La inexistencia de un sistema de rendición de cuentas, la cultura clientelar del mexicano y la ausencia de un efectivo servicio civil de carrera se conjugan para facilitar el uso electorero de los programas gubernamentales, particularmente los sociales. Estos tres, entre otros factores, fueron fundamentales para que el PRI prolongara su permanencia en la Presidencia de la República durante 70 años y hoy los retoma para intentar asegurar una larga segunda etapa.
En todo el mundo el partido gobernante trata de obtener el máximo rendimiento electoral de sus programas públicos y desde luego particularmente de los programas sociales, que son siempre los más sensibles para los ciudadanos y sus familias. Nadie puede escandalizarse por ello pues sucede incluso en las democracias más consolidadas, las economías más desarrolladas y los gobiernos más vigilados.
Sin embargo una cosa es beneficiarse de un buen ejercicio gubernamental y otra muy distinta aprovechar los recursos públicos para incrementar su caudal de votos. Lo segundo sucede cuando los programas se diseñan para asegurar el triunfo electoral, sin importar el impacto en la solución de los problemas económicos y sociales de la población, cuando el acceso o los beneficios del o los programas se condicionan a la votación de un determinado candidato o partido. Peor todavía: Los programas se diseñan de tal manera que simplemente ayudan a paliar el problema pero nunca a solucionarlo, pues su existencia misma es la que brinda la posibilidad de implementar y utilizar electoreramente esos programas.
Una de las grandes esperanzas que creó la alternancia en la Presidencia de la República en 2000 era precisamente que el nuevo gobierno combatiría eficazmente las causas estructurales que deban pie a dichas prácticas. Durante el gobierno foxista se actuó con cierto recato en la designación de los delegados de las secretarías federales en las entidades, particularmente en el caso de la Sedesol y Oportunidades; se impulsó la ley de transparencia y hasta se tuvo el cuidado de implementar un Consejo Ciudadano en la Sedesol, precisamente para vigilar que los programas sociales no se utilizaran con fines electorales. Incluso logró abatirse en forma importante la pobreza.
Lamentablemente no se logró el cambio institucional y estructural. Se avanzó en la transparencia pero no en la rendición de cuentas; nada se hizo para combatir la cultura clientelar. Al contrario, muchos panistas se apropiaron de la misma y la empezaron a utilizar para perpetuarse en las instancias de gobierno; y el servicio civil de carrera tampoco pudo consolidarse. Por si esto fuera poco, a pesar de que los resultados del combate a la pobreza fueron relativamente exitosos, todavía un porcentaje muy significativo de la población permaneció en la denominada pobreza alimentaria y nada se hizo para abatir la tan nociva desigualdad económica y social.
La falta de avances sustantivos en la materia provocó que durante el sexenio de Felipe Calderón se iniciara la involución: La pobreza alimentaria se exacerbó, la transparencia sufrió varios golpes devastadores y también se debilitó el naciente servicio civil de carrera y la designación de los delegados de las dependencias federales en los estados se realizó con criterios claramente partidistas, lo cual revivió nuevamente la utilización primordialmente electorera de los programas gubernamentales, especialmente los sociales. En la rendición de cuentas no podía haber retrocesos porque nunca hubo avances.
En estas condiciones los priistas tejieron todo un entramado alternativo para contrarrestar estas prácticas. Una parte muy importante descansó en los gobiernos estatales y en eso el gobierno del Estado de México fue ejemplar, como se dejó constancia en la elección del actual gobernador en 2011; pero otra fue por vías externas, como se evidenció en las pasadas elecciones presidenciales con los casos Monex y Soriana, entre los más ostensibles.
Pero una vez que llegaron al gobierno se han dedicado a restaurar sus redes. Y para esto serán particularmente útiles la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
El primer programa incluye cinco objetivos concretos: Cero hambre, eliminar la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción de alimentos e ingresos de los campesinos, minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos y promover la participación comunitaria en el programa. Y para ello, en conjunción con esta cruzada se aplicarán el seguro de vida para jefas de familia y la pensión para mayores de 65 años.
El segundo programa implica una intervención de nueve secretarías federales, se enfoca en prevención de la violencia en el ámbito escolar y familiar, prevención de las adicciones y detección temprana de problemas de conducta o de aprendizaje. Obviamente operará en cada uno de estos ámbitos, pero además implica equipamiento de edificios, proyectos urbanos y nuevas pautas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad. El presupuesto que se destinará es de 118 mil millones de pesos en tres fases, cuya duración y detalles todavía no están claramente especificados.
Lo cierto es que en su primera fase ambos programas están muy dirigidos a entidades y municipios que tendrán elecciones en julio de este año. En ambos casos las dependencias responsables (Sedesol en el primero y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación) encuentran argumentos y hasta cifras para defender su selección, pero estos son controvertibles y controvertidos. En el caso de la Cruzada, el periódico Reforma publicó, en su edición del domingo 10, que 212 de los 400 municipios previstos se encuentran en entidades que tendrán elecciones este año. En el caso del Programa de Prevención, son 54 de los 100 que se atenderán en esta primera etapa.
Además el nuevo gobierno ya empezó el recambio en las delegaciones federales, particularmente las que tienen que ver con la operación de estos programas y la militancia priista figura como el primer, si no es que el único, requisito para poder aspirar a ocupar dicho cargo. Es decir, nuevamente se procederá a operar estos programas electoreros a través de estos distinguidos militantes priistas disfrazados de burócratas federales.
La operación ya está en marcha y en escasos cuatro meses y medio conoceremos sus impactos, al menos en los resultados electorales, donde el PRI aspira a recuperar la gubernatura de Baja California y retener o recuperar varias alcaldías muy disputadas, entre las que destacan Puebla, Durango, Torreón, León, Oaxaca, Chihuahua, Culiacán y Veracruz, entre otras. Éste es el indicador más importante para el actual gobierno federal.
