El gobierno de Sebastián Piñera sabotea la solución política del conflicto de los mapuches y opta por una salida violenta. Aumenta los efectivos policiacos y los equipos bélicos en la región de la Araucanía, realiza allanamientos y detenciones y aplica la Ley Antiterrorista –herencia de la dictadura de Pinochet– que criminaliza la protesta social. Organizaciones de derechos humanos, la Iglesia y partidos políticos critican las medidas de Piñera y reconocen como legítima la movilización del pueblo mapuche, el cual ha sido despojado de su territorio y sus recursos y sufre de discriminación racial, exclusión social y negación de su cultura.
VALPARAÍSO, CHILE.- El asesinato de dos ancianos latifundistas, asfixiados y quemados en el fundo ubicado en la comuna de Vilcún –a 25 kilómetros de Temuco, capital de la Araucanía–, puso nuevamente en el primer punto de las prioridades políticas el conflicto mapuche.
La madrugada del viernes 4 un grupo de encapuchados irrumpió en el fundo Palihue e incendió la casa patronal donde vivían los esposos Werner Luchsinger, de 75 años, y Vivianne McKay, de 69.
Según las primeras indagatorias, Werner Luchsinger escuchó la presencia de intrusos, bajó de su dormitorio con una pistola y alcanzó a dispararle a uno de los atacantes antes de ser golpeado en la cabeza y quedar inconsciente. No pudo escapar del humo y las llamas. Su mujer murió con él.
El principal sospechoso de la autoría del doble asesinato es el machi (curandero) Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, quien fue sorprendido el mismo día de los homicidios a unos 800 metros del lugar, herido de bala. Según los carabineros (policías), su herida correspondería al disparo hecho por Luchsinger. El machi niega toda participación en el crimen.
El Cuerpo de Carabineros afirmó que en las cercanías de la casa incendiada encontró panfletos que aludían a Matías Catrileo, un universitario mapuche asesinado el 5 de enero de 2008 en el fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luchsinger, primo del latifundista muerto.
Pese a que la justicia condenó en 2011 al cabo de carabineros Walter Ramírez Inostroza por ser autor de ese crimen, éste se encuentra en libertad e incluso siguió siendo carabinero hasta que el viernes 18 fue dado de baja.
La conmemoración de la muerte de Catrileo tenía en alerta a las policías en todo el centro-sur de Chile, dado que esa fecha se ha tornado un hito en el calendario de luchas del pueblo mapuche.
En las semanas y meses previos a la muerte de los Luchsinger hubo numerosos incidentes. Uno de los más destacados fue el pasado 23 de diciembre. Ese día desconocidos quemaron las casas patronales de los fundos Santa Isabel y Temuco, cerca de la capital de la Araucanía, en una acción reivindicada, mediante un comunicado público el 27 de diciembre, por la agrupación de comunidades mapuches en resistencia Lof Wenteche.
El garrote
El presidente Sebastián Piñera ha dado señales de que su pretensión es abordar “el problema mapuche” desde un punto de vista policial –incluso militar–, intentando debilitar la posibilidad de una salida política.
El viernes 4 anunció que invocaría la Ley Antiterrorista contra los autores de los atentados incendiarios ocurridos en la zona de conflicto. Esta normativa fue creada por Augusto Pinochet en 1984 para reprimir a quienes participaban en las protestas sociales que entonces arrinconaban a la dictadura. Desde el retorno a la democracia, en 1990, sólo ha sido utilizada contra los mapuches. Antes de Piñera la invocaron los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
La aplicación de esta normativa generó inmediato rechazo. El viernes 4 la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, manifestó: “Esa ley tiene deficiencias que operan en contra de aplicar un juicio justo y de lograr acceder a la verdad de lo que ocurrió”.
Por otra parte Piñera anunció que dará más equipo a las policías en las zonas más candentes del conflicto: Se les entregarán cuatro nuevas tanquetas que se sumarán a las seis ya existentes. Además habrá nuevos helicópteros y se aumentará 20% la dotación policial.
El mandatario chileno también solicitó al fiscal nacional, Sabas Chauán, que nombre a un fiscal especial para el caso en cuestión. La responsabilidad recayó en el fiscal regional de la Araucanía Francisco Ljubetic, cuyos antecedentes no muestran a un hombre imparcial: En 2010, cuando era fiscal especial para investigar los delitos asociados al conflicto mapuche, estuvo empeñado en establecer una supuesta vinculación entre las organizaciones indígenas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Aunque esto resultó ser falso, las acusaciones –que fueron ampliamente divulgadas por los medios, especialmente por el canal estatal TVN– recibieron el respaldo del entonces ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter, quien las usó como justificación para sembrar el terror en la Araucanía.
A pocas horas de los sucesos de Vilcún, comenzó una oleada de allanamientos en varios sectores de la Araucanía. La Comunidad Autónoma de Temucuicui fue asaltada –el domingo 6– por la policía militarizada.
Según denunció a Radio Cooperativa el vocero de dicha comunidad, Jorge Huenchullán, en ese operativo los carabineros torturaron al comunero Pablo Millanao, de 32 años. Huenchullán señaló también que los policías provocaron heridas de bala a un número impreciso de comuneros.
Piñera siguió mostrando sus cartas el domingo 13: Anunció que el Ejecutivo pondría “suma urgencia” al resistido proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público, mejor conocido como Ley Hinzpeter. Ésta, de aprobarse, sancionaría con duras penas a quienes se cubran el rostro en situaciones de protesta, los bloqueos de caminos y la toma de instituciones públicas y privadas.
Este proyecto fue presentado al Congreso en octubre de 2011, en el contexto de las grandes protestas estudiantiles. Su tramitación no ha sido fácil dado el fuerte rechazo que genera en el movimiento social, en los partidos de oposición y en organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
La directora ejecutiva de esta organización en Chile, Ana Piquer, expresó el 23 de mayo –en medio de la entrega del informe 2012 de la situación de los derechos humanos en el mundo– que con la Ley Hinzpeter “podrían quedar criminalizados como delitos hechos que no son más que el ejercicio de derechos humanos básicos, como el derecho a reunión o la libertad de expresión”.
Por otra parte Piñera pidió al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Youseff, que incorpore a las fuerzas armadas en las tareas de inteligencia “para poder aumentar la eficacia de la lucha contra el terrorismo en esa región”.
Según un informe de la ANI dado a conocer el viernes 11 por el periódico Panorama News, la Policía de Investigaciones está formando una fuerza de tarea para enfrentar al pueblo mapuche. En 2012, 40 policías recibieron entrenamiento del ejército con tales fines. Esa información ha sido replicada por muchos medios y no ha sido desmentida por el gobierno.
La forma en que el gobierno abordó el conflicto mapuche tras las muertes de los Luchsinger ha originado numerosas críticas.
El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, afirmó en declaración pública el pasado miércoles 9: “Nos conmueve la tragedia que impacta el comienzo de este nuevo año y también nos inquieta la prolongada situación de los pueblos originarios, cuyas justas demandas exigen reparar siglos de marginación e injusticia”.
Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, reflexionó en entrevista con Radio Universidad de Chile: “El gobierno se moviliza en la zona con el objetivo de aplicar lo que ha calificado, desafortunadamente, como ‘una guerra contra el terrorismo’, agravando la situación de militarización que se viene dando desde hace muchos años, como consecuencia de un Estado que ha respondido a la movilización mapuche con una estrategia de criminalización. Observamos un aumento del proceso de represión que no hace sino aumentar las condiciones de confrontación interétnica que se vienen dando en la zona”.
Cumbre de Ñielol
En el debate público se impuso la necesidad de dar paso al diálogo como mecanismo de solución. Ayudó a este tránsito el hecho de que varios de los más importantes referentes de la política y el pensamiento mapuche, como el werkén (mensajero) del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, y el periodista Pedro Cayuqueo fueron invitados por televisoras y radioemisoras a exponer sus posiciones. Dejaron en claro que los mapuches no buscan la guerra, sino la solución de un conflicto histórico.
Tanto el gobierno como los mapuches convocaron a instancias de encuentro. El lunes 14 el ministro de Interior, Andrés Chadwick, y el de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, establecían en Temuco una “mesa de diálogo” con autoridades políticas regionales, parlamentarios de diversas bancadas y mapuches que ocupan cargos como alcaldes, concejales y consejeros de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena.
No se invitó a representantes de las organizaciones mapuches en pugna con el Estado, como el Consejo de Todas las Tierras, la Alianza Territorial Mapuche, la Identidad Territorial Mapuche o la Coordinadora Arauco Malleco.
Este hecho y el perfil represivo de las medidas adoptadas por Piñera determinaron que los dos parlamentarios de oposición presentes en la primera cita de esta mesa se retiraran: el diputado demócratacristiano René Saffirio y el senador del Partido por la Democracia Jaime Quintana.
Hasta los mapuches más cercanos a las posiciones gubernamentales lo abandonan en su estrategia represiva. El lunes 14, día del comienzo de la mesa de diálogo, seis comunidades vinculadas con la recientemente creada por el gobierno Área de Desarrollo Indígena de Ercilla anunciaron su retiro de esa instancia con que La Moneda buscaba aislar a los mapuches movilizados.
Como contrapartida, varios de los principales referentes del mundo mapuche –liderados por Huilcamán– convocaron a una “cumbre mapuche” el miércoles 16 en el cerro Ñielol, de Temuco.
Piñera, quien fue invitado, declinó participar. Envió en su lugar a funcionarios de baja importancia: Los gobernadores de Cautín, Miguel Mellado, y de Malleco, Erich Baumann, quienes actuaron como observadores.
Pese a todo la cumbre de Ñielol fue un éxito. Participaron unos 350 delegados venidos de todo el wallmapu (nación mapuche). Además captó la atención de los grandes medios, que informaron en directo sobre protocolos y resoluciones.
La declaración emanada del encuentro, Pacto por la autodeterminación mapuche, cumplimiento y aplicación de los tratados y los derechos fundamentales, consta de 10 puntos. El segundo señala: “Los actos coercitivos militares provenientes del Estado chileno, denominados ‘pacificación de la Araucanía’, constituyeron el despojo del territorio y sus recursos, la desprotección institucional, la discriminación racial, la exclusión social, la negación de la cultura mapuche, el colonialismo en todas sus manifestaciones y la conculcación del derecho a la autodeterminación que ejercía y gozaba el pueblo mapuche”.
Los mapuches reunidos en el Ñielol demandan a Piñera –o a quien le suceda en el cargo– que pida perdón en nombre de Chile por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos a partir de la ocupación militar de finales del siglo XIX.
También exigieron la desmilitarización de la Araucanía, la no aplicación de la Ley Antiterrorista y la formación de una comisión binacional (de mapuches y chilenos) que aborde los tratados firmados entre Chile y la wallmapu, en especial el de Tapihue, de 1825, mediante el cual Chile reconoció como mapuches las tierras ubicadas entre los ríos Bío Bío y Toltén, en el centro-sur de Chile.
Un día después Piñera cerraba las puertas a cambios de fondo en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. En una reunión con corresponsales extranjeros expresó: “No estamos dispuestos a poner en riesgo la unidad de Chile como país o nación”.
Y el miércoles 23, mostrando un espíritu más conciliador, el mandatario chileno informó que daría “suma urgencia” a la tramitación del proyecto “de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas”. Sin embargo esa propuesta legislativa no ha sido consultada con los pueblos indígenas, que desde que fue presentada al Congreso en 2009 la han rechazado por la vulneración de derechos que supone.
