A 2012 le queda una semana y al gobierno de Emilio González Márquez apenas dos meses; periodo breve como un suspiro para quienes están a punto de irse y bastante dilatado para las ansias del gobernador electo y los suyos. Un periodo en que continuará la agonía de la primera etapa panista en la historia política de Jalisco.
Durante tres sexenios, el panismo de la comarca ha desaprovechado miserablemente su turno al bat en el más alto cargo gubernamental del estado, lo que también podría interpretarse como una racha de mala suerte en nuestra incipiente vida democrática, pues al presentarse la ocasión de que los votantes eligieran a sus autoridades resultó que la caballada estaba especialmente magra.
Y es que lamentablemente la democracia no es garantía de buen gobierno. Esto lo han podido comprobar muy bien los jaliscienses desde principios de 1995, cuando el PAN arrasó en las elecciones locales. Sin embargo, tanto apoyo popular no se tradujo en buenas administraciones públicas ni en la escala estatal; tampoco en la municipal.
En la primera, por la bisoñez –“novatadas” fue el eufemismo justificativo que discurrió un renombrado panista de la comarca– de funcionarios con poca o nula experiencia, aun cuando el primer gobernador panista, Alberto Cárdenas Jiménez, ya había sido alcalde de Ciudad Guzmán. Y en la segunda, por la baja competencia y las altas corruptelas.
Tres sexenios después y cuando el panismo ya no puede exculparse con lo de la falta de experiencia en el campo de la administración pública, la mayoría de indicadores dicen que Jalisco no “está mejor” que hace 18 años, aun cuando la propaganda oficial diga y repita lo contrario. Para empezar, los principales problemas de la zona metropolitana de Guadalajara, lejos de resolverse, se han agravado por los desatinos y la impotencia, cuando no por la indolencia de los gobiernos panistas de la comarca.
Al gobernador saliente, cuya megalomanía lo hizo abrigar, apenas el año pasado, esperanzas de que podría verse convertido en presidente de la República, aún le falta hacer su mea culpa en el hundimiento del panismo. Porque, independientemente de que el susodicho tenga planeado o no hacer una revisión de aquello que él y sus colaboradores y correligionarios hicieron mal en su paso por la administración pública, es obvio que, a diferencia de sus predecesores panistas en el cargo –Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña–, será él quien entregue el más alto mando del estado a un adversario político, poniendo fin a un largo periodo en el que legiones de panistas se acostumbraron a vivir del dinero de los contribuyentes, a cambio de un muy pobre, cuando no lamentable, desempeño.
Por ello, salvo sus colaboradores más cercanos, así como sus beneficiarios y adictos, nadie parece que vaya a extrañar a un gobierno como el de González Márquez, el cual ha coqueteado entre la frivolidad y la estrechez de miras. El dictamen de las urnas, el pasado 1 de julio, no pudo haber sido más cruel, al mandar al aún partido en el poder hasta el tercer sitio.
Otro aspecto que agrava la despedida del gobierno saliente es el abultado adeudo que heredará, debido a la serie de créditos que González Márquez contrató en proporciones sin precedentes para asuntos de coyuntura (los Juegos Panamericanos, entre ellos) y no para asuntos socialmente útiles o para resolver problemas de gran calado. Lo que debió haberse invertido, por ejemplo, en ampliar la cobertura del Tren Eléctrico Urbano o en garantizar una fuente alterna de agua potable para la zona metropolitana tapatía, se empleó para construir el dispendioso y contaminante elefante blanco de la Villa Panamericana y en la muy criticada primera y hasta ahora única línea del Macrobús.
Cuando González Márquez llegó al gobierno estatal, en 2007, la deuda pública de Jalisco rondaba los 4 mil millones de pesos. Y en la actualidad ese adeudo ronda los 18 mil millones. Y si, como es muy probable, se contrata un nuevo crédito para pagar los adeudos por mil 400 millones de pesos que aún se tienen de los Juegos Panamericanos (crédito que debería ser aprobado por la nueva Legislatura local), entonces los pasivos del gobierno del estado ascenderían a cerca de 20 mil millones, suma que representaría más de la cuarta parte del presupuesto estatal del próximo año.
De este modo, los pasivos en las finanzas estatales crecerían en un 500%. O para ponerlo en números más asequibles: antes de que González Márquez llegara a la oficina principal de Palacio de Gobierno, cada jalisciense debía poco menos de 500 pesos. Y al final del sexenio, cuya fecha de caducidad está fijada para el próximo 28 de febrero, cada habitante del estado –incluidas las criaturas de brazos– estaría debiendo, por concepto de deuda pública, 2 mil 500 pesos. Y eso que “ahora Jalisco está mejor”. ¿Qué tal si estuviera peor?
Por otra parte, tanto el Congreso estatal como la mayoría de gobiernos municipales también están cerrando el año con un grave déficit en sus finanzas. En el primer caso como resultado de un manejo irresponsable heredado de las dos legislaturas anteriores, en las que privó el abuso y el despilfarro de las diferentes fracciones partidistas, que lo mismo se autoaprobaban recursos para sus casas de enlace, que multiplicaban la nómina de empleados, aparte de haberle dado manga ancha al titular de la Auditoría Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, quien no sólo canjeó unas vacaciones no tomadas por cerca de 10 millones de pesos, sino que favoreció negocios de su familia política con el Congreso local.
En el caso de los gobiernos municipales, muchas de las administraciones que llegaron el pasado 1 de octubre no sólo se encontraron con las arcas vacías, sino con una explosión demográfica de acreedores, compuesta lo mismo por diversos proveedores que por los propios empleados municipales, a quienes se les deben quincenas atrasadas y con el agravante de que tampoco había dinero para el pago de aguinaldos. En el caso del ayuntamiento de Guadalajara, otra novedad fue que aun cuando las autoridades municipales les deducían a sus trabajadores el porcentaje de su sueldo correspondiente a la Dirección de Pensiones, la deducción no se le reportaba a esta última, lo que provocó la suspensión de créditos a los empleados tapatíos.
Y por lo que hace al campus de la Universidad de Guadalajara, el año se termina con la historia de siempre: nada se mueve sin la voluntad del exrector Raúl Padilla, el mandarín supremo desde hace 23 años –¡y contando!– de la institución pública que, después del gobierno del estado, maneja el mayor presupuesto en Jalisco. Los negocios de Padilla, comenzando por el Corporativo de Empresas Universitarias, están garantizados porque en la práctica el rubro prioritario en la UdeG siguen siendo los proyectos “culturales” del susodicho y todo lo demás es lo de menos.
Un ejemplo reciente: en las reasignaciones que el Congreso de Jalisco acaba de hacer en el presupuesto estatal del próximo año se destinaron “50 millones de pesos para el Conjunto de Artes Escénicas” y sólo “20 millones para la nueva sede del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades” (Mural, 18 de diciembre).
Sobra decir que el próximo rector, cuya elección, ¡para variar!, habrá de hacerse con los dados cargados por El Jeque de Jeques, deberá afanarse en cumplir la voluntad y los caprichos de quien no sólo es el mandamás de la UdeG, sino uno de los principales poderes fácticos de la comarca. l
