Señor director:
En referencia al artículo de Blanca González publicado en Proceso 1883 el 3 de diciembre de 2012, con el título El derecho a ser pintor, me sumo a las peticiones que hacen los pintores, como la de declarar la Bienal de Pintura Rufino Tamayo patrimonio cultural, y la de transparentar los procedimientos de selección y presupuestos otorgados a instituciones culturales y artísticas del país, como son las becas y apoyos otorgados por el Conaculta a artistas, centros culturales y galerías privadas con propuestas tanto posconceptuales como surgidas en periodos anteriores.
Sin embargo, agregaría que los ganadores de dichos eventos no sólo realicen actividades dirigidas a favorecer a grupos intelectuales o académicos, sino que, también, realicen acciones y prácticas educativas artísticas y culturales comunitarias con las poblaciones más desprotegidas y marginadas de nuestro país, que contribuyan a mejorar y reconstruir el tejido social en contra de la violación a los derechos humanos, como son: la trata de personas, el maltrato a los indocumentados, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los niños de la calle, la falta de tolerancia a la interculturalidad, la discriminación, el bullying social, etcétera.
Dicha propuesta refuerza lo mencionado por el actual presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, en el reportaje de Judith Amador Tello aparecido en Proceso 1885 (16 de diciembre), en el sentido de que apoyará el programa de prevención del delito que impulsará el gobierno de Peña Nieto.
Lo anterior, con el propósito de sumar esfuerzos humanos e institucionales contra prácticas que nos perjudican como seres sociales de una nación muy atacada y lastimada por la corrupción, la inequidad y la impunidad de la oligarquía en el poder.
Atentamente
Rossana Ponzanelli Velázquez
