Pese a las intenciones manifiestas de Enrique Peña Nieto de reducir la violencia del narco, la región de La Laguna lo contradice. Siguiendo una cadena de ataques a bares que viene de hace un par de años, la ciudad de Torreón estrenó 2013 con cinco consecutivos que dejaron 15 muertos. El nuevo sexenio es testigo, dice una fuente coahuilense de seguridad, de la contraofensiva del Cártel de Sinaloa contra Los Zetas, quienes estaban asentados en esta zona y desde ahí incursionaban en territorios del Chapo Guzmán.
TORREÓN, COAH.- Esta urbe cerró 2012 como la más violenta de México con alrededor de mil 300 homicidios relacionados con el crimen organizado, incluso por arriba de Ciudad Juárez.
El pasado diciembre Enrique Peña Nieto ordenó reforzar el Programa Laguna Segura, que ha intentado frenar una violencia que viene de años. El programa –que despliega más de mil policías federales y soldados– ha fracasado y ahora Torreón es un reto para la promesa presidencial de reducir a la mitad los asesinatos del narco en su primer año de gobierno.
Este mes la violencia se ha incrementado con una serie de ataques a bares y centros nocturnos: al menos cinco consecutivos con saldo de más de 15 muertos y una docena de heridos.
A esto se sumó la noche del miércoles 9 un atentado con fusiles y granadas contra un retén policiaco-militar en el periférico Raúl López Sánchez de esta ciudad. No se reportaron bajas.
La ola criminal se agudiza “por la disputa de la plaza”: El Cártel de Sinaloa intensificó la cacería de El Pinky, jefe de Los Zetas en Torreón, para arrebatarles la ciudad y controlar toda La Laguna, asegura a Proceso un oficial de la Secretaría de Seguridad de Coahuila que habla a condición del anonimato.
Menciona que en meses recientes los sinaloenses comenzaron a tomar el control de esta plaza y están desplazando a Los Zetas hacia Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca, San Pedro de las Colonias y otros municipios de La Laguna.
Los golpes del Ejército a Los Zetas también ayudan al avance del Cártel de Sinaloa. Los militares han detenido a varios capos: Jorge Alejandro Cortés Aguilera, El Comandante Cástulo; Santiago Maciel Rodríguez Velázquez, El Maciel y Renato Patiño Martínez, El Comandante Borrado, jefe zeta en Matamoros.
La fuente dice lo anterior y agrega que los ataques a bares son una “consecuencia de la rivalidad por Torreón”, ya que los grupos de inteligencia del Cártel de Sinaloa ubican a sus enemigos en esos negocios y mandan sicarios a ejecutarlos.
Los Zetas responden con la misma moneda. En el ataque al Bar Tornados, la madrugada del domingo 6, llegaron seis hombres armados que dispararon con sus fusiles de asalto. En la banqueta quedaron tres cadáveres; tres personas más murieron cuando eran trasladadas en ambulancias y una más falleció horas después en un hospital.
Luego de acribillar a los parroquianos, uno de los sicarios utilizó una camisa llena de sangre de una de las víctimas para pintar en la pared la letra zeta y el signo de porcentaje.
Fiebre de bares y gasolineras
Los atentados contra bares de la ciudad no son nuevos en La Laguna. Cuando Los Zetas tomaron la plaza de Torreón en 2007 se apoderaron de varios de estos negocios, alrededor de 15, extorsionaban al menos a medio centenar e incluso abrieron unos nuevos.
Comenzaron los primeros meses de 2010 con tres ataques que dejaron unos 30 muertos. Fueron perpetrados con armas entregadas por autoridades carcelarias a los sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes después de asesinar volvían a sus celdas del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Durango, en la vecina ciudad de Gómez Palacio, según una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 1 de febrero de 2010 ocurrió uno de los primeros atentados en el Bar Ferrie, donde murieron 10 hombres, la mayoría civiles inocentes.
El siguiente fue el 15 de mayo de ese año en la inauguración del Bar Juanas. El saldo: ocho muertos y 19 heridos.
Uno más ocurrió en Quinta Italia Inn, donde fueron acribillados 17 jóvenes el 19 de julio de 2010. Esta matanza sólo fue superada por la del 8 de julio de 2011 en el Bar Sabino Gordo de Monterrey, donde fallecieron 21 personas.
La PGR informó que en estos tres ataques se utilizaron rifles de asalto pertenecientes a custodios del Cereso de Gómez Palacio. La directora, Margarita Rojas Rodríguez y otros tres funcionarios de esa cárcel fueron acusados de permitir a un grupo de reos del Cártel de Sinaloa salir por la noche y usar el armamento de los custodios así como vehículos oficiales para realizar “actos de venganza” contra sus rivales zetas.
Además de atentados contra bares recientemente ha habido en esta ciudad ataques contra media docena de gasolineras, presuntamente por pistoleros al servicio de Joaquín El Chapo Guzmán.
“Los ataques se deben a que el Cártel de Sinaloa ha estado atentando contra gasolineras que sirven a Los Zetas”, asegura la fuente de la Secretaría de Seguridad de Coahuila y agrega que en varios de los atentados los sicarios han dejado mensajes contra los dueños de las estaciones de servicio.
Estos ataques comenzaron el año pasado en esta ciudad. El 5 de septiembre sicarios incendiaron una gasolinera en la calzada José Vasconcelos y al día siguiente otra, en la carretera Torreón-Matamoros.
En menos de 10 días fueron atacadas tres estaciones más y las que abrían de nuevo volvieron a ser blanco de ataques de sicarios que arrojaban bombas molotov desde sus vehículos.
El 18 de septiembre desconocidos lanzaron bombas incendiarias contra una gasolinera de Lerdo.
Los ataques se atribuyen a sicarios del Chapo pues en las narcomantas que dejaron acusaban al empresario de Matamoros, Manuel Muñoz, El Mono, de que en sus negocios lava dinero y distribuye gasolina robada por Los Zetas.
El Mono Muñoz tiene al menos 10 gasolineras en Torreón y otras tantas en Gómez Palacio y Lerdo, Durango. Cinco de ellas fueron atacadas y ahora siguen cerradas, pues aunque las ponían en funcionamiento de un día para otro, las volvían a incendiar.
Este empresario de La Laguna, afirma la fuente, es considerado el principal enlace entre Los Zetas y personajes como Humberto Torres Charles, hermano del exprocurador coahuilense Jesús Torres Charles, prófugo presuntamente por proteger a ese grupo criminal a cambio de 300 mil pesos mensuales.
El Cártel de Sinaloa también atenta contra la Policía Municipal –cuya sede ha sufrido en los últimos meses 12 ataques– así como contra la Policía Federal (PF) pues acusa a varios comandantes regionales de proteger al Pinky. En una serie de narcomantas mencionan a tres comandantes a quienes identifican como “Efraín, Castorena y El G1”.
“Se lo ke skonden en las instalaciones les voy a partir en su madre solito no kiero lastimarles a sus niñeras federales sigan reventando cosas de gentes y nada que ver y van a ganarse unos putasos”, decía una de las últimas mantas que fueron colgadas en Torreón.
Presuntamente esos comandantes suben al Pinky en una de sus patrullas, disfrazado de policía federal a fin de “buscar a los contras para ejecutarlos”.
Incursiones zetas
La ofensiva de los sinaloenses también responde a las incursiones de comandos zetas en Sinaloa, donde han perpetrado tres matanzas desde mediados del año pasado.
Comandos de unos 100 hombres que entraron por la zona serrana procedentes de Chihuahua en vehículos clonados como militares realizaron asesinatos múltiples en localidades como Choix, Estación Bamoa y Las Tatemas, con saldo de alrededor de 20 muertos.
La última incursión fue el 24 de diciembre de 2012 cuando llegaron a la comunidad de Concordia al menos 30 hombres armados con fusiles de asalto AK-47. De nuevo vestían uniformes tipo militar. Asesinaron a nueve personas. “Fueron Los Zetas”, denunciaron las familias afectadas de la pequeña comunidad del norte del municipio de Mazatlán.
Esa región vive una crisis social con cientos de personas que huyen de la violencia. Según la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa son unas 590 las familias desplazadas de municipios como Mocorito, Badiraguato y Concordia.
La narcoguerra también se recrudeció en el noreste en el arranque de 2013. En Monterrey eran más de 40 los ejecutados en los primeros nueve días del año. En Tamaulipas la delincuencia organizada inició moviendo sus “bases sociales” contra los militares.
En Nuevo Laredo más de 300 mujeres, jóvenes y niños cerraron varias horas el puente internacional número 1 para exigir la salida del Ejército de la ciudad. En Reynosa el Cártel del Golfo moviliza a decenas de familias de barrios populares para exigir que se coloquen en diversas avenidas “porterías de tubos” de menos de dos metros de altura, que impidan el paso de vehículos militares.
Ofensiva de EPN
Enrique Peña Nieto mantiene las mismas medidas de fuerza que estableció Felipe Calderón y ordenó reforzar el programa Laguna Segura: Se mandaron más efectivos federales, patrullas blindadas y dos helicópteros Black Hawk, informó Gerardo Villarreal, secretario de Seguridad de Coahuila.
“Ahora tenemos tres helicópteros vigilando La Laguna. Dos Halcones Negros enviados por el gobierno federal y uno del gobierno estatal”, precisó.
El secretario de Seguridad, el procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria y la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, llegaron los primeros días de enero a La Laguna para coordinar durante una semana diversos operativos contra la delincuencia organizada.
“Estamos cerrando bares y centros de rehabilitación para poner orden”, dijo Gerardo Villarreal.
Informó que a finales de 2012 había 32 centros de rehabilitación para farmacodependientes. Después de que anunciaron que se iban a revisar, la mayoría cerró y sólo quedaron operando siete; de esos han cerrado dos y luego se descubrió que sólo dos operan legalmente.
También cerraron 12 bares y continuará el operativo contra “otros negocios irregulares” como hoteles de paso, deshuesaderos y quintas para organizar fiestas que son considerados “puntos de riesgo”.
Homero Ramos Gloria señaló que algunos bares y centros de rehabilitación pertenecen a los cárteles: “Son usados como fuente de financiamiento de la delincuencia organizada”, dijo.
Los funcionarios estatales destacaron que es importante “ir cerrando las áreas de la delincuencia organizada donde están operando”.
Y pese a la ofensiva de las autoridades federales y estatales, la batalla por La Laguna no se detiene.
En la primera quincena de este mes hubo tres incendios en gasolineras de Gómez Palacio y en el último incidente los delincuentes abandonaron tres cadáveres descuartizados de empleados de la Vicefiscalía de Durango que habían sido levantados días antes en el municipio de Lerdo.
Además la tarde del lunes 14 un comando entró a las instalaciones de la central camionera de Gómez Palacio y levantó a tres funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. Un día después sus cadáveres –con huellas de tortura– fueron abandonados en calles de Torreón.
