumenta Rosalío.
El federativo dice que los estatutos de la FMLP le confieren la atribución de certificar a los entrenadores porque esta organización es “la máxima autoridad técnica” y está obligada a cobrarles porque “corre con sus gastos”.
Asunto familiar
Desde hace algunos años, San Luis Potosí se convirtió en la sede donde se concentran las selecciones nacionales de levantamiento de pesas. Alvarado hospeda a los atletas en el María Dolores, un hotel de tres y media estrellas donde la noche cuesta en promedio mil 200 pesos, y les da de comer en el restaurante Tortas Richard que, aclara, no es de su hija, sino de su yerno.
“Los atletas comían en el hotel pero nos dijeron que no se llenaban. Los llevamos a comer al restaurante Steak House, pero lo cerraron para remodelarlo. El que tiene relación con Tortas Richards es su esposo, no mi hija. Está asociado con unas personas que tienen varios establecimientos que ya son una cadena. Necesitábamos darles de comer a los atletas. Estuvimos viendo en otros lados y nos salía bastante caro. En Tortas Richards nos dieron crédito porque la Conade no nos da suficiente dinero para que coman bien los muchachos. En 2011 tuvimos como a 70 concentrados”, explica Alvarado.
A su vez, Sagrestano revela que cuando la pesista sonorense Luz Mercedes Acosta estuvo concentrada en San Luis Potosí antes de los Juegos Olímpicos se comunicó con él para pedirle dinero y comprar sus alimentos en otro restaurante que no fuera “el de la hija de Rosalío”. Como el federativo se negaba a llevarla a la justa de Londres, la atleta temía que contaminaran su comida.
“El comedor oficial de la federación es el restaurante de la hija. Luz me habló y me dijo que la apoyara con la comida. No quería comer en los de la hija porque tenía miedo que le fueran a echar algo y saliera dopada”, cuenta.
Alvarado, mejor conocido como Doctor Chalío, es originario de San Luis Potosí. Dice que estudió odontología en la Universidad Autónoma donde también, asevera, hizo una maestría en administración. Es empleado sindicalizado del ISSSTE desde hace casi 30 años y está adscrito a la clínica del municipio de Tamazunchale, de la cual solo se ausenta, asegura, cuando solicita uno de los 30 días económicos a los que tiene derecho.
Reconoce que el levantamiento de pesas es un asunto familiar porque su papá, fallecido hace 15 días, fue “fundador de la federación”. No tiene empacho en reconocer que su hermana Marianela está en su derecho de ser presidenta de la asociación de ese estado “porque los afiliados la eligieron y está totalmente en regla. No hay ningún estatuto que lo impida”.
–¿No es inmoral que su hermana tenga ese puesto, que le compre la comida a su yerno con recursos federales, que su esposa e hijo sean jueces y que los Alvarado controlen este deporte?
–No. Ella como presidenta no recibe ningún sueldo. Ni yo como federativo le pago. Es abogada. No tiene ninguna especialidad, litiga más lo civil, cosas de testamentos. Y también lo laboral. Ella usa su tiempo libre para atender la asociación. Está en su segundo periodo (ya lleva seis años como presidenta) y si cuando llame a elecciones tiene 70% de los votos podrá continuar.
“Mi esposa y mi hijo se hicieron jueces nacionales, pero mi hijo casi no participa. Es ingeniero y trabaja en la zona industrial de aquí. Sólo en sus vacaciones puede participar. Mi esposa es juez internacional y la Federación Internacional siempre la invita a participar porque es muy buena. Ella estudió enfermería, es jubilada del IMSS. A mi hijo y mi esposa no les pagamos, regalan su trabajo. Y estatutariamente no tienen ningún impedimento”, aclara.
Damaris Aguirre recuerda cuando en 2011, fuera de toda regla, Alvarado realizó un chequeo privado “de desempate” entre ella y Cinthia Domínguez para definir a la representante de México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en la categoría de los 75 kilos. Todo fue amañado para que perdiera y Domínguez, protegida del federativo, obtuviera la plaza cuando regresaba a competir después de haber dado positivo en un control antidopaje.
“Estuve sola, sin entrenador. Yo misma cambiaba los discos. Cuando ella pasaba todos aplaudían; cuando yo lo hacía sólo Soraya (Jiménez) y mi mamá me echaban porras. Mis tres levantamientos los marcaron nulos. Uno de los jueces que estuvo en complicidad con Rosalío para mi descalificación fue su hijo Marco Antonio Alvarado”, narra.
Alvarado refiere que hay otro punto que, hasta ahora, no ha tomado en cuenta pero podría aplicar para dejar fuera de competencia a los estados de Sonora y Chihuahua en cualquier justa que avale la FMLP: el dopaje.
Dice que por cada estado dos atletas dieron positivo en 2012 y, de acuerdo con la regla, la federación, además de castigar a los deportistas, está en su derecho de sancionar a esas entidades.
“Sonora es el estado con más problemas de dopaje. En un selectivo salieron dopados Manuel Santamaría y Alejandra López en 2012, y por Chihuahua, Erick García Nevarez, de la selección mayor, salió con dos esteroides y otro juvenil que no hemos localizado para notificarlo. Nuestros estatutos dicen que cuando una asociación que representa a un estado tiene dos dopados en un año se les aplica una sanción y no pueden competir durante un año, aparte de que se les cobra una multa. Eso lo tienen en contra los dos estados y tenemos aún pendiente sancionarlos”, remata el federativo.
