Mientras el gobierno español facilita el rescate de los bancos, estas instituciones se ensañan con ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas. Sin empleo, acorralados por las deudas y víctimas de una persecución judicial que termina con la pérdida de sus viviendas, están condenados a la exclusión social. Para algunos la situación se tornó insoportable y optaron por una medida extrema: el suicidio. Esta es, quizás, una de las facetas más devastadoras de la crisis que azota a España.
MADRID.- La mañana del viernes 8 Francisco José Lema Bretón regresó al departamento que alquilaba en Córdoba luego de llevar a su hija de ocho años a la escuela. Momentos después se lanzó al vacío desde el cuarto piso del edificio. Este trabajador de la construcción desempleado, de 36 años, había perdido su vivienda al verse imposibilitado para pagar la hipoteca.
En 2011 Lema Bretón tuvo un primer intento de suicidio: se abrió el cuello con una navaja enfrente de una sucursal del banco Badajoz, la entidad acreedora. Su estabilidad emocional estaba hecha añicos a raíz de que el banco le anunció que procedería contra sus avales: su padre y su suegro. No soportó que ellos pudieran perder sus viviendas.
Tras recuperarse de las heridas y mostrar su arrepentimiento por el lastre que significó ese intento para su esposa e hija, Francisco se vinculó con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que impulsa la campaña Stop Desahucios, en la que participan varios movimientos, incluido el 15-M. Su testimonio se plasmó en un documental del periodista Alberto Almanza, donde explicó por qué llegó a ese extremo: “Lo hice para avisar a los bancos de lo que se les viene encima. Porque, por desgracia, no voy a ser el único”.
Como la Ley Inmobiliaria en España no prevé la “dación en pago”, Francisco le entregó su casa al banco, pero eso no saldó su deuda, que se mantuvo en 25 mil euros más una serie de intereses y recargos que se fueron acumulando. A esta ofensiva bancaria se sumó la Agencia Tributaria, que le requirió el pago de intereses moratorios y recargos. Recibió la notificación momentos antes de lanzarse al vacío.
De acuerdo con fuentes judiciales, a partir de 2008 y hasta julio pasado sumaban casi 400 mil desahucios. Y, en aquel momento, los juzgados tramitaban la ejecución de otros 200 mil. Por su lado, las entidades bancarias aseguran que la cifra era de 172 mil y se encontraban pendientes 178 mil en proceso judicial abierto.
Un reporte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió que en el segundo trimestre de 2012 se realizaron casi 48 mil desalojos forzosos de viviendas, una cifra récord que se traducía en una media de 526 por día. Las comunidades más afectadas eran Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid.
“¡Manos arriba!”
El sábado 16, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en 50 ciudades españolas con el lema: “Rescate a las personas, no a los bancos”. Exigían reformas legislativas para frenar los desahucios hipotecarios, que se acepte la figura de “dación en pago” retroactiva y se implante un mecanismo de “alquileres sociales” para quienes se quedan sin vivienda.
Los manifestantes calificaron los lanzamientos como un “genocidio financiero”, por la voracidad de los bancos y porque la mayor parte de los expulsados no tienen a dónde ir y se refugian temporalmente con sus familiares. En Madrid recorrieron las principales calles desplegando pancartas que escribían la leyenda “¡Arriba las manos, esto es un desahucio!”. Los manifestantes corearon lemas como “No consentimos ni un desahucio más” y “No son suicidios, son asesinatos”, en alusión a los deudores que terminaron con su vida.
Rafael Mayoral, abogado de la PAH, sostiene que al principio las movilizaciones no repercutían en la agenda política porque el gobierno, los legisladores y los partidos ignoraban el problema. Sin embargo, en este momento el tema está sobre la mesa de la política “porque representa una flagrante violación a los derechos humanos”, apunta.
En entrevista sostiene que el drama de los desahucios, los suicidios y sobre todo las movilizaciones han hecho visible este drama. “Entendemos que estas deudas perpetuas representan una condena a la exclusión social, y que el desalojo forzoso de población vulnerable sin alternativa habitacional es una violación de los derechos humanos”, dice.
Cuatro días antes de las movilizaciones, la tarde del martes 12, la mayoría del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados aceptó darle entrada a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra las ejecuciones judiciales de desahucio, a la cual este partido se niega. La fuerza de una manifestación masiva en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y el incesante cabildeo de los activistas de la PAH –autores de la ILP– los orillaron a iniciar el trámite legislativo.
Ada Colau, portavoz de la plataforma, le dijo a la comisión de legisladores que los recibió: “Pedimos a los diputados que no desprecien a los ciudadanos; no rechacen nuestra iniciativa”. Esta ILP se presentó al Parlamento con 1 millón 400 mil firmas de apoyo de ciudadanos, tres veces más que otra que los diputados del PP aprobaron en la misma sesión, sin reticencia alguna, que considera las corridas taurinas como “bien de interés cultural”.
La realidad se impuso a las reticencias partidistas: La mañana de ese martes 12, una pareja de jubilados, de 67 y 68 años, se suicidó en su casa en Cas Catalá, en el municipio mallorquí de Calviá, luego de recibir la notificación de desahucio por no pagar su deuda.
La Guardia Civil, que se encargó de la investigación, confirmó que el matrimonio dejó una nota en la que anunciaban que decidieron suicidarse acuciados por la inminente pérdida de su casa.
En las redes sociales, la plataforma Stop Desahucios-Biskaia atribuyó ese día el suicidio de otro hombre de 56 años en el municipio de Basauri a los problemas que tenía para pagar su hipoteca. En la nota de despedida dirigida a su familia les decía que “ya no podía más”.
El tema de los suicidios pasó de la invisibilidad local a la proyección internacional cuando algunos medios publicaron el caso del suicidio de la exconcejal del PSOE Amaia Egaña, en el municipio de Baracaldo, luego de que la comisión judicial llegó a su domicilio para lanzarla a la calle. Una semana después se conoció el caso de un hombre que se lanzó al vacío en Córdoba.
Antes de Amaia se habían suicidado tres personas, el primero fue Juan Álvarez, de 45 años, en L’Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, el 12 de noviembre de 2010. Este electricista en paro ocupó una casa en el barrio Gornal al agotar la subvención del paro y no poder pagar el alquiler donde vivía con su esposa y su hija menor, publicó el diario La Vanguardia.
La presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmen Amaya, cita el periódico, informó que Álvarez acudió al ayuntamiento para pedir que ubicaran a su familia en un albergue “porque hacía mucho frío para quedarse en la calle”. No obstante, según Álvarez, los servicios sociales del consistorio rechazaron su petición. Después solicitó un aplazamiento del desalojo y al no conseguirlo decidió ahorcarse en el parque de las Setas, a pocos metros de la vivienda que en pocas horas debía abandonar por la fuerza.
Después de este caso existen al menos otros 11 registrados, así como intentos fallidos de suicidio y gente que sufre cuadros de depresión extremos, sostiene Mayoral.
Drama social
El juez Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia, es muy crítico ante la “situación privilegiada” de que gozan los bancos españoles, con “una serie de ventajas legales injustificadas y desproporcionadas, en relación con los ciudadanos, y del sistema hipotecario que tenemos, el cual impide a los ciudadanos alegar en medios de defensa frente a las entidades bancarias”.
Comenta al corresponsal que esta misma ley margina a los ciudadanos con deudas. “Cualquier persona puede tener un bache económico, pero eso no representa una condena de por vida a la exclusión social, como ocurre con los desahucios en España. Esto sucede desde hace años, pero con el estallido de la burbuja inmobiliaria pasó a ser un problema social porque afecta a cientos de miles de personas”, afirma.
El origen de esa burbuja se remonta a 1997, durante el gobierno de José María Aznar, como consecuencia de una ofensiva especulativa en el mercado inmobiliario que provocó que “hasta 2006 el precio de la vivienda se elevara hasta 100% en términos reales”, según un informe del Banco de España.
Ante la carencia de suelo edificable se abusó de la recalificación del suelo para la construcción, se desató la especulación inmobiliaria y los estímulos fiscales para adquirir viviendas, así como la facilidad para acceder al crédito bancario se tradujeron en una excesiva demanda de crédito.
La crisis global de 2007 y la propia de España en ese año y comienzos de 2008 propiciaron el estallido de la burbuja inmobiliaria que dio paso a los juicios de ejecución hipotecaria promovidos por los bancos contra quienes no pudieron pagar sus deudas.
En febrero de 2011 nació la PAH entre personas perseguidas por sus deudas con los bancos que empezaron a organizarse para impedir su desalojo. Algo parecido ocurrió en México durante los noventa con El Barzón.
Las comisiones judiciales encargadas de realizar los desalojos, siempre acompañadas por contingentes de policías, se enfrentan con la gente y eso propicia episodios de represión. Así ocurrió en Caulina, Jerez, en octubre de 2011, cuando 12 integrantes de la plataforma fueron detenidos y seis resultaron heridos al chocar con la policía. Trataban de impedir el desalojo de una familia cuyo jefe cayó enfermo y se vio impedido de trabajar. El hijo, José Gutiérrez, alegaba que se quedarían en la calle porque no tenían a dónde ir.
El juez Bosch explica que la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que “la legislación inmobiliaria española beneficia a los bancos, al extremo de ser contraria a la directiva de protección de los consumidores en el ámbito europeo y, por tanto, pide se informe su falta de validez”.
Se refiere a la resolución de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, quien dictaminó que la ley española de desahucios vulnera la norma comunitaria porque no garantiza la protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. Lo hizo como respuesta a una consulta jurídica del juez catalán que debía dirimir una denuncia presentada por el ciudadano marroquí Mohamed Aziz en contra de CatalunyaCaixa, que forzó la expulsión de su vivienda en enero de 2011, por cláusulas del contrato hipotecario que resultaron abusivas.
Bosch no descarta que este dictamen pueda originar un fallo del Tribunal de Justicia de la UE que declare “que nuestro sistema procesal es nulo y que tendremos que cambiarlo, con todas sus consecuencias”.
Una de esas prácticas abusivas, explica el jurista, con base en un caso real que él atendió, es que la vivienda del deudor estaba tasada en 180 mil euros, “pero el banco al quedarse con el departamento no daba por saldada la deuda porque lo tasó en 60% de su valor, con lo cual le exigía el 40% restante más intereses moratorios exorbitantes, contra los cuales no hay posibilidad de defensa, pues nuestras leyes no permiten alegarlo. Esto condena a la muerte civil de por vida”, critica.
La paradoja de España es que frente a los miles que pierden sus viviendas y deben refugiarse con familiares o amigos existen 6 millones de viviendas vacías, resabios de la “fiebre del ladrillo” en la que incurrieron los constructores en este país, expone el abogado Mayoral, con base en un informe de la relatora de vivienda de la Organización de las Naciones Unidas.
Tanto Mayoral como Bosch criticaron que la Asociación Española de Banca (AEB) y la patronal de las cajas de ahorro hayan anunciado en noviembre que frenarían los desahucios en casos en “que concurran circunstancias de extrema necesidad”, y que anunciaran esta medida cuando se hicieron públicos los suicidios.
“Se trata de un parche; lo que las familias necesitan es una moratoria en el pago”, afirma el abogado de la PAH. Y Bosch añade: “Esta suspensión no es una moratoria, pues los procedimientos judiciales siguen su marcha; se siguen generando intereses, algunos de hasta 28%, y eso implicará que dentro de dos años los deudores serán desalojados, al igual que lo iban a ser ahora, pero con una deuda muchísimo mayor”, explica.
