Tras meses de agravios y sinsabores por la negligencia de las autoridades estatales, los pobladores de los municipios de La Montaña, la Zona Norte y la región Centro de Guerrero constituyeron sus propios movimientos de defensa civil y arremetieron contra las bandas delincuenciales que operan en ese entorno. El detonante fue el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo en Ayutla, la mañana del sábado 5 de enero. Ahí, en esa localidad enclavada en la Costa Chica –donde la justicia no llega–, se activó el alzamiento civil.
CHILPANCINGO, GRO.- Las regiones de La Montaña, Norte y Centro de esta entidad están unidas por un factor: el hartazgo de sus habitantes por la creciente violencia en sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante la delincuencia.
El secuestro de un comisario municipal el sábado 5 de enero y las constantes extorsiones en la región de la Costa Chica, sobre todo en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, movieron a los lugareños a empuñar rifles, pistolas y machetes para enfrentar de manera directa a las bandas criminales que operan en la región. La comunidad decidió desplazar a las autoridades, emprendió una cacería de delincuentes y tomó la justicia en sus manos.
Hasta el cierre de esta edición los integrantes del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia de Ayutla tenían a más de una treintena de presuntos criminales en diversas casas de seguridad habilitadas por ellos mismos donde los juzgarán, dicen, según los usos y costumbres de los pueblos de la región.
El jueves 17, en la Zona Norte, habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan también tomaron las armas y se cubrieron el rostro con capuchas. Tras instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que cometen bandas criminales sin que nadie las detenga.
Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de 5 millones de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.
Cuatro días después, el secuestro y asesinato del hijo del dueño de una ladrillera fue el detonante para el alzamiento de indígenas nahuas del municipio de Tixtla, en la región Centro. Desde entonces mantienen controladas las poblaciones de Atliaca y Acatempa.
La madrugada del martes 22, en el momento más candente, dos jóvenes que viajaban en una unidad de transporte público fueron detenidos en uno de los retenes civiles. Uno de ellos fue asesinado a tiros; el otro fue entregado a las autoridades ministeriales.
En los últimos dos años representantes de sectores productivos han denunciado la indiscriminada ola de secuestros y extorsiones en las áreas urbanas y rurales de la entidad.
Esa situación, señalan las cámaras empresariales, ha colapsado la economía en las principales ciudades guerrerenses. Acapulco, afirman, es el ejemplo de la crisis política, financiera y de inseguridad que hunde al estado.
El gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha sido omiso e indolente frente a las demandas. Admite incluso que las estrategias de seguridad aplicadas desde la administración de Felipe Calderón, en particular la Operación Guerrero Seguro (OGS), simplemente no detienen la narcoviolencia, pese a que soldados, marinos y policías de los tres niveles están presentes en las principales ciudades de las siete regiones guerrerenses.
Primer alzamiento
En las principales ciudades de la entidad la población expresa su malestar con marchas y protestas pacíficas y denuncias públicas, aun cuando la mayoría no son atendidas. Pero en las zonas rurales, donde los vínculos son más estrechos, la comunidad comienza a desplazar a las autoridades y a expulsar a los criminales con sus propios recursos.
El primer alzamiento civil data de mediados de 2012, cuando habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac, en la región de La Montaña, cansados de los secuestros y extorsiones indiscriminados tomaron las armas y confrontaron a los delincuentes. El movimiento de autodefensa se extendió a Olinalá, otro municipio de la misma zona.
El gobierno estatal reaccionó de inmediato. Envió soldados y marinos para resguardar el entorno; incluso repartió despensas y prebendas en las comunidades, pero no atendió los reclamos ciudadanos que señalaban a las autoridades locales de tener presuntos nexos con la delincuencia.
Los conflictos se extendieron en la Costa Chica, la Zona Norte y la región Centro. En Ayutla de los Libres y la comunidad indígena de Atliaca, municipio de Tixtla, donde dos transportistas fueron asesinados. Ahí, dicen los pobladores, la justicia simplemente no llega.
En Atliaca y Acatempa, ambos en el municipio de Tixtla, los ciudadanos se mantienen en las entradas y salidas de las comunidades. Dicen que las autoridades se comprometieron a entregar dos patrullas, pero hasta el viernes 25 no lo habían hecho.
En las últimas tres semanas el corresponsal recorrió las zonas donde la violencia institucional y la delincuencial despertaron al “Guerrero bronco”. La mayoría de los lugareños consultados sostienen que el gobierno y las corporaciones policiacas y militares “están coludidos” con la delincuencia.
“Los policías y soldados pueden seguir pasando por aquí como turistas, pero nosotros vamos a sacar a los delincuentes, porque ya estamos hartos de tanta impunidad, violencia y humillación”, advierte uno de los entrevistados en Ayutla.
En ese lugar los civiles armados capturaron a 44 personas por sus presuntos nexos con la delincuencia, pero liberaron a nueve. Los 35 detenidos están en casas de seguridad en distintos puntos del municipio.
Ahí, según los policías comunitarios que los interrogaron, descubrieron que funcionarios municipales del área de Seguridad y de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) y transportistas de la zona forman una red de corrupción que permite operar impunemente a los delincuentes en esta franja de la Costa Chica.
Entrevistados por Proceso los policías comunitarios comentan que los detenidos revelaron que el actual director de Seguridad Pública de Ayutla, Ariel Arredondo Pérez, “es el encargado de recaudar la cuota que exige el narco a los ganaderos”.
El alzamiento en Ayutla encendió los focos rojos en el gobierno estatal, sobre todo en el Ejército, designado recientemente encargado de la estrategia de la OGS, en sustitución de la Policía Federal.
El desconcierto se debe a que aun cuando esa región ha estado bajo control militar desde hace más de una década, la delincuencia se ha disparado, lo mismo que los abusos, la represión y los crímenes que afectan principalmente a los dirigentes sociales.
Vivir en Ayutla
El origen de la militarización en Ayutla de los Libres se remonta al 7 de junio de 1998. Ese día tropas del Ejército, al mando del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, irrumpieron en la comunidad mixteca de El Charco y atacaron la escuela. El saldo: 11 muertos, en su mayoría indígenas, cinco heridos y dos arrestos. A todos se les vinculó con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
De entonces a la fecha la organización Tlachinollan ha documentado los abusos de soldados contra la población civil. Uno de los más sonados es el de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas en 2002 por militares en las inmediaciones de Ayutla y Acatepec.
Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 1 de octubre de 2010 emitió dos sentencias contra el Estado mexicano en las cuales determinó que la violación sexual de las dos indígenas fue un acto de tortura y calificó el hecho como “violencia institucional castrense”.
El organismo interamericano estableció una serie de medidas de reparación hacia las víctimas que el Estado mexicano está obligado a cumplir. No obstante la justicia para ellas aún no llega, según el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien ha dado seguimiento al caso.
De manera paralela a la militarización de la zona indígena de Ayutla, la delincuencia organizada comenzó a apoderarse de la cabecera municipal y convirtió el lugar en centro de acopio de la droga que se produce en la región de La Montaña colindante con la Costa Chica, comenta al corresponsal uno de los pobladores.
En septiembre de 2008, en pleno proceso electoral fue ejecutado en la cabecera municipal Homero Lorenzo Ríos, quien había pedido licencia como alcalde de Ayutla para buscar una diputación local por el PRD.
Meses después, en febrero de 2009, durante la administración del priista Armando García Rendón, en Ayutla fueron levantados y ejecutados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. Ambos eran hostigados por los militares, quienes los acusaban de tener vínculos con la guerrilla.
La PGJ responsabilizó a un sicario apodado El Pichi, jefe de plaza de los Beltrán Leyva, quien poco después apareció ejecutado en la región de la Costa Grande.
Según la misma dependencia, en los últimos meses ha habido 26 ejecuciones en las inmediaciones de Tecoanapa, Ayutla y Copala. Algunos cuerpos fueron descuartizados y aparecieron con una narcomanta en la que los sicarios aluden a una disputa entre pistoleros del antiguo cártel de los Beltrán Leyva y sus rivales del cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
A finales de junio de 2012 Margarito Genchi Casiano, exalcalde de Florencio Villarreal, fue ejecutado en pleno proceso electoral. Era candidato a diputado local por el PRD.
Un mes después, el 31 de julio, el director de Seguridad Pública de Ayutla de Los Libres, Omar Suástegui Heredia, fue ejecutado. Su cuerpo se localizó en el municipio vecino de Tecoanapa con un narcomensaje presuntamente firmado por El Chapo.
Fue esta espiral de violencia lo que detonó a principios de este mes la irrupción del movimiento armado de la Costa Chica, en el cual participan habitantes de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal, Copala y San Marcos.
La historia reciente
El secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alberto García, la mañana del sábado 5 provocó la ira de la comunidad en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala.
Apoyados por integrantes de la Policía Comunitaria –organización que opera desde 1995 en la zona indígena de La Montaña y la Costa Chica–, los pobladores se lanzaron contra una banda dedicada al narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
En Ayutla los civiles armados instalaron retenes en la entrada y salida de la cabecera municipal. Detuvieron a cuatro presuntos delincuentes, entre ellos el dirigente de transportistas en la región, Rafael Amador Vargas Carrillo, y a su hijo Osiel Vargas Chávez, a quien el grupo de autodefensa ciudadana considera “pieza clave” en el secuestro del comisario de Rancho Nuevo.
Ante el embate de la población, los secuestradores decidieron liberar a Eusebio Alberto García la noche del sábado 5. Pero los enardecidos pobladores decidieron expulsar a los criminales. Dijeron que ya estaban cansados de “vivir humillados”, en claro mensaje a las autoridades que se han mostrado omisas ante los crímenes, secuestros y extorsiones.
Al día siguiente, en uno de los retenes los policías comunitarios dispararon contra Cutberto Luna Chávez, un taxista de 40 años, quien, a decir de los pobladores, colaboraba con la banda de secuestradores. En un comunicado la PGJ informó que la víctima fue asesinada por “resistirse a ser revisado” y añadió que presentaba seis impactos de bala calibre .22 en la espalda.
Según los integrantes del Movimiento contra la Delincuencia en Ayutla, la banda que secuestró al comisario de Rancho Nuevo era la misma que plagió a un comandante de la Policía Comunitaria del poblado de Ahuacachahue y al comisario de Plan de Gatica.
La participación de integrantes de la Policía Comunitaria en el alzamiento de Ayutla generó una confrontación entre dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, ambas subsidiadas por el gobierno estatal y con presencia en la Costa Chica.
La dirigencia de la CRAC manifestó su oposición a que la Policía Comunitaria participara, incluso atribuyó a uno de los fundadores de esa organización la responsabilidad del movimiento de Ayutla. Aguirre Rivero intentó calmar los ánimos entregando prebendas a ambas organizaciones en dos actos públicos realizados la semana pasada en Ayutla y San Luis Acatlán.
Los integrantes del Movimiento Contra la Delincuencia de Ayutla y los de la Policía Comunitaria realizaron una asamblea en la que acordaron mantener la hegemonía en las tareas de vigilancia e impartición de justicia; también anunciaron que las Fuerzas Armadas y los elementos de las corporaciones federal y estatal sólo harán labores de coadyuvancia.
De esta forma los movimientos ciudadanos de autodefensa armada se extendieron hacia el municipio de Tecpan, vecino de Ayutla. Luego se manifestaron en la Zona Norte y en la región Centro.
