La detención de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo el pasado 26 de febrero sacudió al país. De inmediato empezaron las explicaciones de la acción gubernamental, así como las más diversas interpretaciones procedentes de todos los ámbitos de la vida pública mexicana. También hubo especulaciones, y desde luego pronósticos, sobre el desenlace y sus consecuencias. Hasta el 28 de febrero, el gobierno dio una de cal y otra de arena: detuvo a una presunta delincuente, pero mostró su vocación autoritaria al sustituirla por un líder dócil y maleable. Con ello evocó al Quinazo, del que tanto se quiere distanciar.
Pese a todas las explicaciones oficiales, no hay manera de ocultar que la decisión fue política, hasta ahora bien respaldada jurídicamente, pero política a final de cuentas. Era un secreto a voces que bastaba una mínima investigación en las finanzas sindicales y personales de la lideresa para encontrar evidencias con valor jurídico probatorio para encarcelarla. No se habían realizado las pesquisas porque faltaba voluntad política. Por ello, la decisión fue política y la operación, así como la ejecución, jurídicas.
Todo indica que la operación fue planeada y ejecutada a conciencia, pues se cuidaron todos los detalles. Se realizó justo cuando la opinión pública se mostraba más adversa a Gordillo. Por lo menos durante los 12 años del panismo ella fue, y con razón, la villana favorita de los medios. Sus excesos y despropósitos fueron ampliamente difundidos. Su oposición a la (bien vendida) reforma educativa también contribuyó a exacerbar los ánimos en su contra.
Los únicos que eventualmente podían defenderla eran algunos de los maestros beneficiados por sus favores; sin embargo, los neutralizaron al acusarla de malos manejos de los recursos sindicales. Para completar la filigrana, la detención se efectuó justo cuando regresaba de sus mansiones en San Diego, en su avión particular, con el propósito de organizar la resistencia sindical contra la reforma educativa. Así se desarticuló cualquier forma de protesta.
Aún falta conocer detalles del expediente jurídico para evaluar la solidez del caso; sin embargo, hasta estos momentos las autoridades han buscado darle toda la cobertura legal y parece bien armado. Por eso es sorprendente la eficacia demostrada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues en el asunto Gordillo –según manifestó el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam– bastaron un par de meses para descifrar un entramado que abarca a la comunidad financiera internacional.
La decisión presidencial envía dos mensajes claros e incuestionables: su disposición de hacer valer la fuerza del Estado y su determinación para sacar adelante las reformas comprometidas. Pero todavía falta un gran trecho para poder concluir que el mandatario hará valer el estado de derecho, que combatirá la corrupción, que someterá a los poderes fácticos, que esto garantizará el éxito de sus reformas, entre otras conclusiones que pululan en los medios.
Por otra parte, además de los deleznables comportamientos de Gordillo, hay también algunas verdades irrefutables: no se sometió al poder de algunos prominentes priistas que hoy tienen posiciones de poder, entre los que destacan Emilio Chuayfett y Manlio Fabio Beltrones; contribuyó a la debacle tricolor en el proceso electoral de 2006; no sólo renunció al PRI, sino que formó un partido, desde el cual construyó alianzas con fuerzas alternativas al tricolor en diversas elecciones estatales.
En pocas palabras: así como encarnó la corrupción, el oportunismo, la oposición al progreso, la soberbia, la ostentación y muchos otros vicios inherentes al sistema y cuya enumeración sería casi interminable, también debe destacarse que formó parte de un grupo de expriistas que desafiaron a sus dirigentes, rompieron con el tricolor y contribuyeron al fortalecimiento electoral de sus opositores. También para ellos hay un mensaje implícito en la decisión presidencial.
Entre los priistas logró concitar odio y la sed de venganza. Nadie en su sano juicio puede oponerse a la acción del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, porque las evidencias eran públicas y conocidas; sólo faltaba darles el soporte jurídico. También es del todo cierto que su remoción era indispensable para mejorar la calidad de la educación mexicana, impulsar la democracia, restablecer la integridad y autenticidad del sindicalismo mexicano y combatir la corrupción, entre algunos de los cambios institucionales que requiere el sistema político mexicano para legitimarse.
Pero su encarcelamiento y, por consiguiente, su remoción de la dirigencia sindical no garantiza que se avanzará en los propósitos enunciados en el párrafo precedente, pues hay muchos otros políticos y dirigentes sindicales que también forman parte de los enclaves institucionales que impiden el avance democrático en el país. Entre ellos destacan Carlos Romero Dechamps, Humberto Moreira y Andrés Granier, por mencionar sólo a los que en fechas recientes se han visto con un manejo cuestionable de los recursos públicos. Para el armado de sus expedientes también podría utilizarse la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Al hablar de este órgano cabe preguntarse por qué no actuó con la misma eficacia en el caso Monex, pues mientras en el episodio Gordillo bastaron un par de meses para integrar el expediente, en aquel asunto electoral no fue suficiente medio año. Así que hasta el momento no se sostiene ninguna de las afirmaciones de Peña Nieto: “La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Ese es el principio básico del estado de derecho”, y que los recursos de los sindicatos pertenecen a los agremiados, no a sus dirigentes, y por consiguiente “la actuación de la Procuraduría General de la República se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros”.
El discurso suena bien, pero es innegable que muchos presuntos delincuentes –más o menos ostensibles que la maestra–, tanto entre los exgobernadores como entre los dirigentes sindicales, se encuentran libres, y algunos hasta fueron protegidos y postulados a puestos de elección popular por los propios priistas.
La maestra encarna todos los vicios del sistema político mexicano y concentra todo el encono de la opinión pública, pero también del gobierno y de los priistas, por ser expriista y oponerse a las acciones gubernamentales. Por ello, aplicarle la ley es una buena vía para enviar un mensaje inequívoco de disuasión a otros que se encuentren en sus mismas condiciones, aunque no hayan incurrido en ningún delito. Basta con que haya algún indicio que permita imputárselos, pues para cuando se demuestre su inocencia el sexenio ya habrá terminado.
Habría que estar atentos a otras futuras acciones, pero lo visto hasta ahora (la protección a los presuntos delincuentes cercanos al priismo y al gobierno, así como la designación del sucesor de Gordillo en la dirigencia del SNTE y su primer mensaje) no permite albergar muchas esperanzas.
