El caso del general Tomás Ángeles y de los otros cinco militares acusados de proteger a los Beltrán Leyva se cuarteó cuando La Barbie, el mayor Iván Reyna y el abogado Gerardo Ortega Maya denunciaron las presiones y torturas que recibieron de la PGR para que declararan falsedades contra aquéllos. En entrevista, Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, dice que los actuales mandos de la PGR y la Sedena están “muy interesados” en enderezar los procedimientos. “Lo que está pasando en la PGR es prueba de su inocencia”, señala. Sin embargo, dice, teme que su marido sufra represalias al ser liberado.
La madrugada del 1 de agosto de 2012, en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, el general de división Tomás Ángeles Dauahare fue trasladado del centro de arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR) al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, junto con otros cinco militares acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
Su bienvenida fue infernal. El exsubsecretario de Defensa y sus coacusados fueron desnudados y rapados. Y le echaron encima una jauría como parte del ritual de bienvenida para los presos que cruzan esa puerta.
El 7 de agosto el juez Tercero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México emitió el auto de formal prisión basándose únicamente en los dichos del testigo protegido Jennifer y del testigo colaborador Mateo. Se afirmó entonces que en el expediente de la PGR constaban “indicios suficientes” para comprobarle al general el delito de delincuencia organizada.
Ocho meses después –dos los pasó en arraigo y seis en El Altiplano–, a sus 70 años Ángeles ha bajado considerablemente de peso y se ve desmejorado.
Ya bajo la nueva administración, la PGR notificó al juzgado que lleva la causa penal que no encontró ninguna prueba que sustentara los dichos de los testigos Jennifer y Mateo, quienes acusan a los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez; al teninete coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna de haber recibido sobornos de la organización criminal de los Beltrán a cambio de información y protección.
“En unas semanas va a estar libre mi marido porque es inocente”, señala Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, en la entrevista que Proceso le hizo el miércoles 23, su aniversario de bodas y la primera vez que no estuvieron juntos en esa fecha durante sus 47 años de casados.
“Han sido meses de mucho dolor, de mucha tristeza y de mucho enojo. Jamás me hubiera imaginado que nos iba a pasar esto que estamos viviendo. Nos ha afectado a todos como familia, no sólo a mí, a mis hijas, a sus nietos y amistades.”
Señala que su esposo está deteriorado físicamente, pero “la formación que él tuvo lo ha hecho resistir esto; es un hombre de 70 años pero está bien, con mucha fortaleza. Siempre estuvo seguro de que la verdad iba a salir. Lo que está pasando ahorita con la PGR es la prueba de su inocencia.
“Cuando lo detuvieron yo no pedí, exigí a la PGR que investigara, exigí que buscara hasta debajo de las piedras. Aquí se le está haciendo justicia a mi marido. No encontraron nada, prueba de que mi marido es inocente.”
–Habrá quienes puedan decir que si su marido fue encarcelado por consigna ahora será liberado también por consigna…
–No dudamos que va a haber ese tipo de declaraciones, pero precisamente por eso en la PGR están muy interesados, me ha comunicado el abogado que lleva la cuestión jurídica que se están haciendo las cosas conforme a derecho, respetando la ley y los tiempos de la ley justamente para que no se diga eso. A mi marido no le están haciendo un favor, le están haciendo justicia. No hay consigna para liberarlo, simplemente se está haciendo justicia.
“Con esto la PGR sienta un precedente para muchas personas… En los pasillos, cuando uno va a la cárcel, escucha muchas historias. No sé si serán verdaderas o no, pero me consta. Y también hemos visto a través del tiempo a cuánta gente han metido a la cárcel siendo inocente.
“La verdad ese lugar es el infierno, oyendo a los perros que les avientan cuando llegan como parte de la tortura psicológica. Mi marido, como mucha gente, nunca debió haber pasado por eso, ¡nunca! La gente que lo consignó y los que dieron la orden, que se queden ahí un ratito y que los traten como los tratan a todos.
“Él siempre me dijo que si esto había pasado era la voluntad de Dios, que nunca se equivoca, y de esto iba a salir algo bueno para el país. Yo creo que sí. Ahora se va a estudiar el tema de los arraigos y los testigos protegidos.”
Cómo se armó el caso
“De altos niveles vino la orden” de detener al general, afirma la señora Zepeda. “Ha sido una historia de terror, ahora yo entiendo que a mi marido trataron de perjudicarlo por todos lados”, agrega, al recordar que le congelaron sus cuentas bancarias y le aseguraron sus propiedades, una de las cuales, en Cuernavaca, fue saqueada.
El 15 de mayo de 2012 el general fue sorpresivamente detenido por la Policía Judicial Militar cuando iba llegando a su departamento en Tlalpan acompañado de su chofer, por una solicitud de localización girada por la PGR. Según testimonios ministeriales obtenidos por Proceso y que se encuentran en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDS/031/2012, el caso contra Ángeles Dauahare comenzó a armarse los primeros días de ese mes.
En una entrevista exclusiva con el mayor Iván Reyna en junio pasado (Proceso 1860), éste denunció que el 2 de mayo José Francisco Rubio Salgado, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, lo visitó en el Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, donde se encontraba por cargos de extorsión.
Ante la reportera, Reyna acusó –y lo ratificó en el juzgado que lleva la causa penal de los mandos militares– que fue amenazado y presionado para hacer declaraciones falsas contra ellos. En los dichos de Jennifer, el mayor Reyna era quien supuestamente recibió algunos sobornos para entregárselos al general Ángeles Dauahare.
“Desde que me sentaron me empezaron a decir ‘ya te cargó la chingada, ya te tenemos bien empapelado. Más vale que comiences a hablar si la quieres librar en vez de enfrentar tres años de prisión, si me dices todo lo que sabes de estos generales: Moisés Augusto García Ochoa, (Cuauhtémoc) Antúnez Pérez, (Juan Manuel) Rico Gámez, (Luis Rodríguez) Bucio, (Roberto) Aguilera, (Ángeles) Dauahare y (Ricardo) Escorcia”, señala Reyna.
Afirma que le dijeron: “Tú no nos importas, queremos a los peces gordos”. Entonces vino la oferta: “Si yo declaraba contra las personas de la lista que me leyeron, me iban a conseguir protección en Estados Unidos para mí y mi familia. Que inclusive ellos (los funcionarios de la SIEDO) eran muy poderosos, que me podían ayudar con mi caso de aquí; que nada más iba a estar cinco años en la cárcel”.
De esa forma la PGR obtuvo un testimonio, además del de Jennifer y Mateo, contra Ángeles Dauahare y Escorcia, pues Reyna señaló que a mediados de 2007 Escorcia, como jefe de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, le ordenó a Reyna que se reuniera con unas personas para recoger documentos supuestamente pertenecientes a la madre de Ángeles Dauahare.
Reyna declaró que al encontrarse con ellos en un restaurante a las afueras de Cuernavaca se dio cuenta de que se trataba de narcotraficantes, quienes le entregaron una bolsa con dinero.
Posteriormente, al declarar ante el juez de la causa penal, el mayor afirmó que fue presionado por la PGR para dar esa versión.
Un día después de la visita de Rubio Salgado a Reyna, fue detenido el abogado Gerardo Ortega Maya, exasesor del entonces secretario de Marina Francisco Saynez y hombre cercano al general Ángeles.
Según la declaración ministerial que rindió el 4 de mayo, Ortega Maya afirma que fue torturado brutalmente varias horas antes de ser presentado ante el Ministerio Público. También señaló que durante la tortura quisieron obligarlo a declarar contra Ángeles Dauahare.
“Ya te llevó la chingada, porque esto es orden de Galván para chingar a Dauahare… Acepta que estás con El Chapo y con otros”, le dijo alguien durante la tortura y le dieron instrucciones para que declarara contra el exsubsecretario de Defensa.
Ortega describió el lugar donde fue atormentado como una habitación de azulejos blancos, donde encendieron un radio a todo volumen para que no se escucharan sus gritos. Según la víctima el artífice de la tortura fue el teniente Avigaí Vargas Tirado, entonces director general en la SIEDO y muy cercano al general Demetrio Gaytán Ochoa, que aspiraba a suceder a Guillermo Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional. No lo consiguió pero es el actual director de Banjército.
Cuando Ortega se negó a incriminar al general, los torturadores le advirtieron: “Te vamos a arruinar la vida”.
En noviembre de 2012, a días de concluir el gobierno de Calderón, Vargas Tirado fue recompensado con un ascenso al grado de coronel. Ortega Maya fue enviado al penal federal de Matamoros, acusado únicamente de una presunta posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Después, en otro juzgado, le iniciaron un proceso por presuntos vínculos con la delincuencia organizada con base en acusaciones de un testigo protegido identificado como X y otro con el nombre clave Libre: Supuestamente había proporcionado información a Luis Alberto Cabrera Sarabia, de la organización de los Beltrán Leyva, el grupo criminal con el que la PGR ligó a Ángeles Dauahare.
“Mi hermano está en la cárcel sufriendo un infierno sólo por no haber declarado contra el general Ángeles Dauahare. Ya se probó que las armas no eran suyas y no tenía nada que ver con ellas. Los testigos protegidos no se han presentado a las audiencias, no los encuentran. Que la PGR cumpla su palabra de que no mantendrá en la cárcel a inocentes”, señala en entrevista Karina Ortega, hermana del abogado.
La denuncia de “La Barbie”
El 26 de septiembre de 2012 Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, declaró ante el mismo juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México que el 21 de mayo, tras la detención de los militares en cuestión, el agente del Ministerio Público Gustavo Flores fue a verlo al penal del Altiplano.
También él denunció ante el juez que fue amenazado y hostigado para después ofrecerle canonjías para que declarara en contra de Ángeles Dauahare y sus coacusados. En noviembre pasado este semanario reveló su testimonio, que hoy es clave en el caso (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO; yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que tenía que decir era que yo los conocía. Traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal ante el juez que lleva la causa penal.
Valdez Villarreal afirmó que funcionarios de la SIEDO volvieron el 13 de julio –días antes de que venciera el plazo de arraigo de Ángeles Dauahare, Escorcia y Dawe– para preguntarle qué había decidido sobre su propuesta, ya que “urgía” que declarara contra “los generales”. Afirmó: “Y yo les contesté que no me interesaba”.
Entonces, declaró, los funcionarios de la SIEDO lo amenazaron con imputarle unos homicidios si no cooperaba. “Yo les dije que sacaran lo que ellos quisieran, pues estaba seguro que yo nunca había matado ni mandado matar a nadie”.
Leticia Zepeda afirma que ella estaba presente en la diligencia donde La Barbie denunció las presiones de la PGR: “Una prueba muy importante fue el careo con el señor Édgar Valdez. Yo estuve en el careo cuando él dijo cómo lo fueron a ver para decirle que declarara en contra de mi marido y que le iban a dar trato especial. ¡No lo podía creer! Mi primer impulso fue pararme y agarrar a cachetadas a la gente de la PGR que estaba ahí. Los volteé a ver, estaban muy serios, impávidos”.
–¿Cuál fue la causa de esas presiones?
–No lo entiendo. Mi marido siempre fue un hombre de paz, nunca hizo nada por que le ganara el odio o una cacería de brujas.
La señora Zepeda asegura que, a diferencia del sexenio de Calderón, ahora en la PGR y en la Sedena están “muy interesados” de que se haga justicia en el caso de su esposo.
“Sobre todo en la Sedena, porque yo creo que este es un caso que no sólo está perjudicando a los militares que están en la cárcel, sino se está manchando la imagen de la institución, que de por sí se deterioró mucho en la administración pasada.”
–¿En cuánto tiempo podría salir el general?
– No lo puede precisar el abogado exactamente, dice que no quiere ilusionarnos. Ya llevamos ocho meses.
–¿Qué sigue después para su familia?
–Queremos tratar de volver a la vida que llevábamos antes, pero ahora que estoy viendo estas cosas me empezó a surgir otra vez el miedo de que no vuelva a ser igual. Siento que mi marido no va a poder andar en la calle libremente como antes: iba por los niños a la escuela, iba al gimnasio, iba al súper, nos íbamos a tomar un café… Por lo que hemos visto que pasa con otras personas, me da miedo que, aunque se haga justicia, estando él afuera vaya a sufrir un tipo de represalia…
“Mucha gente nos ha dicho: Se van a tener que ir del país. ¿Pero adónde y con qué dinero?”
–¿Teme por su vida?
–Por la de mi marido. Si no había ningún motivo para que lo metieran a la cárcel, ¿qué podemos esperar?
–¿Qué piensa de esta voluntad de hacer justicia en el caso de su marido?
–Habemos muchas personas resentidas, dolidas. Gracias a Dios mi marido está vivo, pero cuánta gente perdió a sus seres queridos por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Y cómo se justificó el gobierno anterior, diciendo que los mataron porque eran parte de (la delincuencia organizada)?
“Así opera la PGR”
En entrevista, Gabriel Baeza, abogado del mayor Reyna y del coronel Hernández, afirma que la PGR no ha presentado una prueba para demostrar la solidez de lo dicho por los testigos protegidos.
“Le dijimos a Rubio Salgado que el mayor Reyna no era culpable, que se iba a caer su asunto. El mayor Reyna no es un enemigo del Ejército, es un hombre del Estado que ha combatido al narcotráfico”, añade.
E informa que el 24 de enero hubo una nueva diligencia sobre el caso del mayor, en la que testificaron el general Jesús Pedroza Ayala, actual comandante de Adiestramiento Militar en Santa Gertrudis, y el brigadier Guillermo Almazán; ambos fueron superiores de Reyna en Chihuahua y en Querétaro, cuando ocurrieron los hechos señalados por Jennifer y Mateo.
“El general Almazán dijo que, hasta donde él sabe, Reyna nunca abandonó el cuartel de Querétaro. Eso no podía haber ocurrido según lo marcaba la norma y los registros de entrada y salida. Señaló también que la Segunda Brigada Blindada de Querétaro no tenía ninguna relación ni dependencia de la Subsecretaría de la Defensa Nacional de la que Ángeles Dauahare fue titular.
“Tenemos una diligencia el próximo 30 de enero en la que vamos a solicitar la declaración de otra persona que refiere que fue solicitado como testigo colaborador para declarar en contra de Reyna y sus coacusados, y tampoco aceptó”, adelanta el abogado.
También está esperando que la Sedena entregue al juzgado una serie de documentos en los que describa las responsabilidades que el mayor tenía en la Segunda Brigada Blindada en Querétaro, a fin de aclarar, entre otras cosas, si Reyna podía establecer, mover o cancelar puestos de control, como señalan Jennifer y Mateo.
El próximo 20 de febrero se tiene programado un interrogatorio a Jennifer en el Consulado de México en Nueva York, y el 25 de febrero a Sergio Barragán (el testigo colaborador Mateo, preso en Houston). “Ahorita tenemos que analizar la conveniencia de declarar a los testigos colaboradores”, indica Baeza.
Y comenta que ya ninguno de los funcionarios de la SIEDO que armaron el expediente contra los seis militares trabaja en la PGR: ni Francisco Rubio ni el agente del MP Gustavo Flores ni Gerardo Salazar Bolaños, quien era titular de la Unidad de Delitos Contra la Salud y al que la exprocuradora Marisela Morales le pidió la renuncia en noviembre pasado.
“El cambio de gobierno no justifica la súbita salida de los tres funcionarios. Hubo una manipulación por parte de esa área en el caso y podría haber sanciones contra los responsables. Esa puede ser la razón por la que se fueron”, dice el litigante.
Por ejemplo, señala, Gustavo Flores no trabaja en la PGR desde el 30 de noviembre. Fue citado a comparecer por tercera ocasión ante el juzgado para el próximo 11 de febrero porque las dos primeras no se presentó y la PGR dice que no sabe dónde está.
–¿Por qué implicar a su cliente en el caso?
–Siento que trataron de buscar un nexo causal entre el mayor Reyna y los generales Escorcia y (Ángeles) Dauahare para acreditar un hecho inexistente. La PGR quiere fabricar pruebas y buscar culpables que no lo son en vez de investigar. Ya no estamos en la época de la inquisición. El caso de los militares no es el único, es una forma reiterada de operar de la PGR.
Finalmente Baeza espera que en el caso de Reyna y el coronel Hernández se dicte la sentencia en abril o mayo, aunque la defensa está interponiendo otros recursos. “Al final se les va a hacer justicia a todos los militares gracias al estado de derecho”, confía.
Cuando se le pregunta a la esposa del general Ángeles si pedirán sanciones para los presuntos responsables de la fabricación del caso, dice que ella no puede responder: “Eso le corresponde a mi esposo. En su momento él va a tomar la decisión. Hay muchas cosas que él ignora. Estando allá dentro hay muchas cosas que no entiende. Ya que esté libre, creo que tiene que tomar la decisión”.
–¿Qué le quisiera decir al expresidente Felipe Calderón?
–Nada, no vale la pena. Allá
su conciencia.
