Quiebra por saqueo

Mientras que al gobernador saliente de Tabasco, Andrés Granier, se le acusa de haber permitido un desvío de recursos por mil 200 millones de pesos y la asignación de contratos por 2 mil millones de pesos a colaboradores cercanos y amigos, la entidad vive una de las peores crisis financieras de su historia: se tiene sin pagos a maestros, burócratas y proveedores, en tanto que los hospitales del sector salud carecen hasta de jeringas para atender a los pacientes…

Para muchos tabasqueños este fin de año es tortuoso: Las arcas del estado han sido saqueadas, no hay dinero para hacer pagos a empleados y proveedores, y los hospitales y las clínicas del sector salud carecen de recursos básicos para brindar atención a los pacientes.

El desfalco de mil 200 millones de pesos que se atribuye al gobernador Andrés Granier y colaboradores afecta a maestros, burócratas, ministerios públicos y peritos que no han recibido sus salarios, en tanto que miles de proveedores ya hacen fila para cobrar ante el nuevo gobernador, Arturo Núñez Jiménez, una vez que tome posesión del cargo el 1 de enero.

Mientras Tabasco sufre una de las peores crisis financieras y económicas de su historia, que lo ubicó en el último lugar del desarrollo social entre los estados del país, Granier prepara sus maletas para irse, enriquecido, junto con sus socios, entre ellos su hijo Fabián y un grupo de funcionarios cercanos que hicieron fortuna en los últimos seis años.

De acuerdo con documentación oficial que tiene Proceso, un grupo de legisladores tabasqueños se alista para reactivar una demanda en contra del mandatario estatal, a quien acusan de haber permitido el desvío de recursos federales y la asignación de contratos por cerca de 2 mil millones de pesos a un grupo de amigos, algunos de los cuales incluso crearon empresas fantasma.

Según reportes confidenciales, son cuatro los principales beneficiados por la asignación de contratos de obra. Entre ellos está el mismo secretario de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta, quien a través de 15 empresas registradas con prestanombres presuntamente recibió 127 obras, desde 2007, con un valor de 633 millones 561 mil 921 pesos.

También aparecen: José Luis Alday Hernández, titular de la Dirección de Control y Auditoría a Obra Pública, con tres empresas a las que adjudicaron 13 obras por 34 millones de pesos en los últimos cinco años, y José Enrique Jiménez López, encargado de seguimiento de obra pública de la Secretaría de la Contraloría, con cuatro empresas que habrían obtenido 13 obras por 37 millones de pesos.

El empresario Manuel Santandreu, con 10 empresas registradas, sería el más favorecido del sexenio de Granier, al recibir mil 214 millones 564 mil 369 pesos por 15 obras públicas.

El exdiputado federal del PRD Rafael Elías Sánchez, quien junto con el diputado local Juan José Peralta Fócil interpuso una demanda penal en contra del exsecretario de Salud Luis Felipe Graham Zapata por desvío de 175 millones de pesos, manifiesta en entrevista que, a partir de la llegada de Núñez Jiménez al gobierno, piensan ampliar la demanda interpuesta en la Procuraduría General del Estado contra Andrés Granier por irregularidades en la asignación de obras.

“Todas las obras públicas las hizo (Granier) a través del secretario de Obra Pública, Héctor Manuel López Peralta, quien creó empresas fantasma para asignárselas. Lo mismo pasó en el sector salud, donde asignaban las compras a empresas de la familia de Felipe Graham y a constructores estrella, como Manuel Santandreu.

“Esto le pegó mucho a la economía estatal porque todas las ganancias que tuvieron se las llevaron a sus negocios en Playa del Carmen y Cancún. Los verdaderos constructores se vieron afectados junto con sus empleados y familias. La responsabilidad es del gobernador”, denuncia Elías Sánchez.

–¿Todo esto se tiene documentado?

–Todo. Hay listas de nombres de empresarios que se relacionan unos con otros, de empresas fantasma creadas para sacar provecho. López Peralta creó cinco empresas al principio y terminó con 15 para que no aparecieran las mismas en los concursos. Así, toda la obra pública la acaparó. Había otros socios, como Manuel Santandreu, a quien incluso le crearon una partida presupuestal para que nadie le tocara el dinero y cada mes pudiera llegar directo a su cuenta bancaria. Era uno de los consentidos, de los intocables.

Según el exlegislador, no hay un solo rubro del gobierno de Granier donde no se hubieran presentado irregularidades y corrupción.

En educación, por ejemplo, existe un déficit de 736 millones 254 mil pesos que la titular del ramo, Deyanira Camacho Javier, reconoció en una nota informativa confidencial enviada al gobernador el 19 de septiembre pasado.

En dicho documento, la Secretaría de Educación indica que no se dispone de los suficientes recursos para pagar a los maestros y otros trabajadores, por lo que es urgente contar con ellos para entregarlos al personal federalizado y subsidiado en forma de salarios, aguinaldos y reconocimientos.

Otro de los rubros con irregularidades es la renta de aeronaves al servicio del gobierno de Granier. Los informes indican que el gobierno de Tabasco pagó a Servicios Aéreos Milenio, S.A. de C.V., 10 millones de dólares anuales por la renta de un avión Learjet 45 y dos helicópteros: un Bell 407 tipo ejecutivo y un Augusta no aptos para rescates o emergencias.

Los informes asientan que Servicios Aéreos Milenio es propiedad del exgoberndor de Puebla Mario Marín Torres y del exdiputado Ricardo Urzúa Rivera, quienes realizan los contratos con Amílcar Sala Villanueva, amigo de Granier.

El capitán piloto aviador Jorge Clemente Navarro realizó un estudio en el que recomienda comprar cuatro aeronaves (dos aviones y dos helicópteros), con lo cual se tendría un activo y un ahorro de 3 millones de dólares. No obstante, esa recomendación no se tomó en cuenta y continuó el arrendamiento de las aeronaves a la compañía del exgobernador de Puebla.

El cáncer de la corrupción

 

Dentro de toda la estructura de gobierno, el caso del sector salud es quizá el más grave, pues de acuerdo con los reportes de la Auditoría General de la Federación, desde 2009 a la fecha se han desviado 2 mil millones de pesos cada año.

A juicio de Fernando Mayans Canabal, senador del PRD, el sector salud de Tabasco está al borde del colapso por la falta de medicamentos y la deuda, que pueden dejar sin servicio a millones de tabasqueños porque cuatro de los principales hospitales no tienen medicinas, materiales de curación, tanques de oxígeno ni alimentos, mientras que todas las cirugías se encuentran suspendidas.

El exdiputado federal del PRD Elías Sánchez denuncia por su parte que partidas presupuestales encaminadas a la compra de medicamentos y a la atención de los pacientes del Seguro Popular se desviaban para cubrir los incentivos económicos del personal de la Secretaría de Salud y otras dependencias, como Obras Públicas.

“También descubrimos irregularidades en compras de medicamentos. Al revisar los concursos de licitación, todo se veía normal, incluso con candados precisos para hacer compras a buenos precios. Pero la transa estaba en la distribución. Por ejemplo, se compraba alguna aguja para los pacientes que costaba 100 pesos, pero a la hora de transportarla o distribuirla a algún hospital ya costaba mil o mil 200 pesos. El costo de medicamentos al distribuirlos era exorbitante.”

Asegura que todas estas anomalías eran recurrentes y que la Auditoría General de la Federación detectó desde 2009 numerosas irregularidades que, año con año, fueron impactando el sector salud, creando “una situación sumamente grave y que puede provocar conflictos sociales” a partir de que Núñez Jiménez empiece su gobierno.

Describe la situación: “A estas alturas, no hay ni para un curita, así de plano; es gravísimo el tema de la salud. Ahorita está prohibido enfermarse en Tabasco porque no hay medicamentos. La situación es crítica. Se dejó de atender a los pacientes con problemas de salud graves, como insuficiencia renal; los aparatos de hemodiálisis que son indispensables para que una gente viva no están operando, y entonces tienen que buscar en hospitales particulares. Asimismo, pacientes con cáncer que deben revisarse frecuentemente son mandados a revisión hasta dentro de seis meses. Entonces ya no hay nada que hacer. Por eso la gente anda buscando cómo atender a sus familiares, para operarlos o medicarlos. Es una situación muy complicada. Algo nunca visto en Tabasco”.

 

Las protestas

 

El gobernador Andrés Granier y un grupo de sus principales colaboradores son señalados por los perredistas tabasqueños como los responsables directos del desfalco en las arcas del estado y de la crisis que ha generado en los sectores de salud y educación, principalmente.

Así, el exsecretario de Salud Luis Felipe Graham está acusado del desvío de 175 millones de pesos en 19 programas y cuatro hospitales de especialidades, en tanto que al administrador de la misma dependencia, Adalberto Vázquez, se le atribuye haber autorizado la desviación de 175 millones de pesos del Seguro Popular para usar una parte en el pago de nómina de otras dependencias, quedando sin justificar 78 millones de pesos.

Por cierto que, en junio pasado, el periódico La Verdad del Sureste publicó en primera plana una foto donde se veía a Adalberto Vázquez en el centro nocturno Pure del lujosísimo hotel César’s Palace, en Las Vegas, donde es asiduo jugador (Proceso 1884).

Igualmente, al secretario de Obra Pública, Héctor López Peralta, se le atribuye haberse adjudicado a través de 15 empresas, en los últimos cinco años, 26 obras por 633 millones 651 mil 921 pesos.

Las redes de complicidades, afirma Elías Sánchez, se ramifican por toda la estructura del gobierno de Granier, a quien considera el peor gobernador que ha tenido Tabasco en su historia.

A pesar de que hace casi un año Elías Sánchez interpuso la demanda contra el extitular de Salud, la Procuraduría General de Justicia la desechó por falta de pruebas. No obstante, queda abierta la demanda presentada también ante la Procuraduría General de la República.

“Ahora que se viene el cambio de gobierno vamos a procurar volver a integrar todo lo que tenemos para que se abra de nuevo la investigación, porque lo que nos llama la atención es que la Auditoría Superior de la Federación dice que todas las violaciones fueron recurrentes año con año, e incluso se ampliaron, y trataron de encubrirlo desviando recursos del Seguro Popular hasta que ya no pudieron y reventaron.”

A unos días de que Granier terminara su mandato ya había brotes de crisis social. De acuerdo con una nota del corresponsal de Proceso Armando Guzmán, en la capital del estado, Villahermosa, el jueves 27 comenzaron a manifestarse agentes ministeriales, peritos, asesores jurídicos, burócratas, jubilados y proveedores de todo tipo que exigen pagos que van desde algunos miles hasta los 20 o 30 millones de pesos.

En un intento de solventar las deudas, Andrés Granier logró que el Congreso del estado autorizara solicitar un préstamo bancario por 4 mil 130 millones de pesos. No obstante, ninguna institución bancaria se lo otorgó.

“Hay ya problemas con los pagos a los médicos; hay gente en el sector educativo a la que tampoco se le ha pagado; hay una situación en la que el estado está totalmente fuera de control; no hay un orden, sino una total falta de servicios que por el momento no se nota porque están de vacaciones los maestros, pero es evidente en el sector salud porque no hay medicamentos; si los pacientes quieren hacerse un análisis, tienen que llevar sus jeringas; si no, no se toman las muestras”, enfatiza Elías Sánchez.

–¿Cómo calificaría al gobierno de Granier?

–Los datos hablan por sí solos: En las calificaciones que se dan a los gobiernos estatales, el de Granier es el último lugar, es el peor gobierno del sexenio. Pudiéramos calificarlo como el peor gobierno en la historia de Tabasco, peor que los de Manuel Andrade y Roberto Madrazo. Se voló la barda. El nepotismo, la corrupción y la impunidad los incrementó a lo máximo. No dejó nada para nadie.

Mientras se realiza la entrevista, en Villahermosa ya están las primeras manifestaciones en las calles. Es el preludio de los problemas que tendrá que enfrentar Arturo Núñez en el gobierno de Tabasco, señala el exdiputado federal.

“El estado está en el caos, muy convulsionado. Creo que el problema del sector salud va a ser el más grave desde el primer minuto, porque hay que resolver el déficit presupuestario, la falta de personal, los sueldos de los trabajadores de la educación… Va a ser muy difícil cubrir todo esto y al mismo tiempo echar a andar el programa de gobierno”, advierte.

Asevera que la deuda en Tabasco creció tanto que es inmanejable, y por eso considera que con la llegada de Núñez Jiménez se esperará un parteaguas, para que se investigue y no haya impunidad, aunque los delitos cometidos no estén considerados como graves.

Sin embargo, observa que una parte importante de la deuda pública no está documentada porque a muchos de los proveedores a los cuales se debía les pidieron refacturar para pagarles el año que entra.

Sostiene que el primer responsable es Andrés Granier y que por eso en la demanda que interpondrán será el primero de una larga lista de acusados.

“Es el jefe de la mafia. A través de su hijo Fabián Granier hizo los negocios. El hijo tenía más poder que un secretario. Se convirtió en un hombre extremadamente millonario, construyendo y comprando hoteles en la Riviera Maya. No se explica su riqueza, sino que hizo negocio con el gobierno de su padre. Todo eso saldrá ahora que termine su gobierno y se investigue a fondo”, confía.

Frente a la gravedad de la situación, manifiesta que lo mejor sería que la federación interviniera. “Si Enrique Peña Nieto quiere congratularse con Tabasco, tendrá que intervenir”, expresa esperanzado.