El gobernador priista de Colima, Mario Anguiano, ha admitido públicamente que la violencia desatada en la entidad se debe a su importancia geográfica para los cárteles del narcotráfico y su logística, así como a la pugna por el mercado local de las drogas. Los ciudadanos, víctimas y testigos de asesinatos indiscriminados –incluso de niñas y sacerdotes–, están hartos de esa ausencia de ley y de gobierno.
COLIMA, COL.- A sus 10 años, cumplidos el 6 de diciembre anterior, Irma Jazmín Isaisa Arroyo contaba ya con una meta: varias veces le había dicho a su mamá que de grande quería ser enfermera.
“Pues échale ganas al estudio para que puedas recibirte”, le recomendaba la señora Irma Arroyo Villa a su hija, quien cursaba el tercer grado de primaria en la escuela Benito Juárez, ubicada a tres cuadras de su vivienda, en la colonia San Isidro de la ciudad de Tecomán.
Pero el sueño terminó para la niña el domingo 27 de enero pasado, cuando salió por la mañana a comprar tortillas y ya no regresó. Tras una búsqueda infructuosa por la colonia, Irma Arroyo y esposo, Jorge Hernández Ramírez, denunciaron la desaparición de la menor ante la mesa tres del Ministerio Público de la localidad, donde al final de la diligencia se les informó que ese día serían visitados en su domicilio por los agentes comisionados para la investigación del caso.
Los familiares continuaron indagando por su cuenta, en tanto que los policías no acudieron. Al día siguiente, la madre y Flor del Carmen Hernández Fuentes, prima de Irma Jazmín, fueron de nuevo a las oficinas del Ministerio Público a preguntar por los avances de las investigaciones, pero en lugar de informarles, una asistente les pidió repetir algunos datos que ya habían proporcionado la víspera y conjeturó: “A lo mejor se fue con el novio”.
La niña fue encontrada muerta la tarde de ese lunes 28 en una huerta de limón. Tenía el cuerpo parcialmente quemado, con huellas de violación y un corte en la garganta. Su padrastro pudo identificarla en la morgue debido a que un día antes una de sus hermanas le había pintado las uñas de las manos y de los pies.
Ocho días después, cerca de la medianoche del martes 5 de febrero, el sacerdote católico José Flores Preciado, de 83 años, fue encontrado por dos seminaristas malherido en el interior del templo dedicado a Cristo Rey, en la colonia Placetas de la ciudad de Colima.
Como consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza y en el rostro, el religioso falleció horas más tarde, mientras recibía atención médica en el Hospital Regional Universitario.
A más de 50 años de su ordenación sacerdotal, Flores Preciado estaba a punto de retirarse de sus funciones como profesor de latín en el Seminario Mayor de Colima, aunque continuaba oficiando misa en el templo a su cargo y era confesor en la catedral.
Sus restos fueron velados en el templo de San José, donde antes del sepelio el obispo José Luis Amezcua Melgoza ofició una misa de cuerpo presente, a la que asistió la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Yolanda Verduzco Guzmán.
El 17 de febrero, la funcionaria anunció la detención de cuatro presuntos responsables del asesinato de la niña, quienes según la versión oficial son miembros de un cártel del narcotráfico y atacaron a la menor al confundirla con la hija de uno de sus rivales en la venta de drogas.
Ese mismo día se dio a conocer también la detención del presunto asesino del sacerdote, que de acuerdo con la PGJE es un adicto que agredió al cura a golpes porque en vez de darle dinero le ofreció comida.
Estos dos homicidios despertaron el hartazgo de la población frente al crecimiento vertiginoso de los índices de violencia e inseguridad durante los últimos cuatro años en el estado, lo que motivó que miles de colimenses participaran en las marchas por la paz convocadas, de forma separada, por el obispo Amezcua Melgoza y por ciudadanos a través de las redes sociales.
El sepelio de Irma Jazmín, desde la iglesia de La Lupita hasta el cementerio municipal, se convirtió en una protesta espontánea. En el cortejo fúnebre, integrado por alrededor de 300 personas, se mostraron decenas de pancartas con exigencias de seguridad y justicia.
Posteriormente, usuarios de Facebook llamaron a una manifestación en Tecomán el domingo 10 de febrero, desde el parque Insurgentes hasta el Palacio Municipal, en la que participaron cientos de personas, entre ellas familiares de la niña y de otras víctimas de la violencia.
Ahí, entre sollozos, el médico Ramón Salinas y su esposa Lourdes Rodríguez denunciaron el reciente asesinato de su hijo Pablo Salinas, de 24 años, quien se había graduado como médico y prestaba su servicio social en el poblado de Periquillos, municipio de Armería.
Ese mismo día, en todas las iglesias de la diócesis de Colima, durante las misas dominicales, los sacerdotes anunciaron a los feligreses la convocatoria del obispo a participar en una serie de marchas silenciosas por la paz: el sábado 16 en la capital del estado y el domingo 17 en los municipios de Tecomán y Manzanillo, así como en otras poblaciones.
Según el sacerdote Jesús Mendoza Preciado, vocero de la diócesis, más de 15 mil personas tomaron parte en las tres marchas principales convocadas por la Iglesia católica. Durante su homilía, en la misa multitudinaria al aire libre con la que cerró la marcha en Colima, el obispo José Luis Amezcua clamó:
“No queremos vivir más en el miedo que corre entre las venas ni que otros hermanos sean levantados mientras caminan temerosos y que pasen a formar parte de una fría estadística, o sean uno más de los desaparecidos, y que luego sepamos que están muertos, o de una familia más que vive en la angustia o la zozobra que acaban con la vida.”
El jerarca religioso se preguntó: “¿Cuántos cuerpos de hermanos nuestros se han encontrado destrozados o calcinados y cuántos ni siquiera se sabe dónde quedaron?”. Enseguida hizo un diagnóstico demoledor: “La convivencia está dañada, la relaciones torcidas, las leyes despreciadas y cuántos quieren hacer justicia ya por sí mismos”.
Antes de estas marchas, la población se movilizó en agosto de 2011 en protesta por la violación y asesinato de la estudiante de bachillerato Andrea Rodríguez García, y en marzo de 2012 por el homicidio del ciudadano Simón Ignacio Palomino Gutiérrez, fallecido cuando estaba en un negocio de autos usados que fue atacado por un comando.
Respecto de este último caso, el hermano de la víctima, Teodoro Palomino Gutiérrez –funcionario del Gobierno del Distrito Federal en el periodo de Andrés Manuel López Obrador– denuncia que a casi un año del crimen ha prevalecido la impunidad:
“Creo que una sociedad tan pasiva como era la colimense, tan tranquila, hoy se está viendo lastimada realmente con los asesinatos, porque hay un discurso en términos de que se está haciendo justicia, pero los criminales caminan impunemente por la entidad en la medida que son protegidos por alguien, y esa protección ¿de dónde tiene que venir? De las fuerzas policiacas y de las fuerzas del gobierno.”
Cifra mata intención
En agosto de 2010, pasados 10 meses desde que tomó posesión como gobernador y tras una racha de ejecuciones y otros actos de violencia atribuidos al crimen organizado, el gobernador priista Mario Anguiano Moreno convocó a los denominados Encuentros por la Seguridad, donde señaló que la problemática de Colima es también un tema de seguridad nacional, dada la importancia cada vez mayor del movimiento de mercancías del puerto de Manzanillo.
Tras admitir que el territorio colimense está conectado hacia otros centros de distribución de narcóticos, dijo que hubo un cambio en la operación del crimen organizado, el cual “desarrolló en la venta local de estupefacientes uno más de sus negocios; Colima no solo es ruta, sino también mercado para el consumo de la droga”.
En ese contexto, anunció un programa de trabajo integral con acciones en el corto y mediano plazos “para alcanzar el objetivo de que Colima se mantenga como uno de los estados más seguros del país”.
Entre esas acciones enumeró la depuración de las corporaciones policiacas, puntos de revisión para evitar la introducción de armas y droga al estado, coordinación con los otros niveles de gobierno, impulsar diversas reformas legislativas, así como aplicar una estrategia regional con los estados vecinos y desplegar programas de educación y empleo para los jóvenes.
Dos años y medio después, la violencia y la inseguridad han empeorado en Colima, una de las entidades menos pobladas del país.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2009 se cometieron en el estado 61 homicidios dolosos, en 2010 la cifra se elevó a 131 y en 2011 llegó a 169. Y según la PGJE, en 2012 el número ascendió a 259. Un conteo del diario digital Avanzada revela que en el inicio de 2013 la tendencia empeora: en las primeras siete semanas se registraron 45 asesinatos, casi uno por día.
Un estudio reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., coloca a los cuatro principales municipios de Colima –donde vive más de 80% de la población del estado– entre los primeros 40 del país con la mayor tasa de homicidios dolosos durante 2012, todos con índices por encima de la media nacional, que fue de 17.97 crímenes anuales por cada 100 mil habitantes.
Tecomán ocupó el sexto lugar nacional con una tasa de 65.79 homicidios; Colima se colocó en el sitio 24 con 36.66; Villa de Álvarez en la posición 28 con 30.49, y Manzanillo en el 39 con una tasa de 22.83. La lista nacional es encabezada por el municipio de Acapulco, Guerrero, con una tasa de 142.88.
Las cifras de otros delitos también se dispararon en Colima. La PGJE reporta un aumento de 65% en la cifra general de denuncias, que en 2010 fue de 7 mil 656 y en 2012 creció a 12 mil 493.
En ese lapso el robo de vehículos tuvo el mayor incremento, al pasar de 535 en 2010 a 2024 en 2012 (278%). Los robos a casas habitación casi se duplicaron en ese periodo, al elevarse de mil 100 a 2 mil 60 denuncias.
En su tercer informe de gobierno, el 18 de diciembre pasado, Anguiano Moreno expuso que la violencia en la entidad fue generada por la disputa del mercado interno de la droga entre bandas originarias de Jalisco y Michoacán, lo mismo que por la importancia estratégica que tiene el puerto de Manzanillo para la producción y el tráfico de enervantes.
El mandatario manifestó que si bien los grupos del crimen organizado siguen operando en la entidad, “es justo reconocer que no hemos cedido espacios, que seguimos fortaleciendo los instrumentos de seguridad y procuración de justicia, y que estoy seguro tendremos mejores resultados en los años siguientes”.
Durante la posterior comparecencia ante el Congreso local del secretario de Seguridad Pública, Raúl Pinedo Dávila, el diputado panista Donaldo Ricardo Zúñiga dijo en tribuna que, durante los tres años que lleva, “el gobierno de Mario Anguiano Moreno no ha sido aún capaz de crear una política eficiente en materia de seguridad y en el último año se ha incrementado el índice de delitos del fuero común, propiciado esto en gran medida por la falta de una estrategia de prevención del delito”.
Planteó: “Creemos que es necesario, a estas alturas de la administración, dar un golpe de timón a la política de seguridad; que se reconozca en lo que se ha fallado, en lo que no ha funcionado, y se reemprenda el camino también para obtener mejores resultados”.
Dos días antes, el legislador perredista Francisco Rodríguez García prácticamente le solicitó su renuncia a la procuradora, Yolanda Verduzco Guzmán, cuando ésta compareció ante el Congreso.
“La actuación de la procuradora en estos dos años ha tenido sus altibajos y, haciendo un balance, consideramos que el ciclo de usted al frente de la procuraduría debe concluir, es necesario un relevo que venga a dar nuevos bríos a la corporación”, le dijo. La funcionaria no hizo comentarios al respecto.
El costo social
Prácticamente ningún sector de la sociedad ha quedado a salvo de la inseguridad y la violencia. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Colima, Reynaldo Ballesteros Castillo, señala que en el estado aproximadamente cuatro de cada 10 empresas del sector comercio y tres del sector servicios han sido víctimas de algún delito.
A su vez, el dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Emilio Carrillo Preciado, indica que principalmente los empresarios de Tecomán han visto lastimado su patrimonio al ser víctimas de extorsión y robos en sus negocios o en sus vehículos, por lo que ya es indispensable invertir en mecanismos de seguridad.
“Antes esto no se veía como algo necesario, pero ahora los costos de seguridad representan aproximadamente 5% de la producción, sobre todo por la contratación de personal de empresas de seguridad privada, modernización de chapas, sistemas de videovigilancia y capacitación sobre las formas de prevención y planes de reacción ante un problema”, señala Carrillo Preciado.
Según el vocero de la diócesis de Colima, Jesús Mendoza, al menos 30 sacerdotes han sufrido actos de extorsión, entre ellos el presbítero asesinado, y algunos han sido obligados a depositar dinero.
En entrevista, el religioso dice que actualmente se vive en Colima una descomposición social y estima que “la seguridad va a llegar a nosotros en el momento que tomemos conciencia de la dignidad de la persona, del respeto a la vida humana; mientras no haya eso, la ley es la ley de la selva”.
Mendoza Preciado dice que lo han llamado feligreses y “me han expresado su inquietud, y a veces su rabia porque les han exigido dinero, que depositen en tal parte de la carretera o del pueblo, y muchas veces tienen que conseguir fuertes cantidades para cumplir con esas exigencias”.
Armando Aguilera, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, señala que la violencia ha provocado la ruptura del tejido social en el estado, particularmente en el municipio de Tecomán, y esto ha derivado que la sociedad viva con miedo, arrinconada.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, hace un llamado al gobernador, Mario Anguiano, a que rectifique el camino: “Él tiene información. Si ve que las cosas no funcionan, que tome decisiones, es responsabilidad de él como gobernador y de Rogelio Rueda Sánchez como secretario de Gobierno. No queremos que haya más muertos”.
Advierte que en el combate a la violencia y a la inseguridad hace falta más trabajo de inteligencia, porque la mayoría de las detenciones se realizan en situaciones de flagrancia, no por las investigaciones.
“Cuando no se garantiza la seguridad –puntualiza el ómbudsman–, la gente se decepciona y corremos el riesgo de que vengan los grupos de autodefensa. Cuando el Estado no tiene la capacidad de resguardar la seguridad de las personas, entonces la sociedad lo va a hacer y va a rebasarlo. Es cuando viene el riesgo de un Estado fallido y no hay que correr ese riesgo.”
Para Teodoro Palomino, sin embargo, ese sombrío escenario ya es una realidad: “En Colima hay un gobierno fallido, porque un gobierno que no puede dar seguridad a sus ciudadanos es un gobierno que está fallando”.
