Señor director:
Le deseo lo mejor para 2013, que hemos de ver promisorio y mucho mejor que el pasado, a pesar del retorno de los brujos. La esperanza –dicen los cursis– es lo último que muere.
Los ejidatarios y comuneros de Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, también tienen esperanza. En la administración de Marcelo Ebrard, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal les contrató las plantas y flores con que fueron adornadas Reforma, Avenida Juárez, el Zócalo y otras calles principales. Ellos atendieron las urgencias, trabajaron día y noche para surtir al capricho del gobierno del DF.
Todo iba bien, hasta que cobraron (Las deudas del “alcalde del año”, Proceso 1833)…
Los funcionarios de Obras y Servicios les inventaron requisitos al por mayor y que, una vez cumplidos, eran remplazados por otros, porque de lo que se trataba era de no pagarles a los ejidatarios.
Vinieron los descolones… Los mismos funcionarios incluso impidieron que los quejosos entraran a sus oficinas. Los años de espera y la crítica situación económica de los ejidatarios los hizo vencer el miedo al gobierno y finalmente se atrevieron a demandarlo.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) contestó la demanda con mala fe, alegando que los contratos habían sido firmados por funcionarios del gobierno local que no tenían poder, aunque no se pudo negar que las flores y plantas se hayan recibido y usado.
La juez 6l Civil del Tribunal Superior de Justicia del DF dictó sentencia: condenó al gobierno de Marcelo Ebrard a pagar 98 millones de pesos por la cuenta principal, más los intereses y costas.
Apeló el DF y la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena al pago de costas e intereses. El gobierno capitalino pidió amparo al Segundo Tribunal Colegiado Civil, que el pasado 4 de enero dictó sentencia: negó la protección constitucional a la autoridad local, con lo que a ésta no le queda más que cumplir el fallo de la justicia federal y local.
En el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa del DF hay una partida de dinero destinada al pago de estas contingencias. Cabe señalar que el sufrimiento de los campesinos y la mala fe de Obras Públicas fue causa de la condena en costas, que equivale a 8% de lo reclamado, más de 10 millones de pesos.
Si el GDF tuviera otros abogados o simplemente no hubiera dado esa contestación al reclamo de los floristas, se hubiera ahorrado las costas, de modo que al jurídico local cuesta menos si los tiene durmiendo la siesta o leyendo el periódico en lugar de defenderse con mentiras mañosas.
Esperamos que el doctor Miguel Ángel Mancera, actual jefe de Gobierno del DF, haga efectiva su palabra de hacer cumplir la ley y la convierta en hechos.
Atentamente
Carlos González Gamio
